“La consulta previa como mecanismo de defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estudio de caso: Cabildo muisca de Bosa (2008-2012)”

El presente estudio de caso hace un análisis y revisión de la consulta previa en un contexto suburbano como es la comunidad muisca de Bosa. Se describe cómo este mecanismo permite la defensa del territorio ante la expedición del plan parcial El Edén El Descanso que busca desarrollar en esta zona un proyecto de vivienda. En este sentido se hace una revisión de la documentación pública del Cabildo muisca de Bosa, del Distrito y del Ministerio del Interior que sirven de insumo para analizar las dinámicas y fases de este caso al ser el único en un contexto suburbano. A partir de esto se retoman varios elementos del Estado social de derecho, como los derechos colectivos y los mecanismos de participación, entre otros, en el marco del enfoque diferencial para las comunidades indígenas

La acción de las FARC en el marco del conflicto armado en Colombia y su influencia en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela

Analizar la influencia del accionar de las FARC en el marco del conflicto armado interno en las relaciones bilaterales de Colombia con Venezuela. Teniendo en cuenta lo mencionado, se establece como hipótesis que las particularidades económicas, sociales, políticas y geoestratégicas

La suspensión de garantías en los estados de exepción bajo la óptica del derecho de los derechos humanos: Tratamiento internacional y nacional

Se abordó el tema de los estados de excepción, concluyéndose que en nuestro país y en la mayoría de Estados latinoamericanos el asunto se sigue tratando desde una visión militarista, que por demás desconoce el ordenamiento internacional

La unípolaridad sobre la institucionalidad de la ONU en materia de derechos humanos

Las relaciones internacionales se han vuelto más complejas e involucran asuntos que en siglos pasados no se consideraban como cuestiones importantes. Entre ellos figuran el terrorismo, el medio ambiente, los derechos humanos y la salud internacional

Protección internacional de la mujer desplazada en Colombia ONU - UNIFEM

Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.

Seroprevalencia de enfermedad de chagas en Casanare y tratamiento con benzonidazol. Colombia, 2004 – 2006.

La Enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria crónica causada por Tripanosoma Cruzi. Su Prevalencia estimada es de 1.448% y casos nuevos anuales 41.200 en países endémicos. 1 Prevalencia nacional de 35 por cada 1.000 niños menores de 15 años. 2-3 Prevalencia en el Departamento de 0.58% para 2006 en 9 municipios estudiados, cifra menor a la estimación de 1999 de 16.66% en población escolarizada. A partir de 2002 el Instituto Nacional de Salud disponible Benzonidazol un tratamiento para atención de casos que lo requieran. por tal razón, se requiere un diagnóstico serológico para instauración del tratamiento y para evaluación de la respuesta del paciente al mismo.

Situación de Derechos Humanos en el Departamento de Cundinamarca desde la Implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de la Administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez

Lo que se busca con el presente trabajo de grado es abordar la situación de Derechos Humanos en el departamento de Cundinamarca, particularmente desde la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Hacia una fundamentación filosófica de los derechos humanos

Los derechos humanos constituyen, a todas luces, uno de los ejes y problemas constitutivos de la humanidad. Mucho se ha avanzado y trabajado en la aplicación, implementación y defensa de los mismos. Sin duda, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) constituye, junto con el llamado bloque constitucional, los mejores sustentos prácticos, esto es, al mismo tiempo jurídicos, políticos y sociales, para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, en general, en Colombia y en el mundo, existen pocos trabajos de fundamentación filosófica de los derechos humanos. La Universidad del Rosario presenta la tercera edición de este libro que se ha constituido en una referencia entre defensores de derechos humanos, juristas, académicos e investigadores en el tema. La tesis que sostiene el libro es sencilla: el fundamento de los derechos humanos es la vida, la vida humana en general, pero con ella, desde ella, también la vida sobre el planeta.

Jano y las caras opuestas de los derechos humanos de los pueblos indígenas

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos de trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. En la primera parte del volumen se presenta el proceso de internacionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas.

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La valiosa Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho. Humanos no agota sus efectos en sus beneficiarios directos sino que también favorece al conjunto de la población de lo: estados sometidos a su jurisdicción al precisar el sentido contenido y alcances de los derechos. Esta función preventiva según se demuestra en esta publicación, constituye una finalidad esencial de todo sistema internacional de protección de derechos humanos. En este libro se identifica y analiza algunos de los principales estándares di cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humano: fijados durante casi tres décadas de jurisprudencia de la Corte Interamericana. La autora, adoptando un enfoque creativo, se concentra en tres áreas novedosas y el algunos casos polémicos: la situación de los niños, los pueblos indígenas y los derecho: económicos, sociales y culturales. Las sentencias de la Corte en esas materias muestra a un sistema de protección de derechos en permanente renovación y consolidación ) además señalan los dilemas y tareas que afrontan las sociedades de la región.

Las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva en derechos humanos propuestas para su uso y estudio.

Proponer alternativas que puedan orientar a los profesores en su labor de preparar a los jóvenes en el marco de la Educación en Derechos Humanos para que usen y estudien los medios de comunicación y la información que obtengan de ellos, de una manera adecuada. Incorporar los medios de comunicación como objeto de estudio y herramientas didácticas dentro de la educación de los derechos humanos. Revisión bibliográfica y revisión de webs relacionadas con la temática. Investigación sobre literatura científica, e investigación teórica. Análisis de la literatura científica publicada. Análisis de contenido, análisis comparativo. Explica a grandes rasgos la Educación en Derechos Humanos, aborda desde la historia hasta las implicaciones de la cultura escolar, clarificando términos relacionados con dicha temática. Expone el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, analiza los distintos factores que inciden sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y ofrece un perfil del profesorado necesario para este contexto. Para analizar el estado de la cuestión de las nuevas tecnologías en España se revisa una serie de webs relacionados con las tecnologías y la educación, evaluando su información desde la perspectiva de la Educación de los Derechos Humanos, y las experiencias en las que las nuevas tecnologías han sido empleadas para formar en la multiculturalidad, que sirvan de apoyo al educador en su labor. Finalmente la investigación incluye una serie de consideraciones dirigidas al profesorado de Derechos Humanos a tener en cuenta para desarrollar procesos educativos, mediante un uso adecuado de medios de comunicación que consiga formar ciudadanos críticos que fomenten los Derechos Humanos en su comunidad. El trabajo está dirigido a servir de apoyo al profesorado de Tecnología Educativa para que enseñe a los jóvenes las posibilidades educativas de los medios de comunicación, no sólo desde la perspectiva técnica sino ética basada en los principios de los Derechos Humanos, una tarea que resulta ser bastante complicada. El ámbito educativo ha de tomar parte en la construcción de una cultura universal y de respeto a los principios y las prerrogativas que protegen la dignidad y el bienestar de la humanidad; la Educación en Derechos Humanos constituye una propuesta pedagógica que todo educador debe adoptar. Atendiendo a las nuevas necesidades educativas de la sociedad y debido a la importancia que las tecnologías de la comunicación y la información han adquirido en los últimos años, es necesario proporcionar a los estudiantes de todos los niveles el acceso a tales medios, se ha de dar prioridad al acceso a los medios informáticos en las políticas educativas de los gobiernos, atendiendo a las recomendaciones de la UNESCO, tratando de evitar nuevas formas de analfabetismo. Los profesores han de tener una postura crítica ante las tecnologías y conocer su funcionamiento, promoviendo en la educación el respeto de los Derechos Humanos.

Echar a andar la conciencia : educar en los derechos humanos en las aulas.

El derecho a la educación es algo que debemos poseer todos, por lo que debe ser gratuita e igual para todos. Esto se contempla legalmente en diversas ocasiones. En muchos países este derecho a la educación generalmente dirigido a los menores es escaso o nulo. Por todo esto existen programas e instituciones que buscan la defensa de estos derechos como por ejemplo el Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en los Derechos Humanos y la organización Amnistía Internacional. Esta última se basa en labores de investigación que tratan de impedir los abusos graves contra la integridad física y mental, la libertad de conciencia y de expresión y la discriminación. La actividad de Amnistía Internacional esta centrada en el derecho a la educación y en la educación en derechos humanos.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el nuevo marco educativo.

Resumen tomado del autor

Educación, cultura e inmigración en el marco de los derechos humanos : cambio social y cultural en la Mallorca de la inmigración (magrebí).

Resumen basado en el de la publicación