1000 resultados para Administración-Servicios de información
Resumo:
Este material curricular contiene la definición y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de Servicios al consumidor, ciclo formativo de grado superior de la Formación Profesional Específica (FPE). Para su confección se ha partido de los elementos recogidos en los correspondientes Reales Decretos de enseñanzas mínimas y del currículo del Ministerio de Educación y Ciencia. Tiene la finalidad de orientar al profesorado que imparte las enseñanzas de FPE contempladas en la LOGSE. Estos materiales son programaciones precisas que pueden ser adaptadas y aplicadas por los profesores de forma directa. Los elementos curriculares se presentan ordenados en un conjunto de fichas, cada una de las cuales se corresponde con una unidad de trabajo. A pesar de ser un producto casi acabado, los materiales tienen un carácter experimental, pudiendo ser depurados y perfeccionados mediante el contraste con la práctica docente. Los módulos tratados son: 1.- Inspección de consumo. 2.- Información y atención al consumidor. 3.- Organización de sistemas de información de consumo. 4.- Formación del consumidor. 5.- Aplicaciones informáticas de propósito general.
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La presente publicación recoge los elementos curriculares básicos de los ciclos formativos que constituyen la familia profesional de 'Administración e informática de gestión' y los perfiles profesionales que han servido de referencia para definir la formación de cada uno de ellos. Además, incluye información relativa a las especialidades del profesorado necesarias para su impartición, los requisitos mínimos de espacios e instalaciones que son precisos, el acceso a estudios superiores y las convalidaciones o correspondencias con otras materias, cursos, certificaciones o la práctica laboral, correspondientes. Completa el trabajo un conjunto de anexos en los que se recoge información complementaria que ayuda a comprender el contenido de la documentación del ciclo formativo: normativa jurídica, terminología básica, etc.
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Proyecto elaborado en el ámbito de la 'III convocatoria de ayudas a la innovación educativa: convocatoria para el desarrollo y participación en proyectos de innovación educativa y mejora de la calidad docente, curso 2007-2008'
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En la presente carpeta se recogen elementos curriculares básicos de la Formación Profesional en el ámbito del sector productivo de la Administración. La oferta formativa de este área es la siguiente: A) Garantía Social : Servicios Auxiliares de Oficina. B) Ciclos de Grado Medio : Técnico en Gestión Administrativa. B) Ciclos de Grado Superior : Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Secretariado. Incluye un directorio de empresas del sector y un directorio de instituciones de interés relacionadas con la familia del sector productivo de la Administración.
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El programa BTEC es un programa de estudios que permite obtener una cualificación profesional o laboral. Este recurso está preparado para ayudar al alumno en el curso BTEC National, nivel 3, sector profesional de servicios públicos. Incluye diez unidades: expediciones al aire libre y aventura; respuesta a las incidencias del servicio de emergencia; planificación y gestión de incidentes mayores; competencias de la policía en los servicios públicos; comportamiento en el sector público; la comunicación y la tecnología en los servicios públicos uniformados; servicios de atención; aspectos del sistema legal y del sistema de justicia penal; temas de actualidad / medios de comunicación en los servicios públicos y políticas y prácticas ambientales. Además comprende actividades de evaluación en cada unidad que cubren todos los criterios de ésta para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de practicar sus tareas y profundizar en el conocimiento y la comprensión de la materia.
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NIPO: 176-96-112-6
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NIPO: 176-96-113-1
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Resumen basado en el de la publicación. Resumen en castellano y en inglés
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Resumen basado en el de la publicación. Resumen en castellano y en inglés
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Resumen tomado de la revista. Resumen en inglés y castellano
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Este estudio revisa la cuestión de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fundamentalmente de la educación, y particularmente, en el caso de los accidentes escolares. Se analizan los presupuestos necesarios para poder apreciar tal responsalibilidad y la situación del profesorado si resulta parte demandada en un proceso judicial de responsabilidad por daños.
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Resumen tomado del autor. Monográfico con el título: De inmigrantes a minorías: temas y problemas de la multiculturalidad. Texto completo sólo disponible en el CD anexo o en la versión en línea
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Existe una verdadera preocupación, por parte de la Administración educativa y el Ministerio de Trabajo, por la relación entre el sistema de enseñanza y la vida activa, problemática que salta al plano político como consecuencia de las altas cotas de paro juvenil. Esta preocupación se extiende a los investigadores sociales. Además de las investigaciones surgidas sobre las relaciones entre el sistema educativo y la vida activa, surgen algunas iniciativas para la creación de un sistema estadístico sobre estos flujos. Por lo tanto, se desarrolla esta circunstancia en un proyecto para la Comunidad Valenciana que aporta información acerca del problema del conocimiento de los flujos.
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Los testimonios documentales son un tesoro de gran valor y, por lo tanto, su custodia y perdurabilidad entrañan una tremenda responsabilidad para el presente y futuro de los individuos y de las comunidades. Nuestro país cuenta con una larga tradición archivera, con un ejercicio del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecas y arqueólogos más que centenario y del auxiliar de archivos y bibliotecas desde 1932, con una responsabilidad de custodia del tesoro documental de los fondos del Estado, tanto en los archivos vivos como en los históricos, que se manifiesta en el servicio prestado, en los fondos custodiados y en los instrumentos de información producidos. Pero, si comparamos las cifras con las del personal que se encarga de ellos, choca y no ha sido paralelo. Este hecho se puso de manifiesto por los propios archiveros en 1956, dando cuenta de la situación de desamparo en que parte de su tarea se encontraba al no poder atender a todo lo que la recogida, ordenación, descripción y servicio de los documentos lleva consigo. Si los fondos crecieron entre 1866-1955 en un 153,70 por cien, los funcionarios facultativos y los auxiliares de esta especialidad sólo lo hicieron en un 27,50 por cien. Lo que demuestra que la proporción de personal en los archivos administrativos es inferior a la de los archivos históricos en relación con los centros reunidos y la situación en la Administración Provincial es numéricamente inferior a la de los archivos centrales y encima los archivos administrativos e históricos no reciben personal a nivel de colaboración burocrática, es decir, que la gestión que les corresponde corre también a su cargo, a diferencia de las otras oficinas de la Administración Pública, a la que pertenecen. Después de veinte años las variaciones son mínimas, puesto que el crecimiento acelerado de los papeles, no ha visto casi incrementado el número de sus custodios. Pero los servicios legales han aumentado con motivo de la expansión de las actividades de la Administración del Estado, ya sea por diversificación de oficinas ya existentes o por nacimiento de nuevos centros de carácter nacional, central o provincial. Entre los primeros destaca el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (1969); entre los segundos, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (1969).
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Es fundamental entender la evaluación también como un proceso de valoración del progreso en la consecución de mayores niveles de calidad en la actividad académica. Es decir, atender no solamente al valor absoluto de lo conseguido, sin tambíen a las mejoras relativas en el proceso de mejora que se ha desarrollado o se está desarrollando en un campo de investigación concreto, en una titulación, en una práctica de gestión académica. En este sentido, la evaluación debería contribuir a acercar la imagen de prestigio del concepto de universidad al de la imagen de cada una de las partes, procesos y actores que conforman la realidad universitaria. Esto refuerza y mejora la necesidad imperiosa de participación de las personas: profesores, estudiantes y el personal de la administración. De hecho, ellos son sus actores y valedores principales. Sin ellos no tendrá sentido la necesidad de cambiar y mejorar la universidad. Para finalizar, el proceso de evaluación institucional también debe permitir a la universidad dar a conocer y establecer sus objetivos con el gobierno y la administración pública. La evaluación puede permitir planificar el marco para la calidad de la universidad. El uso correcto de la evaluación permite conocer a la administración cómo utiliza los recursos públicos la universidad y sus resultados cuantitativos y cualitativos; permite a esta última conocer sus resultados y poder programar planes de mejora de la calidad; y, finalmente, permite a los destinatarios de los servicios universitarios (alumnos, empresas, administraciones públicas, sociedad), disponer de una información adecuada del nivel docente, investigador y de gestión de las universidades.