863 resultados para Feminist legal theory


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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"

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Le présent mémoire consiste en une analyse thématique des représentations féminines dans l’œuvre de Satoshi Kon, de Perfect Blue à Paprika. L’objectif de ce travail est de démontrer que ces images de la femme reflètent la place des femmes dans la société japonaise contemporaine. À cet effet, nous avons examiné les films du réalisateur selon l’approche des études féministes du cinéma. Nous avons divisé notre analyse en trois thèmes : la violence, la sexualité et le double. Il apparaît que les représentations féminines des longs-métrages de Kon possèdent effectivement des parallèles au sein la société nippone actuelle. Le réalisateur emploie des figures et des motifs narratifs communs au Japon et l’anime afin de produire et reproduire les stéréotypes de genre. Par ailleurs, il utilise les éléments filmiques et les particularités du médium de l’anime pour appuyer ces définitions des rôles sexuels. Cette étude est originale par son angle d’approche féministe et psychanalytique qui est rarement adopté par les théoriciens de l’anime. Les études portant sur ce médium sont d’ailleurs récentes et s’intéressent généralement à l’esthétique de l’anime ou à la formation d’une identité nationale japonaise plutôt qu’à la construction du genre dans un média de culture populaire.

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Le développement d’Internet et des nouvelles technologies de l’information permet l’avènement de relations nouvelles. Ce nouveau potentiel, décuplé par ces technologies en constante évolution, actualise la discussion de notions fondamentales. Le développement de ces relations se fonde sur une notion de confiance qu’il est primordial de comprendre afin de mieux saisir les enjeux liés à ces nouvelles technologies. La notion de confiance est intrinsèquement liée aux développements de nos économies. Elle influence du même coup le commerce électronique et certaines notions du droit.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

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This paper focuses on successful reform strategies invoked in parts of the Muslim world to address issues of gender inequality in the context of Islamic personal law. It traces the development of personal status laws in Tunisia and Morocco, exploring the models they offer in initiating equality-enhancing reforms in Bangladesh, where a secular and equality-based reform approach conflicts with Islamic-based conservatism. Recent landmark family law reforms in Morocco show the possibility of achieving ‘women-friendly’ reforms within an Islamic legal framework. Moreover, the Tunisian Personal Status Code, with its successive reforms, shows that a gender equality-based model of personal law can be successfully integrated into the Muslim way of life. This study examines the response of Muslim societies to equality-based reforms and differences in approach in initiating them. The paper maps these sometimes competing approaches, locating them within contemporary feminist debates related to gender equality in the East and West.

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This article analyses the laws that govern the allocation of parental responsibility for children conceived through non-coital reproduction by lesbians and gay men in England/Wales and Australia. In 2008 both jurisdictions introduced important reforms affecting this area of law, providing new options for the legal recognition of parent–child relationships in lesbian and gay households. However, the practical usefulness or effectiveness of the reforms may be limited by the excessive complexity or obscurity of the system of parental responsibility thus introduced. Furthermore, the reform Acts encourage the formation of some family structures—especially homonuclear families—while discouraging the emergence of more imaginative and cooperative parenting configurations at odds with heteronormative parenting scripts. Only through a clearer commitment to intentionality as a ground for the allocation of parental responsibility will future reform be likely to adequately protect the interests of lesbian and gay parents and their children.

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In Feminism and the Power of Law Carol Smart argued that feminists should use non-legal strategies rather than looking to law to bring about women’s liberation. This article seeks to demonstrate that, as far as marriage is concerned, she was right. Statistics and contemporary commentary show how marriage, once the ultimate and only acceptable status for women, has declined in social significance to such an extent that today it is a mere lifestyle choice. This is due to many factors, including the ‘sexual revolution’ of the 1960s, improved education and job opportunities for women, and divorce law reform, but the catalyst for change was the feminist critique that called for the abandonment (rather than the reform) of the institution and made the unmarried state possible for women. I conclude that this loss of significance has been more beneficial to British women in terms of the possibility of ‘liberation’ than appeals for legal change and recognition, and that we should continue to be wary of looking to law to solve women’s problems.

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This article analyses the results of an empirical study on the 200 most popular UK-based websites in various sectors of e-commerce services. The study provides empirical evidence on unlawful processing of personal data. It comprises a survey on the methods used to seek and obtain consent to process personal data for direct marketing and advertisement, and a test on the frequency of unsolicited commercial emails (UCE) received by customers as a consequence of their registration and submission of personal information to a website. Part One of the article presents a conceptual and normative account of data protection, with a discussion of the ethical values on which EU data protection law is grounded and an outline of the elements that must be in place to seek and obtain valid consent to process personal data. Part Two discusses the outcomes of the empirical study, which unveils a significant departure between EU legal theory and practice in data protection. Although a wide majority of the websites in the sample (69%) has in place a system to ask separate consent for engaging in marketing activities, it is only 16.2% of them that obtain a consent which is valid under the standards set by EU law. The test with UCE shows that only one out of three websites (30.5%) respects the will of the data subject not to receive commercial communications. It also shows that, when submitting personal data in online transactions, there is a high probability (50%) of incurring in a website that will ignore the refusal of consent and will send UCE. The article concludes that there is severe lack of compliance of UK online service providers with essential requirements of data protection law. In this respect, it suggests that there is inappropriate standard of implementation, information and supervision by the UK authorities, especially in light of the clarifications provided at EU level.

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Este estudo aborda, à luz da teoria econômica e jurídica, o modelo institucional do transporte ferroviário de cargas no Brasil, no que concerne às formas de concorrência intramodal adotadas pela regulação setorial. Atualmente prima-se pelo tráfego mútuo como regra e o direito de passagem de forma subsidiária, entretanto, há um movimento em direção à desverticalização do sistema. Dessa forma, o trabalho recorre à experiência alemã de desverticalização do setor ferroviário, para fins de aprendizado. Discute, ainda, o atual estágio do modelo de segmentação setorial proposto pelo governo federal brasileiro, delineando algumas considerações críticas.

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O serviço público de saneamento básico tem relevância amplamente reconhecida. Apesar disso, ainda são verificados no Brasil elevados índices de déficit ou de atendimento precário, com situações distintas nas diversas regiões do país. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação é (i) apresentar, a partir da perspectiva interdisciplinar da Economia dos Custos de Transação, uma compreensão do serviço público de saneamento básico no Brasil, atualmente regulamentado pela Lei nº 11.445/2007, (ii) avaliar a eficiência do modo de governança majoritariamente utilizado e, (iii) eventualmente, propor desenhos alternativos para a organização da prestação que sejam economicamente superiores em temos de redução de custos de transação para a realização de investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos fundamentais definidos no art. 2º, da Lei nº 11.445/2007. A pesquisa adotou como estratégia metodológica a utilização de uma abordagem interdisciplinar de direito, economia e organizações, nos termos da análise econômica da nova economia institucional. A partir o estudo do ambiente institucional básico, com apoio no referencial teórico, observou-se que o mecanismo de governança predominantemente utilizado no serviço público de saneamento básico no Brasil, isto é, delegações a Companhias Estaduais de Saneamento por meio de contratos de longo-prazo (contratos de programa), não favorece a realização de investimentos em ativos específicos (infraestrutura) necessários à prestação e cumprimentos de metas da política. Foi também constatado que existem alternativas de governança viáveis ao desenho predominante, embora a utilização de formas alternativas provavelmente não possua execução viável pelo simples transplante de normas, isto é, pela via formal. A modificação da forma de governança predominante no saneamento básico no Brasil, com a superação do baixo desempenho verificado (low-level equilíbrium), não é possível de ser realizada sem custos. Nesse sentido, é necessário superar os custos para o rompimento do path dependence provocado pelo hold up realizado pelas Companhias Estaduais de Saneamento Básico sobre os titulares do serviço público (municípios), bem como os custos para o rompimento do path dependence no direito administrativo brasileiro, o qual restringe o desenvolvimento de uma teoria jurídica da regulação apta a viabilizar a construção de uma governança regulatória adequada à redução dos custos de transação, de modo a tornar viáveis investimentos em ativos de infraestruturas com elevado grau de especificidade.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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A abordagem teórica da participação processual se encontra em um ponto de interseção entre uma teoria política e social e uma teoria do direito, pelo que, foi necessário iniciar pela teoria social de Habermas, para então transitar para sua teoria política e dela para a sua teoria sobre o direito. Nos termos de uma teoria discursiva, a correção da decisão judicial decorre não apenas da racionalidade da legislação, mas, também da reprodução, no âmbito do discurso jurídico, das condições do discurso racional, desde que observadas as limitações pragmáticas que incidem sobre o discurso jurídico, limitações essas que decorrem da especificidade do discurso jurídico, que, voltado para questões de decidibilidade, não pode se desenvolver sob os mesmos pressupostos da ética do discurso. Mesmo limitado pelas imposições pragmáticas do discurso jurídico, nele, assim como nos discursos práticos em geral, a argumentação é necessária à justificação racional e à correção da decisão judicial, e é neste aspecto que o discurso jurídico se conecta com a participação, essencial para a justificação racional e legitimidade da decisão judicial. Assim, a legislação processual deve ser submetida à crítica, para que se verifique se a participação processual prevista na legislação é capaz de garantir um procedimento legítimo. No caso da legislação nacional, há duas situações que não se justificam racionalmente, a primeira, referente ao procedimento judicial atual, calcado no paradigma individual, insuficiente para o processamento de lides formuladas em torno dos direitos difusos, pois impedem que a necessária discussão em torno dos paradigmas jurídicos que serão apresentados em juízo, e em torno da representação adequada, aconteçam. A segunda referente à restrição à participação individual na maioria das ações processuais voltadas à tutela dos direitos difusos que não se justifica racionalmente. Apesar de existir um indicativo de mudança, consistente em um anteprojeto de código de processo coletivo em que está prevista a ampliação da legitimação a qualquer membro da sociedade, esta ampliação não se estende a todas as ações que podem ser utilizadas para tutelar interesses e direitos difusos, pois ficaram de fora as ações de controle de constitucionalidade. Assim, a reflexão em torno do tema da participação processual não pode ser encerrada, nem mesmo quando o código de processo coletivo for promulgado, dada a essencialidade da participação de todos os interessados, ou de seus representantes legítimos, em qualquer procedimento judicial em que seus interesses ou direitos estejam sendo discutidos. De igual modo, apenas a continuidade da reflexão em torno da insuficiência do procedimento judicial pautado no paradigma liberal para a tutela de direitos difusos é capaz de criar uma discussão racional sobre o tema, cuja conclusão represente a vitória das melhores razões.