868 resultados para DERECHO DE FAMILIA


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1.- Averiguar cómo se justifican los derechos de los padres a la educación de sus hijos en diversos tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico español. 2.- Descubrir las pautas principales para un buen funcionamiento de distintos procedimientos en las relaciones entre el centro educativo y la familia. Cinco centros educativos navarros (Colegio Irabia, Colegio Miravalles, IES Plaza de la Cruz, Colegio San Cernín, Ikastola de San Fermín). Se han empleado dos tipos de metodología: el estudio teórico y el estudio de casos. Por una parte, se ha realizado la mayor parte de este trabajo a partir del estudio de la bibliografía disponible, mediante el cual, se ha profundizado en la cuestión de los derechos de los padres a la educación de sus hijos y tres de los posibles procedimientos utilizados por el centro educativo para informar, acercar, complementar y coordinar su trabajo con los padres de familia. Por otro lado, con el fin de conocer la realidad concreta de algunos centros educativos navarros, se ha hecho un estudio de casos. Primero se utilizan varios casos concretos para estudiar la realidad que se quiere explorar; y segundo, se examina el caso de cada centro para profundizar en el tema que se ha estudiado. 1.- Cuestionario por escrito a cinco docentes por centro estudiado. 2.- Cuestionario oral mediante entrevista personal a los responsables de la organización de las reuniones con padres de familia. 1.- Los derechos de los padres a la educación de sus hijos están ampliamente reconocidos tanto en los tratados internacionales como en el marco jurídico español. 2.- Los procedimientos utilizados por el centro educativo para coordinar su trabajo con los padres de familia son: entrevistas individuales con los padres, reuniones grupales con los padres y el uso de internet y página web escolar. 3.- Es general la percepción de la importancia de la entrevista con los padres.

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Fundamentar teóricamente el derecho de los padres a la educación de sus hijos y desarrollar las implicaciones pedagógicas, jurídicas y socio-políticas del modelo de política educativa que de este planteamiento se desprenden. A partir de la concepción de los padres como agentes educativos primarios y principales a quienes compete el derecho natural inalienable de la educación de sus hijos, y utilizando, como marco interpretativo de la naturaleza humana y de la sociedad, la filosofía clásica de Platón, Aristóteles, San Agustín y, especialmente, Santo Tomás de Aquino, se plantea la educación como una tendencia al perfeccionamiento para lograr la virtud y la libertad, profundizando en la responsabilidad y el deber de los padres de responder a esta exigencia. Como consecuencia de estos principios, se analiza el derecho a educar del Estado y su incidencia en la orientación de una política educativa que reconozca un papel primordial a la iniciativa de los padres y que asuma la justificación y práctica de la empresa privada como marco socio-económico de las escuelas de iniciativa social, incidiendo, por tanto, en el debate sobre el contenido intelectual, orientación ética, neutralidad y pluralismo interno de la escuela. Se mantiene la vigencia práctica del modelo de escuela con ideario propio que, frente a la escuela neutra, educa en valores permanentes y del esquema socio-político que propugna, frente a la escuela pluralista, el pluralismo de escuela. El derecho de los padres a educar aparece en la perspectiva de la libertad responsable y adquiere una dimensión social activa.

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La labor educadora de las futuras generaciones en la España falangista corresponde en igual medida a la familia y a la escuela. Los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos por ley natural, por este motivo es necesario también educar a los padres para que en el seno del hogar infundan valores y prácticas cristianas a sus descendientes. En segundo término, la escuela tiene la misión del cuidado intelectual y moral del niño, por tanto, la labor docente de la escuela es integradora y complementaria de la de la familia, debiendo extenderse las enseñanzas de los maestros, en colaboración con los sacerdotes, a los padres de familia para su formación moral y religiosa y conseguir así futuras generaciones bien formadas y religiosas.

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Reflexión sobre el papel que debe desarrollar la familia ante la reforma de la enseñanza media. Se parte de la consideración de que la familia tiene una gran responsabilidad educativa, como una institución modélica que es. Las asociaciones de padres de alumnos destacan por su dedicación y colaboración discreta con el sistema educativo. Sin embargo se deja claro que la familia no puede dar sola toda la educación. Los puntos principales que se tratan son: el papel de la familia como educadora en sociedad, lo que debe enseñar la familia, como educar para la vida, la educación higiénico-sanitaria, la educación religiosa, la educación del adolescente, educación sexual, la educación profesional y la educación social. Otros aspectos importantes son la colaboración entre familia y escuela, la transformación de la enseñanza media que se ve como una crisis de crecimiento y las principales opciones educativas: educación general y preparación especial, y el problema de las humanidades en la era tecnológica. Como conclusión se señala que la familia se encuentra ante nuevos retos y responsabilidades educativas, que también le incumben a la sociedad, en concreto a la escuela pública. Del estado de unas y otras surgen nuevos problemas de cooperación, que sólo tienen un cauce adecuado a través de la asociación familiar.

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La autora enfatiza la necesidad de dotar de ductilidad al Derecho frente a los cambios sociales, refiriéndose particularmente a la familia y sus transformaciones como institución jurídica y como construcción social y cultural. Reflexiona sobre el carácter hegemónico de la familia nuclear burguesa en el derecho, planteando el desafío de que éste responda a la realidad social que muestra diversas formas de familia que no calzan en el modelo dominante. Analiza al matrimonio como el paradigma de la relación de pareja, incluso en la aspiración de aquellos que quieren dotar a su unión de efectos jurídicos, como es el caso de las parejas de homosexuales que se quieren vincular en los mismos términos, o las uniones de hecho, sean éstas heterosexuales u homosexuales, demostrando que, el reconocimiento de otros modelos de familia y la respuesta que se dé a estas demandas, pueden alterar la posición que el matrimonio tiene en la Constitución, y en la garantía institucional que en la misma se consagra.

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Analiza la situación del derecho a la alimentación expresada en una Ley de Desarrollo Agrario contradictoria con la Constitución en materia de soberanía alimentaria; en la orientación de la inversión gubernamental en agricultura a grandes y medianos productores en detrimento de la familia campesina; en la ausencia de garantías de participación de las organizaciones sociales en la aprobación de leyes. Plantea garantizar el derecho de la población a ejercer control efectivo e incidencia en las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, cesar la criminalización de la protesta social e implementar una política de reforma agraria integral.

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En versiones no oficiales del nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales que se discute actualmente en el país, se contempla la posibilidad de distribuir el máximo de 40 horas semanales en seis días en lugar de cinco, reconociendo el recargo de apenas el 25% (en lugar del 100%) en las horas que se ejecuten durante el sexto día de labor, en franca oposición a los principios esenciales de la intangibilidad y de no regresividad de los derechos laborales, a los postulados de la Constitución, que reconoce y garantiza a toda persona una vida digna que asegure, entre otros derechos, el trabajo, el empleo, el descanso, el ocio y la salud (en definitiva los medios para conciliar el trabajo con la vida personal y familiar), y a las políticas públicas reflejadas en los Planes Nacionales del Buen Vivir.

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El presente trabajo investigativo evidencia la actual problemática de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales en Ecuador; fundamentalmente en relación al goce y garantía de los derechos y libertades constitucionales de familia y matrimonio; instituciones en constante evolución que deben ser tuteladas desde una visión progresiva y bajo los principios de igualdad e igualdad no discriminación, concebidos como pilar fundamental de las democracias y normas jus cogens. En tal virtud, el primer capítulo se desarrolla una discusión sobre la igualdad, familia y matrimonio, desde la doctrina y el derecho comparado. De igual forma se analiza al matrimonio como figura contractual a la cual las parejas deben acceder independientemente de la orientación sexual e identidad de género. Evidenciamos, que el derecho como agente regulador de una cultura heteropatriarcal, debe cambiar de enfoque para garantizar la igualdad, no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad Posterior a ello, en el segundo capítulo se expone el reconocimiento y desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en torno a la igualdad, familia y matrimonio. Finalmente, en el tercer capítulo, se analiza la regulación constitucional de la familia y matrimonio, desde su concepción por el constituyente hasta la interpretación integral de la Constitución. En dicho capítulo se demuestra que una lectura constitucional desde la dignidad e igualdad y no discriminación como principios constitucionales, facultan al legislativo o al intérprete de la Constitución, el garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; procurando en tal forma, la materialización de la justicia constitucional, e impidiendo que operadores judiciales vulneren derechos de un colectivo que exige ser igual en capacidad y derechos.

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La presente investigación pretende analizar el reconocimiento de las “familias diversas” en la Constitución de Montecristi, así como la influencia de la doctrina, normativa y acontecimientos políticos y sociales primordiales en el reconocimiento de nuevos derechos en la institución de la familia. Este trabajo está dividido en tres capítulos. El primero, desarrolla un análisis de los elementos teóricos relevantes, el cuestionamiento de la familia tradicional, el principio de igualdad y no discriminación y expone los principales cambios de los derechos de la familia en la legislación latinoamericana respecto de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBTI). El segundo capítulo pretende situar al lector en el momento histórico que se desarrolló la Asamblea Constituyente de Montecristi, y la manera que los diferentes actores sociales enriquecieron el debate por los cambios constitucionales con relación a la concepción de familia. Finalmente, el tercer capítulo demuestra la actualidad del tema de los derechos y garantías en un Estado constitucional de derechos, teniendo como uno de los ejes el derecho a la familia diversa -reconocida en la Constitución- y el acceso y la practicidad del mismo.

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La investigación pretende demostrar las limitaciones del ordenamiento jurídico colombiano que no reconoce en términos de igualdad la adopción de menores de edad entre las familias conformadas por parejas del mismo y los demás prototipos de esta institución. A pesar de los reconocimientos progresistas emitidos por las corrientes liberales de Corte Constitucional, en favor de la pluralidad en las relaciones familiares y la proscripción de discriminación en razón de la orientación homosexual de los individuos, en la actualidad existe un trato jurídico diferenciado e injustificado que le impide a estos hogares brindar protección, amor y educación en su seno a niños, niñas y adolescentes, en igualdad de condiciones que los hogares conformados, por ejemplo, por parejas heterosexuales. Por ello el estudio describirá la evolución de la connotación de la familia en el Derecho colombiano. Demostrará que la adopción es una implicación jurídica necesaria de la institución familiar y que excluir a las familias estructuradas a partir de las uniones de personas del mismo sexo, es discriminatorio y vulnera a la vez el interés prevalente de los niños.

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Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.

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La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece un quiebre radical en el modo de pensar a la infancia y gran parte de su fuerza emana del reconocimiento del papel que desempeña el entorno familiar en el desarrollo de las capacidades de los niños y el potencial de las nuevas generaciones. El propósito de este artículo es aportar a la conceptualización de las familias como espacio de producción de cuidado para orientar el diseño e implementación de las políticas de apoyo a las familias que promueven los Sistemas Nacionales de Protección Integral de los Derechos de la Infancia