893 resultados para Empleados bancarios-Selección y nombramiento
Resumo:
En la actualidad las PYMES enfrentan problemas sobre aspectos legales y técnicos en procesos de licitación ante la administración pública, y la baja participación en las licitaciones se debe a la falta de conocimiento legal y técnico en este tipo de procesos, lo que permite que se tenga como objetivo el diseño de un manual, esto para fortalecer la aplicación adecuada de las medianas empresas con el fin de que puedan someterse a los procesos licitatorios. Para la recolección de la información relacionada al problema de investigación, se diseñó un cuestionario con interrogantes de forma sencilla, clara y precisa, procesando y tabulando la información de forma mecanizada, obteniendo como resultado, una serie de valoraciones respecto a la participación de las medianas empresas en las licitaciones públicas, y el esfuerzo que éstas hacen en dichos procesos, a la vez de no tener el suficiente conocimiento y la no capacitación continua, se propone un “Manual que contenga una serie de procedimientos legales, técnicos, y generales con aspectos mínimos que deben conocer las empresas, basados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de La Administración Pública (LACAP) y su reglamento; y otra normativa vigente, que les servirá como herramienta de consulta y guía para orientarse en las diferentes etapas que comprenden los procesos de licitación, ya que al momento existe información dispersa y sin clasificar, la cual debe ser integrada y de fácil obtención para aquellas empresas que desean someterse en procesos de licitación. Concluyendo que existe un alto porcentaje de empresas que no participan en Licitaciones ante la Administración Pública, esto debido a la inexperiencia, y tomando en cuenta que el personal encargado de preparar la licitación no posee integralmente los conocimientos legales y técnicos adecuados, recomendando que las medianas empresas dentro de la selección de personal debe contratar elementos idóneos, o capacitar a sus empleados de forma continua para poder competir ante el ente gubernamental.
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El 29 de junio de 1973 se lleva a cabo el acuerdo fundacional del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), el cual estuvo apoyado por los representantes de los organismos profesionales de contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido / Irlanda, y Estados Unidos y se designan comités de seguimiento para los tres primeros proyectos del IASC. En noviembre de 1982 se firma un acuerdo de creación de dicho comité. Entre 1983 y 2001, pasaron a incluirse como miembros del comité IASC todos los institutos profesionales que fueron miembros de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Como resultado de los esfuerzos de creación de dicho comité y de sus anteproyectos se emiten y publican las primeras Normas Internacionales de Contabilidad definitivas: NIC 1 Revelación de Políticas Contables (1975), y NIC 2 Valoración y Presentación de Inventarios en el Contexto del Sistema de Coste Histórico (1975). Esto estableció la base para las futuras Normas. En la actualidad, los mercados de capitales mundiales no tienen fronteras y quienes participan en dichos mercados no deben tener barreras para acceder a la información financiera de calidad, transparente y comparable que necesitan para tomar decisiones económicas. Desde 1973, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y su antecesor, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), han estado trabajando para desarrollar, en pro del interés público, un único conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de alta calidad, de fácil comprensión e implantación, que puedan ser de utilidad a los inversores en acciones, a las entidades de crédito y a otros posibles usuarios de este tipo de información. El Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoria1, es el ente encargado del establecimiento de los principios, y normas generales para la preparación y presentación de la información financiera en El Salvador, tal como lo establece el Art. 36 literales g), i) j) de la ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y Auditoria.
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La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operación que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Los legitimadores de capital tienden a utilizar las entidades de negocios más como un conducto que como un medio de expropiación directa de activos. Por esta razón, es mucho menos factible que el lavado de dinero afecte los estados financieros en comparación con otros tipos de fraude como los desfalcos. La legislación aplicable a prevenir la legitimación de capitales en el país está compuesta por: Ley, Reglamento e Instructivo para prevenir el lavado de dinero, así como el Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de tráfico de drogas y delitos conexos. Considerando el nivel de operaciones en las entidades dedicadas al microfinanciamiento en El Salvador (Cajas de Crédito, Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos de los Trabajadores, otras entidades financieras no bancarias), éstas pueden tornarse vulnerables para que se cometan actividades delictivas generadoras de blanqueo de capitales, ya que a través de la diversidad de usuarios y suministradores de servicios financieros podrían cometerse situaciones delictivas que las afecten negativamente. Con base en lo anterior se realizó un estudio, el cual se presenta en este trabajo y tiene como objetivo contribuir con los organismos reguladores de supervisión y fiscalización, mediante la formulación de procedimientos de auditoria externa dirigidos a evaluar el cumplimiento del Código de Conducta en los intermediarios financiera no bancarios, encaminados a disminuir el riesgo de que sus servicios sean usados para dar legitimidad a fondos que sean producto de actividades ilícitas. La investigación se llevó a cabo en Las Instituciones de Intermediación Financiera no Bancarias, debido a que en la década anterior, la mayoría de las empresas involucradas en hechos generadores del lavado de dinero pertenecieron a este grupo, tales como: FOMIEXPORT (1992), CREDICLUB, FINSEPRO e INSEPRO (1997). Para la definición de la población se tomó como base la totalidad de los intermediarios financieros no bancarios que actualmente están regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero, las que en su conjunto son 7 instituciones. En cuanto a la recolección de los datos, ésta se realizó a través de cuestionarios dirigidos a empleados tomados al azar de las Instituciones de Intermediación Financieras no Bancarias. Mediante los datos obtenidos se elaboró el diagnóstico de la investigación, determinando la importancia de que los organismos de supervisión y fiscalización posean procedimientos de auditoria externa dirigidos a evaluar dentro de las entidades antes mencionadas el cumplimiento del Código de Conducta para prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Debido a lo anterior, se presenta una propuesta sobre procedimientos de auditoria externa para verificar el cumplimiento del Código de Conducta en la prevención y detección del lavado de dinero; y un modelo de Código de Conducta, para que los organismos de supervisión y fiscalización evalúen que las Instituciones de Intermediación Financiera no Bancarias cumplan con la normativa legal vigente y para que fortalezcan la estructura de control al respecto.
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Actualmente muchas empresas especializadas en servicios de contact center afincadas en España trasladan la producción de sus servicios a algunos países sudamericanos con el objetivo de reducir costes y aumentar el rendimiento empresarial. Pero estas empresas deben afrontar problemas nuevos en dichos países que no encuentran cuando sus servicios se producen en España, como una elevada tasa de rotación de los empleados. Con el objetivo de abordar el estudio de los factores que pueden explicar las diferentes tasas de rotación encontradas en este tipo de empresas en función del país de producción, se analiza la relación que presentan el compromiso organizacional y el sentido de pertenencia, dos constructos que la investigación previa ha mostrado que se asocian a la permanencia de los empleados, y la probabilidad de continuar a corto y largo plazo e dichas empresas. Un total de 321 empleados peruanos y 364 empleados españoles pertenecientes a una misma empresa cumplimentaron un cuestionario que permitía medir las variables descritas. Los resultados hallados muestran que los empleados peruanos tienen mayores niveles de sentido de pertenencia y compromiso organizacional en comparación con la muestra de empleados españoles. A pesar de ello, no se asocian a la probabilidad de continuar en la empresa a corto plazo, a diferencia de lo que ocurre en la muestra española. Se discuten los resultados obtenidos.
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SIN FINANCIACIÓN
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La noción de organización saludable cada vez toma mayor relevancia en el mundo académico y empresarial, pues se ha demostrado que las organizaciones que crean ambientes saludables y adoptan prácticas saludables, afectan positivamente a sus diferentes grupos de interés, incluidos empleados, socios, proveedores, clientes y la sociedad (Grueso y Rey, 2013). Con el fin de contribuir a lo anteriormente mencionado, a continuación se presenta el avance de una investigación de tipo documental y aplicada, mediante la que se pretende comprender la forma como la adopción de prácticas de responsabilidad social contribuye al bienestar de los empleados en dos compañías del sector comercio al detal en Colombia. Para lograr lo anterior, primero se mostrarán los fundamentos teóricos y antecedentes de estudios e investigaciones realizadas sobre Responsabilidad Social Empresarial y el bienestar de los empleados. Posteriormente se describe la metodología desarrollada para la recolección de la información y el proceso mediante el que esta fue analizada. En la siguiente sección se describen los hallazgos y por último se plantean las conclusiones del estudio.