996 resultados para SEGURIDAD NACIONAL - COLOMBIA - 2002-2008
Resumo:
En esta investigación se realiza un análisis del tema de las armas y algunos de los aspectos que se generan alrededor de estas. Se busca analizar y ver la efectividad de las iniciativas y políticas de desarme ciudadano que se han realizado en países diversos, así como a nivel nacional, con las cuales se busca sensibilizar a la población civil para restringir el porte de estos objetos que son utilizados para cometer homicidios. Primero, se exponen algunos conceptos a tener en cuenta para este documento, se realizará un contexto a nivel mundial sobre las cifras, datos relacionados con las armas de fuego, así como los argumentos que se encuentran a favor o en contra de las armas de fuego. Segundo, se analiza la legislación que en el ámbito internacional, regional y local existe y se aplica para las armas de fuego en relación con su comercialización, tenencia y porte. Tercero, se explican y analizan los programas y políticas de desarme ciudadano que se han implementado en la Argentina y Ciudad de México. Cuarto, se analizan las campañas de desarme ciudadano que se han realizado durante las últimas décadas en Bogotá, Medellín y Cali, donde se analizará la efectividad y el impacto de estas medidas para la reducción de los homicidios en las ciudades. Por último se analizan los elementos que tiene una política pública y, para este caso, la formulación de una política pública de desarme ciudadano en Colombia.
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La decisión de los individuos acerca del ahorro para el retiro ha sido abordada teóricamente bajo la hipótesis de que el sistema de seguridad social se comporta como un sustituto de otros mecanismos de ahorro. Este documento presenta evidencia de los patrones y determinantes del ahorro para el retiro en Colombia a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2007. Los resultados muestran que el 63% de los ocupados declaran no ahorrar para su vejez. A partir de modelos de selección discreta se encuentra que individuos jóvenes, de sexo masculino, con menor nivel educativo, residentes en zonas rurales, y trabajadores cuenta propia, presentan menores probabilidades de ah orrar para el retiro; además las características socioeconómicas resultan significativas en la determinación del mecanismo de ahorro utilizado.
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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Introducción: La exposición en minas subterráneas a altos niveles de polvo de carbón está relacionada con patologías pulmonares. Objetivo: Determinar la prevalencia de neumoconiosis, medidas de higiene y seguridad industrial y su relación con niveles ambientales de carbón en trabajadores de minas de socavón en Cundinamarca. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, en 215 trabajadores seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado con asignación proporcional. Se realizaron monitoreos ambientales, radiografías de tórax y encuestas con variables sociodemográficas y laborales. Se emplearon medidas de tendencia central y dispersión y la prueba de independencia ji-cuadrado de Pearson o pruebas exactas, con el fin de establecer las asociaciones. Resultados: El 99,5% de la población perteneció al género masculino, el 36,7% tenía entre 41-50 años, con un promedio de años de trabajo de 21,70 ± 9,99. La prevalencia de neumoconiosis fue de 42,3% y la mediana de la concentración de polvo de carbón bituminoso fue de 2,329670 mg/m3. El índice de riesgo de polvo de carbón presentó diferencias significativas en las categorías de bajo (p=0,0001) y medio (p=0,0186) con la prevalencia de neumoconiosis. El 84,2% reporto no usar mascarilla. No se presentan diferencias entre los niveles de carbón (p=0,194) con la prevalencia de neumoconiosis. Conclusiones: Se encontró una prevalencia de neumoconiosis de 42,3% en Cundinamarca. Se requiere contar con medidas de higiene y seguridad industrial efectivas para controlar el riesgo al que están expuestos los mineros de carbón por la inhalación de polvo de carbón.
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Los precios de transferencia ocupan el interés de los Estados en el mundo actual al constituir uno de los retos fundamentales del Derecho Internacional Tributario. En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), creada en 1961, se discutieron y desarrollaron diversas propuestas para regular el fenómeno. Estas, se materializaron en Modelos de Convenios Tributarios e instrumentos de soft law, que hoy en día constituyen los principios internacionalmente aceptados en la materia. Las Guías de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias son el cuerpo normativo de soft law que se erigen, en el Ordenamiento Internacional, como el norte de las legislaciones a nivel interno para efectos de regulación de dicha temática. Su adopción por parte de los países miembros y no miembros de la OCDE se enfrenta a problemas teóricos derivados del quebrantamiento del decantado principio de reserva de ley tributaria y el respeto por la seguridad jurídica, razón por la cual su incorporación ha variado de Estado a Estado. El presente trabajo recoge la experiencia en varios países europeos y latinoamericanos y pretende proponer una fórmula de adopción en Colombia, coherente con los principios constitucionales tributarios y con virtualidad de superar las críticas realizadas por la doctrina a la aplicación directa de las Guías.
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El presente estudio de caso pretende analizar los alcances de la cooperación internacional en materia de justicia transicional y construcción de paz tomando en consideración un proyecto de cooperación internacional emblemático denominado Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Víctimas del Conflicto o FORVIC. Para conseguir esto, se analizarán primero los efectos generados por el Proyecto FORVIC en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho y lucha contra la impunidad en Colombia, y a partir de los hallazgos se constituirán y se propondrán una serie de condiciones sobre las que puede pensarse la cooperación internacional como un instrumento genuino para la construcción de paz en Colombia.
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A lo largo de este trabajo se analizó la cooperación internacional brindada por los Estados Unidos a Colombia en el marco de la estrategia denominada Plan Colombia, que se esperaba fuera una herramienta para que el Estado colombiano pudiera contener el narcotráfico y sus efectos nocivos sobre la sociedad y así reactivar la economía nacional por medio del desarrollo de mercados lícitos. Para ello fue necesario referirse a cómo se desarrolló la cooperación entre los dos países desde sus inicios. Posteriormente se explica la iniciativa que tenía como objetivo primordial la lucha antidrogas e igualmente tenía un carácter anti-subversivo. Finalmente, el trabajo culmina con la evaluación de las políticas implementadas desde el 2000 hasta el 2008.
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El presente trabajo busca hacer un análisis sobre los arreglos institucionales introducidos con la ley 100 de 1993 a las Empresas Sociales del Estado (ESE), y cómo estos han afectado la prestación del servicio de salud y la garantía del derecho; para lo cual se escoge como ejemplo el Hospital Simón Bolívar E.S.E de Bogotá durante los años 2002 a 2014. Se explica como con la implementación de la descentralización, el modelo de aseguramiento y la autonomía financiera se afectó la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta la introducción de un eslabón dentro del sistema de salud: las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
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Actualmente, Colombia se encuentra inserta en dinámicas migratorias internacionales, no sólo como país expulsor de estos flujos, sino como destino y país de tránsito; la transformación que ha tenido el panorama migratorio colombiano es reciente y obedece a múltiples factores de carácter interno y externo. El fortalecimiento de la economía colombiana y la coyuntura de la crisis económica española han creado un ambiente propicio para la llegada de una migración laboral altamente calificada proveniente de España. Esta situación no sólo ha configurado al país por primera vez como un destino migratorio, sino ha puesto en evidencia la necesidad de una política migratoria eficaz y capaz de enfrentar los desafíos que impone la nueva realidad migratoria.
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El artículo se ocupa del tema de política exterior ecuatoriana más urgente y sobresaliente en la actualidad, esto es la existencia de un conflicto violento transfronterizo. El autor examina críticamente los supuestos éticos y conceptuales de la actual política exterior ecuatoriana desde la perspectiva de los estudios de paz. Se argumenta que el conflicto colombiano puede ser entendido como una guerra contemporánea en la cual el Estado ecuatoriano estaría implicado por el imperativo ético de proteger la seguridad humana de los ecuatorianos, y de las poblaciones colombianas forzadas a desplazarse.
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La relación Colombia – Venezuela ha estado signada por un clima de conflictividad durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2002 - 2010), se observa como la construcción de las agendas diplomáticas de Colombia y Venezuela han estado centradas en la seguridad y el conflicto. Estando, la construcción de las agendas diplomáticas de ambos Estados, configuradas por la búsqueda de resultados electorales positivos a lo interno, y en el plano internacional, buscan alianzas y legitimidad, todo esto para cumplir con las dinámicas internas de cada Estado. Evidenciándose manifestaciones de conflictividad tales como: diplomacias rígidas con ausencia de diálogo; el presidencialismo; y la diplomacia de micrófono. Esta temática ocupa el trabajo de tesis que se presenta con el propósito de exponer para la discusión la siguiente interrogante: ¿Qué factores, presentes en los respectivos gobiernos, explican la creación de una agenda de política exterior Colombia – Venezuela centrada en la seguridad y el conflicto? Plateándose como objetivo general de este trabajo de tisis: Analizar las relaciones diplomáticas Colombia – Venezuela en el marco de los conceptos de seguridad divergentes, y sus conflictividades. Durante el periodo presidencial Chávez-Uribe (2002-2010). Para alcanzar dicho objetivo, la investigación se realizó en dos fases que dan lugar a la estructura de dos capítulos. En la primera, se identificarán las lógicas de los conceptos de seguridad y su repercucion en las relaciones diplomática Colombia – Venezuela; y en el segundo capitulo, se describen las manifestaciones de conflictividad entre Colombia y Venezuela, en sus relaciones con sus dinamicas internas.
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Para efectos de la investigación, se utilizó el método inductivo a partir de la pregunta ¿Cuáles son las características principales del turismo binacional entre Ecuador y Colombia y los aportes de las operadoras turísticas privadas a la dinámica económica de cada país? Teóricamente, la investigación analiza el entendimiento y el manejo de los ejes centrales de la discusión principal turística bi-nacional y su alcance económico; ya que el tema de investigación pretende entender conceptos teóricos ligados al turismo y a la temática internacional y su dinámica globalizadora, así como efectuar el análisis de la integración turística regional; después, mostrar las relaciones que guarda la dinámica de servicios con la dinámica económica en conjunto y sus contribuciones en el mercado turístico local, para finalmente establecer un período comparativo y poder confrontar aportaciones anteriores, para fortalecer el debate en este ámbito. Metodológicamente, el tema de estudio se desarrolló a partir de la utilización de información proveniente de fuentes primarias, producto de la aplicación de entrevistas y la observación directa, además de la utilización de fuentes secundarias, con cuyo análisis se ha podido realizar los capítulos de esta investigación, de tal forma que el Capítulo I: Definiciones Introductorias, presenta de forma preliminar una exploración sobre aspectos relacionados con el turismo y la evolución de esta actividad en la era moderna y de su importancia, tanto para la economía del Ecuador como de Colombia; el Capítulo II: Diagnóstico de los sectores turísticos de Ecuador y Colombia, analiza de la situación actual del sector turístico en los dos países que son parte de este estudio, partiendo desde los atractivos y destinos que conforman la oferta turística de las dos naciones, así como la infraestructura con la que los dos países cuentan, luego se analiza tanto las políticas y agendas ministeriales de Ecuador y Colombia, para concluir con un análisis de las acciones e iniciativa privada en referencia al recurso turismo; el Capítulo III: Las políticas en los sectores turísticos de Ecuador y Colombia en el período 2008-2012, hace un análisis de las políticas turísticas, los planes nacionales, los planes turísticos y los cambios que esas legislaciones han operado en los dos países, para finalmente aterrizar en el análisis de las similitudes y diferencias que pueden existir en dichas legislaciones. El Capítulo IV: Conclusiones y Propuestas, es la finalidad de ésta investigación, con el objetivo de que la misma sea un aporte, tanto para el sector público como privado, en la generación de alternativas que viabilicen un mejor entendimiento y se llegue a una verdadera integración turística bi-nacional entre Ecuador y Colombia.
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Incluye Bibliografía
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Las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Colombia se establecieron en el año 1962. A lo largo del desarrollo de sus relaciones existe un fenómeno muy notorio. La relación entre ambas partes permaneció durante décadas en un nivel de cooperación pasiva y de bajo perfil. Sin embargo, a partir del año 2006 comienza a profundizarse el grado de cooperación. A partir de ese año, empieza a aumentarse el volumen del comercio, evolucionando de manera activa la cooperación económica entre ambos países. Luego, hacia el año 2008, se consolida la cooperación entre ambos países no solamente en materia de comercio, sino que también se diversifica hacia la diplomacia, la cultura, la industria de defensa, el intercambio de funcionarios, etc. profundizando el nivel de cooperación hasta alcanzar el mejor momento en la historia en las relaciones entre ambos países. La cantidad de empresas surcoreanas instaladas en Colombia se ha multiplicado 6 veces en menos de 6 años. Ambos países firmaron un TLC en febrero del año 2013, cooperando activamente en sectores de altas barreras de ingreso como la industria de defensa. También hubo un intercambio activo de funcionarios incluyendo las mutuas visitas de los presidentes. ¿Cuáles serían las razones por las que las relaciones entre ambos países han evolucionado de manera profunda a partir de 2006/08? Se podrían destacar entre otras causas, la mejora en el ambiente de apertura en Colombia, que ha hecho que muchos países, al igual de Corea del Sur, tengan mayores incentivos y analicen las posibilidades de invertir allí. Durante mucho tiempo, Colombia ha sido un país marcado por la inseguridad, por sus guerras civiles y por la presencia del narcotráfico, atravesando por un cambio a partir de que el Presidente Uribe toma el poder en el año 2002. Las fuerzas guerrilleras perdieron fuerza, la seguridad ha ido mejorando y la economía comenzó a crecer. A partir de que el Presidente Uribe logra ser reelegido e inicia su segundo mandato en 2006, las empresas extranjeras comienzan a ingresar de manera activa en Colombia. También el gobierno colombiano mantiene una política económica abierta, y especialmente selecciona la región asiática como nuevo punto focal para la cooperación y el fortalecimiento de sus relaciones...
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Esta investigación midió la percepción del personal asistencial sobre la cultura de seguridad de los pacientes en un hospital de primer nivel de complejidad por medio de un estudio descriptivo de corte transversal. Se utilizó como herramienta de medición la encuesta ‘Hospital Survey on Patient Safety Cultura’ (HSOPSC) de la Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) versión en español, la cual evalúa doce dimensiones. Los resultados mostraron fortalezas como el aprendizaje organizacional, las mejoras continuas y el apoyo de los administradores para la seguridad del paciente. Las dimensiones clasificadas como oportunidades de mejora fueron la cultura no punitiva, el personal, las transferencias y transiciones y el grado en que la comunicación es abierta. Se concluyó que aunque el personal percibía como positivo el proceso de mejoramiento y apoyo de la administración también sentía que era juzgado si reportaba algún evento adverso.