Datos sobre la herpetofauna del Algarve suroccidental (sur de Portugal).

[ES] Entre los días 16 y 20 de abril de 1981 se realizó un viaje a la región del Algarve (sur de Portugal), durante el cual se colectó un cierto número de ejemplares de diversas especies de anfibios y reptiles. Analizando los resultados obtenidos hemos creído interesante la publicación de esta nota con el objeto de aportar datos acerca de la distribución geográfica de dichas especies, ampliando en algunos lo conocido hasta el presente en base sobre todo a los trabajos de CRESPO (1971, 1972 y 1975), así como proporcionar información sobre biometría y biología de las especies encontradas.

Los reptiles de la Isla de Boavista (archipiélago de Cabo Verde)

[ES] Boavista, o Bubista como prefieren escribir sus habitantes, es la isla más oriental del archipiélago volcánico de Cabo Verde con 620 km2 de superficie. Su antiguo origen se ve reflejado en una geografía extremadamente erosionada y plana, en la que no se sobrepasan los 390 metros sobre el nivel del mar. Soporta un clima extremadamente árido (precipitaciones: 91 mm media anual), con temperaturas suaves (Tmax = 26.7ºC; Tmin = 21.4ºC) y con la presencia casi constante de los vientos del nordeste (Alisios) (KASPER, 1987). La vegetación es esteparia, rala y generalmente 10 desprovista de estrato arbóreo, con la salvedad de algunas áreas localizadas (CASTANHEIRA & CARDOSO, 1988).

Notas sobre las larvas de urodelos de la mitad sur de la península ibérica: caracteres diferenciadores y desarrollo.

[ES] De las ocho especies de urodelos que existen en la Península Ibérica, sólo cuatro de ellas se pueden encontrar en la mitad sur: Salamandra salamandra, Pleurodeles waltl, Triturus marmoratus y Triturus boscai. En trabajos anteriores hemos estudiado la ecología de las larvas de estas especies (Díaz-Paniagua, 1979; López-Jurado, 1980), que se pueden encontrar fácilmente coexistiendo en el mismo medio acuático. Por el interés que plantean estas situaciones de coexistencia de especies similares en lugares tan concretos como los que utilizan para su reproducción, pensamos que es útil y necesaria la publicación de la presente nota descriptiva para el reconocimiento de dichas larvas.

Sobre la migración de Ciconia nigra

[ES] El día 16-X-1960 nos son mostradas las dos alas de un individuo juvenil de esta especie, cobrado por un cazador alrededor del 15-X- 1960 en las salinas del Cabo de Gata (Almería). El día 2-IX-77, a las 18:50 horas, con el sol recién puesto y a unos 11 kms. Al NE de Cehegin (Murcia), espantamos del suelo dos individuos de esta especie que se posan en un gran Pinus halepensis. Se trata de dos jóvenes, a juzgar por la coloración de patas y pico. Posteriormente emprenden vuelo hacia el S pero después de recorrer unos 500m, dan vueltas en círculos y vuelven hacia el N. observándolas en franco vuelo de aterrizaje hacia la cola del embalse de Argos, situado en las proximidades.

Primer dato de reproducción del flamenco, Phoenicopterus ruber, en las salinas de Santa Pola (Alicante).

[ES] El día 8 de octubre de 1973 visitamos las salinas de Santa Pola (Alicante) para realizar observaciones ornitológicas. Allí hablamos con el guarda de la finca y nos comunicó (sin darle mayor importancia) que los flamencos habían criado en las salinas este año. Ante esta noticia quisimos que nos diera una información más detallada, pero siempre sin hacerle ver la importancia del dato, para evitar que exagerara los hechos.

Vertebrados fósiles terrestres extintos de las Islas Canarias

[ES]El registro de los vertebrados fósiles de Canarias se remonta al neógeno y llega hasta fechas casi históricas donde la interacción con los primeros pobladores de Canarias pudo estar relacionada con algunas de estas extinciones. En cada una de las islas encontramos un registro escaso pero bastante característico de islas oceánicas que nos da una idea sobre la biodiversidad del pasado en las mismas.

El turismo accesible en Andalucía y Portugal

Es relevante el número de personas con alguna discapacidad en Portugal, España y, dentro de la misma, Andalucía, y la Unión Europea que desean gozar del ocio y del turismo. Por tanto, a la imposición legislativa hay que añadir la oportunidad económica del turismo accesible. Los variados modelos turísticos existentes (sol y playa, rural, turismo cultural, turismo activo, etc.) pueden y deben llevar también la etiqueta de «accesible». Pero la realidad, a pesar del avance experimentado en materia de accesibilidad, todavía está lejos de ello. No obstante, surgen novedosas experiencias públicas y privadas de destinos y equipamientos de uso público y vocación turística especialmente volcados con este colectivo y que es interesante resaltar por sus trascendencias empresariales y sociales. Asimismo, se trata de una nueva tipología o modelo, el del turismo accesible, con notables indefiniciones conceptuales y muy poco estudiado desde la geografía.

Juan Antonio González Iglesias: la recepción clásica en un poeta alejandrino posmoderno

Este artículo estudia los elementos clásicos presentes en la poesía de Juan Antonio González Iglesias, poeta y latinista salmantino, en sus poemarios publicados hasta el año 2007. Se estudiará la forma tan peculiar que toma la literatura grecolatina en nuestro poeta, ya que en la posmodernidad la herencia clásica se ve abocada a adoptar nuevas formas, estableciendo así un diálogo con la Antigüedad, de la que se recrean selectivamente algunos elementos. Además, podremos comprobar cómo los elementos clásicos conviven con otros, antiguos y modernos, que se mencionarán cuando se unan a los clásicos.

UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL DICCIONARIO IDEOGRÁFICO Y SEMÁNTICO DE VALORACIONES UTILITARIAS

Con el propósito de continuar desarrollando la teoría de la macro categoría de la valoración propuesta por el Dr. Leandro Caballero Díaz (1989) y los estudios para la elaboración de diccionarios semánticos de las valoraciones, partiendo de categorizaciones semánticas e ideográficas del significado lingüístico, un colectivo de investigadores del Grupo de Estudios semánticos y análisis del discurso de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, trabaja en una serie de investigaciones encaminadas al estudio de diferentes campos semánticos valorativos para la elaboración de estos diccionarios. Entre estas investigaciones se encuentra la referida a la propuesta de estructuración del Diccionario Ideográfico y Semántico de la valoración utilitaria en español (DIS VAL-UTIL). El trabajo pre lexicográfico que se llevó a cabo para ello fue recogido en una tesis doctoral. La presente propuesta de estructuración del diccionario es apenas una parte de dicha tesis.

Nutrition and health claims in products directed at children via television in Spain in 2012

Objective: To describe the use of nutrition and health claims in products directed at children via television in Spain and to analyse their nutrient profile. Methods: A cross-sectional study of television food advertisements over 7 days in five Spanish television channels popular among children. The products were classified as core, non-core or miscellaneous, and as either healthy or less healthy, according to the United Kingdom Nutrient Profile Model. We registered all claims contained on the product (packaging and labelling) and its advertisement. We calculated the frequency distributions of health and nutrition claims. Results: During the 420 hours of broadcasting, 169 food products were identified, 28.5% in the dairy group and 60.9% in the non-core category. A total of 53.3% of products contained nutrition claims and 26.6% contained health claims; 62.2% of the products with claims were less healthy. Low-fat dairy products were the food category containing the highest percentage of health and nutrition claims. Conclusion: Over half of all food products marketed to children via television in Spain made some type of nutrition or health claim. Most of these products were less healthy, which could mislead Spanish consumers.

Argumentación jurídica y estado constitucional

ARGUMENTACION JURIDICA Y ESTADO CONSTITUCIONAL 1. La tesis de que existe una estrecha relación entre el Estado constitucional y la argumentación jurídica no pasa de ser una obviedad, pero quizás no sea ya tan obvio precisar como hay que entender esa relación. Como se sabe, por “Estado constitucional” no se entiende simplemente el Estado en el que está vigente una constitución, sino el Estado dotado de una Constitución (o incluso sin una constitución en sentido formal, sin un texto constitucional) con ciertas características: la constitución del “Estado constitucional” no supone sólo la distribución formal del poder entre los distintos órganos estatales (el “principio dinámico del sistema jurídico-político” [véase, Aguiló 2.001]), sino la existencia de ciertos contenidos (los derechos fundamentales) que limitan o condicionan la producción, la interpretación y la aplicación del Derecho. El Estado “constitucional” se contrapone así al Estado “legislativo”, puesto que ahora el poder del legislador (y el de cualquier órgano estatal) es un poder limitado y que tiene que justificarse en forma mucho más exigente. No basta con la referencia a la autoridad (al órgano competente) y a ciertos procedimientos, sino que se requiere también (siempre) un control en cuanto al contenido. El Estado constitucional supone así un incremento en cuanto a la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de argumentación jurídica (que la requerida por el Estado liberal de Derecho). En realidad, el ideal del Estado constitucional supone el sometimiento completo del poder al Derecho, a la razón: el imperio de la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza. Parece por ello bastante lógico que el avance del Estado constitucional haya ido acompañado de un incremento cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de las decisiones de los órganos públicos; y que el desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica haya corrido también paralela a la progresiva implantación del modelo del Estado constitucional. 2. En los últimos tiempos ha sido frecuente señalar que la nueva realidad de los sistemas jurídicos (en los países occidentales desarrollados) requería también la elaboración de nuevos modelos teóricos; en particular, el debate se ha centrado en la necesidad de superar el positivismo jurídico y sustituirlo por una concepción del Derecho (no positivista) que permita dar cuenta de la nueva realidad. En mi opinión, la inadecuación del positivismo jurídico es un hecho [en contra véase, por ejemplo, Comanducci 2.002]. O, dicho con más precisión: de las dos tesis que supuestamente caracterizan al positivismo jurídico, la primera, la de las fuentes sociales del Derecho, es sin duda verdadera, pero por sí sola no permite caracterizar una concepción del Derecho; y la segunda, la de la separación entre el Derecho y la moral, no permite reconstruir satisfactoriamente el funcionamiento real de nuestros sistemas jurídicos. Por supuesto, esta última distinción (entre el Derecho y la moral) puede trazarse con sentido en el contexto de cierto tipo de discurso jurídico, pero no en otros; en particular, el discurso jurídico justificativo contiene o presupone siempre un fragmento moral. Para decirlo en el lenguaje de Carlos Nino [1985]: las normas jurídicas no son razones autónomas para justificar decisiones, sino que toda justificación es una justificación moral (lo cual, ciertamente, no es otra cosa que una reformulación de la tesis de Alexy [1978] de que la argumentación jurídica es un caso especial de la argumentación práctica de carácter general). La crítica al positivismo jurídico no supone, por lo demás, la rehabilitación de alguna otra de las diversas concepciones que han tenido algún grado de vigencia en el siglo XX. En particular, no me parece que las insuficiencias del positivismo puedan superarse recurriendo a alguna versión de la teoría iusnaturalista. Es cierto, como ha hecho notar Ferrajoli [1989], que el constitucionalismo moderno “ha incorporado gran parte de los contenidos o valores de justicia elaborados por el iusnaturalismo racionalista e ilustrado” y, desde luego, ha pulverizado la tesis positivista (no de todos los positivistas) de que el Derecho puede tener cualquier contenido. Pero ello, por sí mismo, no permite tampoco (como ocurría antes en relación con la tesis de las fuentes sociales) caracterizar una concepción del Derecho. También es cierto -si se quiere- que el papel que desempeñaba antes el Derecho natural respecto del soberano lo desempeña ahora la constitución respecto del legislador [sobre esto, Prieto, p. 17], pero dar cuenta del paralelismo es una cosa, y contar con instrumentos teóricos que permitan reconstruir y orientar los procesos de producción, interpretación y aplicación del Derecho (y, en particular, cómo articular la relación entre el Derecho legal y el constitucional), otra bastante distinta. El iusnaturalismo (concretamente, el del siglo XX), no parece haberse interesado mucho por el discurso jurídico justificativo interno al propio Derecho (las argumentaciones de los jueces, de los abogados, de los legisladores...), ni siquiera cuando ha elaborado teorías (como en el caso de la de Fuller [1964]) que, en muchos aspectos, preanunciaba el constitucionalismo contemporáneo. En realidad, ninguna de las principales concepciones del Derecho del siglo XX ha sido proclive a desarrollar una teoría de la argumentación jurídica, a ver el Derecho como argumentación. Dicho en forma sumaria: El formalismo ha adolecido de una visión excesivamente simplificada de la interpretación y la aplicación del Derecho y, por tanto, del razonamiento jurídico. El iusnaturalismo tiende a desentenderse del Derecho en cuanto fenómeno social e histórico, o bien a presentarlo en forma mixtificada, ideológica (Holmes [1920] comparó en una ocasión a los juristas partidarios del Derecho natural con los caballeros a los que no basta que se reconozca que su dama es hermosa; tiene que ser la más bella que haya existido y pueda llegar a existir). Para el positivismo normativista el Derecho -podríamos decir- es una realidad dada de ante mano (las normas válidas) y que el teórico debe simplemente tratar de describir; y no una actividad, una praxis, configurada en parte por los propios procesos de la argumentación jurídica. El positivismo sociológico (el realismo jurídico) centró su atención en el discurso predictivo, no en el justificativo, seguramente como consecuencia de su fuerte relativismo axiológico y de la tendencia a ver el Derecho como un mero instrumento al servicio de fines externos. Y las teorías “críticas” del Derecho (marxistas o no) han tropezado siempre con la dificultad (o imposibilidad) de hacer compatible el escepticismo jurídico con la asunción de un punto de vista comprometido (interno) necesario para dar cuenta del discurso jurídico justificativo. 3. Me parece que los déficits anteriores (y los cambios en los sistemas jurídicos provocados por el avance del Estado constitucional) es lo que explica básicamente que en los últimos tiempos se esté gestando una nueva concepción del Derecho que, en un trabajo reciente [Atienza 2.000], he caracterizado con los siguientes rasgos: 1) La importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario -además de las reglas- para comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico. 2) La tendencia a considerar las normas -reglas y principios- no tanto desde la perspectiva de su estructura lógica, cuanto a partir del papel que juegan en el razonamiento práctico. 3) La idea de que el Derecho es una realidad dinámica y que consiste no tanto -o no sólo- en una serie de normas o de enunciados de diverso tipo, cuanto -o también- en una práctica social compleja que incluye, además de normas, procedimientos, valores, acciones, agentes, etc. 4) Ligado a lo anterior, la importancia que se concede a la interpretación que es vista, más que como resultado, como un proceso racional y conformador del Derecho. 5) El debilitamiento de la distinción entre lenguaje descriptivo y prescriptivo y, conectado con ello, la reivindicación del carácter práctico de la teoría y de la ciencia del Derecho que no pueden reducirse ya a discursos meramente descriptivos. 6) El entendimiento de la validez en términos sustantivos y no meramente formales (para ser válida, una norma debe respetar los principios y derechos establecidos en la constitución). 7) La idea de que la jurisdicción no puede verse en términos simplemente legalistas -de sujeción del juez a la ley-, pues la ley debe ser interpretada de acuerdo con los principios constitucionales.8) La tesis de que entre el Derecho y la moral existe una conexión no sólo en cuanto al contenido, sino de tipo conceptual; incluso aunque se piense que la identificación del Derecho se hace mediante algún criterio como el de la regla de reconocimiento hartiana, la aceptación de la misma parece tener carácter moral. 9) La tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica: el Derecho, la moral y la política. 10) Como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón jurídica no es sólo razón instrumental, sino razón práctica; la actividad del jurista no está guiada -o no está guiada exclusivamente- por el éxito, sino por la corrección, por la pretensión de justicia. 11) La importancia puesta en la argumentación jurídica -en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las decisiones-, como característica esencial de una sociedad democrática. 12) Ligado a lo anterior, la convicción de que existen criterios objetivos (como el principio de universalización o el de coherencia o integridad) que otorgan carácter racional a la práctica de la justificación de las decisiones, aunque no se acepte la tesis de que existe una respuesta correcta para cada caso. 13) La consideración de que el Derecho no es sólo un instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora valores morales y que esos valores no pertenecen simplemente a una determinada moral social, sino a una moral racionalmente fundamentada. 4. Ahora bien, aunque yo señalaba entonces como uno de los rasgos de esta “nueva” -o relativamente nueva- concepción del Derecho la importancia creciente de la argumentación jurídica, prácticamente todas las otras características están ligadas con eso, esto es, llevan a un aumento cuantitativo y cualitativo de los procesos de argumentación jurídica. Para mostrarlo, me referiré únicamente a dos de esas notas: la importancia de los principios y la creencia de que existen ciertos criterios objetivos que guían la práctica del discurso jurídico justificativo. 4.1. Como es bien sabido, la distinción entre reglas y principios es una cuestión sumamente controvertida, en la que no cabe entrar aquí. Me parece, sin embargo, que existe un consenso amplio en cuanto a la mayor dificultad -dificultad argumentativa- que supone el manejo de principios. Visto desde la perspectiva de la justificación de las decisiones judiciales (y los principios no operan únicamente en esta instancia del Derecho), cabría decir que la justificación supone varios niveles [Atienza y Ruiz Manero, 1996]. El primero es el nivel de las reglas. La aplicación de las reglas para resolver casos (casos fáciles) no requiere deliberación en el sentido estricto de la expresión, pero ello no supone tampoco que se trate de una operación meramente mecánica. En todo caso, el nivel de las reglas no es siempre suficiente. Con una frecuencia que puede cambiar de acuerdo con muchos factores, los jueces tienen que enfrentarse con casos para los que el sistema jurídico de referencia no provee reglas, o provee reglas contradictorias, o reglas que no pueden considerarse justificadas de acuerdo con los principios y valores del sistema. Naturalmente, esto no quiere decir que en tales supuestos el juez pueda prescindir de la reglas, sino que tiene que llevar a cabo un proceso de deliberación práctica (de ponderación) para transformar ciertos principios en reglas. Ello supone realizar operaciones como las siguientes: la construcción de una tipología de clases de casos a partir de un análisis de las semejanzas y de las diferencias consideradas relevantes; (en algunas ocasiones) la formulación de un principio a partir del material normativo establecido autoritativamente (la explicitación de un principio implícito); la priorización de un principio sobre otro, dadas determinadas circunstancias (el paso de los principios a las reglas). La argumentación jurídica en estos casos no puede reducirse, obviamente, a su esquematización en términos deductivos; el centro radica más bien en la confrontación entre razones de diversos tipos: perentorias o no perentorias, autoritativas o substantivas, finalistas o de corrección, institucionales o no... 4.2. La creencia en la existencia o no de criterios objetivos que controlan la justificación de las decisiones jurídicas es de radical importancia para abordar el problema de la discrecionalidad. Me limitaré a considerar la discrecionalidad de los órganos administrativos (la discrecionalidad jurídica no se agota aquí), sobre la que últimamente ha tenido lugar en España una interesante polémica [sobre ella, Atienza 1995] . La importancia de la cuestión radica en que, por un lado, se reconoce que las transformaciones del Estado contemporáneo, y en particular, el cambo en la función de la ley (el paso de una “vinculación positiva” a una “vinculación estratégica”) lleva a una revalorización de la discrecionalidad administrativa (la actividad administrativa no es mera ejecución jurídica); y, por otro lado, la Constitución española (en el art. 9, apartado 3) garantiza “la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos”. ¿Son entonces los actos discrecionales de la Administración (el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, las intervenciones y regulaciones económicas, etc.) susceptibles de control judicial? Si a la cuestión se desea responder en forma positiva (si se quiere respetar la prohibición de arbitrariedad), no queda en mi opinión más remedio que partir de la idea de que las decisiones de los órganos públicos no se justifican simplemente porque provengan de cierta autoridad, sino que se precisa además que el órgano en cuestión aporte razones intersubjetivamente válidas a la luz de los criterios generales de la racionalidad práctica y de los criterios positivizados en el ordenamiento jurídico (los cuales, a su vez, no pueden ser otra cosa -si pretenden estar justificados- que concreciones de los anteriores); o sea, hay que presuponer una concepción suficientemente amplia de la razón. El escepticismo en este campo no puede conducir a otra cosa que al decisionismo, a considerar que la cuestión decisiva es simplemente la de “quien está legitimado para establecer la decisión”. Es interesante darse cuenta de que la existencia de la discrecionalidad (en sentido estricto [sobre el concepto de discrecionalidad, Lifante 2.001]) es el resultado de regular de una cierta forma la conducta: no mediante normas de acción (normas condicionales), sino por medio de normas de fin, que otorgan la posibilidad de optar entre diversos medios para alcanzar un determinado fin y también (hasta cierto punto) de contribuir a la concreción de ese fin; el razonamiento con ese tipo de norma no es el razonamiento clasificatorio, subsuntivo, sino el razonamiento finalista que parece encajar en el esquema de lo que Aristóteles llamó “silogismo práctico”. Digamos que los principios (los principios en sentido estricto), por un lado, y las normas de fin, por el otro, ponen de manifiesto que la argumentación jurídica no puede verse únicamente en términos de subsunción, sino también en términos de ponderación y en términos finalistas. La teoría de los enunciados jurídicos tiene, pues, mucho que ver con la teoría de la argumentación jurídica lo que, naturalmente, no tiene nada de sorprendente. 5. Lo dicho hasta aquí podría quizás resumirse de esta manera: una idea central del Estado constitucional es que las decisiones públicas tienen que estar motivadas, razonadas, para que de esta forma puedan controlarse. Dado que el criterio de legitimidad (del poder) no es aquí de carácter carismático, ni tradicional, ni sólo formal-procedimental, sino que, en una amplia medida, exige recurrir a consideraciones materiales, substantivas, se comprende que el Estado constitucional ofrezca más espacios para la argumentación que ninguna otra organización jurídico-política. Ahora bien, eso no debe llevar tampoco a pensar que el Estado constitucional sea algo así como un Estado argumentativo, una especie de imperio de la razón. Las “teorías constitucionalistas del Derecho” ( Bongiovanni [2.000] incluye bajo el anterior título -como casos paradigmáticos- las obras de Dworkin y de Alexy) corren el riesgo de presentar una imagen excesivamente idealizada del Derecho, probablemente como consecuencia de que son teorías formuladas preferentemente o casi exclusivamente desde la perspectiva del aceptante, del “hombre bueno”. Por eso, conviene no perder de vista que, como ya hace tiempo advirtió Tugendhat [1980], el Derecho del Estado constitucional no es el mejor de los imaginables, sino simplemente el mejor de los realmente existentes. Por un lado, no cabe duda de que el Estado constitucional sigue dejando amplios espacios a un ejercicio del poder que para nada hace uso de instrumentos argumentativos. Pongamos algunos ejemplos. Por razones de economía comprensibles, muchas de las decisiones que toman los órganos públicos (incluidos los órganos judiciales) y que se considera no revisten gran importancia no son motivadas: si no fuera así, se haría imposible un funcionamiento eficiente de las instituciones. Además, la burocratización creciente, el aumento de la carga de trabajo de los jueces, etc. lleva a que la no argumentación (la práctica de utilizar modelos estereotipados es, con frecuencia, una forma de no motivar) se extienda a decisiones que pueden tener consecuencias graves. Tampoco son motivadas, como se sabe, las decisiones de los jurados; en España, precisamente, hay una experiencia interesante, pues recientemente se introdujo el jurado (un jurado de legos) y se estableció la obligación de que motivaran sus decisiones, lo cual (dada la dificultad de la tarea) es probablemente una de las causas del (relativo) fracaso de la institución. La argumentación legislativa presenta notables debilidades: el proceso de elaboración de las leyes exhibe, en nuestras democracias, más elementos de negociación que de discurso racional; y las exposiciones de motivos son paralelas, pero no equivalen del todo, a las motivaciones de las decisiones judiciales. Y, en fin, una de las consecuencias del 11 de septiembre es el incremento creciente (y la justificación) de los actos del poder ejecutivo que quedan al margen de cualquier tipo de control (jurídico o político). Por otro lado, el carácter argumentativamente deficitario de nuestras sociedades es especialmente preocupante en relación con el fenómeno de la globalización, esto es, en relación con importantes ámbitos de poder que escapan al control de las normas del Estado. Parece, por ejemplo, obvio que las instituciones empresariales (las grandes empresas multinacionales) detentan un inmenso poder sobre las poblaciones y que sería absurdo considerar simplemente como un poder privado regido básicamente por el principio de autonomía. Y no parece tampoco que haya ninguna razón sólida para limitar el campo del Derecho al Derecho del Estado y al Derecho internacional entendido como aquel que tiene por objeto las relaciones entre los Estados soberanos. Twining ha insistido recientemente en que uno de los retos que la globalización plantea a la teoría del Derecho es precisamente el de superar esa visión estrecha de lo jurídico [Twinning 2.000, p. 252], y creo que no le falta razón. El pluralismo plantea sin duda muchos problemas de carácter conceptual y puede resultar, por ello, una construcción insatisfactoria desde el punto de vista de una teoría exigente. Pero el paradigma jurídico estatista (prescindir de los fenómenos jurídicos -o, si se quiere, parajurídicos- que se producen más allá y más acá del ámbito estatal) cercena el potencial civilizatorio del Derecho y tiene el riesgo de condenar a la irrelevancia a la teoría del Derecho.

Intervención en la vuelta a la calma y/o enfriamiento en el desarrollo de actividades físico-deportivas

La vuelta a la calma o enfriamiento es uno de los elementos más significativos en toda práctica físico-deportiva. La incentivación de la realización de ejercicio físico mantiene un importante vínculo con la forma de finalizar una actividad determinada. La enseñanza y el aprendizaje de la vuelta a la calma en el área de educación física se antoja imprescindible para el desarrollo integral de los educandos desde tempranas edades. Su contribución a diferentes dimensiones del ser humano la convierten en un eficaz vehículo de aprendizaje.

Análisis pedagógico de la vuelta a la calma en las clases de educación física. Un estudio de casos

El presente trabajo de investigación recoge el análisis pedagógico de la influencia de la vuelta a la calma en las clases de educación física, ubicándose en la etapa de educación primaria, a través de una metodología cualitativa de estudio de casos. Este estudio se fragmenta en dos bloques: uno teórico y otro práctico. En el bloque teórico se recoge la revisión bibliográfica sobre el recorrido histórico y el marco legal de la educación física y la aparición de la desactivación en el mismo, así como la fundamentación teórica sobre el concepto y los pilares en los que se sustentan la relajación y la vuelta a la calma. En el bloque práctico se plasman los presupuestos conceptuales y la metodología, de enfoque interpretativo; la naturaleza y el diseño de la investigación, el análisis y la interpretación de los datos recogidos, y las conclusiones y prospectiva surgidas del estudio.

El voluntariado de la cruz roja colombiana seccional Boyacá como constructor de capital social

Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2014

Sworn translators and interpreters in the legal field, mutually exclusive?

Este trabajo pretende ser una reflexión sobre cómo dos profesiones que, a pesar de compartir una base común, en el mundo académico aparecen a menudo separadas por determidas competencias bien definidas y divergentes entre sí. No obstante, ambas pueden converger en la figura del llamado traductor e intérprete jurado. Esta realidad es absolutamente tangible en la provincia de Málaga, donde nuestro mercado local cuenta con una amplia presencia de extranjeros que no tiene demasiados problemas para comunicarse en ciertos contextos, pero sí cuando hay trámites legales o administrativos, en los que interviene el traductor jurado, que cumple las funciones simultáneas de traductor e intérprete. Por último, el trabajo finaliza con una revisión de qué respuesta damos a nivel local a esta heterogeneidad.