1000 resultados para Globalización, Patria, tratados comerciales, mercado mundial, Tasa Tobin


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A pesar de que en los últimos tres años se ha registrado una recuperación en el comercio intraregional, el comercio intragrupo, es decir, dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común Centroamericano (MCCA) sigue siendo bajo en comparación con lo observado en otras regiones del mundo. Las principales razones se radican en carencias importantes en materia de complementariedad al proceso de desgravación arancelaria, como lo señala el Capítulo Tres del Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe: Tendencias 2005, y el estudio sobre integración regional titulado "América Latina y El Caribe: La integración regional en la hora de las definiciones", que será publicado próximamente y que actualiza la información de base del primero hasta el mes de diciembre de 2005. Entre las razones figuran: a) el déficit institucional; b) el déficit de coordinación macroeconómica; c) la insuficiencia en infraestructuras; y d) la escasa profundidad de las disciplinas comerciales ligadas a la integración.La presente edición del Boletín revisa los mecanismos de solución de controversias del MERCOSUR, CAN y MCCA, con el fin de inferir algunas conclusiones sobre su grado de utilización. Para reformar tales mecanismos, se podría pensar en crear un mecanismo único de solución de controversias que replicaría los procedimientos y normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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En la región los aspectos sanitarios y fitosanitarios han adquirido mayor importancia comercial, como se refleja en el número significativo de reclamos presentados en los distintos mecanismos de solución de controversias existentes en los esquemas regionales de integración. Tal hecho puede ser atribuido a la importancia de los países latinoamericanos en el comercio agropecuario mundial y a las diferencias entre los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios exigidos por cada uno de ellos.   Considerando que en América Latina y el Caribe se ha multiplicado el número de acuerdos bilaterales y plurilaterales de comercio, la convergencia de la normativa sanitaria en estos instrumentos es uno de los componentes esenciales para la integración comercial de una región agroexportadora por excelencia. Esta convergencia es esencial para permitir el acceso a mercados y para facilitar el flujo comercial.  Esta nota hace una evaluación de esta convergencia normativa a nivel de los acuerdos bilaterales y plurilaterales de comercio firmados por los países de la región, el tratamiento dado a los principios acordados en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cuánto se ha avanzado en la región, en comparación con lo previsto en este instrumento multilateral.  

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Esta edición del Boletín presenta un breve panorama de las negociaciones sobre la facilitación del comercio (FC) desde el ángulo específico de la asistencia técnica (AT), la creación de capacidad (CC) y el trato especial y diferenciado (TED). Las negociaciones en FC se han centrado en clarificar tres artículos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés): libertad de tránsito para mercancías (Artículo V); derechos y formalidades referentes a las importaciones y exportaciones (Artículo VIII); y publicación y aplicación de los reglamentos comerciales (Artículo X). Si bien aún no se ha logrado llegar a la etapa de negociar en base a textos, el proceso de recepción y análisis de propuestas ha conducido a clarificar los aspectos más relevantes a ser corregidos mediante medidas de facilitación del comercio, explorando algunas formulas de implementación de éstas y la articulación de la asistencia técnica asociada.

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El estudio recientemente publicado por la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, estima que el 2005 será un buen año para el comercio de los países de la región. A pesar del contexto internacional favorable, persisten severos problemas de competitividad. Es preciso aumentar la productividad, impulsar la innovación tecnológica y participar pro-activamente en las redes internacionales.Entre las conclusiones del Estudio, se plantea la necesidad de actualizar la integración; reflexionar en forma estratégica sobre el vínculo a construir con China y los países del Pacífico; administrar los tratados de libre comercio para aumentar y diversificar las exportaciones; intensificar el ritmo de trabajo y coordinación con países en desarrollo sobre la ronda de Doha, e incorporar gradualmente las exigencias de seguridad en las políticas de competitividad, velando porque las mismas no se transformen en barreras proteccionistas (trazabilidad, inocuidad alimentaria y seguridad portuaria y de transporte marítimo).

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Democracia y desarrollo / Femando H. Cardoso. -- ¿Es posible crecer con equidad? / Joseph Ramos. -- Estabilidad y estructura: Interacciones en el crecimiento económico / José María Fanelli y Roberto Frenkel. -- Reforma a los sistemas de pensiones en América Latina / Andras Vthoff. -- Tendencias económicas en China: significado para el comercio con América Latina y el Caribe / Mikio Kuwayama. -- El Intercambio económico entre América Latina y las economías dinámicas dé Asia / Ronald Sprout. -- La relación económica entre la América Latina y la Unión Europea / Roberto Smith Perera. -- Nuevas Implicaciones de las reglas de origen / Eduardo Gitli. -- Globalización y reestructuración energética en América Latina / Femando Sánchez Albavera. -- El caleidoscopio de la competitividad / Geraldo Mailer. -- La privatización de los servicios públicos del agua / Miguel Solones. -- ¿Cuánto se puede gastar en educación? / Guillermo Labarca. -- Mujeres y migrantes: desigualdades en el mercado laboral de Santiago de Chile / Ivonne Szasz.

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En un contexto favorable en términos macroeconómicos, el Uruguay ha experimentado en los últimos años una reducción significativa de su tasa de informalidad laboral, entendida como el no registro a la seguridad social de los trabajadores. En este artículo se analiza en detalle dicha evolución y sus posibles explicaciones, considerando el rol de las distintas políticas implementadas en el período, y los diferenciales de ingresos entre trabajadores formales e informales.

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Este trabalho faz uma análise de três modelos de regulação: a regulação no acesso aos serviços de saúde, que é realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde; a regulação via agências reguladoras; e o caráter regulador que o Estado adquire ao repassar a execução dos serviços de saúde a entidades como as Organizações Sociais, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e às Fundações Estatais de Direito Privado. Estes três modelos são resultantes do denominado Estado Regulador Neoliberal, originado do modelo de acumulação capitalista financeirizado e difundido no campo social pelo Banco Mundial. O Estado Regulador Neoliberal foi adotado no Brasil, na década de 90, por meio da contrarreforma do Estado, que reorganizou as funções deste, tornando-o mais regulador do que interventor. No campo social, esse modelo de Estado foi estabelecido com a divisão e transferência da execução das políticas sociais para a sociedade e para o mercado, focalizando sua ação aos setores mais pobres. A política de saúde que, pela ação do movimento de reforma sanitária, se tornou direito social na Constituição Federal de 1988, vai ser atingida por uma contrarreforma desencadeada pelo Banco Mundial, que tratou de distorcer os princípios deste sistema, organizando-o, no sentido de ofertar serviços de saúde públicos somente aos grupos mais pobres, na tentativa de quebrar com a universalidade desta política. Esta situação gera um conflito de interesses de dois projetos distintos no campo da saúde no Brasil: um que defende a política de saúde pelo viés da reforma sanitária e outro que defende a saúde pela via do mercado. Os modelos de regulação aqui estudados são frutos destas contrarreformas e atuam sob a lógica do projeto de saúde voltado ao capital, portanto contrários a efetivação do SUS.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Esta dissertação analisa o conceito de pessoa com deficiência disposto na legislação nacional e internacional, perquirindo quem são os integrantes desse grupo vulnerável que possuem o direito às vagas reservadas ao mercado de trabalho, previsto na Constituição Federal de 1988 e nas Leis nº 8.112/90 e 8.213/91. Trata-se de uma pesquisa com enfoque na aplicação das ações afirmativas, especificamente o sistema de cotas, destinado à inclusão social das pessoas com deficiência. Verifica-se a existência de uma polêmica questão referente à relativa indeterminação de quem são os destinatários dessa medida. Assim, trazemos para o debate o conjunto normativo de leis, decretos e tratados internacionais que buscaram definir as pessoas com deficiência, entre os quais destacamos o Decreto nº 3.298/99 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Mas também analisamos as principais referências teóricas relacionadas ao universo da deficiência, ocasião na qual exploramos a evolução dos direitos humanos e fundamentais desse grupo, passando pelos principais paradigmas e reivindicações dos movimentos sociais, conhecendo assim quais são os alicerces de tais direitos e de que forma exigem o tratamento igualitário. Procuramos esclarecer e desfazer o imbróglio conceitual que se estabeleceu no sistema jurídico brasileiro ao longo dos últimos 25 anos, por meio da difusão das informações acima citadas. Visamos com isso possibilitar que as ações afirmativas cumpram certos requisitos de validade, entre os quais o dever de justiça e eficiência na redistribuição dos recursos fundamentais. Destacamos que o dever de inclusão social, bem como o sucesso das ações afirmativas, estão subordinados ao maior conhecimento sobre os direitos desse grupo, tanto por parte dos operadores do direito, como dos demais profissionais de outras áreas do saber, os quais devem trabalhar em conjunto para identificar quais fatos relevantes no contexto social tornam esse indivíduos vulnerabilizados e justificam a proteção estatal por meio do sistema de cotas.

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)