998 resultados para Derechos civiles y políticos
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Como consecuencia de la III Conferencia Internacional de la Mujer (Nairobi, 1985) los Estados asistentes se comprometieron a crear espacios institucionales encargados de implementar políticas públicas tendientes a la eliminación de la discriminación contra las Mujeres. Mendoza no fue una excepción. En este artículo se realiza un recorrido histórico analizando los avatares del principal organismo provincial encargado de formular e implementar políticas públicas para hacia mujeres, y evidenciar cómo los diferentes condicionantes institucionales, simbólicos y políticos han ido poniendo obstáculos y límites a su desarrollo, dificultando su institucionalización, legitimación y continuidad a través del tiempo.
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El presente informe aborda la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Argentina. Los temas abordados son: el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto.
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Documento elaborado por CERMI en el que se hace un resumen de las propuestas sociales dirigidas a la defensa y el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de convertirse en compromisos adquiridos por los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 26 de junio de 2016. Hace hincapié en la accesibilidad, la inclusión laboral y educativa, la autonomía personal, el espacio socio-sanitario, las mujeres con discapacidad y la imagen social, entre otros temas.
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Nos proponemos analizar las disputas que protagonizan los pueblos indígenas en la defensa de su territorio y sus recursos naturales, principalmente frente a grupos mestizos, pero también con otros pueblos indígenas. Los conflictos agrarios por la indefinición de linderos, por la propiedad y posesión, son algunas de las expresiones de tensión, que han puesto en riesgo la gobernabilidad de las regiones, por los enfrentamientos violentos que han traído consigo muertos y heridos y el rompimiento del tejido social. La disputa es por el control territorial, pero también por definir quien aprovecha y en beneficio de quién los recursos naturales. Para este estudio, se revisarán las políticas que el gobierno mexicano ha diseñado, se indagará cómo se han aplicado y cuál ha sido su impacto en la resolución de los conflictos. Pero parte central del trabajo, será desde luego la voz de los propios actores, sus discursos y distintas estrategias de territorialización en la defensa y recuperación de lo que consideran les pertenece desde tiempo inmemorial. Al mismo tiempo, se hará un comparativo con lo que establece la legislación internacional y nacional en materia de tierra y territorios indígenas.
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Versión electrónica da obra disponible en e-Archivo http://hdl.handle.net/10016/13565
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El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una investigación sobre derechos humanos y migración internacional en Córdoba. Específicamente, se pretende analizar y reflexionar sobre los derechos humanos de los migrantes consagrados a nivel internacional y local, sobre el efectivo goce y/o vulneración de derechos en comunidades migrantes residentes en Córdoba y el Gran Córdoba (paraguaya, boliviana, otras), y sobre los canales y mecanismos de protección y tutela existentes y disponibles, esto último en orden a elaborar y presentar un aporte propositivo específico. El problema central que motiva la investigación es la vulneración fáctica de derechos que experimentan integrantes de comunidades migrantes en nuestro entorno (derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la propiedad, a la identidad personal, a la diversidad cultural, a la educación, al acceso a la justicia, a la seguridad social, al trabajo digno, a la transferencia de ingresos, a la integridad física, a la protección policial, otros), y contempla el desarrollo de los siguientes componentes (y productos de mismo): 1) Desarrollo de una investigación-publicación sobre derechos humanos y migración internacional en Córdoba con enfoque teórico-práctico (derechos consagrados a nivel internacional, nacional y provincial -adecuación normativa-; goce de derechos, principales vulneraciones; canales y mecanismos de protección y tutela existentes y/o disponibles para las comunidades migrantes; 2) Diseño y presentación de propuestas de acción efectivas para la tutela de derechos humanos de integrantes de comunidades migrantes seleccionadas; 3) Conformación e implementación de una red interinstitucional local entre actores públicos y privados vinculados y/o interesados en la temática, y reforzadas sus capacidades institucionales. Se prevé un abordaje técnico-jurídico, una interacción directa con los sujetos de derecho (migrantes), el refuerzo de relaciones interinstitucionales que contribuyan a generar un cambio social positivo, y la instrumentación de un esquema reflexión-acción, basado en generar conocimientos y propuestas de mejora e intervención social en beneficio de grupos vulnerables de nuestro medio. A partir de lo expuesto, se aspira a contribuir a la generación de información científica sobre la temática, y reforzar el papel de nuestra Universidad y de sociedad civil en la promoción y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, en orden a su tutela efectiva y la inclusión social.
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Proyecto de investigación realizado a partir de una estancia en el Institut des Hautes Etudes Européennes, Francia, entre febrero y diciembre del 2007. El Consejo de Europa es una organización internacional que nació de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, con la voluntad de los Estados fundadores de unir más estrechamente a sus miembros, y con el objetivo fundamental de “salvaguardar y proteger los ideales y principios que son su patrimonio común, así como favorecer su progreso económico y social”. Cada uno de sus Estados Miembros reconoce el principio de la preeminencia del Derecho y el principio en virtud del cual, toda persona que se halle bajo su jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Por ello, la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos es condición indispensable para adherirse a la Organización. Como el derecho de reconocimiento de recurso individual y la jurisdicción del Tribunal son ahora, desde la entrada en vigor del Protocolo Nº 11, obligatorios para todo Estado parte al Convenio, cualquier persona sometida a la jurisdicción de cualquiera de los 46 Estados, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para quejarse de la vulneración de sus derechos fundamentales. Esta cuestión implica que las reclamaciones relativas a los conflictos armados se examinan caso por caso, sin que el Tribunal pueda intervenir de otra forma que no sea, dentro del marco de sus competencias exclusivamente jurisdiccionales, mediante el examen de los casos concretos presentados ante él.
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Liberalización mundial del comercio exterior, y deslocalización: ¿Este binomio hace que los países industrializados ayuden realmente a los subdesarrollados (más allá de beneficiar a las empresas importadoras -en los segundos- y a las deslocalizadoras –en los primeros)? Y, en caso afirmativo, ¿quines –en los países ‘industrializados’-soportan el coste de esa ayuda? Esto suscita cuestiones incómodas – generalmente no abordadas, precisamente por ello- entre los profesionales de la economía y los políticos. Distinguir entre quienes ganan o no y quienes pierden dentro de un mismo país (asalariados por una parte, empresas import-export por otra) resulta en cualquier caso necesario para esclarecer las probables consecuencias del libre comercio exterior entre países desiguales.
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Tracta dels drets fundamentals en el procés de configuració política d'Europa, de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. i de les garanties jurisdiccionals
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Semblanza del concepto de Dignidad Humana en la legislación española y los derechos humanos.
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Este artículo se plantea como una revisión del proceso que se inició a partir de las“Normas sobre las responsabilidades de las transnacionales y otras empresascomerciales respecto a los derechos humanos” que aunque fueron aprobadas en el 55ºperíodo de sesiones de Naciones Unidas de agosto de 2003, finalmente no fueronadoptadas quedando de momento sin entrar en vigor. Se realiza una presentación del papel jugado por el profesor John Ruggie en el proceso posterior a la emisión de las normas, y del informe “Protect, respect and remedy” junto con el informe sobre líneas estratégicas de abril de 2009. Las normas finalmente fueron aprobadas el 16 de junio de 2011 siguiendo la pauta establecida en el informe anteriormente citado.
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Este artículo pretende estudiar la relación entre periodistas y políticos en situacionescríticas. Los autores han analizado la información emitida por las cadenas de televisión:Televisión Española, Antena 3 y Tele 5 en los días 11, 12 y 13 de marzo de 2004, coincidiendocon el atentado de Madrid. De esta investigación, se concluye que los periodistasactuaron con poca capacidad crítica, en connivencia con los políticos, en la propagaciónde determinadas tesis poco o nada argumentadas y de ciertos tópicos y expresionesgratuitas.
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En este estudio se pretende analizar la represión efectuada por el gobierno absolutista de Fernando VII durante su segunda reinstauración, la historiográficamente llamada Década Ominosa, hacia los liberales a Lleida. Mientras que los realistas solicitaron premios y prerrogativas por los servicios prestados en defensa de la Religión y la Monarquía las autoridades absolutistas implantaron de nuevo la censura, prohibieron cualquier vestigio legislativo liberal, depuraron los antiguos funcionarios constitucionales, a los milicianos nacionales, a los miembros de la Junta Patriótica y a los políticos liberales en general. Por tanto, el indulto y el perdón general del año 1824 fue insuficiente, sobretodo en la medida que permitió represaliar de manera arbitraria a cualquier individuo relacionado con cualquier espacio de poder durante el Trienio Liberal. Finalmente cabe destacar la exoneración de los derechos civiles y los oficios que sufrieron figuras liberales tan relevantes como los escribanos Marià Hostalrich o Francesc Xavier Soldevila.
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En el presente trabajo se analizan los intereses económicos y políticos del Reino Unido, de España y de la UE en América Latina. Se pretende explicar las convergencias y las divergencias de los intereses de los tres y en que medida esto supone una Europeización de las políticas de la UE hacia América Latina. Es decir, si la convergencia de intereses de los dos estados miembros tiene incidencia en la elaboración y aplicación de las políticas comunitarias.