970 resultados para Licenciamento ambiental


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Este artículo busca establecer cómo la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, como primer esfuerzo por incorporar el tema de medio ambiente en la agenda comunitaria, estructura políticas y acciones favorables al desarrollo sustentable de la Cuenca Amazónica a través de una revisión de sus tres ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos.

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La promoción del desarrollo sostenible de la cuenca amazónica se presenta como una prioridad para los países andinos. Debe ser sostenible, pues es necesaria la integración de variables económicas, sociales y ambientales para lograr el fin último del mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de una distribución equitativa de los recursos generados a partir del aprovechamiento de los recursos naturales, sin afectar al medio ambiente. Debe concebir a la cuenca en su conjunto, en respuesta a un enfoque ecosistémico que refleja la cantidad de interdependencias entre los distintos componentes del sistema y que por tanto, no pueden tratarse por separado ni ser abordados en función de fronteras político-administrativas. Y, debe ser asumido por los países andinos, no solo porque su territorio ocupa el 36,1% de la cuenca amazónica, sino porque es indispensable un manejo coordinado proveniente de una instancia como la CAN, desde donde se ha identificado el desarrollo sostenible y el medio ambiente como un factor de integración y se ha manifestado la necesidad de manejar internacionalmente agendas conjuntas en materia de medio ambiente y cambio climático. Surge entonces, como objetivo de la presente investigación el establecer cómo la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, como primer esfuerzo por incorporar el tema del medio ambiente en la agenda comunitaria, estructura políticas y acciones favorables al desarrollo sustentable de la cuenca amazónica, a través de la revisión de sus tres ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos.

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El campo de la política exterior ambiental ha abierto un espacio para que países ricos en recursos naturales, megadiversos y susceptibles a los efectos del cambio climático, participen del concierto internacional independientemente de su tamaño o poder; a través de propuestas innovadoras, que en pos de asegurar el desarrollo sostenible de sus naciones, llamen a la reflexión y cuestionen el modelo tradicional de desarrollo basado en la explotación de recursos a costa del sacrificio del ambiente, y propongan nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza. En este sentido, el Ecuador ha sido pionero con propuestas como mantener el crudo bajo tierra y las compensaciones por Emisiones Netas Evitadas ENE, y es justamente la adopción de esa posición propositiva lo que inspira a la presente investigación a determinar bajo qué términos se ha fundamentado, formulado, implementado y socializado la política exterior ambiental ecuatoriana.

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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.

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La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país; además, establece medidas para la adaptación del país al cambio climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia.

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El presente trabajo académico abarca un análisis en el que se define la vulneración de principios y derechos constitucionales y tributarios; así como también se constatan los vicios de forma y/o de fondo en la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (en adelante LFAIOE). Para llegar a comprobar dicha hipótesis fue utilizado el método analítico, como la misma palabra lo indica, se analizó cada paso del procedimiento adoptado para la aprobación de la mencionada ley, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales el señor Presidente de la República, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de LFAOIE, calificado como de urgencia en materia económica. La presente investigación pretende demostrar las violaciones al procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República (en adelante Constitución) para la aprobación de las leyes que crean, modifican o suprimen tributos; es decir, los cuestionamientos constitucionales de forma que, desde el personal punto de vista de quien presenta esta investigación, han ocurrido en el trámite y promulgación de la LFAOIE. Comprende también el presente trabajo, un análisis de las disposiciones cuarta y décima para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, constantes en la aludida Ley, que tiene como propósito evidenciar la vulneración del principio de irretroactividad de la ley tributaria en perjuicio de los contribuyentes; y la violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, y a la seguridad jurídica; es decir, cuestionamientos constitucionales de fondo a la LFAOIE. La parte final del trabajo contiene algunas reflexiones sobre los efectos jurídicos que la aplicación de las disposiciones cuarta y décima ocasionó en los procesos contenciosos tributarios que se encontraban en conocimiento de los jueces competentes al momento de la entrada en vigencia de la manifestada LFAOIE.

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El presente trabajo de investigación procura dar a conocer las causas y efectos de la contaminación ambiental en el desarrollo de nuestras actividades, así como, las medidas de protección ambiental y su conexión con el sistema tributario, fundamentando la teoría con las experiencias de los países europeos que implementaron a su tributación, imposición ambiental como instrumentos económicos, para limitar los efectos ambientales que producen los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo contar con los recursos necesarios que ayuden en la búsqueda de soluciones adecuadas. En la actualidad la preocupación de las autoridades para resarcir en parte el daño causado a nuestro medio; ha ocasionado que se empiece a adoptar impuestos ambientales como política social y económica, considerando los convenios internacionales, así como, los principales lineamientos y directrices que han sido emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las experiencias en países como Perú, Costa Rica y México han sido fundamentales para desarrollar nuestra propuesta de mejoramiento del actual Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, puesto que, su eficiencia se ha medido por el desarrollo institucional en materia ambiental. La propuesta de mejoramiento que se ha desarrollado en la presente investigación, se ha enfocado desde la perspectiva por cumplir con responsabilidad las políticas del buen vivir y el derecho de los ecuatorianos para habitar en un ambiente sano, buscando con ello se graven las emisiones contaminantes y se pueda reflejar su verdadero costo ambiental, estableciendo una relación jurídica tributaria vinculante entre el Sujeto Activo, representado por el Estado y el Sujeto Pasivo por los contribuyentes, aprovechando las ventajas que ofrece el empleo de tributos ambientales como un medio para disminuir la contaminación y asegurando además que no existan exoneraciones dentro de las políticas fiscales o que el pago del tributo brinde el derecho a contaminar.

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Un creciente número de actores extraterritoriales del sector privado, a menudo en asociación con el estado, están expandiendo las fronteras de economías extractivas y de exportaciones primarias a nuevos territorios rurales en América Latina. Este artículo analiza las condiciones que podrían impulsar esfuerzos significativos para abordar problemas ambientales en territorios dominados por actividades extensas, controladas externamente y basadas en recursos naturales. Se estudian tres casos: la acuicultura del salmón en Chiloé (Chile), la fruticultura en O’Higgins (Chile) y la producción de gas en Tarija (Bolivia). Concluimos que es poco probable que dichos esfuerzos ocurran, a menos que los problemas ambientales amenacen directamente la viabilidad a corto plazo de las actividades o emerjan movimientos sociales para exigir cambios.

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Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS

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O presente trabalho busca demonstrar as possibilidades de participação do cidadão na tutela ambiental, de modo que foram elencadas os principais instrumentos com tal finalidade,até mesmo aqueles cuja titularidade não pertence ao cidadão,individualmente.Inicialmente abordou-se os fundamentos históricos do direito ambiental, bem como a natureza jurídica do direito ao meio ambiente equilibrado e os princípios dos quais parte tal ramo do direito.Tratou-se, ainda, do conceito de meio ambiente, que comporta abordagens de diferentes disciplinas, e jamais pode ser considerado único, encerrado e absoluto, uma vez que a tutela ambiental deve ser prestada de forma mais ampla possível.O destaque ao princípio democrático embasa o posterior desenvolvimento do estudo, voltado para seu aspecto pragmático, qual seja os instrumentos de tutela ambiental.A menção a tais institutos busca informar ao leitor a possibilidade, o momento e a forma de utilização.Por ser o direito ambiental disciplina recente e em construção, não é possível demostrar a plena eficácia dos instrumentos, mais já é possível delinear sua concretude e crescimento, ainda que tímidos.