781 resultados para LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA


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Se analiza el uso de los medios (documentación, información y comunicación) en el ecosistema educativo público, desde la educación básica a los departamentos universitarios, ante la Ley de reforma educativa (LOGSE) en la Comunidad de Aragón. Comienza con una descripción geográfica de Aragón. Se analiza el ecosistema educativo a nivel nacional y la LOGSE. Se presentan tres estudios empíricos: los medios de comunicación social y la educación, la utilización de los medios en la universidad y en la educación no universitaria. La cuantificación informativa de los datos intenta demostrar la situación de los centros públicos ante la reforma educativa y las medidas catalogadas, para que las tengan en cuenta las autoridades políticas educativas regionales y del Ministerio de Educación. Encuesta y observación directa. Método cuantitativo.

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Comprender de la forma más detallada posible el desarrollo de los debates paralamentarios de la Ley de Bases de Instrucción pública desde su presentación aún como proyecto hasta su aprobación por el Congreso de los Diputados. Análisis de la postura de los distintos grupos políticos ante el proyecto, estudio de los apoyos con que contó el Ministro de Fomento, sus intervenciones, y las de los diputados más destacados, junto al análisis de las posturas e intereses que defendían.. Investigación histórica.. La investigación realiza una aproximación histórica del S. XIX español para conocer el proyecto de Ley de Bases y la Ley de Instrucción pública, buscando diferencias e interpretaciones. Realiza un análisis del debate a nivel general y en planes diferentes, las posturas mantenidas por los grupos y los criterios sustentados en los aspectos fundamentales de la discusión parlamentaria. Con una perspectiva a nivel ideológico y de la enseñanza, se hizo posible deducir qué aspectos del documento se debían a Moyano, y cuáles fueron obtenidos de la experiencia pasada. Realiza un análisis indicando de qué forma se adecua la Ley de Bases de Instrucción Pública de 1857 al sistema de Estado liberal y qué cuestiones quedaron sin resolver para desarrollos legislativos futuros.. La ley establece una enseñanza en tres niveles, establece la enseñanza obligatoria en la enseñanza Primaria, con el propósito de tratar de erradicar el analfabetismo en nuestro país; realiza un reconocimiento de la enseñanza doméstica en el nivel elemental y en el secundario. Se acepta la enseñanza privada en los dos primeros niveles educativos que impulsaron la enseñanza privada confesional. Posibilita que se impartan en el mismo centro tanto los estudios preparatorios como los de aplicación. Establece una ordenación del profesorado: por primera vez, señalando las condiciones de acceso, ascenso y separación. Promueve una centralización orgánica del sistema de enseñanza. Establece el derecho de inspección de la Iglesia y el control por parte de ésta de los libros de aprendizaje de la lectura. Posibilita la creación de facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dotándolas de rango universitario, por encima de las anteriores de Filosofía, ligadas a la Segunda enseñanza.

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Como continuación del tema abordado por el autor en la monografía previo a la obtención del título de Especialista Superior en Contratación Pública1 este trabajo pretende esencialmente examinar el estado de la contratación administrativa sujeta al régimen de la Ley de Contratación Pública, en lo que concierne a la etapa precontractual, en que comienza a tomar forma la voluntad administrativa, base del contrato público que prevé la sujeción a un procedimiento evidentemente anacrónico y que por consiguiente, a nuestro juicio, debe ser objeto de revisión y reducción firme. Con tal propósito el contenido de este trabajo, que se ha dividido en tres capítulos, hace referencia a ciertos conceptos preliminares, delibera sobre la elección o selección, que constituye o debe constituir la esencia de todo proceso de contratación para garantizar de inicio imparcialidad y transparencia; analiza la naturaleza jurídica de los concursos públicos, los sistemas de selección vigentes y precisa los aprestos y documentación de apoyo de orden técnico, económico y legal con que debe contarse obligatoriamente. Se pasa a analizar con sentido crítico la normativa de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, para concluir con una propuesta concreta de simplificación de los procedimientos de contratación vigentes; lo que responde a la pregunta central de esta tesis. Como colofón, se esboza un proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública.

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El impulso de este trabajo se efectúa a base de un proceso de investigación y de experiencias personales en el trámite de contrataciones sometidas a la norma de excepción contemplada en el artículo seis, letra a) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, pues he podido establecer que dentro de una misma Institución del Estado, a quienes es aplicable las disposiciones de la mencionada Ley, no existe uniformidad de criterios para procesar las contrataciones bajo el régimen de excepción, ya que se establecen procedimientos, términos, condiciones y plazos, que difieren unos de otros, no obstante que se trata de procesos similares respecto de la ejecución de una obra o prestación de servicio vía exoneración de procedimientos precontractuales bajo declaratoria de emergencia. El objetivo principal del análisis, evaluación, conclusiones y recomendación, en el que se incluyen ciertas reformas principalmente al Art. 5to. del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, a los que se llega en el desarrollo de esta Tesis, es procurar que las Entidades que conforman el Sector Público, para contratar bajo el régimen de excepción, cuenten con parámetros claros y determinados para que se uniformice el procedimiento de contratación bajo excepción, coartando la ambigüedad y la interpretación antojadiza que al momento contempla el Reglamento General a la Ley de Contratación Pública, lo que en cierta forma y a mi criterio, a dado lugar para que una determinada contratación vía emergencias, adolezca de transparencia.

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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.

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Esta investigación se propuso rastrear analíticamente las posiciones y los movimientos de los actores políticos, sindicales, mediáticos y expertos durante los años que transcurrieron entre la asunción presidencial de Carlos Saúl Menem, en julio de 1989, hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en abril de 1993, con la hipótesis principal de que la educación se constituyó en un problema público que cobró notoriedad y abrió un debate en el que el diagnóstico y la política educativa impulsada por el Gobierno Nacional lograron imponerse ante las demás propuestas. En la década de 1990 la educación fue definida como una situación problemática que adquirió notoriedad, promoviendo la participación de diferentes actores -con sus propias claves interpretativas y líneas de acción práctica- en una polémica en la que la categoría crisis fue el eje ordenador. Así, el propósito de este estudio fue indagar en la construcción de esta controversia a partir del análisis de los posicionamientos, enunciaciones y movimientos de los actores que lograron agenciarse y tener injerencia en el debate de esos años. Para trazar la cartografía de esta polémica, se consultaron distintas fuentes que permitieron conocer el entrecruzamiento en la arena pública de las distintas posiciones y atender a las particularidades de este complejo proceso que implicó la composición y reconfiguración de los actores y sus registros de acción. Así, se relevaron las publicaciones del diario Clarín, los discursos de los funcionarios nacionales y los comunicados de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación de Trabajadores Nacionales de la Educación (FeTEN) que circularon en el periódico analizado entre julio de 1989 y abril de 1993

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El 22 de marzo del 2012 es sancionada en la Cámara de Senadores de la Nación Argentina la Ley 26.739 de Modificación a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Esta Ley incluye un combo de modificaciones a las potestades del Banco Central en relación a las funciones que la entidad venía cumpliendo desde una época signada por la Ley de entidades Financieras sancionada en la dictadura neoliberal del 76' y la Carta Orgánica del Banco Central creada bajo el menemismo en los 90', y tiene como objetivo la recuperación del Sector Financiero, no sólo para desarmar la lógica de dominio y ahogo de los pulpos financieros transnacionales, sino también como herramienta clave a la hora de desarrollar una economía nacional y regional fuerte que logre superar las limitaciones históricas de los países latinoamericanos. Si bien se trata de un proyecto integral, es posible identificar cuatro ejes-capítulos que estuvieron en debate entre los actores que se posicionaron tanto a favor como en contra de la reforma: Condiciones de financiamiento, Créditos a la producción, Ofensiva al crédito al consumo y Construcción de legitimidad. A su vez estos cuatro ejes-capítulos están integrados por subejes que son aquellos puntos fundamentales que estuvieron en juego en el marco del debate tanto entre actores políticos [diputados, senadores, funcionarios, etc.] como entre aquellos actores correspondientes a la órbita de lo estratégico-cultural cuyo hábitat son los medios de comunicación escritos y/o audiovisuales. El presente trabajo analiza los discursos elaborados por diversos actores en el marco de la batalla cultural por el control del Banco Central, que constituye el conflicto práctico del enfrentamiento de intereses

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El 22 de marzo del 2012 es sancionada en la Cámara de Senadores de la Nación Argentina la Ley 26.739 de Modificación a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Esta Ley incluye un combo de modificaciones a las potestades del Banco Central en relación a las funciones que la entidad venía cumpliendo desde una época signada por la Ley de entidades Financieras sancionada en la dictadura neoliberal del 76' y la Carta Orgánica del Banco Central creada bajo el menemismo en los 90', y tiene como objetivo la recuperación del Sector Financiero, no sólo para desarmar la lógica de dominio y ahogo de los pulpos financieros transnacionales, sino también como herramienta clave a la hora de desarrollar una economía nacional y regional fuerte que logre superar las limitaciones históricas de los países latinoamericanos. Si bien se trata de un proyecto integral, es posible identificar cuatro ejes-capítulos que estuvieron en debate entre los actores que se posicionaron tanto a favor como en contra de la reforma: Condiciones de financiamiento, Créditos a la producción, Ofensiva al crédito al consumo y Construcción de legitimidad. A su vez estos cuatro ejes-capítulos están integrados por subejes que son aquellos puntos fundamentales que estuvieron en juego en el marco del debate tanto entre actores políticos [diputados, senadores, funcionarios, etc.] como entre aquellos actores correspondientes a la órbita de lo estratégico-cultural cuyo hábitat son los medios de comunicación escritos y/o audiovisuales. El presente trabajo analiza los discursos elaborados por diversos actores en el marco de la batalla cultural por el control del Banco Central, que constituye el conflicto práctico del enfrentamiento de intereses

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Esta investigación se propuso rastrear analíticamente las posiciones y los movimientos de los actores políticos, sindicales, mediáticos y expertos durante los años que transcurrieron entre la asunción presidencial de Carlos Saúl Menem, en julio de 1989, hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en abril de 1993, con la hipótesis principal de que la educación se constituyó en un problema público que cobró notoriedad y abrió un debate en el que el diagnóstico y la política educativa impulsada por el Gobierno Nacional lograron imponerse ante las demás propuestas. En la década de 1990 la educación fue definida como una situación problemática que adquirió notoriedad, promoviendo la participación de diferentes actores -con sus propias claves interpretativas y líneas de acción práctica- en una polémica en la que la categoría crisis fue el eje ordenador. Así, el propósito de este estudio fue indagar en la construcción de esta controversia a partir del análisis de los posicionamientos, enunciaciones y movimientos de los actores que lograron agenciarse y tener injerencia en el debate de esos años. Para trazar la cartografía de esta polémica, se consultaron distintas fuentes que permitieron conocer el entrecruzamiento en la arena pública de las distintas posiciones y atender a las particularidades de este complejo proceso que implicó la composición y reconfiguración de los actores y sus registros de acción. Así, se relevaron las publicaciones del diario Clarín, los discursos de los funcionarios nacionales y los comunicados de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación de Trabajadores Nacionales de la Educación (FeTEN) que circularon en el periódico analizado entre julio de 1989 y abril de 1993

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Esta investigación se propuso rastrear analíticamente las posiciones y los movimientos de los actores políticos, sindicales, mediáticos y expertos durante los años que transcurrieron entre la asunción presidencial de Carlos Saúl Menem, en julio de 1989, hasta la sanción de la Ley Federal de Educación en abril de 1993, con la hipótesis principal de que la educación se constituyó en un problema público que cobró notoriedad y abrió un debate en el que el diagnóstico y la política educativa impulsada por el Gobierno Nacional lograron imponerse ante las demás propuestas. En la década de 1990 la educación fue definida como una situación problemática que adquirió notoriedad, promoviendo la participación de diferentes actores -con sus propias claves interpretativas y líneas de acción práctica- en una polémica en la que la categoría crisis fue el eje ordenador. Así, el propósito de este estudio fue indagar en la construcción de esta controversia a partir del análisis de los posicionamientos, enunciaciones y movimientos de los actores que lograron agenciarse y tener injerencia en el debate de esos años. Para trazar la cartografía de esta polémica, se consultaron distintas fuentes que permitieron conocer el entrecruzamiento en la arena pública de las distintas posiciones y atender a las particularidades de este complejo proceso que implicó la composición y reconfiguración de los actores y sus registros de acción. Así, se relevaron las publicaciones del diario Clarín, los discursos de los funcionarios nacionales y los comunicados de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación de Trabajadores Nacionales de la Educación (FeTEN) que circularon en el periódico analizado entre julio de 1989 y abril de 1993

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza desde los años 80 encuestas sobre temas de salud y sanidad, muchas de ellas de forma periódica y regular. La más destacada es el actual Barómetro Sanitario, conocida anteriormente como Barómetro Sobre el Sistema Sanitario o Encuesta Nacional de Salud. En este estudio se recogen las opiniones de los españoles relacionadas a la salud y al sistema sanitario. En un contexto de crisis económica, en el año 2012 se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, que afectó a la condición de asegurado, al sistema de prestación farmacéutica, a la cartera de servicios, a la financiación y a aspectos de recursos humanos. Además, los recortes y las privatizaciones de algunos servicios de sanidad públicos estuvieron en el punto de mira de numerosas noticias y debates. En esta investigación analizaremos los Barómetros Sanitarios, para conocer la opinión que sobre estos temas tiene la sociedad española. En una primera parte haremos un análisis sincrónico de éstas encuestas, con el fin de identificar diferencias en la opinión sobre el Sistema Nacional de Salud según su situación socioeconómica, nivel de estudios, ideología política y otras variables. En una segunda parte haremos un análisis diacrónico usando las series temporales que el propio CIS ofrece para este fin. Veremos que la opinión de los ciudadanos sobre el sistema sanitario es muy homogénea y que apenas muestra grandes diferencias en los distintos estratos sociales o económicos. También comprobaremos que la opinión no cambia de forma muy relevante en el tiempo. No obstante señalaremos las series en las que sí se observa un cambio relevante en esa opinión, como por ejemplo la valoración sobre las listas de espera.

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La Institución se fundó el 23 de Julio de 1900, con el nombre de Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Ministerio de Gobernación. El Consejo determino que entre las actividades principales a realizar fueran: estadísticas médicas, saneamiento de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y mercados, construcción de cloacas y sistemas de aguas servidas, obligatoriedad de instalar letrinas, lucha contra los mosquitos, visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. El primer Código de Sanidad entra en vigencia el 24 de julio del mismo año. El 15 de agosto se creó la Dirección General de Vacunación la cual en 1907 se llamó Instituto de Vacunación contra la Viruela. En el año 1920 se fundó la Dirección General de Sanidad dependiendo también del Ministerio de la Gobernación. En 1926 El Poder Ejecutivo creó a través de la Subsecretaría de Beneficencia, el servicio de asistencia médica gratuita, cuya finalidad era prestar auxilio oportuno y eficaz a los enfermos pobres en todas las poblaciones de la República. En el año 1930 se aprueba un nuevo Código de Sanidad, en este año se establece la primera clínica de puericultura ubicada en San Salvador. En el año 1948 se creó el Ministerio de Asistencia Social, y al finalizar este año se cuenta con 32 servicios en 32 municipios con un personal de 565 y un presupuesto de ¢1,158,620.00 colones. Para el año 1950 El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En 1956 existían 40 servicios locales bajo la Dirección General de Sanidad. En Diciembre de 1960 entró en vigencia la Ley de patronatos en Centros Asistenciales. En 1965 los servicios aumentaron a 151, distribuidos en 14 hospitales, 9 centros de salud, 57 unidades de salud, 70 puestos de salud y 1 inspectoría. En 1978 se contaba con 271 establecimientos de salud y se tenía 85.4% de cobertura y 96.2% de población accesible a los diferentes establecimientos de salud. En 1989-1990 se determina la necesidad de crear una descentralización efectiva de la atención a los pacientes creándose los Sistemas Locales de Salud (SILOS). En 1983 se elaboró el diagnóstico de salud correspondiente a los años 1979-1982 para ser tomado como documento de referencia para programar las actividades del Ministerio. Para 1993 se contaba con 18,276 plazas de personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos, distribuidos en 372 establecimientos de salud de los cuales son 15 hospitales, 15 centros de salud, 163 unidades, 150 puestos de salud, 34 puestos Comunitarios y 3 dispensarios. En 1999 Se conformó el Consejo de Reforma del Sector Salud como entidad encargada de formular la reforma del sector salud con participación de diferentes entidades públicas y privadas que conforman el sector. En el 2000, La red de servicios incremento a 610 establecimientos distribuidos en 30 hospitales 357 unidades de salud, la cual fue reforzada con equipo invirtiendo 8 millones de colones y mejoramiento en su infraestructura con una inversión de 5.9 millones de colones. Se ha continuado con el proceso de modernización con la redefinición de las funciones del Sistema Sanitario con el fin de conformar el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) bajo la visión de lograr la participación activa de la comunidad (participación social) y lograr la descentralización de los servicios de salud.

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Resumen tomado de la publicación. El autor es vocal de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI) de España

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El artículo presenta los resultados de una investigación desarrollada como proyecto de grado para optar el título de Magister en Dirección en la cual se identifican los impactos que en materia ambiental son generados a lo largo de los procesos realizados dentro de los frigoríficos en Colombia y evaluar la manera como se realiza la gestión ambiental de los frigoríficos cárnicos más representativos en Colombia, como parte de esta gestión es importante revisar la política de Estado y finalmente, se proponen algunas acciones de tipo directivo en las cuáles todos los actores de la cadena cárnica pueden participar con el objetivo de mejorar el tema ambiental de éstas organizaciones en Colombia.

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La presente monografía busca proveer elementos de análisis acerca del proceso de construcción de consejos comunales que ha tenido lugar en la Venezuela contemporánea. Por sus rasgos diferenciadores y llamativos, el caso particular escogido es el del Estado Táchira. El trabajo se enfocará en las características y modos de operación de los actores que ostentan un rol preponderante en el proceso. De igual modo, se recurrirá a los planteamientos teóricos fundamentales de Antonio Negri en lo relacionado con los conceptos de poder constituyente y poder constituido, con el objetivo de abordar las interacciones de dichos actores. Se afirma que la dinámica de colaboración-confrontación que distingue aquellas interacciones, se puede analizar a la luz del dualismo que protagonizan las manifestaciones de los poderes recién mencionados. Este aspecto arroja información valiosa para procurar la comprensión del fenómeno en cuestión.