975 resultados para Oferta pública (Títulos)


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Poco a poco y con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del conglomerado social como algo más que islas humanas, se empieza a pensar cómo se racionaliza el espacio de relación humana

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Se realizará una revisión Constitucional, legal y conceptual de los principios orientadores de la función pública en Colombia. Posteriormente, se tratará de mostrar la dicotomía entrelos mandatos contenidos en dicho marco normativo y su aplicación en la cotidianidadde la gestión

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La disertación teórica clásica sobre la injerencia de la opinión pública en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos estuvo enmarcada por el consenso de Almond y Lippmann, el cual arguye que la opinión pública es volátil, carente de estructura y que ejerce un impacto muy limitado en la conducción de la política externa; la opinión pública se identificó como una masa desarticulada y poco informada, y bajo el realismo político se acentuó este paradigma clásico.

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La regulación normativa debe partir del supuesto de libertad económica e iniciativa privada, de forma que el negocio bancario se desarrolle en condiciones transparentes de mercado que permitan la correcta asignación del ahorro y su democratización.

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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos

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Resumen de la autora en catalán

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A pesar que el tema de la participación de la sociedad civil organizada en la gestión pública, es de gran trascendencia para el Estado y la sociedad, no ha sido objeto de gran desarrollo doctrinario; pues, en primer lugar, los factores que estructuran este tipo de participación, es decir, el sistema de democracia participativa, la noción de gestión pública, la creciente proliferación de las organizaciones sin ánimo de lucro y su papel cada vez más relevante en el escenario de la vida pública, han comenzado a tener incidencia hasta hace relativamente poco, y en segundo lugar, en que su estudio tiene cierta complejidad y amplitud.

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Resumen de los autores

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La Ley 527 de 1999 regula lo relativo al Comercio Electrónico en Colombia. Esta ley sigue de cerca la Ley Modelo que sobre la materia preparó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

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cambios y repercusiones más importantes en las organizaciones del Estado que pasan a ser organizaciones privadas en el sector salud colombiano a través de la investigación de los antecedentes de la privatización de las empresas estatales

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determinar cual es el régimen aplicable a los títulos valores desmaterializados dentro del marco legal colombiano, analizar la operancia de los depósitos de valores a nivel de derecho comparado, su regulación en la legislación nacional

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.