956 resultados para Argentina, deuda pública, pobreza, subdesarrollo


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El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de la situación actual de los pueblos originarios con relación al ejercicio de su derecho sobre las tierras en la República Argentina. Describe aquellos factores que obstaculizan y aquellos que constituyen un avance con respecto a la nueva concepción sobre pueblos indígenas inserta en la reforma constitucional del año 1994. De modo de brindar herramientas teóricas para la planificación de políticas públicas dirigidas al ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Es un estudio descriptivo que parte del estudio de la política pública y el testimonio de informantes clave en la temática. Desde el punto de vista metodológico adopta herramientas de las disciplinas del derecho, la historia y la sociología; con combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas y de fuentes e instrumentos. Hacia fines de la década del ochenta se produce en el plano internacional un cambio de paradigma sobre los derechos de los pueblos indígenas que opera como fuente de motivación para que la problemática de la posesión y propiedad de las tierras se incorpore en la agenda pública argentina. La reforma constitucional de 1994 introduce el reconocimiento de dichos derechos y en el año 2006 el Estado Argentino promulga la Ley Nacional N° 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Las sucesivas demoras en la aplicación de la norma constitucional y la ley sustantiva por parte del Estado Nacional se adjudican a “factores intrínsecos” y “factores extrínsecos” a los pueblos originarios...

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En 1990, Chile recuperó la democracia, tras 16 años de dictadura militar, la pobreza alcanzaba a más de un tercio de la población. Los nuevos gobiernos democráticos debieron diseñar políticas innovadoras para superar la pobreza, aumentando el gasto social, pero manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Para fortalecer la política social se creó una nueva institucionalidad: el Fondo Solidario de Inversión Social (FOSIS), encargado del desarrollo e implementación de programas para superar la pobreza de quienes quedaban marginados de las políticas sectoriales tradicionales. Usando la técnica del estudio de caso, este estudio describe y analiza la implementación de los programas sociales de FOSIS entre 1990 y 2000. Se usan datos primarios y secundarios. Los datos primarios corresponden a entrevistas a informantes clave por los cargos que ocupaban durante el periodo de estudio. Los datos secundarios corresponden a información de los diferentes organismos nacionales e internacionales vinculados al análisis de la política social. En el marco de lo expuesto, el presente estudio se propone conocer la política social desarrollada en Chile por el FOSIS en el periodo 1990-2010. A fin de realizar este propósito el estudio se plantea los siguientes objetivos específicos: 1.- Identificar los ciclos que ha seguido la política social implementada para superar la pobreza en el periodo de análisis, caracterizando sus énfasis e ideologías orientadoras. 2.- Describir los programas a través de los cuales se ha ejecutado la política pública destinada a la superación de la pobreza, visualizando su pertinencia para que la población usuaria logre cumplir los objetivos planteados. 3.- Analizar la implementación de los programas diseñados para la superación de la pobreza, caracterizando el proceso y los controles establecidos para velar que se cumpla con lo diseñado...

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Este trabalho investiga os limites à garantia constitucional do direito de defesa no Brasil, partindo de uma análise do uso do território paulista pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), criada em 2006. Uma vez que as defensorias públicas oferecem assistência jurídica gratuita quase que exclusivamente aos pobres, o estudo de seus objetos e ações muito contribui para a compreensão destes limites. Assim, a pesquisa tem como objetivo testar a hipótese de que o uso do território paulista pela DPESP é expressão de como o sistema de justiça brasileiro não tem como prioridade a garantia constitucional do direito de defesa. Partindo de uma discussão teórica sobre a relação entre o território e o setor terciário, além da análise de uma série de mapas, o trabalho mostra como a localização das 41 unidades de atendimento da DPESP constitui um primeiro obstáculo ao acesso: na maior parte dos municípios atendidos, as unidades localizam-se nas áreas centrais enquanto os pobres habitam as periferias urbanas. Os deslocamentos representam um custo maior justamente para aqueles que mais necessitam dos serviços. A investigação em cada um dos municípios revela também a insuficiência no número de defensores. Ultrapassando a questão das localizações, a pesquisa analisa ainda os problemas estruturais, evidenciando que o sistema capitalista produz pobreza e concentração de renda, o Estado atende prioritariamente aos interesses empresariais e a justiça concentra seus esforços na garantia da ordem necessária aos negócios. Neste sentido, além de uma abordagem teórica a respeito do capitalismo, do Estado e da justiça, o trabalho recorre a dados empíricos do estado de São Paulo para evidenciar a produção estrutural de pobreza e a seletividade das ações estatais. Para teste da hipótese, são analisados igualmente os aspectos históricos da estruturação do direito na sociedade capitalista, destacando sua importância específica para a garantia dos interesses comerciais. Além disso, fundamentandose em pesquisa bibliográfica, a investigação sobre as origens dos serviços de assistência jurídica gratuita e da criação das defensorias públicas revela como estes são o resultado de difíceis embates políticos e que sua existência não é uma consequência natural do sistema legal pensado pelos ideólogos iluministas. A principal conclusão deste trabalho é que as dificuldades hoje enfrentadas pelas defensorias são, em grande medida, a expressão de uma estrutura social produtora de desigualdades e seletiva na aplicação da justiça. Neste sentido, a solução do problema do acesso à justiça aos mais pobres não se esgota na expansão dos serviços das defensorias. Este é apenas o começo, a partir do qual as desigualdades podem se tornar mais evidentes e as pessoas mais conscientes e exigentes de transformações sociais profundas.

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El trabajo analiza los principales determinantes y las características de la desnutrición en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, se explican las bases del problema moderno del hambre y la desnutrición, tanto en su dimensión fisiológica como social, al destacarse su condición de calamidad social y de expresión biológica del subdesarrollo y de las desigualdades sociales. En segundo lugar, a partir de testimonios contemporáneos, se exponen las principales características de la desnutrición que ha afectado a la población iberoamericana, y las causas que la explican. Por último, a modo de conclusión, se subrayan las consecuencias negativas de no haber aprovechado la oportunidad que conllevaba el reto de superar los factores condicionantes de la malnutrición por defecto, y haber finalizado el siglo XX con un panorama epidemiológico nutricional donde los problemas del hambre y la desnutrición conviven con fenómenos como los de la obesidad de la pobreza.

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Esta investigación efectúa una revisión de los proyectos internacionales de opinión pública que estudian, de forma comparada, las opiniones y valores relacionados con la provisión del bienestar social. Las dificultades metodológicas que plantea la comparación entre diferentes países es elevada. No obstante, de dicho estudio exploratorio se pueden extraer varias conclusiones relevantes. Así, la opinión pública entiende que la obligación de proveer de bienestar social es del gobierno y de la administración pública. No es una responsabilidad de la sociedad civil o de las organizaciones que la vertebran. El papel que se atribuye a las instituciones de caridad o del sector privado es mínimo. La reducción de la intervención del estado en el bienestar, es valorada de forma negativa en todos los países considerados. En la atención a la pobreza y la reducción de desigualdades también se atribuye el papel central al gobierno y el estado. En general, tanto los planteamientos individualistas, donde cada individuo debe resolver sus problemas por sí solo, como el planteamiento que traslada a las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de la protección social, no tienen acogida en la opinión pública de los países considerados. La opinión sobre la necesidad de que el gobierno intervenga para reducir las diferencias en los ingresos, debe interpretarse en un contexto general donde la impresión más extendida afirma que la desigualdad se acentúa e incrementa en los últimos años. Una desigualdad considerada como un problema grave, e importante para la democracia en el país. En cierto sentido la desigualdad, la pobreza y la responsabilidad del gobierno para atenuar una y evitar la otra, son más que evidentes, así como su lectura desde la óptica de la legitimación democrática del sistema. Nos encontramos en una situación paradójica donde, si bien queda perfectamente claro que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza es de los gobiernos, como veremos, en general la confianza en que estos gobiernos van a actuar e intervenir correctamente es bastante baja. La crisis iniciada en 2007 y el desmantelamiento del estado de bienestar que se efectúa en varias sociedades del sur de Europa se producen en este contexto.

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La evaluación de la atención primaria de la salud (APS) es una actividad de investigación que no se puede limitar al contexto académico y científico sino que está íntimamente ligada a la planificación y a la gestión de los recursos de Salud Pública, tanto en el contexto programático de Ministerios y Secretarías de Salud gubernamentales, de obras sociales o de proveedores privados de cobertura médica, como el de equipos locales de profesionales proveedores de servicios de salud. La evaluación de servicios sanitarios recurre habitualmente a datos de estructura, procesos y resultados obtenidos sistemáticamente por procedimientos administrativos de financiamiento y de prestación de servicios. En cambio, el desarrollo de líneas de investigación sobre la base de modelos conceptuales integrales y capaces de obtener datos de otras fuentes, son escasas en nuestro país. Por ejemplo, existe una notable carencia de conocimiento sobre la perspectiva de la población acerca de su salud y de sus experiencias con la atención médica para analizar si los servicios provistos son apropiados o existe una brecha de necesidades no cubiertas. El grupo de investigación que realiza esta propuesta adaptó un conjunto de cuestionarios para evaluar la APS (PCAT: Primary Care Assessment Tools) cuyo uso a nivel internacional es muy promisorio (ver Descripción del tema abordado). El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS) de la Municipalidad de Córdoba, manifestaron su interés por la difusión de estos instrumentos entre gestores y efectores de salud para promover su implementación. En la ciudad de Córdoba, estas instituciones tienen a su cargo la totalidad de centros de atención médica pública de primer nivel, 95 municipales y 20 provinciales, que con un plantel profesional de más de 900 personas proporciona cuidados de salud a más de 500.000 habitantes de la ciudad de Córdoba. En boletín estadístico 2009 de la DAPS informa que en los 95 CAPS y en el transcurso de un año, se atienden aproximadamente un 1.000.000 de consultas. Datos provenientes de acciones preventivas muestran que el Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño atiende mensualmente a unos 42.000 niños y niñas menores de 5 años, el de Control de Embarazo y Puerperio registra cada año entre 4.000 y 5.000 mujeres, mientras que en 2009 se contabilizó más de 50.000 mujeres en el Programa de Salud Reproductiva. En cuanto a la población adulta, los Programas de Hipertensión Arterial y de Control del Paciente Diabético registran más de 12.000 y de 6.500 personas, respectivamente. Estos datos dan cuenta de acciones que responden mayoritariamente a demandas efectuadas por la población para los cuales se cuenta con un programa en particular. La información disponible a nivel provincial es aún más acotada y heterogénea, ya que los servicios de APS están descentralizados, a cargo de los municipios. El Ministerio de Salud participa en el financiamiento de la APS a través de los llamados pactos sanitarios y otros tipos de acuerdos. El control de gestión se realiza también a través de indicadores administrativos, por lo que existe un gran interés por la implementación de un nuevo modelo de evaluación de la APS a nivel provincial. La difusión del modelo conceptual y las herramientas PCAT pretende facilitar el acceso a otro tipo de información acerca de características transversales de la organización y particularmente, sobre aspectos de calidad de la atención para la evaluación y la planificación de los servicios. Esta información, que podría ser colectada de una manera uniforme, sería útil para explicar los resultados de la atención sanitaria en función de las necesidades en salud de la población.

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Este artículo se propone analizar el Plan Integral de Edificación Escolar (PIEE) que se aprobó en la provincia de Buenos Aires en 1948. El estudio de los cambios que implicó en relación a los proyectos anteriores, y de los alcances y límites de su aplicación durante las gestiones de Domingo A. Mercante (1946-1952) y Carlos Aloé (1952-1955), permite señalar que la ejecución del plan de edificación que impactó de manera significativa en el número de establecimientos educativos fiscales, fue posible debido a una modificación en la inversión de los recursos y a la mayor intervención de las agencias estatales en la planificación de las edificaciones, relacionada con la mayor injerencia en el área educativa que adquirió el Estado provincial durante este periodo

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Memoria al Rey nuestro Señor Carlos III para la extinción de la deuda nacional y arreglo de contribuciones, p. 303-366

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Mode of access: Internet.

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With: Memoria al Rey nuestro Señor Carlos III. para la extinción de la deuda nacional y arreglo de contribuciones en 1783. [Spain : s.n., 1808?]

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Uno de los principales objetivos de México —y más ampliamente de América Latina— es abatir la pobreza y promover una mejor distribución del ingreso, riqueza y oportunidades. Si bien esto representa hoy día uno de los escasos consensos entre los distintos actores de la sociedad, la selección del (los) instrumento(s) para lograrlo está sujeto a un acalorado debate. A tal grado llega este último disenso que se ha llegado a confundir el instrumento tomándolo como el fin último. El propósito de esta nota es mostrar que la consecución del objetivo no debe perderse de vista y que la elección del instrumento para conseguirlo debería ponderarse en menor medida, de acuerdo a las circunstancias —políticas, económicas y sociales— específicas a cada país. En particular, aquí se argumenta que la introducción de un sistema de seguridad social universal es uno de los instrumentos fundamentales para reducir la pobreza y la brecha de desigualdad en el ingreso y oportunidades. Asimismo, se sostiene que una reforma verde puede generar gran parte de los ingresos necesarios para financiar dicho sistema. Antes de ello conviene iniciar describiendo brevemente la evolución de los indicadores clave del desarrollo económico, a saber, el crecimiento económico, el nivel de pobreza y el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. A partir de aquí se sugiere una reforma alternativa para el caso de México.

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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?

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Fil: Pagani, María Laura. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.