1000 resultados para Organización colectiva


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El empeño por conseguir la complementariedad entre el comercio multilateral, con su propósito de ir liberalizando el comercio, y la proliferación de un sin número de acuerdos comerciales regionales es el desafío que hoy día la OMC debe enfrentar. Si bien en apariencia, existe una dicotomía entre el multilateralismo económico yel regionalismo económico, tal bifurcación no cobra una significativa relevancia, dado que ambos regímenes se pueden complementar y aun potenciar. El conflicto entre el librecambio y el proteccionismo es un proceso dinámico que requiere de una organización que contenga a la comunidad internacional y pueda desafiar dichos problemas y superarlos eficazmente. Si bien la OMC parece estar cumpliendo ese rol, su éxito, fruto de su credibilidad, dependerá exclusivamente del apoyo que sus miembros le brinden.

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El discurso del Presidente Chávez se dio en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York el Miércoles, 20 de septiembre de 2006.

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En este artículo, el autor analiza el Informe del Milenio con el cual el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, define las nuevas responsabilidades que le corresponde a esta organización, los cambios que deben hacerse en la estructura y funcionamiento, sugiere la actualización de principios, conceptos e ideas de cooperación internacional. Para el autor, una de las ideas clave de este informe es el convocar a un cambio en la noción de seguridad colectiva hacia el mejoramiento del bienestar de los individuos, los Derechos Humanos y el desarrollo humano sostenible.

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Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un proceso de cambio de tipo político, económico y social, en el que el poder popular, y con ello las organizaciones de base, han sido identificados por la política gubernamental como el motor de cambio y transformaciones sociales. Conforme con ello, la conformación de Consejos Comunales, a través de disposiciones legales e institucionales, se han configurado como la instancia básica de organización, a través de la cual el pueblo está en capacidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas, aunado a la formulación de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades. En ese sentido, como instancia de participación y articulación de las diversas organizaciones comunitarias, en el que se redefine la concepción de democracia, los Consejos Comunales combinan estrategias desde arriba y dinámicas desde abajo. Por lo que se considera, que más que un lineamiento político derivado de la estrategia gubernamental, es una instancia que responde a un proceso de larga trayectoria, que tiene sus orígenes en la contienda política de los años ochenta y noventa. Por ende, su conformación deriva del proceso de deslegitimación del sistema populista de conciliación de élites de la democracia puntofijista y del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana, en el marco de la aplicación de políticas de corte neoliberal. Escenario, en el que el gobierno de Hugo Chávez, viene a canalizar el descontento existente, para pasar a la ampliación de las oportunidades políticas de la organización popular. Se genera entonces un proceso organizativo en el que no sólo se plantean oportunidades, sino también límites a la acción comunal. Donde la polarización moviliza y los pequeños cambios culturales que se logran desde las reivindicaciones económicas y de los logros obtenidos en la transformación de la calidad de vida, podrían apuntar hacia conformación de una voluntad colectiva nacional-popular.

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La liberalización del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integración aún más ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un órgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigación internacional y de la conciliación, así como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalización comercial tiene semejanzas, como su fin último de mejorar el nivel de vida de la población, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un análisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformación, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos —que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debería tomar una controversia—, los tipos de decisiones que adopta cada órgano, los recursos que procede ante cada decisión, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y sólo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no será por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio serán reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadística que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. También se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relación porcentual entre los aportes de los países y su grado de intervención, para demostrar, por ejemplo, que habría más eficiencia si los países que contribuyen con financiarlos actúan de buena fe frente a la normativa correspondiente. También se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos políticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como única solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual sólo caben acuerdos políticos. Ello permite concluir que si la liberalización comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integración que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o más países, es oportuno adoptar un auténtico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integración, se deberían prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.

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El presente ensayo es un trabajo de la memoria social sobre el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) que trascendió durante la década de los 80 en la escena política nacional a partir de acciones armadas poco o nada usuales. El documento reflexiona sobre el olvido intencionado que se ha hecho, tanto desde la historiografía como desde el estudio de la política del país, respecto a este actor social. Al recordarlo, se contextualiza el panorama de las insurgencias en América Latina y el Ecuador, lo que deja ver su protagonismo e incidencia en el presente, ya que el AVC construyó una identidad que se irradia en diversos escenarios, incluso en el de sus oponentes más visibles, como el del Partido Social Cristiano, pues fue durante el gobierno de León Febres Cordero, su máximo líder hasta hoy, que se instauró una política de terror desde el Estado para controlar a la oposición, a nombre de “combatir a la subversión”. Este aspecto, influyó en lo que posteriormente sería la emergencia indígena en el Ecuador, específicamente, porque aquel escenario canalizó un ambiente social dispuesto al diálogo entre la sociedad civil y el Estado. La transición que vivió el país durante la década de los 80 hace del AVC un actor político que incidió en el protagonismo de los movimientos sociales con un interés democrático, antes que de lucha de clases, como el movimiento de mujeres, de derechos humanos e indígena. No se trata de un antecedente cronológico que evolucionó de una forma a otra, sino de un referente que de manera paralela y desde diferentes políticas se cruzaron. El ensayo además introduce reflexiones relacionadas a la manera de narrar la memoria colectiva, ya que hace del testimonio la voz del documento, es decir, resalta la subjetividad de quien relata, no sólo por la proximidad con la experiencia referida, sino también por su agenda política implícita. Es una voz que camina en los trayectos paralelos de la ficción que transforma en lenguaje aspectos, cualidades y valores de la realidad que la ciencia describe, argumenta y demuestra. Por otro lado, el hablar del pasado se lo hace desde la cárcel, porque fue allí donde se develaron, en parte, las identidades clandestinas de los “subversivos”. La cárcel interpeló de forma imperativa y esto permitió poner al descubierto la manera de actuar de la organización clandestina, sobre todo, de ciertos liderazgos que se configuraron y dieron a conocer sus mejores performatividades. Trabajo de la memoria colectiva que deja abierto la articulación de otras voces.

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Dentro de las tendencias actuales de cambio e innovación, el Ecuador debe lograr los mejores acuerdos dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Con el propósito de entrar en un proceso modernizador y disminuir los problemas de la aduana del país se concesionó a las empresas verificadoras la verificación y el aforo físico en la importación de mercancías. Empresas que debían implementar guías de control trayendo el orden y la eficiencia a la aduana nacional. A los diez años de ésta concesión, diversos criterios cuestionan la eficiencia de su servicio, por lo que nos preguntamos si aún es necesario contar con el servicio de estas empresas, o si el Estado es el indicado para tomar las riendas de este trabajo. Luego de realizar consultas, encuestas y entrevistas a actores relacionados al servicio de las verificadoras y analizar los resultados del servicio de estas empresas en otros países de la región, se reafirma la opción de que el Estado termine el contrato con las verificadoras. Se propone crear una institución autónoma de derecho público, que ponga tarifas reducidas, que incremente las arcas fiscales, que implemente nuevas tecnologías, que ofrezca servicios de calidad, tarifas equitativas, celeridad, eficiencia y la participación de profesionales capacitados. Esperamos que en base al estudio realizado, el gobierno considere la creación de la Dirección Nacional de Aforo (DNA).

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El sistema democrático venezolano, se debilitó aceleradamente durante los últimos años del siglo XX. Las esperanzas de reforma y renovación del sistema se orientaron hacia la gestión del Presidente Hugo Chávez, quien alcanzó el poder en las elecciones de 1999, y prometió eliminar los privilegios de las elites políticas tradicionales y ampliar la participación política y económica de los sectores menos favorecidos de la sociedad venezolana. Poner en práctica el proyecto político bolivariano significó la apertura de una brecha entre aquellos que apoyaban la ideología y el liderazgo de Chávez y quienes sentían que la promulgación de leyes que podían lesionar su libertad y propiedad vulneraba los derechos y libertades consagrados en la Constitución nacional. La polarización de los grupos llegó a su punto máximo con el enfrentamiento violento y la interrupción del orden constitucional ocurridos en abril de 2002. Esta situación impulsó la respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) que siguiendo lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana ofreció su colaboración para hallar una salida a la crisis política existente a través de la figura de mediación. La OEA asumió la mediación con una doble visión: como una forma de resolver pacíficamente el conflicto venezolano y al mismo tiempo como una herramienta de promoción democrática en el país. Por esta razón la investigación tiene como propósito describir y analizar el funcionamiento de la mediación y revelar de qué manera dicho proceso le permitió a la OEA desarrollar simultáneamente su agenda de promoción democrática. De la misma forma se expone la conflictividad que conllevó fusionar ambos procesos, las consecuencias para Venezuela de la simultaneidad de visiones y se plantean algunas implicaciones del caso venezolano para el sistema hemisférico.

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En esta tesis de Relaciones Internacionales, se realiza una descripción sobre la influencia de la Organización Internacional del Trabajo OIT en la estructura institucional del Ministerio de Trabajo y en la normativa de asociación sindical del Ecuador. Con un breve recuento de los antecedentes y la estructura de la OIT, se efectúa un análisis de su cambio organizacional en torno a su adaptación y aprendizaje debidos a la evolución de la economía mundial y de las relaciones internacionales. También, se incluye un análisis teórico de su modelo de toma de decisiones, así como una revisión de sus mecanismos de supervisión. A continuación, se describe como las decisiones consensuales de la OIT se trasladan a las estructuras institucionales y normativas de cada uno de los estados miembros y en particular del Ecuador. Este estudio se concentra en determinar como se ha modificado la estructura institucional del Ministerio del Trabajo en función de los objetivos políticos planteados por la OIT. Además, se describen las innovaciones normativas en la legislación laboral ecuatoriana relacionadas con los convenios internacionales fundamentales de libertad sindical y derecho de sindicalización a fin de determinar su grado de asimilación.

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La siguiente tesis aborda la relación que se establece entre movimiento social y partido político para el caso específico de la articulación entre el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) en Colombia. Esta relación se plantea a través de un movimiento político denominado Poder y Unidad Popular (PUP) bajo el cual se desarrolla una propuesta institucional que contrasta con la tradición anti electoral de las organizaciones campesinas del país. El cambio de estrategia está demarcado por un contexto nacional y regional que es leído por la organización como una oportunidad política a provechar, de forma tal que la acción colectiva que se había mantenido en un marco de presión extra institucional expresada en movilizaciones, cambia y se ubica en el terreno electoral. Luego de ubicar históricamente la problemática del movimiento campesino y de identificar la forma como se establece su repertorio dentro de la contienda política, se hace una descripción del CNA como organización, estableciendo su trayectoria y analizando el cambio de estrategia. Finalmente, se describe la formación del referente organizativo PUP las estructuras de representación que en él juegan y la agenda política, con miras a caracterizar el proceso de articulación desde lo programático, lo organizativo y lo estratégico, dando cuenta de las convergencias y divergencias existentes en la relación actual.

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Los laudos arbitrales consisten en las decisiones que emiten los árbitros al finalizar un proceso arbitral, mismo que se origina en el acuerdo de dos partes que se relacionan comercialmente y convienen en acudir al método de solución de controversias denominado arbitraje, a fin de que esos árbitros sean los encargados de resolver controversias eventuales o futuras. La Organización Mundial del Comercio cuyas siglas son OMC, es una organización establecida para fortalecer las relaciones comerciales que incrementen la producción y el comercio de bienes y servicios. En la OMC existe un Órgano de Solución de Diferencias u OSD, que fundamenta su actividad en el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias o ESD. En este Entendimiento se establece en pocas y no específicas disposiciones, los casos en los cuales los miembros de la OMC pueden acudir a la solución de sus diferencias a través del arbitraje. Los laudos arbitrales que se emiten en el OSD van a reconocerse y ejecutarse en los Estados Miembros de la OMC según procedimientos establecidos en las normas convencionales internacionales y en sus propios ordenamientos jurídicos. La Comunidad Andina cuyas siglas son CAN, es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Existe una propuesta para instrumentar, o más bien para reglamentar el arbitraje como forma alternativa de solución de controversias entre diversos actores dentro de esta organización, otorgando una nueva competencia que es la arbitral al Tribunal Andino de Justicia y la facultad de organizar la administración del arbitraje a la Secretaría General de la CAN. Esta competencia consistiría en una novedosa facultad que tendrían estos dos órganos del denominado Sistema Andino de Integración o SAI, para resolver conflictos de diversa índole a través de un arbitraje andino que tendría características diferentes del arbitraje comercial internacional. Expreso mi más sentido agradecimiento al Dr. José Vicente Troya Jaramillo por haber aceptado ser el Tutor de mi tesis de maestría, reconociendo su tiempo y el aporte dado para la realización de la misma.

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Estudio acerca de la Calle La Ronda, y el complejo histórico-cultural de La Merced, considerados como sectores de interés patrimonial, por hacer parte del Centro Histórico de la ciudad de Quito, y de la ciudad de Cali respectivamente, en el marco de la formulación e implementación de políticas culturales. La reflexión inicia dando una mirada a la Ciudad como un sistema lleno de mutaciones, que se expresan en diversas problemáticas, y que dificultan el bienestar en las condiciones de habitabilidad de la población. En este contexto, surge la preocupación por el patrimonio hallado en los centros históricos, pues enfrenta el riesgo de olvido, por la tugurización de las edificaciones y la pérdida del tejido vecinal; ante esto, como alternativa para la revitalización urbanística y económica, se presentan el turismo cultural y el marketing urbano. Estos últimos se vinculan en la patrimonialización de los contenidos identitarios de la ciudad como parte de la oferta a comercializar, por lo que se cuestiona cuál será el impacto que tienen éstos, en la construcción de memoria colectiva y sentido de lugar, por parte de la población residente. Se expone por lo tanto, un análisis de los retos de la política cultural urbana, para atender de modo óptimo las realidades sociales, los actores y sus demandas, a su vez que enriquecen el patrimonio legado.

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Existen aspectos de la vida humana tan entrañablemente ligados al modo de vivir de las colectividades que terminan convirtiéndose en objetos de análisis complejos, y hasta a momentos oscuros. El espacio y el tiempo corresponden a esas características esenciales de lo humano, que guardan una estrecha relación e influencia sobre dichos modos de vivir y determinan aspectos sustanciales de la práctica de los pueblos. El autor destaca desde la perspectiva de la epidemiología crítica, la importancia práctica del debate sobre los modelos científicos y el desarrollo humano, que han influido el pensamiento en los campos de la geografía y la ecología, asunto por demás importante para la ciencia epidemiológica.. En referencia al contexto actual, dominado por relaciones neoliberales, el trabajo deja sentados algunos argumentos alrededor de la pregunta de ¿si es posible una administración popular o colectiva del espacio y una gestión ecológica verdaderamente emancipadora?