168 resultados para Restitución


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El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.

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El presente es un estudio de caso que busca encontrarle significado a la actuación de la República de China (Taiwán) como Estado de Facto en el Sistema Internacional, durante el periodo 1971 – 2011. El estudio se centra en las formas de validación jurídicas que le permiten a Taiwán interactuar con otros actores en el Sistema Internacional.

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El corregimiento de Providencia -Antioquia, es el epicentro del proyecto minero aurífero a cielo abierto más grande de Colombia: ‘Gramalote’. Por ser parte de la zona de influencia directa del proyecto, el reasentamiento involuntario de la población parecería ser definitivo en el mediano plazo. Empero, el gran reto es llevar a cabo un proceso de reasentamiento exitoso a sabiendas que en Colombia no existe una política nacional de reasentamiento y por lo tanto, en este caso específico la empresa deberá implementar la Norma de Desempeño 5 –PS5-: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario creada por el Banco Mundial. A lo largo del documento el lector encontrará que el mayor reto de la aplicación de la PS5 radica primero, en el desconocimiento que tienen las entidades de control al respecto y segundo, en el cómo aplicar a futuro una norma tan general conociendo que cada territorio y sociedad son altamente heterogéneos.

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Como en los dos años anteriores, la Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se ha asociado con la Fundación Hanns Seidel para organizar el III Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, el cual tiene por objeto promover e incentivar la investigación entre los estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra nación hacen al análisis y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen. La democracia, sus elementos, su materialización mediante la participación ciudadana, son un eje de especial importancia para investigar. La tercera versión del concurso permitió a los estudiantes participantes proponer interesantes tesis alrededor de la construcción de paz, la sociedad civil y el fortalecimiento de la democracia, tema de particular interés justo en este momento histórico del país, en el marco de los diálogos de paz que se adelantan desde octubre de 2012 en La Habana. Para lograr un estudio más profundo de las temáticas que se abordan en el concurso, la competencia se propone siempre en el marco de un seminario internacional que evoque el mismo tema. Este año, en asocio con el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria, que representa el esfuerzo de cinco universidades colombianas por estudiar el tema de la tierra, tan emblemático en nuestro país, se organizó el diálogo mayor “Conflicto, desigualdad y desarrollo: trasformaciones agrarias y paz”, que contó con más de quinientos asistentes, procurando un análisis de expertos de alto nivel alrededor de las preguntas que deben plantearse los gobiernos, los líderes y la sociedad civil en la búsqueda de la anhelada paz. De las ponencias recibidas por parte de diferentes instituciones educativas del país en el marco de la convocatoria del concurso, veinte de ellas fueron seleccionadas para participar en la fase oral de los días 18 y 19 de septiembre de 2013 en la Universidad del Rosario. Tanto la fase oral como la escrita contaron con la participación de profesores de altas competencias profesionales y académicas que, como pares evaluadores y jurados en ambas fases, certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. Por tercer año consecutivo las ponencias ganadoras del concurso son publicadas por la Editorial de la Universidad del Rosario y gracias a la financiación de la Fundación Hanns Seidel, que desde el principio creyó y respaldó esta iniciativa. Así pues, continuamos con nuestro deber académico de incentivar el debate a partir de la investigación en temas de actualidad jurídica, política y social realizada por los estudiantes y cumplimos con nuestro objetivo de seguir construyendo la Colección Semilleros de Investigación de la Universidad del Rosario, la cual es distribuida a las diferentes bibliotecas nacionales, departamentales y universitarias, con el fin de llegar al mayor número posible de destinatarios para que puedan conocer las reflexiones de nuestros estudiantes.

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The armed conflict in Colombia, which has generated over three million internally displaced persons, has dramatic humanitarian consequences and raises serious issues regarding the protection of displaced peoples’ rights. The underlying reasons for the displacement often lie in the dynamics associated with territorial control and land seizures undertaken for strategic, military or purely economic purposes. Domestic and international legal provisions have established the victims’ right to the restitution of their homes and property as the “preferred remedy” in cases of displacement. However, policies dealing with displacement, both those of the Colombian government and of several international institutions, fail to take this sufficiently into account. A comprehensive reparation policy for victims must necessarily entail the reversion of lands, territories and goods seized in Colombia under the pretext of the internal armed conflict.

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The problem of land ownership protection in this country is an issue that must be faced by those who have as part of their responsibilities the recognition, the restitution and the reparation of victims of forced displacement. One of the points that must be analyzed is the protection of ownership of urban lands, a subject falling under municipal responsibility. The development of a public policy by the City of Medellín for the protection of such lands is a significant advance for the creation of protocols and for the return of rights to those who have adandoned their lands because of violence or who have been divested of their homes in urban areas.

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Este artículo realiza una aproximación a un estándar de reparación para graves violaciones a los derechos humanos de carácter colectivo. Para tal fin, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, examina los conceptos de víctima, individual y colectiva, y los mecanismos de reparación (restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición).

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The text argues that, even if different sectors of society have some strategic points of agreement on the issue of land, which converge on the specific issue of restitution, they strongly disagree on various other points. On one side are some who advocate “pure restitution” and consequently support a restitution policy that focuses on correcting the illegal dispossession and clarifying land titles and individual rights to property, which would serve to boost the land market and allow for rural development policies that modernize agricultural production, fundamentally based on large, corporate ownership. On the other end of the spectrum are advocates of what we call “comprehensive restitution,” who promote adopting a restitution policy that meets the requirements not only of corrective justice but also of recognition and redistribution, advancing the interest of peasant, indigenous, and afro-Colombian communities.

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This article offers a theoretical interpretation of the dispositions on land restitution contained in the famous “Victims’ Bill”, which was debated in the Colombian Congress during the year 2008. The bill included specific mechanisms aimed at guaranteeing the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict. At the time, the bill was endorsed by all the main political actors in the country –notably the government and the elites that support it, on the one hand, and victims’ and human rights organizations and other opposition groups, on the other–. The fact that the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict was being considered as a serious possibility by all political actors in the country seemed to indicate the existence of a consensus among actors whose positions are ordinarily opposed, on an issue that has traditionally led to high levels of polarization. This consensus is quite puzzling, because it seems to be at odds with the interests and/or the conceptions of justice advocated by these political actors, and because the restitution of land faces enormous difficulties both from a factual and a normative point of view, which indicates that it may not necessarily be the best alternative for dealing with the issue of land distribution in Colombia. This article offers an interpretation of said consensus, arguing that it is only an apparent consensus in which the actors are actually misrepresenting their interests and conceptions of justice, while at the same time adopting divergent strategies of implementation aimed at fulfilling their true interests. Nevertheless, the article concludes that the common adherence by all actors to the principle of restorative justice might bring about its actual realization, and thus produce an outcome that, in spite (and perhaps even because) of being unintended, might substantively contribute to solving the problem of unequal land distribution in Colombia. Even though the article focuses in some detail on the specificities of the 2008 Bill, it attempts to make a general argument about the state of the discussion on how to deal with the issue of land distribution in the country. Consequently, it may still be relevant today, especially considering that a new Bill on land restitution is currently being discussed in Congress, which includes the same restitution goals as the Victims’ Bill and many of its procedural and substantive details, and which therefore seems to reflect a similar consensus to the one analyzed in the article.

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El objetivo de este trabajo de grado es realizar un análisis sobre las transformaciones institucionales colombianas que garanticen los derechos de refugiados colombianos en el Ecuador. Se analizará desde el enfoque neo institucionalista de la Ciencia Política, como la realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador incide en las trasformaciones de las instituciones colombianas al constituirse en actores estratégicos en la configuración de las políticas y la institucionalidad del Estado colombiano. Al ser este un estudio de caso, se abordarán trayectorias vitales y migratorias de connacionales refugiados en Ecuador, víctimas del desplazamiento forzado, como también versiones de las instituciones del gobierno colombiano y opiniones, reflexiones y prácticas de fundaciones, ONG e instituciones internacionales especializadas, desde un enfoque cualitativo de investigación.

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El propósito de este estudio de caso es analizar el proceso de reparación a las víctimas de la comunidad indígena Wayúu de Bahía Portete por los daños causados con la masacre del 18 de abril de 2004, a partir del pensamiento propio sobre la reparación. Para esto se presentan las distintas percepciones que existen en la comunidad sobre las afectaciones sufridas por el conflicto armado y las concepciones sobre el territorio y la justicia en la cultura Wayúu, y se analiza la importancia de reivindicar estos significados en el proceso de reparación colectiva que adelanta la Unidad de víctimas con estos indígenas, para la efectividad del mismo. Lo anterior se basa en el trabajo de campo realizado en La Guajira con la comunidad de Portete y funcionarios de la Unidad, otras fuentes primarias como informes institucionales, al igual que en la revisión de legislación y textos académicos sobre la materia.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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La presente investigación tiene como objetivo explicar cuál es el papel de la construcción de memoria histórica por parte de la asociación de familias víctimas de Trujillo “AFAVIT” en su reconocimiento como víctimas por parte del Estado colombiano. Se pretende demostrar que la construcción de memoria histórica juega un papel fundamental como herramienta visibilizadora tanto del conflicto colombiano como medio que permite el reconocimiento por parte del Estado. Para lograr dicho fin, se hace imperativo abordar dicha problemática desde un enfoque psicosocial; adicionalmente se tendrán en cuenta entrevistas realizadas a la comunidad AFAVIT.