986 resultados para fiscal crisis
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La tendencia de globalización de los negocios cada vez más creciente exige que los Estados manejen entre otros aspectos normas contables comunes. La Superintendencia de Compañías del Ecuador conciente de esta necesidad, dispone conforme a sus atribuciones que todas las entidades obligadas a llevar contabilidad y que estén bajo su control y vigilancia inicien un proceso de transición de normas locales de contabilidad a normas internacionales de contabilidad y específicamente a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para lo cual establece un cronograma de cambio, en base al tamaño y tipo de empresas. Este proceso conllevará a que muchas empresas requieran efectuar cambios importantes en sus políticas contables, procesos e incluso a efectuar inversiones que tal vez no estaban programadas, razón por lo cual se hace necesario que todos los directivos de las empresas y personal que manejan la información financiera, se anticipen a estos eventos con el fin de efectuar un cambio organizado de los mismos e incluso en el ámbito tributario se prevea también una adecuada planificación tributaria. El cambio más importante en el País representa la aplicación por primera vez de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, referente a Impuesto Sobre las Ganancias, la cual ha originado varios cuestionamientos y expectativas para todos los usuarios de información financiera, en vista de lo cual en el presente trabajo de investigación se efectúa una descripción breve de la situación actual de las normas contables, el por qué de su cambio, su normativa legal, así como también un análisis de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, referente a Impuesto Sobre las Ganancias y su aplicación en base a un caso práctico para una empresa que presta servicios de telecomunicaciones.
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El propósito de esta tesis es evidenciar la posibilidad del control difuso en la Administración Pública, principalmente en los Tribunales Administrativos y Órganos Colegiados que imparten justicia administrativa a nivel nacional. El control difuso de la Constitución siempre se entendió como la facultad del poder judicial, que a través de los jueces de las diferentes instancias, quienes al momento de resolver un caso concreto, si evidencian manifiestamente la inconstitucionalidad de la norma aplicable al caso, pueden inaplicarla sólo para ese caso, cuyos efectos son inter partes, es decir la norma inaplicable por el juez sigue vigente dentro del ordenamiento jurídico, habiendo sido considerada nula sólo para el caso concreto. Sin embargo, esta postura de que el control difuso es sólo potestad del poder judicial, se fue relativizando, al menos en el caso peruano, toda vez que mediante la sentencia recaída en el Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional, crea la figura jurídica del control difuso administrativo, en la que los Tribunales Administrativos y Órganos Colegiados que imparten justicia administrativa con carácter nacional, también están en la potestad y el deber de aplicar el control difuso para garantizar la plena vigencia de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales de los administrados, inaplicando normas manifiestamente inconstitucionales. En consecuencia, para mejor ilustrar al respecto, la tesis lo dividimos en tres capítulos: en el primer capítulo, abordamos el desarrollo del control constitucional con énfasis en el control difuso, evidenciando el Principio de Supremacía Constitucional, así como la creación y recepción del control difuso y concentrado de la Constitución por los diferentes países del mundo. En el segundo capítulo desarrollamos el control difuso en los países andinos, resaltando el control difuso en la Administración Tributaria; y, finalmente en el tercer capítulo, desarrollamos el control difuso como atribución del Tribunal Fiscal del Perú, que se caracteriza por ser un Tribunal Administrativo que imparte justicia administrativa a nivel nacional, resolviendo conflictos en materia tributaria y aduanera.
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La situación fiscal constituye uno de los principales problemas por los que atraviesa la economía ecuatoriana, el elevado déficit fiscal es enfrentado con medidas de carácter coyuntural, la insuficiente recaudación de ingresos es cubierta mediante un constante endeudamiento interno y externo o, a través del recorte del gasto público destinado a los sectores políticamente más débiles que, por principio deben ser los beneficiarios de la atención estatal. De esta forma parte de los desequilibrios económicos y sociales se atribuyen a este tipo de conducción de las finanzas públicas.” A partir de la dolarización, la política económica se sustenta fundamentalmente en la política fiscal, considerada instrumento principal con capacidad para mover la economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que alcanzar su equilibrio constituye uno de los objetivos primordiales. Se señala que nuestro país, antes de entrar a la dolarización debió reunir condiciones mínimas como la inexistencia absoluta de déficit fiscal y la superación de problemas fiscales estructurales que a través del tiempo han afectado el proceso de ejecución presupuestaria, para lo cual era necesario la aplicación de correctivos que permitan reducir o eliminar estos desajustes. Los desafíos que enfrenta el país a partir de la dolarización, dependen por lo tanto de las reformas fiscales que se implementen, cuyo propósito debe ser, hacer viable y sostenido este proceso y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, buscando equidad y eficiencia en el manejo fiscal. El siguiente trabajo, en términos generales, plantea criterios básicos respecto al funcionamiento de la política fiscal bajo este nuevo esquema, al mismo tiempo a través del análisis de la dinámica fiscal se trata de ubicar las características y los problemas que enfrentaba el Presupuesto del Gobierno Central antes de la dolarización, así como determinar si a partir del año 2000 se han hecho esfuerzos que permitan superar esos inconvenientes, teniendo como propósito fundamental generar condiciones de bienestar en la población.
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En esta tesis se analizan los sentidos de la nación y los referentes sobre los que se construye la identidad colectiva ecuatoriana, en el discurso de la prensa; la investigación se basa en la lectura de los pronunciamientos hechos por personajes de la élite político económica del Ecuador, de articulistas de los diarios El Universo y El Comercio y de los editoriales de estos medios, durante el proceso de Firma de la Paz de Ecuador con Perú y del Levantamiento Popular e Indígena de enero de 2000. En el trabajo se explora cuáles son los referentes sobre los que se construye la idea de identidad nacional, entendiendo que las coyunturas de crisis son estructuradoras de los sentidos a la vez que estos influyen en el desarrollo de los acontecimientos. Esta aproximación permite ver que la identidad nacional se construye en los pronunciamientos difundidos por la prensa sobre la idea de una necesaria superación del pasado que mantiene al país en condiciones de pobreza y subdesarrollo, lo cual implica olvidar los viejos referentes identitarios y construir otros aún inciertos porque se encuentran en el futuro. Los sentidos otorgados a la nación varían de acuerdo al momento y al enunciador, pero todos giran sobre la idea de que Ecuador es un país que debe ser construido, para lo cual se debe restablecer la unidad nacional.
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Este trabajo de investigación analiza el manejo de los medios de comunicación impresa: periódicos y revistas en momentos de crisis, tomando como contexto el accidente aéreo de una de las aeronaves de Petroecuador. Basados en la teoría y la realidad se construyó una narración cronológica de los hechos contados desde las noticias de prensa publicadas, tomando como base el libro de Eliseo Verón, “Construir el Acontecimiento”. y el análisis con el texto “La Espiral del Silencio” de Elizabeth Noelle-Neumann Luego del análisis narrativo hecho con los periódicos El Comercio, de Quito; el Universo de Guayaquil y la revista Vistazo, por la mayor cobertura que tienen estos medios; se procedió a describir la situación a la par de observar la posibilidad de construir un escenario para la comunicación en momentos de crisis por parte de Petroecuador. Se presentaron sugerencias comunicacionales institucionales a fin de lograr una cobertura más positiva en el tratamiento que dan los medios de comunicación a estos sucesos y accidentes, donde se involucran vidas humanas y como maneja el dolor de los familiares, con lo cual se procuró mostrar una propuesta de comportamiento comunicacional para sus ejecutivos, el departamento de Relaciones Públicas y trabajadores, en caso de que suceda una situación de crisis y tengan que afrontarla.
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Esta investigación tiene como propósito sistematizar algunos elementos teórico conceptuales para acceder a un análisis sobre la estructura del Fondo Monetario Internacional, así como sobre el rol que este organismo ha jugado en el desenvolvimiento monetario, financiero, fiscal y comercial de los países miembros, particularmente de los que pertenecen al Tercer Mundo, y en singular nuestro país, que arrastra una crisis económica de carácter crónico, pese a la fidelidad con que cumple los sucesivos programas de ajuste. En el contexto del propósito mencionado, se hace reflexiones sobre las características que ha tenido la economía ecuatoriana, durante las últimas décadas, poniendo de relieve las situaciones críticas y los cambios a que se ha visto sometida, bajo las disposiciones de los organismos multilaterales de crédito. Igualmente se hace un análisis sobre las implicaciones, relaciones e influencias del contenido de las Cartas de Intención en el ordenamiento jurídico de nuestro país, llegando a la conclusión de que no siendo aquellas obligatorias, nos imponen medidas apartadas de nuestra problemática social. Finalmente, se llega a demostrar que existe una estrecha relación entre el contenido de las Cartas de Intención con los propósitos de modernización del Estado, proceso que se reduce a la privatización de las empresas del sector público.
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Este estudio pretende hacer una relectura del mestizaje que vaya más allá de las interpretaciones dominantes que se han hecho sobre este fenómeno. Los discursos hegemónicos sobre el mestizaje han querido ver los intercruzamientos culturales como realidades homogéneas y armónicas. Sin embargo, el mestizaje, como expresión de la mezcla cultural, ha mostrado siempre su carácter ambivalente y contradictorio. En los espacios conflictivos que se producen por el choque de culturas el discurso hegemónico del mestizaje pierde legitimidad. Desde esos espacios plurales, que se encuentran en medio de dos o más realidades, se abre la posibilidad de reconocer las capacidades de negociación de los sujetos y las prácticas mestizas. En estos espacios fronterizos tanto las identidades como las culturas se están redefiniendo constantemente. Por estas razones, el mestizaje lejos de ser una realidad armónica es un fenómeno heterogéneo que muestra lo inesencial de las culturas y las identidades.
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Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los acontecimientos suscitados en la más reciente crisis financiera ecuatoriana iniciada en el año 1998. Es necesario distinguir para el análisis de este tema, el contexto de una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina y obviamente en el Ecuador, proceso en el que se inscribió la legislación nacional reformada en agosto de 1994 con la aprobación de una LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, en sustitución de la LEY GENERAL DE BANCOS existente hasta entonces. Dicha Ley General de Instituciones del Sistema Financiero estableció desde luego un avance importante en la actualización de la legislación bancaria del país a los concepto flexibles de banca múltiple, que como tales pretenden la creación de un verdadero “sistema financiero” en el país, a través de la autorización a las instituciones bancarias de una amplia variedad de servicios financieros en beneficio de los usuarios, acordes con la dinámica actual de la actividad financiera y la complejidad que supone el ejecutar distintos procesos relacionados con diferentes prestadores de servicios. Este concepto laudable en principio no excluye sin embargo la intencionalidad última de todo proceso de liberación que es el mayor desmantelamiento posible de los mecanismos de control, fiel a su premisa teórica de que todo control supone restricción y conculcación de los intangibles atributos de la libertad económica y su congénere más cercana, la libertad de empresa, así como una intromisión del Estado en el principio superior de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, todo esto con el corolario de que así mismo, todo mecanismo de control e intervención por parte del Estado se halla dotado de un agregado ineludible de corrupción. Acogiendo estos criterios vio la luz la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y se estableció una permisibilidad que la experiencia ha demostrado resultó ser inconveniente y aún peligrosa para la estabilidad no solo del sistema de pagos, sino de la propia economía y que derivó en el libertinaje de los administradores de las instituciones financieras, con las dolorosas consecuencias que son de todos conocidas. De este libertinaje financiero se siguió que muchos administradores bancarios fueron encausados penalmente por la presunta comisión de delitos bancarios, cuya regulación, vale anotar, al momento de la crisis resultó insuficiente, insuficiencia que se explica desde luego, por esta flexibilización de controles que inspiró la nueva legislación bancaria.
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La ola de redemocratización en América Latina, acaecida en los años ochenta, implicaba que los militares aceptaban subordinarse al poder civil, sobre la base de su distanciamiento, entre otros, de la escena política. Sin embargo, el Ecuador no ha sido ejemplo de ello. En las coyunturas políticas de febrero de 1997 y enero de 2000 –cuyos desenlaces fueron las caídas de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, respectivamente-, las Fuerzas Armadas se convirtieron en actores centrales de la crisis y en los responsables de resolverla. A partir de la reconstrucción de los sucesos de 1997 y 2000 y el análisis del desempeño de los diversos actores políticos, el presente trabajo establece cómo, sea por medio del arbitraje o abiertamente a través de un golpe de estado, las Fuerzas Armadas tutelan el sistema político vigente en el Ecuador.
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Esta investigación desarrolla, en su primera parte, el cómo ha v~riado la intervención del Estado a través del Banco Central del Ecuador en la economía y, especialmente frente al Sistema Financiero Privado después del llamado proceso de modernización, aplicado por el gobierno de Durán Ballén-Dahik, hasta llegar a las causas económicas y políticas del colapso financiero. Como antecedente al tema concreto de estudio, se analizan las reformas del mencionado gobierno que terminaron produciendo pérdida de control, más que desregulación o liberalización de la actividad financiera en el Ecuador. Esta entrada analítica, como el resto de la investigación, planteó la necesidad de abordar el problema desde una dimensión política, económica y legal; así como el reto de realizar un análisis histórico-estructural e institucional que no permite solo entender al Banco Central, sino a la compleja relación entre el estado ecuatoriano, las fuerzas sociales, los niveles productivos, y el orden internacional. En ese sentido, el estudio aborda teóricamente la problemática desde varias visiones que pretenden construir una explicación que pueda abordar la complejidad del Estado Ecuatoriano, a través de una de sus instituciones; así se toman varias perspectivas como las provenientes de la Teoría Critica, análisis Institucionalistas y de materia económica. La segunda parte, analiza los primeros indicios de las nefastas consecuencias de la política desreguladora y la directa relación de la crisis y colapso financiero con una trama política, institucional y económica compleja que supera los análisis tecnocráticos e instrumentalistas.V La investigación plantea que la crisis y colapso son herederos de varios elementos: una perdida de control y supervisión por parte del estado; prácticas de bailing out expresados en constantes salvatajes que incrementaron el riesgo moral en sectores financieros y especulativos, un escenario político donde los sectores hegemónicos no han podido instrumentalizar, pero si colonizar sectores concretos en la. t oma de decisiones estatales (también gracias a una eficiente articulación entre distintas fuerzas sociales y actores en tomo a un discurso que se presentaba como un proyecto político económico liberal), y las debilidades de las fuerzas subalternas en la identificación de los escenarios donde se decidía y se ejecutaba la forma de regulación de acumulación. El estudio también hace un balance de la crisis políticas y económicas, que atraviesan el tema de la investigación, y deconstruye dos percepciones contrarias pero permanentes en el debate público: la de la asepsia tecnocrática, que plantea a los problemas y al colapso financiero como productos mecánicos de la inestabilidad política y de factores exógenos; y la que proviene de visiones instrumentalistas, donde se sobreestima el papel de las elites y se les atribuye la virtud de manejar a su antojo al conjunto del estado. Finalmente, es pertinente señalar que esta investigación también estudia como opera el poder en múltiples dimensiones, y espera efectivamente en convertirse en un aporte a la discusión pública sobre los asuntos de lo público, a la vez que motivo de debate, crítica y, por supuesto, de nuevas posibilidades.
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El teme central de nuestra investigación, es la actual crisis política venezolana. Hemos denominado este trabajo como Crisis y Cambio del Discurso de la Democracia en Venezuela, porque precisamente nuestra intención es aproximarnos a un estudio de la actual coyuntura política desde una perspectiva del análisis del discurso político que nos permita dar cuenta de cómo se descompuso el viejo orden político (1958-1998) y cómo se intenta imponer un nuevo orden político en Venezuela (Revolución Bolivariana). Nuestra tesis central es que la actual crisis política venezolana puede interpretarse como un periodo de luchas discursivas y simbólicas entre bandos políticos por imponer un proyecto político hegemónico donde la incapacidad de fijar parcialmente alguno de los proyectos, deja abierta la lucha por la aprehensión de significantes que definan el orden político actual, caracterizando el escenario político contemporáneo, de permanente lucha, como post-democrático. El trabajo se compone de tres Capítulos, en el Primero damos cuenta de la Democracia Representativa que bajo el modelo del Pacto de Punto Fijo se construyó y desarrollo en Venezuela de 1958 a 1998. Para ello hacemos un recorrido desde sus antecedentes, para adentrarnos en los pormenores de la forma de la “política” bajo el modelo, sus practicas formales, informales y finalmente el advenimiento en crisis y quiebre del pacto que da paso al gobierno actual, el de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. El segundo capitulo da cuenta del proyecto de Democracia Participativa que encarna Hugo Chávez, de igual manera repasamos sus antecedentes y procesos de formación y acción política hasta llegar al poder en 1998. Posteriormente analizamos los grandes momentos del nuevo gobierno por intentar imponer su proyecto político, expresado en la Constituyente, y finalmente las manifestaciones de disputa política por fijar el orden político entre la oposición y el gobierno (luchas discursivas) que encuentra como punto máximo en nuestra tesis en los hechos del 11 al 14 de Abril de 2002. En un tercer Capitulo de conclusiones, proponemos las diversas ideas centrales que se desprenden de nuestra investigación así como una profundización acerca de nuestro argumento central para comprender este tipo de fenómenos políticos transaccionales.
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La globalización ha empujado a varios países a liberar sus mercados financieros en búsqueda de un mayor flujo de recursos que dinamice sus economías. La liberalización y desregulación han estado presentes en la mayoría de las crisis financieras y bancarias que se han ocasionado en las dos terceras partes de los países del mundo en los últimos años. El ejemplo más evidente de la globalización de las finanzas y su libertinaje, son los mercados offshore, que permiten integrar los mercados financieros nacionales en una gran red de instituciones financieras conectadas a través de todo el mundo, con el único propósito de evadir las regulaciones de los estados nacionales para incrementar su rentabilidad pero de igual forma el riesgo; ya que a través de esta modalidad se canalizan inmensas cantidades de dinero provenientes de actividades lícitas e ilícitas que han contribuido a la inestabilidad de las economías nacionales, por la especulación y excesiva ambición de grandes inversionistas. El Ecuador también se ha dejado llevar por la corriente de la liberalización de los mercados, por lo que modificó en 1994 el marco legal del sector financiero con ese propósito, esto llevó a debilitar los controles y permitir que varias irregularidades contribuyan a poner en un grave estado de crisis a todo el sistema. El salvataje bancario en nuestro país no ha terminado aún, pero se pueden distinguir varias similitudes y diferencias con las estrategias que con el mismo propósito se implementaron en otros países; además es evidente que no siempre se utilizó el mismo criterio por parte de las autoridades competentes para el tratamiento individual de cada banco en crisis. El análisis de éste tema nos lleva a pensar que se debe fortalecer la supervisión prudencial, así como adoptar un marco legal adecuado, que le permita el estado actuar como un eficaz regulador del mercado, impidiendo que crisis bancarias como la que vivimos en éstos últimos años se repitan nuevamente.
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Dada la crisis que venía experimentando la economla peruana durante los últimos años del gobierno del presidente Alan García, sobre todo la hiperinflación que distorsionó los precios claves de la economía. El gobierno que asume el mando (el 8 de agosto de 1990), implementó un severo programa económico de ajuste y dio inicio al proceso de reformas estructurales. El programa de estabilización implementado en agosto 1990 tuvo como objetivo fundamental la drástica reducción de la inflación. Las medidas específicas para ello fueron el realineamiento de los precios relativos, la eliminación del déficit fiscal, el control de la base monetaria, la recomposición de las reservas internacionales, la apertura externa y la liberalización de los mercados. Las medidas del proceso anterior llevaron a una fuerte contracción en la demanda agregada, lo que provocó un gran impacto recesivo. Los sectores más afectados fueron aquellos más ligados al gasto interno. Durante los dos últimos años ( 1993-1994), la economía peruana ha mostrado las estadísticas de crecimiento más altas de América Latina. El PIB creció en 6.4% Y 12.9% respectivamente. Sin embargo. pese al crecimiento del PIB, el empleo continuó decreciendo: sector industrial 6,9%, comercio 9.1% y servicios en 3.1%.
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Las Zonas Francas son áreas de territorio nacional delimitado y autorizado por el Presidente de la República mediante decreto, sujetos a regímenes de carácter especial determinados por Ley, en temas de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, de capital y laboral, existiendo varios tipos de zonas como las comerciales, industriales, de servicios, turísticas y especiales, estas zonas tienen como ventaja de atraer inversiones, crear empleos y generar ingresos con divisas extranjeras promoviendo las inversiones extranjeras, esperando también inversiones extranjeras directas en temas de transferencia de tecnologías. Las Zonas Francas en el Ecuador estuvieron vigentes hasta el año 2010, regida por la Ley de Zonas Francas, aprobada por el ex Presidente Rodrigo Borja y publicada en 1991, siendo estas cambiadas en diciembre del 2010 reformándolas a Zonas Especiales de Desarrollo Económico. (ZEDES), las zonas francas tenían una estructura basada en administraciones reguladas por el Consejo Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA), además estas deberían ubicarse en zonas o áreas deprimidas del país, para impulsar su desarrollo. En la actualidad con el nuevo Código de la Producción existen la Zonas Especiales de Desarrollo Económico, en la que prevalece el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión productiva y la generación de empleo, con fines desconcentradores, caracterizado por ser un instrumento para impulsar la economía a corto plazo de estas áreas, así Las ZEDES serán destinos aduaneros donde se buscará desarrollar las actividades de logística, transferencia de tecnología y diversificación de exportaciones cuya autorización es por un plazo de 20 años prorrogables una vez cumplidas las respectivas evaluaciones, estas no son un instrumento de ventaja comparativa sino que potencia las ya existentes.
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La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.