933 resultados para Socialismo costarricense


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Desde inicios de la década de los ochenta el tema de la reforma a los sistemas de pensión en América Latina ha sido fuente de las más diversas polémicas. La disyuntiva entre los conceptos de solidaridad y subsidariedad que persiguen estos sistemas ha puesto en boga diferentes mecanismos para paliar la crisis en el área de la seguridad social. En el presente artículo se analizan de forma sucinta algunas de las principales características que ha asumido el proceso de reforma de los sistemas de pensión en América Latina, donde el ejemplo más notable ha sido el caso de Chile. Luego se hace referencia al proceso de reforma que se ha aplicado a los diferentes regímenes de pensiones existentes en el país. El énfasis se pone en los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social y en el del Magisterio Nacional por ser los de mayor participación relativa, tanto en lo que respecta a funcionarios cotizantes como pensionados.

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Con la finalidad de contribuir a precisar los términos del debate sobre el estado actual de la economía costarricense, así como de su comportamiento probable en el corto y mediano plazo, el presente trabajo enfatiza los siguientes elementos de análisis.1. La estabilidad macroeconómica alcanzada: su importancia, su grado de fragilidad, y las políticas adecuadas para su sostenibilidad.2. El diagnóstico global de la economía en la actual coyuntura.3. La conformación de una agenda preliminar de discusión para emprender la reactivación y retomar el rumbo del desarrollo económico y social.De conformidad con el plan sugerido, el trabajo se divide en seis partes. En el primer apartado repasamos aspectos cruciales a tener en cuenta para un adecuado entendimiento de la relación entre las políticas de estabilización y las reformas estructurales en países de vías de desarrollo. En la parte II presentamos y comentamos el comportamiento de los principales indicadores de estabilidad macroeconómica, para luego (apartado III) analizar diversas presiones estructurales sobre la estabilidad que han venido atentando contra las metas propuestas por los últimos gobiernos. En el apartado IV se examina el carácter específico de la recesión económica de los últimos meses, y se critica el diagnóstico “oficial” que prevalece entre los economistas vinculados con los dos partidos políticos tradicionales. En el apartado siguiente se discute sobre lo que se considera el dilema principal de la política económica de los meses venideros: profundizar un ajuste de tipo neoliberal (concentrador y excluyente), o emprender un viraje estratégico hacia un desarrollo productivo y social ambientalmente sostenible. Finalmente, en el apartado VI se presenta una agenda preliminar de discusión para el logro de la anhelada estabilidad sin sacrificar el crecimiento económico ni la equidad social.

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La evolución del sistema financiero en 1996 estuvo circunscripta dentro de la tendencia de los últimos cuatro años de una continua disminución de la tasa de crecimiento del PIB, comportamiento enmarcado dentro de una serie de desequilibrios financieros. Dado lo anterior, se implementaron políticas encaminadas a la restricción de los gastos en la economía, aspecto evidenciado en el incremento de los impuestos y en las elevadas tasas de interés, lo cual definió a 1996 como un año recesivo. Empero, a pesar de los problemas citados, se produjo un avance en la innovación de nuevos instrumentos financieros, aunado a una mayor participación de los inversionistas institucionales.

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En el presente artículo se discuten los alcances de la estrategia liberal en el caso de la economía costarricense, principalmente desde la perspectiva de su paradoja de realización; es decir, la conformación de condiciones implica imposibilidad de objetivos. Como argumento de fondo se explora el hecho de que la vigencia del paradigma de la competencia imperfecta (con un claro dominio de monopolios y oligopolios), fortalecida con el proceso aperturista, no crea condiciones para el advenimiento del paradigma de la competencia perfecta, condición esencial para el logro de objetivos de la propuesta liberal.

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A un paso de terminar el siglo XX, nos proponemos hacer una revisión rápida, desde 1996, a los resultados de las políticas sociales aplicadas especialmente en los años 90. Se pretende determinar si hay resultados que muestran un avance hacia un desarrollo humano sostenido en nuestro país en materia de salud, educación, ambiente y, en general, en calidad de vida.El propósito de la política económica supone efectos concretos que buscan aumentar el bienestar de la sociedad en la búsqueda de la equidad y la justicia social. Sin embargo, entre el supuesto y la realidad casi siempre existe un abismo que afecta a la mayoría de la población, persistiendo una injusta distribución de la riqueza, que hace resaltar la injusticia social y la inequidad. Mientras esta realidad persista, la economía estará divorciada de un desarrollo humano sostenido, meta principal de cualquier modelo de desarrollo.

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Durante 1996, la economía de Costa Rica mostró un estancamiento en su actividad productiva que finalmente devino en una contracción del 1% en el Producto Interno Bruto (PIB), después de un año previo de desaceleración en ese agregado nacional (2,5% de variación en 1995) y muy lejos del desempeño alcanzado en 1992 (7,7%) y 1993 (6,5%).Esa contracción económica apenas si puede asociarse al cumplimiento de presuntas severas metas de estabilización macroeconómica contabilizadas en el último convenio respectivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En efecto, el déficit fiscal excedió las expectativas del Gobierno y se situó en el 5,1% respecto del PIB, superando al indicador del año previo que fue del 4,4%; y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos incrementó su participación respecto del PIB (1,6%).

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El déficit fiscal es una de las variables macroeconómicas que ha adquirido mayor importancia desde la década de los años ochenta y particularmente en los años noventa, en la economía costarricense. Una consecuencia directa de la existencia de déficits fiscales sostenidos es la acumulación de una deuda pública creciente.Antes de los años ochenta el déficit fiscal en Costa Rica se cubrió fundamentalmente con deduda externa; la cual era de fácil acceso en los mercados financieros internacionales, ante la existencia de una sobre oferta de fondos prestables, generado por los petrodólares. Sin embargo, con la crisis económica que experimentó Costa Rica en los primeros años de la década pasada y con el endurecimiento del acceso al financiamiento externo, el país empezó a recurrir cada vez con más frecuencia al endeudamiento interno.

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El conflicto socio-político de las dos últimas décadas (1980-1990) en el país no ha tenido el bajo perfil que podría suponer un contexto de posguerra fría. Así por ejemplo la expresión dominante de los movimientos de huelga y protesta social no se da a la manera de los años 70 con grandes movilizaciones y protagonismo del movimiento sindical. Sin embargo, este conflicto es persistente y no pocas veces reactiva los mecanismos del autoritarismo represivo y de la beligerancia ideológica.En sus múltiples manifestaciones el conflicto socio-político asume más bien el carácter de la protesta local y la lucha sectorial. Se expresa en el conflicto suscitado por el sector laboral en sus acciones reivindicativas, por las comunidades en la búsqueda de mejores condiciones para su desarrollo y bienestar ; también en acciones emprendidas por diversos sectores sociales, como las mujeres, quienes presionan por abrir los espacios de la participación ciudadana y política. Es una modalidad de “lucha focalizada” con protagonismo de “nuevos” sectores sociales de comportamiento ascendente en la escena política: mujeres, grupos ecologistas, comunidades organizadas, etc.

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Dos desafíos de enorme trascendencia enfrentan América Latina y el Caribe al arribar al siglo XXI: por un lado, crear las condiciones apropiadas para insertarse con éxito en el interconectado, competitivo y exigente mundo contemporáneo. Por otro lado, superar los obstáculos al logro de la aspiración del desarrollo humano sostenible, entre los que sobresale la ausencia de mecanismos eficaces de distribución del ingreso y la significativa cantidad de seres humanos sumidos en la pobreza y las privaciones.Estas dos dimensiones del desarrollo regional se encuentran estrechamente entrelazadas y mutuamente condicionadas. Una distribución más equitativa del ingreso contribuye a elevar la movilidad social, el acceso a la educación, el aumento de la productividad y la estabilidad, aspectos esenciales para acrecentar la capacidad competitiva y para lograr una inserción de calidad en el contexto internacional. Una estrategia de integración en el contexto internacional, sustentada en las fortalezas nacionales, en la identidad cultural y en el capital humano, posibilita la sostenibilidad y la distribución de los beneficios entre los diversos estratos de la sociedad.

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A partir de la década de los cincuenta, la economía costarricense comenzó a orientarse hacia un modelo de sustitución de importaciones, modelo impulsado por la CEPAL en América Latina, y el cual se puso muy de moda entre los países subdesarrollados. Este sistema consistía en otorgarle incentivos a la industria local, con el propósito de que orientara su producción hacia el mercado interno, sobre todo de los bienes que normalmente se importaban. Sin embargo, este modelo tenía como principal problema, la dependencia que generaba de las materias primas traídas del exterior, razón por la cual el sistema lo que varió fue el tipo de importaciones.En sus inicios, este modelo fue sostenible debido a la incorporación del país al Mercado Común Centroamericano y a la gran disposición de recursos, que permitieron la importación de bienes de capital, y la construcción de obras de infraestructura. Con el paso de los años, sin embargo, el mercado centroamericano dejó de funcionar como tal a causa principalmente de los problemas políticos que vivían los países del istmo. A pesar de este deterioro en el comercio regional, durante la década de los setenta, Costa Rica tuvo acceso a una gran cantidad de recursos financieros, producto de los excedentes generados por la producción de petróleo a los países productores , y al aumento vertiginoso en los precios internacionales del café, el cual era su principal producto de exportación; esta afluencia de recursos externos permitió ignorar durante unos años los problemas que existían en el sistema productivo costarricense. Cabe recalcar que durante todo el período el tipo de cambio permaneció prácticamente constante, excepto por algunas pequeñas devaluaciones; lo cual iba muy en línea con lo estipulado por el acuerdo de Bretton Woods.

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La nacionalización de las entidades bancarias en 1948, conllevó al establecimiento de un Sistema Bancario Nacional en el cual el Banco Central actuaba como organismo independiente y director de la política monetaria y crediticia del país. Hasta ese año las funciones de la Autoridad Monetaria las ejercía el Departamento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica.El Banco Central de Costa Rica (BCCR) vendría a dar al nuevo sistema bancario la orientación necesaria por parte del Estado. Se estableció como objetivo principal, el mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Como objetivos secundarios se incluyeron el propiciar el ordenado desarrollo de la economía costarricense, promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal funcionamiento, velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la nación y promover un sistema de intermediación financiera estable y competitivo.

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Las políticas de Ajuste Estructural han sido la base de la política económica costarricense en los últimos 10 años, por lo cual, han tenido gran incidencia en el análisis de los procesos y relaciones de cualquier sector productivo. En este contexto, los efectos ambientales de los últimos años, están decididamente influenciados por estas políticas, pues aunque, los programas de Ajuste no tienen como propósito direccionar aspectos ambientales, al modificar algunos precios relativos, pueden propiciar un cambio en el patrón de uso de un recurso, y es así como, tienen un efecto directo o indirecto sobre el ambiente

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El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.

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Este libro se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo, "Sobre la relación derecha e izquierda en Colombia", aborda elementos conceptuales sobre los imaginarios políticos, la distinción derecha e izquierda y un breve balance historiográfico latinoamericano y colombiano sobre el tema objeto de estudio. El segundo capítulo, denominado "La amenaza bolchevique y el remanente de la Regeneración, 1920-1925", describe y analiza las identidades políticas del socialismo, alianzas y divergencias con el republicanismo y el liberalismo, las identidades políticas del conservatismo, el surgimiento de los Leopardos y la dinámica de la confrontación derecha e izquierda. El tercer capítulo, titulado "El desafío revolucionario y la respuesta de la derecha, 1926-1930", puntualiza sobre el influjo revolucionario bolchevique, las identidades políticas del socialismo revolucionario y el ala socialista del liberalismo, los imaginarios políticos de la reacción, el conservatismo y la derecha, y la dinámica de la oposición entre revolucionarios y reaccionarios. El último capítulo, "El ascenso de las izquierdas y la reacción anticomunista, 1930-1936", describe e interpreta el ascenso de las izquierdas inspiradas en las representaciones e imaginarios de la izquierda comunista, la izquierda revolucionaria y la izquierda del liberalismo; asimismo, el ascenso de las derechas godas, anticomunistas, nacionalistas, corporativistas y pro-fascistas, para determinar quiénes eran godos, más godos, y quiénes, rojos, más rojos.

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El día 30 de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el plenario de la Asamblea Legisltativa una propuesta de trabajo cuya orientación esencial refería a la ausencia de una participación real de la sociedad civil en el proceso que había seguido la eventual aprobación del capítulo de Garantías Económicas a incorporarse en nuestra Constitución Política. Desde ese momento ha venido sosteniendo que a través de una reforma parcial a nuestra Carta Fundamental están siendo intentadas más bien reformas radicales a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado y que cambian su esencia considerablemente. Ello en criterio de la Defensoría y de quienes posteriormente han acogido y apoyado su propuesta constituye razón por demás suficiente para dar impulso a un debate amplio y pluralista en donde el acuerdo social sea el que determine el tipo de Estado que la sociedad costarricense desea y necesita pues la trascendencia de las medidas pretendidas vienen al traste con un proceso de toma de decisiones pensado, organizado y ejecutado unidireccionalmente desde las estructuras de poder tradicionales.La transcripción literal del texto propositivo de que se ha hablado se presenta íntegramente en virtud de que son variados los temas a que éste se refiere.