El proceso de securitización del problema de las drogas por parte de Estados Unidos como dinamizador de las relaciones con Colombia

Este documento surge de la pregunta ¿por qué a pesar de los costos y los inconcluyentes resultados de la guerra contra las drogas, ésta se ha mantenido por más de 40 años? El texto analiza los factores que motivaron a Estados Unidos a iniciar un proceso de construcción discursiva para transformar el problema de las drogas en una amenaza a la seguridad nacional de ese país y del mundo, y cómo Colombia ha aprovechado esa situación para redefinir constantemente su identidad nacional e impulsar sus intereses. La aproximación al problema de las drogas se desarrolla desde la perspectiva del proceso de securitización y desde la óptica de la búsqueda de los intereses nacionales, soportada sobre la base teórica del constructivismo. Desde esa perspectiva, se evidencia cómo la construcción de la guerra contra las drogas ha dependido de la identidad (personalidad) de los Estados, de las políticas e intereses de sus gobernantes, pero también de elementos propios del contexto histórico que han potenciado su desarrollo. Finaliza con el planteamiento de un posible proceso de des-secutiritización del problema de las drogas.

Expo USA

En el presente trabajo se expone una investigación llevada a cabo a una empresa específica (INDU-ROPA LTDA). El trabajo de investigación fue llevado a cabo por el grupo de investigación de la facultad de Administración, de la universidad del Rosario (CIDEM). El proyecto de investigación denominado “Expo USA” tuvo como fin realizar una consultoría en la empresa INDU-ROPA LTDA. Para de este modo, luego de haber realizado un profundo análisis de la empresa se encontraron los principales errores y los procesos a mejorar, así mismo se encontraron y reforzaron las fortalezas de la empresa, lo anterior con el fin de que esta tenga la capacidad de exportar sus productos a largo plazo, dadas las condiciones de la empresa. La investigación fue apoyada por un grupo de docentes y consultores, expertos en el tema. Las herramientas utilizadas para el desarrollo de esta investigación fueron creadas y desarrolladas en su totalidad por el CIDEM. Estas herramientas fueron las que permitieron el desarrollo satisfactorio de la investigación, aparte de la investigación que fue hecha en los mercados requeridos. Por otra parte cada etapa de la investigación fue apoyada por un consultor diferente, como ya se dijo anteriormente, experto en el tema al cual fue asignado, estos consultores tuvieron que aportar sus conocimientos para implementar y desarrollar las herramientas del CIDEM con el fin de lograr un resultado satisfactorio en cada etapa realizada. Los consultores fueron apoyados por un estudiante de la facultad de administración.

Agricultural sector and competition in Colombia

In this chapter we provide a summary description of Colombian Competition Policy with an emphasis on the agricultural sector. Key developments and recent changes in institutional arrangements affecting competition policy, as it applies to the agricultural sector, are highlighted. Illustrative case studies are depicted to show the richness and complexity of policy developments and enforcement. Some general conclusions are drawn from this examination.

Conflict, wages, and multiple equilibria

Firms’ compensation practices affect the protection of investors’ interests and the degree of economic inequality by changing the stakes of engaging in appropriation activities versus respecting the status quo. We use a general equilibrium model where workers can either work peacefully or join a guerrilla movement that expropriates entrepreneurs. If workers are peaceful, they receive a competitive wage. If they join a guerrilla movement, they receive a share of the appropriated wealth, which depends positively on the number of guerrilla members. In this framework, we find one low-income, low-wage equilibrium with guerrilla activity and one peaceful, high-income, high-wage equilibrium. The peaceful equilibrium can be reached through redistribution policies, which can be implemented at the firm level. In essence, through their compensation policies entrepreneurs, not the state might be able to protect their assets against expropriation and simultaneously control the internal principal-agent problem.

Sector agrícola y política de competencia

Los procesos de integración económica han puesto en evidencia que la separación tradicionalmente hecha entre las políticas comercial y de competencia no sólo es ficticia, sino que mantenerla es simplemente contradictorio con la realidad de la economía internacional. En la medida en que los mercados domésticos se han abierto al comercio internacional, se ha considerado que las políticas de competencia pueden hacerse redundantes, ya que la competencia extranjera tiende a garantizar que dichos mercados tienen un nivel adecuado de contestabilidad. Sin embargo, como se muestra en este documento para el caso del sector agrícola, en estas circunstancias, la política de competencia adquiere un nuevo e importante papel que cumplir. Acá se discute la relación general entre el sector agrícola y la política de competencia, en un contexto de relativa liberalización comercial. Se sostiene que es necesario aplicar la política de competencia al sector, ya que esto garantiza las mejores condiciones posibles para incentivar los procesos de cambio tecnológico, indispensables para desarrollar una agricultura dinámica. Igualmente, se afirma que es indispensable una aplicación rigurosa de la política de competencia que, teniendo en cuenta las particularidades de la estructura de mercado de los sectores vinculados a la agricultura hacia adelante y hacia atrás, garantice que el más competitivo sector agrícola no sea sujeto de prácticas anticompetitivas por otros agentes. Esto puede incluir la instauración de algunas excepciones puntuales para el sector, con relación a la política de competencia,

Desafíos y oportunidades de la capacidad del gobierno colombiano en la implementación de la política pública de gestión integral del riesgo (ley 1523 de 2012)

La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.

Overcoming Gender Disadvantages. Social Policy Analysis of urban middle-class women in Colombia

The World Bank Report 2012 starts with this statement: “Gender equality matters in itself andit matters for development because, in today’s globalized worlds, countries that use the skillsand talents of their women would have an advantage over those which do not use it.” With theframe that suggest that gender equality matters, this paper describes some policy alternativesoriented to overcome gender disadvantages in the formal labor market incorporation of theurban middle class women in Colombia. On balance, the final recommendation suggest that itis desirable to adopt policy alternatives as Community Centers, which are programs orientedto a social redistribution of the domestic work as a way to encourage women participationin the formal labor market with the social support of the members of their own community.The problem that the social policy needs to address is the segregation of women in the formallabor market in Colombia. Although the evidence shows that the women overcome theeducational gap by showing better performance in education that their male peers, womenare still segregated of the labor market. The persistence of high rates of unemployment on thefemale population, the prevalence of the informal labor market as a women labor market, andthe presence of the payment difference between men and women with similar professionaltrainings are circumstances that sustain the segregation statement. These circumstances areinefficient for the society because an economic analysis shows that the cost of maintain the statuquo is externalized in the social security system that includes health, pension and maternityleave regimens. Therefore, the women segregation involves a market failure.This paper evaluates five policy alternatives each directed to the progress of a different causaldimension of the problem: (i) Quotas in the private market, (ii) Flexible working hours,(iii) replace the maternity leave with a family leave, (iv) Increase the Community Centers forredistributing the care work, and (v) Equal payment enforcement. The first alternative looksto increase women’s participation in the formal labor market. The second, third, and fourthalternatives constitute a package addressed at redistributing care work by reducing women’sresponsibility for reproductive work in the household with the help of husbands and the localgovernment. The fifth alternative intervenes to resolve the equal payment problem.After a four criteria evaluation that measure effectiveness, robustness and improbability inimplementation, efficiency and political acceptability or social opposition, the strongest alternativeis the fostering of Community Centers that promote a redistribution of care work. Thispolicy performs well in the assessment process because it combines gender focus with importantindirect effects: child support and human capabilities. The policy also shows a bottomup implementation process that overcomes the main adoption difficulties in the gender focusprograms and is supported by strong evidence of success in the Colombian context; this evidenceis produced by both transnational actors as a World Bank and also in local accountabilityreporters executed by local institutions like Colombian Institute of Family Welfare (ICBF).

El fin de la operación minera: implicaciones jurídicas desde lo ambiental y social

Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.

Economic shocks and crime: evidence from the crash of ponzi schemes

In November 2008, Colombian authorities dismantled a network of Ponzi schemes, making hundreds of thousands of investors lose tens of millions of dollars throughout the country. Using original data on the geographical incidence of the Ponzi schemes, this paper estimates the impact of their break down on crime. We find that the crash of Ponzi schemes differentially exacerbated crime in affected districts. Confirming the intuition of the standard economic model of crime, this effect is only present in places with relatively weak judicial and law enforcement institutions, and with little access to consumption smoothing mechanisms such as microcredit. In addition, we show that, with the exception of economically-motivated felonies such as robbery, violent crime is not affected by the negative shock.

Contrafacção/falsificação de medicamentos

A panóplia de medicamentos e produtos de saúde existentes no mercado é enorme, existindo uma escolha alargada para os consumidores. Contudo, por vezes os preços são elevados; o medicamento que o consumidor quer não é legal no país onde se encontra; o consumidor, por vergonha, não se desloca a locais licenciados para comprar o medicamento que quer ou, o país ainda não tem acesso a um determinado medicamento inovador. E por estas razões o consumidor pode obter medicamentos falsificados através da cadeia ilegal de abastecimento, sendo a internet uma via provável de acesso. Contudo não é apenas na cadeia ilegal de abastecimento que se corre o risco de obter produtos falsificados. A cadeia de abastecimento legal tornou-se complexa e o controlo e fiscalização da mesma começou a ser mais difícil de realizar. Esta complexidade e o facto do sistema regulamentar não estar ainda bem implementado, levou ao aparecimento de produtos falsificados na cadeia legal. Para o controlo regulamentar deste problema, ao fim de alguns anos de debate e modificações à proposta existente, foi lançada na União Europeia a Directiva 2011/62/EU que pretende impedir a introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal. A nível europeu existem iniciativas e organizações, tais como a International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce(IMPACT), a Medicrime, Working Group of Enforcement Officers(WGEO), Pharmaceutical Security Institute(PSI), entre outras,cujo objectivo principal é o combate à contrafacção. São organizações e iniciativas com um grau de importância elevado devido ao trabalho que realizam. Para além destas acções as entidades reguladoras dos vários países europeus têm os Single Points of Contact (SPOCs) que permitem a troca de informação e colaboração internacional para que todos tenham acesso à mesma informação e a casos detectados. Em Portugal, o INFARMED I.P. é a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de saúde e desta autoridade depende a fiscalização e controlo dos diversos intervenientes no ciclo do medicamento. Existe no INFARMED I.P. um departamento designado de Célula 3C que trabalha diariamente para o combate à contrafacção de medicamentos a nível nacional. São pontos essenciais no combate à contrafacção de medicamentos, que a Directiva seja implementada a nível nacional e que os esforços e cooperação entre os vários países perdurem para que haja uma diminuição do risco nos próximos anos.

A posição jurídica do recluso face à reforma penitenciária de 2009

Since the beginning of the last century several laws have gradually reformed the prison system. In spite of their adequacy during the periods of their enforcement some of the measures have never been put into practice. Nevertheless it is worth mentioning the legislator main concern regarding the taking care of prisoners, namely with the Prison Reform of 1979 pioneer in the building of the new European prison law. The Law no. 115/2009 of 12th of October currently in force ensures the prisoners’ rights towards the administration by reformulating their legal status and by reinforcing their privileges when serving prison sentence. Those rights are focused on the human dignity and on the effective cooperation with the community.

La OMC: traspasando las fronteras de la interestatalidad (Otros Temas)

El artículo, bajo la óptica de la gobernanza y la supranacionalidad, muestra el funcionamiento de la OMC y Sistema de Resolución de Disputas, presentándola como una Organización Internacional con capacidad "para convertirse en un ente omnipotente" no dependiente de ningún Estado en particular, para la cual debe emprender una amplia tarea para asegurarse que sus fallos y decisiones sean cumplidos por parte de sus miembros.

Pre-empting technical barriers in the Single Market. CEPS Policy Brief No. 277, 11 July 2012

Effective enforcement and compliance with EU law is not just a legal necessity, it is also of economic interest since the potential of the Single Market will be fully exploited. Enforcement barriers generate unjustified costs and hindrances or uncertainty for cross-border business and might deprive consumers from receiving the full benefit of greater choice and/or cheaper offers. The EU has developed several types of enforcement efforts (preventive initiatives, pre-infringement initiatives and formal infringement procedures). More recently, the emphasis has been placed on effective prevention. This CEPS Policy Brief analyses the functioning of one preventive mechanism (the 98/34 Directive) and assesses its potential to detect and prevent technical or other barriers in the course of the last 25 years. Based on an empirical approach, it shows that this amazing mechanism has successfully prevented thousands of new technical barriers from arising in the internal goods market.

Remaking place and securitising space: Urban regeneration and the strategies, tactics and practices of policing in the UK

Urban regeneration programmes in the UK over the past 20 years have increasingly focused on attracting investors, middle-class shoppers and visitors by transforming places and creating new consumption spaces. Ensuring that places are safe and are seen to be safe has taken on greater salience as these flows of income are easily disrupted by changing perceptions of fear and the threat of crime. At the same time, new technologies and policing strategies and tactics have been adopted in a number of regeneration areas which seek to establish control over these new urban spaces. Policing space is increasingly about controlling human actions through design, surveillance technologies and codes of conduct and enforcement. Regeneration agencies and the police now work in partnerships to develop their strategies. At its most extreme, this can lead to the creation of zero-tolerance, or what Smith terms 'revanchist', measures aimed at particular social groups in an effort to sanitise space in the interests of capital accumulation. This paper, drawing on an examination of regeneration practices and processes in one of the UK's fastest-growing urban areas, Reading in Berkshire, assesses policing strategies and tactics in the wake of a major regeneration programme. It documents and discusses the discourses of regeneration that have developed in the town and the ways in which new urban spaces have been secured. It argues that, whilst security concerns have become embedded in institutional discourses and practices, the implementation of security measures has been mediated, in part, by the local socio-political relations in and through which they have been developed.

Developing a system for assessing the costs associated with different procurement routes in the construction industry

In developing techniques for monitoring the costs associated with different procurement routes, the central task is disentangling the various project costs incurred by organizations taking part in construction projects. While all firms are familiar with the need to analyse their own costs, it is unusual to apply the same kind of analysis to projects. The purpose of this research is to examine the claims that new ways of working such as strategic alliancing and partnering bring positive business benefits. This requires that costs associated with marketing, estimating, pricing, negotiation of terms, monitoring of performance and enforcement of contract are collected for a cross-section of projects under differing arrangements, and from those in the supply chain from clients to consultants, contractors, sub-contractors and suppliers. Collaboration with industrial partners forms the basis for developing a research instrument, based on time sheets, which will be relevant for all those taking part in the work. The signs are that costs associated with tendering are highly variable, 1-15%, depending upon what precisely is taken into account. The research to date reveals that there are mechanisms for measuring the costs of transactions and these will generate useful data for subsequent analysis.