955 resultados para normas sociales
Resumo:
Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.
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This article aims to present an approach to the issue of farm or rural zone workers, including a labour law study of agrarian legal decisions, so as to demonstrate their importance in respect to social, economic and cultural rights in Colombia. The study will serve to illustrate through the history, the applicable law and the jurisprudence, the different ways in which farmers have been treated from the time of the origin until the arrival of modern systems of industrialization. It calls into question the effectiveness of existing laws and the role of the courts, in spite of globalization, to maintain the minimum rights and guarantees of farm workers who are considered to be a vulnerable population. In conclusion, this study seeks to illustrate the current role of the Labor law and the National Health Service in the area of demonstrating of the existence or absence of mechanisms to protect workers in rural areas and the need to create some mechanisms that involve social justice given its prime importance in the Constitution of 1991.
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El propósito de este trabajo es sugerir una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que permita la protección de ciertos derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano. Esta interpretación pretende ubicarse a mitad de camino entre las posturas que consideran el referido artículo como una norma no operativa y aquellas que sostienen que es la piedra de toque para la vigencia plena de estos derechos en el sistema. Finalmente, busca establecer el catálogo de derechos que dicho precepto protege.
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La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática.
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Estudio y valoración de nuestros recursos marinos y de su incidencia socio-económica en la Comunidad. El proyecto tiene dos objetivos básicos: creación de un centro de interés (Fauna marina), del que derivan objetivos y actividades pedagógicas encaminadas a las áreas de Naturales y Sociales; y planteamiento de la necesidad de valorar y proteger los recursos marinos de nuestro Archipiélago, analizando cómo éstos repercuten social y económicamente en nuestra Comunidad.
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Mediante el repaso de las distintas fuentes normativas vigentes en el territorio español (Constitución española, normativa internacional, normativa comunitaria y normativa interna de extranjería), el presente texto pone de manifiesto la insuficiente protección de los derechos sociales de las personas inmigradas. Este escenario jurídico se muestra cuando menos incapaz frente a la consolidación de un modelo de desarrollo social que ha optado por configurar al trabajador extranjero esencialmente como una pieza más de la maquinaria productiva en el marco de una economía “altamente competitiva”. Así es, en la actualidad los sistemas jurídicos de los países de llegada, en general, optan con claridad por la laboralización de la política migratoria: solamente en casos excepcionales admiten situaciones de residencia no laboral de personas extranjeras, siendo la óptica adoptada la subordinación del fenómeno migratorio a las necesidades del mercado de trabajo.
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Se trata de investigar sobre las ideas previas del poder político (democracia, dictadura, etc..) que los alumnos tienen y las estructuras de ese poder aplicadas a las Ciencias Sociales. Aplicado desde 5 de EGB hasta 1 de BUP. La zona de influencia es el sur de Gran Canaria y no especifica el número de alumnos que participan. Objetivos: divididos en tres fases: Fase 1. Ideas previas sobre el poder, aplicado al área de las Ciencias Sociales. Fase 2. Aprender y dominar las técnicas básicas de la investigación de las ideas previas. Fase 3. Elaborar materiales orientados a modificar planteamientos detectados. Fase final. Ayudar en la comprensión que profesores y alumnos tienen de la propia disciplina. No se modificaron los temarios, ni la organización interna del Centro, sino que estas programaciones se integraron en los contenidos de la programación general del área. Debido a retrasos en la partida económica y a nivel burocrático, el trabajo ha resultado sólo ser una toma de contacto con el mundo de las ideas previas. Se utilizaron diversas técnicas, pero la encuesta y el debate fueron las más utilizadas. En los resultados, aparece un estudio pormenorizado de los temas tratados, reflejados en diagramas de barras para todos los niveles educativos.
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La iniciativa de trabajar en este proyecto, parte de la tendencia a representar un papel activo en las actividades de diseño, desarrollo y experimentación en la perspectiva de incrementar el grado de autonomía profesional. Se propone como elemento clave la reflexión sobre la práctica docente. Objetivos: -Elaborar y poner en práctica materiales y recursos didácticos. -Intercambiar experiencias didácticas. -Aplicación y valoración del proyecto en el aula. Referente a los contenidos, se pensaba elaborar las unidades didácticas sobre la siguiente temática: Grandes medios naturales del Planeta. Distribución de la población. Prehistoria. Análisis de aspectos problemáticos del entorno social. Entre las actuaciones previstas en la práctica diaria del aula están: la aplicación directa de la Unidad Didáctica en los diferentes centros simultáneamente, para contrastar resultados. También, a partir de la reflexión de la práctica docente, elaborar procedimientos y elementos que favorezcan la investigación y el conocimiento, por parte de los alumnos. El profesorado implicado en este proyecto recibió dos cursos de formación: 'Modelos de enseñanza-aprendizaje en Secundaria' y 'Elaboración de unidades didácticas'. Participan diez centros de EGB pertenecientes a: Guía, Gáldar, Moya, Arinaga y Firgas, municipios de la isla de Gran Canaria. Valoración: Las expectativas de trabajo no se cumplieron en su totalidad. Ha fallado la dinámica de trabajo. Lo aplicado en el aula fue positivo, según la evaluación comentada al final del tercer trimestre. Para el próximo curso se ve la necesidad de revisar la unidad didáctica, porque debido a la formación recibida en los cursos expuestos anteriormente, sería conveniente estudiar otro enfoque.
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Actualmente el debate de los derechos económicos, sociales y culturales ha pretendido construir desde diferentes perspectivas una explicación plausible para lograr su efectividad a través de la reglamentación de estos derechos en las políticas públicas del Estado o a través de la judicialización de los mismos. Frente a este último tema se encuentra con un abrumador panorama surgido de la carencia de una acción judicial expresamente consagrada en la Constitución que permita un claro amparo. El presente escrito pretende abordar esta problemática desde la historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales, con el fin de demostrar que tales derechos carecen de protección por un asunto puramente formal y que deberán ser considerados como derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento y protección por todos los poderes del Estado y protegidos judicialmente como derechos fundamentales.