Alcance del bien jurídico-penal en el delito de tráfico de drogas: una alternativa político-criminal despenalizadora

Programa de doctorado: Últimas Tendencias Político-Criminales: Las Reformas del Código Penal de 1995. La fecha de publicación es la fecha de lectura

Artificial intelligence and criminal evidence: A few topics

Abstract not available

La actio libera in causa en el Paraguay a la luz de la dogmática penal alemana: una decisión entre la política criminal y el Principio de Legalidad

El Código Penal paraguayo vigente prescribe que la reprochabilidad es un presupuesto necesario para la imposición de una sanción penal. De igual forma establece en su art. 23 que aquél que en el momento del hecho por causa de una grave perturbación de la conciencia no pueda entender la antijuridicidad del hecho o comportarse conforme a ese conocimiento, será considerado como irreprochable quedando así exento de pena. Dicha norma no prevé sin embargo ninguna excepción y esto permite que el autor escape al ius puniendi estatal, cuando el mismo causa adrede su estado de irreprochabilidad para cometer posteriormente un delito antes planeado. Tal problema es el que pretende ser resuelto a través de la figura de la actio libera in causa. La aplicación de dicha figura no se encuentra sin embargo jurídicamente fundamentada, ni en la literatura, ni en la jurisprudencia paraguaya. De ahí que se realiza en el presente artículo un análisis jurídico de su aplicación a la luz de las teorías discutidas en la dogmática penal alemana, buscándose la consecuencia tanto de la aplicación como del rechazo de la figura conforme al estado actual de las leyes en el Paraguay.

Civil & criminal procedure of Jewish courts /

Excerpt: Jewish Theological Seminary of America, Students' annual. v. 1, 1914.

Age of pending criminal cases report for period 7/1/2015 thru 5/31/2016

This gives statistics on the age of pending criminal cases broken down by circuits and counties.

Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County For Period 7/1/2015 Thru 5/31/2016

This gives the criminal records summary of activity by circuit/county.

Young people with learning disabilities who sexually harm others: the role of criminal justice within a multi-agency response

This paper outlines the key findings from a recent study of statutory service responses to young people with learning disabilities who show sexually inappropriate or abusive behaviours, with a particular focus on the involvement of criminal justice agencies. The study found that although inappropriate sexual behaviours were commonplace in special schools, and that serious acts of abuse including rape had sometimes occurred, education, welfare and criminal justice agencies struggled to work together effectively. In particular, staff often had difficulty in determining the point at which a sexually inappropriate behaviour warranted intervention. This problem was frequently compounded by a lack of appropriate therapeutic services. In many cases this meant that no intervention was made until the young person committed a sexual offence and the victim reported this to the police. As a consequence, young people with learning disabilities are being registered as sex offenders. The paper concludes by addressing some of the policy and practice implications of the study’s findings, particularly those which relate to criminal justice.

Report of Committee on Minimum Wage Enforcement of the San Francisco Chapter of the National Lawyers Guild.

Cover title.

Modos de intervención criminal punible en crímenes de atrocidad: un análisis jurídico-penal a partir de los aportes de la criminología

790 p.

Unpacking insanity defence standards: an experimental study of rationality and control tests in criminal law

The present study investigated the impact of different legal standards on mock juror decisions concerning whether a defendant was guilty or not guilty by reason of insanity. Undergraduate students (N = 477) read a simulated case summary involving a murder case and were asked to make an insanity determination. The cases differed in terms of the condition of the defendant (rationality deficit or control deficit) and the legal standard given to the jurors to make the determination (Model Penal Code, McNaughten or McNaughten plus a separate control determination). The effects of these variables on the insanity determination were investigated. Jurors also completed questionnaires measuring individualism and hierarchy attitudes and perceptions of facts in the case. Results indicate that under current insanity standards jurors do not distinguish between defendants with rationality deficits and defendants with control deficits regardless of whether the legal standard requires them to do so. Even defendants who lacked control were found guilty at equal rates under a legal standard excusing rationality deficits only and a legal standard excluding control and rationality deficits. This was improved by adding a control test as a partial defence, to be determined after a rationality determination. Implications for the insanity defence in the Criminal Justice System are discussed.

Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico

Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

Medición de la exclusión social generada por la actual política criminal

La actual política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a contrastar los diferentes sistemas nacionales en función de su mayor o menor rigor punitivo. Algún autor (Díez Ripollés, 2011, 2013) ha abogado por un modelo de comparación más ilustrativo y complejo, basado en la inclusión social / exclusión social que los diferentes sistemas penales generan en tres colectivos concretos: sospechosos, delincuentes y exdelincuentes. Para ello identifica nueve cestas temáticas (control de espacios públicos, garantías penales, sistema de determinación de la pena y sistema de sanciones, penas máximas, régimen penitenciario, internamientos de seguridad, estatus legal y social de delincuentes y exdelincuentes, registros policiales y penales, y derecho penal juvenil), abarcando cada una de ellas diversas reglas y prácticas punitivas. A partir de este modelo se está diseñando y validando un instrumento comparativo de la política criminal de los países del Occidente desarrollado de acuerdo con la dimensión inclusión social / exclusión social. La metodología para alcanzar este objetivo consiste en someter a un acuerdo de jueces un conjunto de reglas y prácticas socialmente excluyentes identificadas previamente. En esta comunicación mostraremos el diseño del cuestionario así como los resultados de la primera fase de validación, llevada a cabo con más de 70 expertos internacionales de 18 países diferentes del Occidente desarrollado. El acuerdo de dichos expertos sobre las reglas y prácticas susceptibles de generar exclusión social sobre los tres colectivos objeto de atención se ha verificado mediante varias pruebas estadísticas de fiabilidad inter-jueces, como el coeficiente de correlación intra-clase (ICC) y el coeficiente de validación V de Aiken. Se describirán también las fases de validación pendientes. Una vez que dispongamos de este instrumento de comparación de los diversos modelos de intervención penal nacionales nos proponemos ofrecerlo a la comunidad internacional y promover su aplicación.

Criminal Case Processing of Sexual Assaults in Alaska

Discretion plays a role in nearly every facet of the American criminal justice system. It is widely regarded as necessary to do justice but is not without criticisms – especially when it leads to unfavorable or disparate treatment. The role of discretion in sexual assault cases has been particularly scrutinized. Since the majority of sexual assaults do not fit stereotypic beliefs about what constitutes a “real rape” and “genuine victim,” criminal justice officials use their discretion to filter these cases out of the justice system. This study explored this issue by examining two stages of the criminal justice process: the police decision to refer cases for prosecution and the prosecutorial decision to accept referred cases. In doing so, it contributes to this body of literature in three ways. First, it included sexual assault cases that involve Alaska Native victims and suspects. Second, it addressed a gap in the theoretical scholarship by examining the downstream nature of police decision-making. And finally, it examined the formal reasons prosecutors give for charge dispositions. This study found a significant amount of attrition of sexual assault cases as they progressed through the criminal justice system. Moreover, a combination of legally relevant and extralegal factors was found to be important, but not consistently across all types of sexual assaults. Among legal factors, the number of victim injuries was the most consistent predictor. Among extralegal factors, cases that involved Alaska Native suspects had significantly higher odds of case referral and case acceptance compared to white suspects. The effect of suspect race was particularly pronounced in cases with a white victim. Additionally, the findings suggest that not only are Native American defendants more likely to have their cases referred by police, but once referred, they are also more likely to have them accepted for prosecution. Contrary to expectations, victim-suspect relationship, specifically non-stranger assaults, increased the odds of police referral compared to stranger cases. However, the opposite appears to be true for the decision to prosecute cases. Once referred, prosecutors were five times more likely to accept sexual assaults perpetrated by strangers. The implications of these findings are also discussed.