718 resultados para Almacenes generales de depósitos -- Colombia


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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Resumen basado en el de la publicación

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Gu??a de bienvenida con referencias b??sicas, tanto a las informaciones generales en el ??mbito de la Acci??n Educativa en el Exterior, como a aquellas que afectan directamente al pa??s y al puesto a desempe??ar en dicho lugar de destino. Pretende facilitar al m??ximo, tanto a docentes como a asesores, la incorporaci??n a sus nuevos destinos. Ya sea en adscripci??n, en comisi??n de servicios o como interinos, se espera que esta gu??a sea de utilidad y sirva para facilitar la instalaci??n y adaptaci??n al pa??s, as?? como la incorporaci??n al nuevo centro o programa de destino.

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Este artículo desarrolla varias consideraciones generales sobre el tema de la violencia en la perspectiva de América Latina. El autor realiza varias consideraciones específicas sobre el caso colombiano, a partir de las cuales reflexiona sobre las implicaciones políticas que ha tenido este fenómeno en la historia colombiana contemporánea.

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En esta investigación se pretende realizar un estudio comparativo entre la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional del Ecuador, identificando las estrategias, los métodos y los modelos de justicia constitucional que subyacen y que explican el funcionamiento de la justicia constitucional en cada país. Para tal efecto, la investigación se concentra en dos (2) preguntas. La pregunta por las diferencias entre la justicia constitucional colombiana y ecuatoriana, y la pregunta por los factores que determinan estas diferencias. En cuanto al primer interrogante, se hará una caracterización general de los modelos de justicia constitucional, indicando los rasgos comunes y las diferencias fundamentales entre uno y otro. A partir de esta caracterización se harán explícitas algunas de las manifestaciones de las diferencias: el control de las omisiones legislativas, la revisión de las reformas y tratados internacionales, las sentencias de constitucionalidad condicionada, la revocación de providencias judiciales por vía de amparo/tutela, la creación de reglas generales y abstractas a través del amparo/tutela, y la inaplicación de normas que gozan de la presunción de constitucionalidad. En cuanto al segundo interrogante, se identificarán los factores normativos y estructurales que explican y determinan las diferencias en la independencia, eficiencia e institucionalidad de la justicia constitucional. A partir de la investigación anterior se obtendrán las conclusiones respectivas.

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La administración del riesgo de liquidez se ha constituido en uno de los factores más importantes en la sanidad del sistema financiero mundial especialmente desde la crisis económica del año 2008. Los bancos son los más susceptibles de contagiarse y provocar grandes hecatombes financieras por la naturaleza de su negocio dado que son los encargados del proceso de transformación de vencimientos, captando depósitos a corto plazo y concediendo créditos a largo plazo. En el caso de la presente investigación se analizarán los sistemas bancarios privados de Ecuador, Colombia y Perú, con corte a Diciembre 2012 (dado que los balances a Diciembre 2013 aún no están publicados en las Superintendencias de Colombia y Perú) a fin de establecer las herramientas que poseen en cada sistema y su comparación. La temática se constituye en cuatro capítulos. El primer capítulo realiza una serie de definiciones del mercado financiero, sistema bancario, liquidez, riesgo de liquidez y administración de este riesgo. El segundo capítulo es un estudio pormenorizado de cada sistema bancario privado y una caracterización de las herramientas de control del riesgo de liquidez. Adicionalmente, se revisa la situación económica que vive una economía dolarizada como lo es la ecuatoriana que su banco central no cuenta con todas las funciones propias, siendo una de las más importantes la de Prestamista de Última Instancia. El tercer capítulo se refiere a la comparación de los principales indicadores homologados en los tres sistemas bancarios privados a fin de determinar la situación de liquidez y su administración del riesgo asociado, la solidez del sistema bancario entre los tres y el impacto que tiene el esquema de dolarización en la cobertura de liquidez. Finalmente, el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones.

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Previo la discusión de los antecedentes generales, se describen los principales contenidos de la enseñanza en población en las facultades de ciencias de la salud en Colombia.

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