1000 resultados para Gobierno y administración


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Este artículo analiza los Consejos Comunales del gobierno del presidente Uribe bajo el marco teórico de las Relaciones Intergubernamentales y el enfoque Estratégico Relacional del Estado. A partir del análisis de 55 de los 306 Consejos Comunales , el artículo concluye que estos instrumentos hicieron parte integral de la transición entre la etapa de la descentralización municipalista y el nuevo momento de interdependencia presidencialista. Esta nueva categorización sugiere dejar atrás la lectura de la descentralización en términos de autonomía y separación , defendiendo la necesidad de leerla también en clave de interdependencia política y administrativa , tal y como se hace en los análisis contemporáneos del Federalismo.

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Este libro se constituye en un esfuerzo para ayudar a que más personas diferencien el campo específico de las políticas públicas, buscando también que estos razonamientos y lenguajes se vuelvan de uso más común. En otras palabras, se ofrece un conjunto relativamente amplio de herramientas de las políticas públicas aplicadas a un área de política colombiana, con el fin de que nuestros “hacedores”2 de políticas cuenten con ellas para un mejor diagnóstico y con un ejemplo práctico de cómo utilizarlas. Cabe advertir que, además del público interesado en el área de juventud, se procura apelar a un público general que busca incorporar en su quehacer las herramientas del llamado análisis de políticas (policy analysis) para el diagnóstico de problemas.

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En esta sección se analizan el uso y la aplicación de los instrumentos de gobierno en algunos programas de juventud. El objetivo de este análisis es entender, con mayor profundidad, las herramientas que son utilizadas para intervenir los problemas que ha identificado el Estado en una población o sector específico. En primer lugar, se presenta un marco teórico para comprender las discusiones principales sobre este tema y poder contar con una visión general sobre los instrumentos de gobierno, es decir, las herramientas de las cuales se sirve el gobierno local para ejecutar una acción pública. Este marco teórico se complementa con otra literatura que indica la manera como deben ser seleccionados dichos instrumentos y sobre las formas para evaluarlos cuando se está haciendo un análisis de implementación. Una vez construido el marco teórico, se analizan los programas de juventud de acuerdo con el uso de los instrumentos de gobierno. El análisis, entonces, se hace a partir de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los operadores de los programas, así como con algunas secretarías encargadas de ejecutar los programas de manera directa. Además, se analiza la información de acuerdo con tres niveles de acción: el primero, que se compone de los programas de política universal, es decir, de programas dirigidos a toda la población; el segundo nivel contiene programas para población vulnerable y se denomina políticas de protección; y el tercer nivel de acción, dirigido a población vulnerada, pretende atender a los jóvenes que no han sido cobijados por las políticas del primer o segundo nivel y, por lo tanto, deben ser formuladas como políticas de recuperación. Esto, con el fin de sensibilizar el análisis a las condiciones de exclusión estructural.

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Este capítulo pretende explorar al estado como una variable explicativa de la transformación que ha vivido la ciudad en la última década. [...] Así las cosas, el presente texto pretende explorar, para el caso de Medellín, tres grandes temas alrededor del estado. Primero, estudia la manera como se han venido trans formando las capacidades ins titucionales del estado local a través del desarrollo de programas e instrumentos concretos en manos de burocracias públicas y de actores sociales que trabajan conjuntamente con el estado. Particularmente, el capítulo mostrará no sólo cómo la capacidad de gasto de la Alcaldía se ha incrementado diez veces desde 1990, y tres veces desde 2000, sino cómo esto ha permitido avanzar hacia una escala de intervenciones y de instrumentos de intervención completamente diferentes a la de las previas décadas. Segundo, el capítulo examina si aquellas capacidades que son claramente distinguibles como parte de la administración municipal han ido ganando mayor importancia dentro del contexto institucional. Esto implica explorar la centralidad que ocupa este ensamble institucional dentro de un conjunto más amplio de estructuras reguladoras que pueden incluir las fuerzas de la informalidad, de los actores sociales autoorganizados y del mercado. Esto mostrará que entre 1990 y 1998 las capacidades de intervención no se construyeron en las burocracias de la Alcaldía, sino en agencias externas o en actores sociales. De esta manera el periodo examinado en este capítulo (1999-2009) muestra un rompimiento con la tendencia previa, en la medida en que la oficina del alcalde y el plan de desarrollo adquieren una mayor centralidad. Tercero, se entiende que los poderes y capacidades que la Alcaldía ha ido desarrollando no son atributos completamente aislados de la sociedad y otras formas de estado (instituciones de la nación, del departamento, etc.). En este sentido, estas burocracias y capacidades de la Alcaldía no pueden ejercer el poder independientemente de las fuerzas sociales que defi nen, organizan, negocian, ejecutan, y gestionan estos ins trumentos, proponiendo con esto que el proceso que le otorga mayor centralidad a la Alcaldía pasa por dos importantes momentos, que ayudan a situar en perspectiva histórica el proceso de construcción de estatalidad en Medellín e ilustran la importancia de esta variable en la transformación de la ciudad.

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El fenómeno de la criminalidad en Medellín, como en otras ciudades, ofrece unas facetas nuevas; cambia, se transforma. Aunque no es una tarea sencilla, tenemos que buscar el análisis estructural de una economía criminal, pasando de la cuantificación de los homicidios a las articulaciones del crimen organizado. Nosotros desde la administración, los académicos, los expertos, los movimientos políticos, el sector privado y las organizaciones sociales estamos en la obligación de conocer a fondo este tema que ocupa un lugar prioritario en las agendas institucionales, para afrontarlo, para tratarlo en forma eficaz y oportuna. Esta investigación que contratamos con EAFIT buscará ofrecernos argumentos que pongan en evidencia la magnitud de este fenómeno, de manera que podamos intervenirlo con eficacia. Un aspecto de esta investigación llama muchísimo la atención: Desde la desarticulación del llamado cartel de Medellín a mediados de la década de 1990, no ha habido un seguimiento ni un análisis rigurosos de los cambios ocurridos, menos aún de los procesos de interconexiones que han hecho posible el narcotráfico como eje articulador de la violencia de la ciudad y otras formas delincuenciales, que han configurado nuevas modalidades de criminalidad organizada en Medellín. Esto nosdice la investigadora Ana María Jaramillo. Nos preocupa que el sector público y la academia hayan perdido de vista el papel que tuvo el narcotráfico en el fortalecimiento de los grupos paramilitares y guerrilleros, y la dinámica que el desorden creado por la guerra les imprimía a las economías y a nuevos agentes de crimen organizado. Para las autoridades públicas es indispensable y determinante desarrollar políticas públicas, gestión que depende del preciso y riguroso entendimiento del modus operandi de este fenómeno, y comprender y desarrollar estrategias encaminadas a intervenir las dificultades que surgen del fenómeno del narcotráfico, que nos sigue permeando, y de las dinámicas que se originan y se multiplican por fuera del marco normal. ¿Cuál es el objetivo final de este estudio? Acercarnos de forma analítica en el contexto de un mercado ilegal o criminal que degenera la actividad económica. Son tres las modalidades de transacción y captación de rentas ilegales en la ciudad: La ocupación ilegal de predios con fines de lucro, la monopolización criminal de mercados barriales y la trata de personas, a quienes se les explota con mendicidad. Pretendemos ir mucho más allá de las interconexiones entre la producción y comercialización de la cocaína y sus conexiones con el crimen organizado, lo cual nos llevará a reflexionar sobre el orden de las prioridades a la hora de explicar el fenómeno de la seguridad en la ciudad. Aceptamos que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades la forma de operar y de explotar el mercado, y otras formas delincuenciales que los conducen a diversificar e intentar controlar más aún el poder en la ciudad. Es evidente que los grupos criminales saben cómo diversificar sus formas de financiarse y entrecruzan economías formales e informales no ilegales para generar fronteras grises e indefinibles que no las permiten identificar. Es cierto que mediante esta clase de investigaciones alcanzamos a conocer las estructuras criminales. Pero lo más importante es que luego de conocer el análisis de las transacciones económicas, podamos llegar a toda la red: proveedores, comercializadores, reguladores, consumidores, y protectores. Tenemos que llegar, como dicen investigadores, a la forma como estos grupos criminales se camuflan en todos los negocios y en el mercado informal y hasta en el mercado formal: una diversificación que explica su crecimiento y fortalecimiento. Aquí veremos el contexto de seguridad de la ciudad, la delimitación de las modalidades y la metodología del mapa de los actores, como una herramienta que nos permitirá un análisis claro de los distintos escenarios de la economía criminal. Al final formularemos conclusiones y recomendaciones de política pública relacionadas con la seguridad, que nos llevarán a análisis y a plantear decisiones que serán motivo de debate en escenarios académicos nacionales e internacionales.

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El libro "Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia" escrito por Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñoz Mora, con el apoyo de EAFIT y Proantioquia fue comentado en la Revista de Negocios Internacionales de la Universidad de Columbia. Este libro analiza cómo los sectores del oro y la madera se han convertido en una fuente de financiación de los grupos armados. Lleva a cabo un análisis microeconómico de las cadenas de suministro de extracción de Antioquia e identifica con precisión los mecanismos que usan los actores armados ilegales para entrar en el mercado. Según los autores, la confluencia de los mercados extractivos informales con altos niveles de desigualdad socio-económica y la ausencia de un estado que funcione bien incentiva a los actores no estatales a asumir el papel del Estado y participar en la actividad criminal. Esta "ecología criminal" es un sistema de auto-perpetuación que se caracteriza por la intervención estatal ineficaz, débil regulación y sanción, y los altos niveles de influencia política y económica por parte de actores no estatales. Los resultados de Giraldo y Muñoz son impresionantes: encuentran correlaciones entre la minería del oro y la presencia de grupos armados ilegales, tenencia informal de tierras, el aumento de la violencia y la debilidad de las instituciones. Los autores concluyen la discusión con recomendaciones de política, que han sido debatidas en diversos foros, que incluyen la reforma de código minero del país. El libro habla de una compleja relación entre una economía tradicionalmente informal, la delincuencia ilegal y la demanda internacional de un recurso escaso (oro), que es ampliamente aplicable a cualquier número de países y contextos.

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La Universidad EAFIT ha venido consolidando un programa sistemático de investigación alrededor de la pregunta por la economía política de la periferia colombiana. En particular, desde el Centro de Análisis Político —adscrito al Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas— se han abordado asuntos de narcotráfico, madera, oro y poder político. En esta misma línea, el proyecto de investigación que da origen a este libro tiene el propósito de descifrar los arreglos microinstitucionales que enmarcan las acciones de corrupción y cooptación en el escenario de la contratación estatal con recursos de regalías de minería aurífera. Este texto ofrece una lectura alternativa a la dinámica social de la minería de oro. En lugar de la consabida maldición de los recursos naturales, se exponen conceptos y evidencia empírica para pensar y hacer posible una minería con mejores resultados sociales. Concebir el oro como fortuna es una tarea factible que no solo compete a los gobiernos locales sino también a los actores extralocales. Esta propuesta está dividida en dos partes: resultados de la investigación y diálogo entre aproximaciones conceptuales. La primera parte comienza con una mirada panorámica que sintetiza el marco analítico, los conceptos generales, aspectos metodológicos y hallazgos principales; luego, en el segundo capítulo, se detallan las categorías analíticas de la investigación, y se destaca la relevancia de la mercancía política como rasgo distintivo de la corrupción y la cooptación del Estado. El tercer capítulo exhibe los resultados del trabajo de campo en clave del marco de análisis institucional y desarrollo (IAD) de Elinor Ostrom; allí se evidencian las condiciones de adversidad del contexto y la presencia de reglas formales e informales que dan forma a los acuerdos que soportan la arena de acción minera. Para finalizar la primera parte, se presenta el ejercicio econométrico a partir del cual se concluye que existen atributos de comunidad que son factores explicativos de la disposición a la confianza y a la acción colectiva, esto es, que en condiciones de adversidad también afloran las vivencias comunitarias como detonantes que permiten establecer acuerdos para resolver dilemas colectivos. La segunda parte del libro consta de cuatro capítulos encaminados a soportar el proceso de construcción de pactos de gobernanza minera. En primer lugar, el capítulo cinco aborda las nociones de accountability y gobernanza como herramientas para el análisis de experiencias de transparencia, control ciudadano y fortalecimiento institucional. El capítulo siguiente hace un recorrido conceptual y empírico para proponer la noción de accountability societal como escenario para redirigir el sentido de la representación política y apropiar la noción de “cosa pública”. En el séptimo capítulo se estudia el derecho a la participación de la población afectada por proyectos de desarrollo en Colombia y se concluye con la necesidad de identificar y respetar las vías legítimas, pero no legisladas, de movilización social que pueden ensanchar el marco jurídico actual. A manera de conclusión, el último capítulo recoge ideas desarrolladas a lo largo del libro —desde una perspectiva más divulgativa y propositiva— con la intención de materializar un primer eslabón que permita avanzar hacia políticas públicas mineras en sintonía con las realidades y potencialidades locales. Por último, es necesario agradecer el apoyo económico de Colciencias para llevar a cabo esta investigación. También, en nombre del equipo de investigadores y de los colegas que se sumaron a esta propuesta, agradecemos la actitud abierta y constructiva de los pobladores de los territorios mineros que, con sus testimonios y hospitalidad, brindan enseñanzas vitales y hacen llamados de atención para reconocer que los académicos, al igual que los burócratas y los políticos, somos meros mediadores entre la vivencia cotidiana y las decisiones públicas. El desafío intelectual y práctico consiste en reconocer los activos comunitarios como insumo valioso para la construcción de nuevas políticas públicas.

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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

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El seminario internacional “Retos y desafíos de la transición hacia la paz” realizado en Medellín por la alianza constituida por Proantioquia, Fescol y la Universidad EAFIT entre el 16 y el 17 de abril de 2015, se propuso discutir aprendizajes y retos de experiencias previas que puedan contribuir a que la transición de la guerra a la paz en el país siente las bases de un postconflicto pacífico y sostenible. El presente documento sintetiza las reflexiones suscitadas en el marco del seminario. Con el fin de aportar a la definición de una agenda de incidencia multinivel que desde la sociedad civil inicie la construcción de un lenguaje compartido, este reporte propone un conjunto de insumos para el desarrollo de emprendimientos orientados a facilitar la construcción de paz en los territorios de Colombia.

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Teniendo en cuenta la apuesta institucional del Gobierno de llevar lo acordado en La Habana a la realidad de los territorios del país y la deuda histórica que hay con el campo colombiano, este documento se presenta como un análisis de la relación entre el conflicto armado y la ruralidad, las estrategias de política social y de reforma a la institucionalidad que se han propuesto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y asegurando su correspondencia con las necesidades de la población campesina. Para ello, en primer lugar se analiza la relación entre el conflicto armado y la ruralidad para el caso colombiano, haciendo énfasis en el desarrollo económico insuficiente y desigual y el sesgo anticampesino que lo ha caracterizado. Luego se expone una definición para el campesinado colombiano y su relación con la Política de Desarrollo Rural, de acuerdo con el análisis de las propuestas encontradas en dos documentos: el borrador del primer punto de los Acuerdos de La Habana y el informe de la Misión para la Transformación del Campo. En tercer lugar se presentan las Zonas de Reserva Campesina como iniciativas que contribuyen a la construcción de paz territorial, a partir de la exposición de su marco normativo y del análisis de los Planes de Desarrollo Sostenible. Finalmente se plantean algunas conclusiones en torno a la discusión sobre la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia.

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En éste artículo se analiza las características y dimensiones de los indicadores de las Estrategias Genéricas (Porter, 1980) y de los Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1992), para posteriormente integrarlas y conjugarlas con el propósito de conformar un “Modelo de Medición de la Gestión Estrategia mediante una Estructura del Cuadro de Mando Integral para el Sector Manufacturero de Talabartería y Guarnicionería de Venezuela” (CMI-EGP). Los datos fueron recolectados con dos cuestionarios basados en dimensiones de éstas dos teorías, relacionadas con la alineación entre el recurso humano y la gestión organizacional. Es decir, donde cada dependencia busca alinear los enfoques estratégicos propios de la organización, para así convertirse en un factor de éxito. La metodología empírica empleada esta basada en la técnica de reducción de datos o análisis factorial y por un análisis confirmatorio mediante la técnica Structural Equation Models (SEM), que es una herramienta integral de modelización multiecuacional que fusiona la econometría con los principios de medición de la psicología y la sociología. Esta técnica estadística de análisis multivariante tiene como objetivos primordiales, el aumentar la capacidad explicativa del investigador y la eficacia estadística. La investigación proporciona una modelización confirmatoria que correlaciona las variables latentes y manifiestas, que determinan el grado de relación y alineación entre las cuatro perspectivas de cuadro de mando integral (procesos internos, financieros, del cliente y aprendizaje y crecimiento) y las estrategias genéricas de Porter. Para el procesamiento se emplea el software LISREL versión más reciente 8.8 del año 2009, que es un programa usado en el análisis de ecuaciones estructurales, que fue desarrollado en los años setenta por Karl Jöreskog y Dag Sörbom, ambos profesores de la Universidad de Upsala, Suecia.

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Objetivo: Analizar la relación entre las características de los equipos de dirección y el uso diferenciado de los sistemas de información y control de la gestión (SICG), así como el efecto de tales sistemas en la cooperación y la coordinación de actividades en los hospitales públicos. Métodos: Los datos se recogieron mediante un cuestionario enviado individualmente a los miembros del equipo de dirección de 231 hospitales públicos españoles (director/a gerente, director/a médico, director/a de enfermería y director/a de asuntos sociales y económicos). Se recibieron 457 respuestas válidas, con las cuales se formaron 86 equipos de dirección completos (37,23%). Resultados: Un equipo de dirección con diversidad de características está relacionado positivamente con un uso interactivo de los SICG. Los equipos directivos más jóvenes y de mayor antigüedad usaron interactivamente los SICG. Los equipos de dirección con formación y experiencia clínica también usaron los SICG interactivamente; sin embargo, los equipos con formación y experiencia predominantemente administrativas usaron los SICG de forma diagnóstica. Los resultados también muestran que la cooperación y la coordinación en los hospitales se relacionan positivamente con un uso interactivo de los SICG y negativamente con un uso diagnóstico de los SICG. Conclusión: El uso interactivo de los SICG es un mediador importante de la relación entre la diversidad del equipo de dirección y el fomento de políticas de cooperación y coordinación en los hospitales. Los equipos con diversidad de características (p. ej., edad, antigüedad, educación y experiencia) tienden a usar los sistemas de información de la gestión de forma interactiva para mejorar la coordinación de actividades y la asignación de recursos en los hospitales.

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Caso práctico sobre la aplicación del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en materia de deterioros y provisiones.

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En España los años noventa ven aparecer el primer gran movimiento social vinculado a la problemática de la solidaridad y el desarrollo internacional, impulsado por tres grandes campañas: la inicial (1994) está centrada principalmente en la reclamación simbólica de la cesión de 0,7 % del PIB para cooperación internacional con el objetivo de dotar de un mayor control sobre aquellos instrumentos de cooperación vinculados al comercio exterior; y la tercera (2000) impulsa una consulta social sobre la deuda externa que se desarrolla de manera paralela a las elecciones generales ese año. Esta creciente politización de los objetivo s del movimiento recibe un tratamiento informativo muy diferenciado en estos tres momentos, poniendo de manifiesto la relación entre la estructura de oportunidad mediática y las alianzas político mediática, entre, en este caso, prensa escrita y partidos (en su posición relativa de gobierno y oposición). El análisis de esta relación entre partidos y medios da cuenta de las profundas transformaciones que está viviendo la esfera pública en las coordenadas de la sociedad de la información y como pesa sobre el espacio público en el que trabaja la sociedad civil en las sociedades democráticas.

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El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los Servicios Urbanos Públicos como condicional a la vida urbana en los municipios: Gral. Zuazua, El Carmen y Ciénega de Flores, según datos del INEGI 2010. Objetivos particulares: Identificar los niveles actuales de cobertura de los servicios urbanos públicos que proporcionan estos municipios. Analizar si la cobertura de los Servicios públicos básicos: agua potable, electricidad y drenaje sanitario, satisfacen las necesidades, para vivir en los municipios de El Carmen, Ciénega de Flores y Gral. Zuazua Analizar si el factor espacial tiene influencia en la eficacia de los servicios urbanos. El análisis está centrado en los municipios del Carmen, Gral. Zuazua y Ciénega de Flores, por ser los municipios que presentaron mayor incremento en su población según los datos del INEGI 2010. El crecimiento repentino en población, de los municipios de El Carmen, Ciénega de Flores y Gral. Zuazua requiere de un análisis desde los enfoques de Planeación, Crecimiento Urbano, Economía y Administración. Este crecimiento ha generado graves problemas no sólo para la población que habitaba en esos municipios, sino también para toda esta nueva población; para las cuales sus administraciones no cuentan con los recursos de otorgar una serie de servicios públicos básicos para el desarrollo social y económico de todas estas familias. La fuente de la información se enfoca en lo que ofrece cada municipio de manera general, tomando como base de datos los servicios básicos en las viviendas como son: Piso diferente de tierra, energía eléctrica, agua entubada, drenaje y transporte. La observación Particular se hace a través de los mapas que presenta el INEGI en su sección de Inventario de Vivienda. Se enfatiza el hecho de que el crecimiento se ha dado geográficamente desordenado, ya que la creación de nuevos fraccionamientos, se están dando en las periferias de estos municipios, alejados de sus cabeceras municipales y al mismo tiempo alejados de la ZMM (Zona Metropolitana de Monterrey), donde las distancias a recorrer para tener acceso a una serie de servicios públicos, tanto de infraestructura como asistenciales, son grandes. Provocando esto un empobrecimiento en la población. Con este estudio se pretende demostrar la influencia que tiene la posición geográfica en el acceso a los Servicios públicos. Por último se enfatiza la necesidad de prevenir en un futuro a corto plazo que los municipios cuenten con instrumentos de Administración, Planeación y Evaluación de los Servicios Públicos que pueden proporcionar a su población. Ya que como dice Montalvo “las obras públicas después de su ejecución, se convierten en servicios públicos al recibir mantenimiento y dotación continua en los centros de población”. (Montalvo 2007:128) La incorporación de métodos y técnicas de administración moderna representada por los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son importantes en este proceso. “Son necesarias las tecnologías para gobernar racionalmente” (Montalvo 2007:128). Sería presuntuoso otorgar a los SIG la capacidad para dar soluciones definitivas a los proyectos en los que tienen cabida; sin embargo, podemos estar seguros de que desde la implementación del primer SIG, el Sistema de Información Geográfica de Canadá (CGIS, por sus siglas en inglés), el proceso de toma de decisiones apoyado por estos sistemas ha resultado mucho más eficiente y rápido (Sitjar, 2009, págs. 2-8)