995 resultados para Ecuador--Maps.


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Los siguientes propósitos se plantearon en esta investigación: 1. Describir los antecedentes de las utilidades como razón de ser del emprendimiento, sus destinos o usos posibles. 2. Identificar las cargas tributarias tanto nacionales como seccionales aplicables a las sociedades mercantiles en el Ecuador y describir los incentivos tributarios a que tienen derecho, en especial a reinvertir las utilidades. 3. Evaluar en prospectiva y en perspectiva a 10 años, la mejora económico-financiera del sector industrial que reinvirtió y el incremento de las recaudaciones fiscales. Estos propósitos se alcanzaron mediante la descripción de las causas que motivaron la creación del incentivo tributario denominado reinversión de utilidades establecido en 2001 y ratificado con enmiendas en el 2007. Durante la década analizada al Fisco le ha significado un gasto tributario (GT) de $543.1 M, es decir un promedio anual de $ 54.3 M, este beneficio ha sido aprovechado por alrededor de 1114 empresas de los sectores: industrial, comercial, servicios financieros y no financieros, de éstas, el 90% son grandes sociedades y apenas 110 empresas son PYMES. Las citadas empresas, han incrementado su patrimonio en $5.727 M, y sus activos productivos adquiridos superan la cantidad de $13.300 M, es decir casi veinte veces el gasto tributario. Otro de los aspectos relevantes es que el SRI ha recibido un impulso importante en el monto recaudado por Impuesto a la Renta de las sociedades beneficiarias de este incentivo y quizá esta tendencia mejore ya que, con la vigencia de la nueva matriz productiva se acrecentará la demanda de productos nacionales, misma que será satisfecha mediante el uso intensivo de los activos tangibles e intangibles nuevos adquiridos con los recursos de las utilidades que se quedaron definitivamente en la empresa.

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Este trabajo tiene como objetivo principal el comprender y describir la racionalidad que sustenta, a inicios del siglo XXI, la definición de los objetivos y la estrategia de Política exterior china, aterrizando, al interior de la región de América Latina y el Caribe, en los casos de Ecuador y Perú. Con ese fin, se ha explorado, desde el marco teórico del realismo, la necesidad de maximización de seguridad de la República Popular China, inmersa, al igual que todos los demás Estados, en un Sistema Internacional anárquico. Su necesidad de cooperación responde al interés por preservar un entorno internacional pacífico favorable a la expansión de una red de negocio y comercio que influye a todos los Estados, sea como mercados de los bienes chinos, o como fuentes de materia prima. En ese contexto, la expansión del poder blando chino ha logrado alinear a diferentes Estados de la región y hoy trabajan en función de la maximización de seguridad china.

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La doctrina militar latinoamericana ha provisto a los institutos armados de la región de concepciones que justifican la intervención en el sistema democrático cuando la patria está en peligro. Ante las ineficiencias del sistema político y las profundas tensiones sociales bajo las que vivía Venezuela y Ecuador en 1992 y 2000, facciones de la institución armada intervinieron para imponer como solución la total reforma del sistema político. A pesar de lo fugaz de estos movimientos, sus líderes se posicionaron en el imaginario popular como una suerte de héroes de la nueva independencia. Utilizando un discurso antipolítico, Hugo Chávez alcanzó la presidencia venezolana en 1998, y retomando los mismos elementos discursivos Lucio Gutiérrez logró también la presidencia ecuatoriana en 2003. No obstante, las distancias entre los dos presidentes tienen un origen ideológico, que se vuelve más evidente en la dirección gubernamental de cada uno. Un elemento que en el fondo acerca las posiciones de los dos presidentes es la preservación de la estabilidad de su mandato, aunque la forma de lograrlo es diametralmente opuesta, pues mientras en Venezuela se intenta relegar a la vieja clase política, en Ecuador la estrategia utilizada es aliarse con esa clase. Al final, los partidos dirigidos por estos coroneles ingresaron al sistema político generando grandes expectativas cuyo cumplimiento puede señalar la fundación del nuevo Estado, mientras que su falla al hacerlo significará un paso deslucido por la presidencia.

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El interés académico de esta investigación ha sido realizar un acercamiento a las similitudes y las diferencias regionales en relación a la construcción socio política de lo que se ha situado culturalmente como la masculinidad; la cual, se ha sustentado en la heteronormatividad centrada en el impositivo discurso falocéntrico de la masculinidad, representado y exigido históricamente a los varones e impuesto por ellos mismos, desde una lógica falocrática que se despliega en todos los ámbitos de la vida social. En el planteamiento investigativo preliminar se partió de la hipótesis de que en la actualidad reciente algunas representaciones machistas de las masculinidades se han reproducido y fortalecido, quizá a críticamente en algunos grupos de mujeres y en personas de las diversidades sexuales3 y de género, como una estrategia de supervivencia dentro del coercitivo sistema falocrático heteropatriarcal imperante en el Ecuador. Esta investigación quizá complemente los estudios de masculinidades previamente realizados en el país gracias al aporte de una nueva mirada desde los criterios y experiencias de vida de las personas de las diversidades sexuales y de género así como de algunas mujeres para entrar en diálogo con los estudios que abordan esta problemática en la región.

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La presente investigación analiza la imposición de la salvaguardia cambiaria por parte de Ecuador a Colombia, entre julio del 2009 y febrero del 2010, en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos socios andinos. El estudio evalúa el comportamiento de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, sobretodo el de 100 sub partidas, afectadas tanto por la salvaguardia cambiaria, como por la salvaguardia de balanza de pagos; además, las reducciones más significativas en cuanto a volúmenes y a valores, en 67 productos durante la vigencia de las dos salvaguardias. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a raíz de marzo del 2008, marca el contexto de la investigación. Tras una incursión militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de ese año, el gobierno colombiano logró la captura y muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes; pero, al mismo tiempo, el ataque provocó días después la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Si bien la crisis no se ha trasladado completamente al plano comercial, la imposición de la salvaguardia cambiaria fue vista por los sectores productivos de Ecuador y Colombia como una medida inoportuna para el restablecimiento normal de las relaciones e incluso como un factor que dilataba más el acercamiento entre los dos países. Por su parte, el gobierno ecuatoriano defendió la medida como una opción válida para restaurar las condiciones de comercio y competencia para Ecuador, afectadas desde el 2008, por la devaluación del peso colombiano. Además, junto con la salvaguardia de balanza de pagos, la salvaguardia cambiaria fue una opción para enfrentar la amenaza del sector externo y la crisis económica mundial que repercutió en el país, con la disminución de las exportaciones, disminución del precio internacional del petróleo -principal producto ecuatoriano de exportación-, y disminución de las remesas de emigrantes -segundo rubro de ingresos para la economía nacional.

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En el presente documento se presenta un análisis de la sentencia No. 009-13-SEPCC adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador. El documento aborda criterios respecto de las formalidades establecidas para el acceso a los recursos, particularmente del recurso de casación, el derecho a la motivación de la sentencia, el tratamiento que se debe dar a un contrato de trabajo en su relación con los derechos laborales y la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, y, finalmente, el esbozo de algunas ideas sobre la cultura de un juez constitucional para la supremacía de los derechos.

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Revisa las obras cinematográficas representativas de diferentes momentos del cine ecuatoriano, por lo que examina los registros de los pioneros del cine documental realizados en la década de 1920; el trabajo hecho por extranjeros en el país entre 1930 y 1980; el cine social nacionalista promovido en gran parte por instituciones estatales, y en diálogo con el cine de realismo social latinoamericano entre 1970 y finales de la década de 1980. La revisión histórica incluye una discusión del trabajo de nuevos cineastas que diversifican las temáticas y estilos cinematográficos a partir de 1990; y la subsiguiente proliferación de producciones audiovisuales facilitada por el abaratamiento y desarrollo de las tecnologías de video. En estos últimos años, es notable también la creciente producción de cine y video hecho por realizadores indígenas o en colaboración con sus organizaciones, período que presenta Karolina Romero en el último capítulo.

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El interés político de este trabajo investigativo ha sido poner en evidencia y analizar los discursos sociales descalificativos acerca de la homosexualidad masculina en medios escritos de comunicación masiva en dos estudios de caso: 1963-4 (revista La calle) y 2009 (dos periódicos de difusión nacional y en la red social satelital) como límites del derecho al ejercicio político democrático. Situación que se debe a la violencia, la desigualdad política, la desprotección social y civil que han padecido los varones homosexuales _o quienes han sido nombrados como tales_ y la injusta discriminación de la opción sexual, utilizada como mecanismo de desprestigio ético profesional dentro de la contienda política ecuatoriana. Consecuencia de los prejuicios construidos históricamente; los cuales, se han asentado principalmente en las construcciones sociales y culturales que regenta la sociedad ecuatoriana de corte heteropatriarcal cargada de preceptos de matriz judeo cristiana.

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La investigación analiza el metabolismo social capitalista a través del estudio de su quinto proceso, la excreción. En una suerte de relación subsunción-autonomía, partimos de la construcción de una teoría crítica del metabolismo del desecho en la determinación social de la salud que aterriza en un estudio nacional de economía política y geografía crítica de la basura en el Ecuador, y termina con un estudio de caso que devela de qué manera esos procesos macro determinan las condiciones de vida, de salud o su pérdida en comunidades afectadas por sistemas de disposición final de residuos, especialmente recicladores/as informales y sus familias. El primer capítulo propone un abordaje conceptual de ruptura, que toma como marcos disciplinarios la crítica de la economía política, la ecología política, la epidemiología crítica y las teorías del Estado. El segundo capítulo realiza un análisis sociohistórico a nivel nacional, desde los años del neoliberalismo durante los que se gesta la crisis de la basura, hasta los años del gobierno actual en los que la crisis de la basura tiene un boom, con el colapso de muchos de los sistemas de disposición final, especialmente en cabeceras cantonales. El tercer capítulo analiza la determinación social, exposición, vulnerabilidad y perfil epidemiológico de trabajadores informales y sus familias, en el botadero a cielo abierto del cantón Portoviejo en Ecuador. La investigación finaliza evidenciando el peso que representa, en términos económicos para el Estado, mantener el subsidio de la gestión y administración de los residuos sólidos y propone el modelo de “Basura cero”, reparador del metabolismo social.

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El presente trabajo abarca un amplio estudio de la exposición, vulnerabilidad y el perfil epidemiológico de los recicladores informales y sus familias en el vertedero a cielo abierto del Cantón Portoviejo. Entrevistas y encuestas extensas posibilitaron la evaluación del proceso integrado de reciclaje y develaron detalles de las condiciones de vida y exposición ambiental de los trabajadores informales y sus familias. Además del proceso de discusión y reflexión colectiva, los trabajadores informales fueron sometidos a un examen clínico, a dos pruebas psicológicas (Epiestrés y Goldberg), y una prueba neuroconductual (Pentox). El estudio etnográfico transversal permitió la identificación y delimitación de los trabajadores informales y sus familias en 5 clases distintivas en función del tipo de actividad de reciclaje, las condiciones socio- económicas y de vida, la exposición y la vulnerabilidad a la contaminación, y el perfil epidemiológico. Se sugiere utilizar los resultados del estudio como base para un debate público por el fortalecimiento de las iniciativas de reciclaje informal así como la eliminación de la discriminación y la opresión hacia los recicladores y sus familias, que pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad.

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Existe una creciente tensión y conflictividad entre la lógica estatal de un tipo de uso y explotación de la naturaleza, en regiones ecológicamente frágiles y culturalmente sensibles como la Cuenca Amazónica, y la necesidad del propio Estado por generar excedentes o ganancias económicas que les permitan satisfacer las crecientes demandas de la población. Aquella tensión demanda la búsqueda de varios equilibrios y acuerdos, que en la historia reciente de países como Ecuador y Bolivia parecen estar lejanos. Por el momento entran en tensión los derechos [individuales, colectivos y de la naturaleza] y la razón de Estado. También entran en contradicción las lógicas territoriales del Estado y las demandas indígenas subnacionales, que plantean reconocimiento y derechos autonómicos. En esa dirección también se sobreponen el interés del Estado por sintetizar y expresar la “voluntad colectiva” existente en el conjunto de la nación, la perspectiva nacionalista de gobiernos de amplia base popular, frente a los derechos, demandas y expectativas represadas de pueblos ancestrales, cuya existencia depende del control e integridad de sus espacios de vida o de sus territorios. Alrededor de las interrogantes, ¿de qué manera los Estados –ecuatoriano y boliviano- están garantizando la vigencia plena (o no) de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Y hasta qué punto al hacerlo, contradicen y alteran el modelo económico vigente basado en la extracción de recursos primarios? el presente texto, a lo largo de cuatro acápites, intenta esbozar algunos elementos de respuesta, de cara a facilitar y promover una reflexión colectiva, crítica y urgente.

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This work seeks to reconstruct the dynamics of the agreements and disagreements between the State and the indigenous peoples in Ecuador, emphasising particularly on two key elements: first, the indigenous peoples participation and exercise of their political rights, in particular the right to self-government and autonomy within their jurisdictions; and secondly, indigenous peoples’ degree of direct influence on public policies’ formulation and implementation, specially those directly affecting their territories, including the exploitation of natural resources. In Ecuador, during this historical period, the state has gone through three major moments in its relationship with indigenous peoples: neo - indigenism associated to developmentalism (1980-1984); multiculturalism associated to neoliberalism (1984- 2006) as one of the dominant trends over the period; and the crisis of neoliberalism and the search for national diversity and interculturalism associated to post- neoliberalism (2007-2013). Each has had a particular connotation, as to the scope and methods to respond to indigenous demands. In this context, this research aims to answer the central question: how has the Ecuadorian State met the demands of the indigenous movement in the last three decades, and how has it ensured the validity of their gradually recognized rights? And how and to what extent by doing so, it contradicts and alters the existing economic model based on the extraction of primary resources?

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¿Cuáles son los avatares y desencuentros presentes en el proceso de constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs) en relación a la vigencia del derecho a la autodeterminación y autogestión territorial de las nacionalidades indígenas en el Ecuador? Para responder a dicha interrogante, el artículo considera el reconocimiento al derecho a la autonomía y autodeterminación de las nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador. Posteriormente, analiza el alcance de los procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política como en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD), y su alcance potencial en generar un nuevo tipo de institucionalidad y una nueva organización territorial en el marco de la definición del Estado plurinacional Ecuatoriano. Esta contribución analiza además el proceso derivado de una hoja de ruta acordada entre el Estado y las nacionalidades amazónicas en el periodo comprendido entre 2010 y 2012, y analiza las diferentes acciones desplegadas desde entonces, enfatizando en los avances y contradicciones, tanto a lo interno del movimiento indígena como en su relación con otras instancias estatales centrales y locales. Se examinan los desencuentros y tensiones a lo interno del aparato Estatal y los sectores mestizos, que no se plantean ningún reparo al momento de obstaculizar los avances del proceso. El artículo analiza el desafío de crear las CTIs en el territorio de los Kichwa de las provincias de Napo y Orellana y en los territorios Kichwa y Achuar en la provincia de Pastaza, en la Amazonía central. Finalmente, el texto puntualiza críticamente algunas de las perspectivas y dilemas que dicho proceso plantea al futuro de la relación Estado-nacionalidades indígenas y al proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural en Ecuador.

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Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all joined together in a series of local, regional and national organisations. 60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities; 7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas and 21.5% in urban areas. The current Constitution of the Republic recognises the country as a “…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the last five years, the country has undergone a series of political and institutional reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge to the process, and a permanent point of disagreement between the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous social organisations. The government’s economic action has been largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin, or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina. This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution.