929 resultados para Agenda de gobierno
Resumo:
El programa Bolsa Família es considerado como la principal política pública de corte social desarrollada en el marco del gobierno brasileño de Luis Inácio Lula da Silva y está orientada a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación de familias que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. El objetivo de Bolsa Família es remover las fuentes de privación de libertad, la miseria y pobreza de las familias beneficiarias, a través del fortalecimiento del ejercicio de los mencionados derechos, lo que representa un aporte potencial a la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y de forma indirecta, sienta bases operativas a la realización del derecho humano al desarrollo de sus beneficiarios. Este programa evade la concepción tradicional de desarrollo, direccionada simplemente al crecimiento económico y a la elevación de índices como el producto interno bruto – PIB. Esta política pública es considerada como una herramienta fundamental en la ardua tarea de disminuir las desigualdades sociales en Brasil.
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Intenta dar a conocer el grave problema comunicacional que existe entre entes de desarrollo como en este caso el Municipio del Cantón Morona y la ciudadanía a la que representa. Esto debido a que se necesita en primer lugar de la voluntad política para congestionar entre ciudadanía y entidades de desarrollo, lo cual en muchos casos no existe debido a las diferentes prioridades y concepciones de desarrollo y gestión pública por parte de las autoridades. Otro aspecto es la débil organización ciudadana, que trabaja por beneficios sectoriales y de corto plazo, lo cuál no permite realizar un trabajo que entrelace los intereses comunes para alcanzar mejores resultados. El primer capítulo de esta investigación, hace un acercamiento teórico en donde se percibe la transversalidad de la comunicación, además de analizar a la organización como un ente comunicativo, en vista de que el gobierno local necesita de un trabajo coordinado, interdisciplinar, intersectorial y participativo en un entorno dinámico y cambiante. Se revisa además el tema de la participación ciudadana, en donde se presenta sus debilidades pero también las posibilidades de ejercer un mejor gobierno, mucho más transparente y equitativo. El segundo capítulo recoge datos descriptivos del cantón Morona, para de esta manera entender las grandes necesidades básicas insatisfechas con las que cuenta esta zona amazónica, y así poder entender la mayor participación y organización a nivel rural, puesto que lo que se intenta por medio de la presión y la participación ciudadana es mejorar su nivel de vida. El tercer capítulo relata las percepciones de los actores locales, las mismas que se realizaron gracias a observaciones, entrevistas y algunas visitas de campo para entender las subjetividades de los mismos. Además, se realizó encuestas a la ciudadanía de la localidad al igual que a los miembros de la organización municipal, para poder contar con algunos datos cuantitativos que permitan vislumbrar algunas conclusiones. El último capítulo tiene las conclusiones finales y recomendaciones, para de esta manera cerrar la investigación realizada en el Cantón Morona.
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El Programa Andino de Derechos Humanos, PADH; conjuntamente con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Región Andina, y con el financiamiento del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas, UNDEF, implementó el proyecto “Fortalecimiento de la Participación Política de Lideresas en Ecuador,” con el objetivo general de fortalecer la participación política de lideresas en el Ecuador a través de tres componentes: a) Elaboración de una Agenda Política Nacional de las Mujeres, consensuada y legitimada, elaborada dentro del marco de un proceso de negociación participativa e inclusiva en todo el país; b) Capacitación y formación de lideresas, y; c) Sensibilización de la ciudadanía, mediante campañas de concienciación, sobre la participación de las mujeres en la política nacional, regional y local como elemento básico de la democracia. El PADH, responsable del componente de Capacitación, consideró importante realizar una investigación de Línea de Base que permita identificar los acumulados y necesidades de formación de mujeres autoridades políticas en gobiernos seccionales, para lo cual se sistematizaron experiencias de formación diseñadas para mujeres políticas autoridades de los tres niveles de gobierno seccional; cuya formación haya sido impartido con enfoque de género y de derechos; con amplios niveles de amplitud de cobertura geográfica del proceso de formación; y que incluyeron la diversidad de organizaciones políticas en los procesos de formación. Esta línea de base por lo tanto, caracteriza la conformación actual de gobiernos locales desde variables de género, afiliación política, región, cantón, provincia y parroquia; y, en el caso de las mujeres en cargos políticos de elección popular para gobiernos seccionales (municipal y provincial) su afiliación política, edad, nivel de instrucción/educación, profesión, ocupación fuera del cargo político, estado civil, número de cargas familiares, región, etnia, provincia, cantón y tiempo en el ejercicio del cargo de elección popular; el análisis de las organizaciones y redes que agrupan a mujeres municipalistas, de consejos provinciales y de juntas parroquiales respecto a su creación, conformación, objetivos, logros, límites y potencialidades. Así mismo describe las principales experiencias formales e informales de formación a mujeres políticas en liderazgo, equidad de género y derechos de las mujeres considerando contenidos abordados, duración, periodicidad y nivel de satisfacción respecto de las necesidades de las participantes, como también los principales obstáculos con los que se enfrentan las mujeres tanto para participar como para ejercer sus cargos y sus principales necesidades de formación.
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Organizaciones de la sociedad civil venezolana han reaccionado ante el debilitamiento de la democracia, organizando movilizaciones sociales en nombre de la libertad. Este movimiento se ha desarrollado frente al debilitamiento de los vínculos de la democracia (libertad individual, ciudadanía y representación política de intereses), que en Venezuela se encuentran en crisis desde hace por lo menos 20 años. Desde allí se desarrollan nuevas propuestas sobre la necesaria armonización entre intereses particulares e intereses públicos.
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La presente investigación sobre el estado actual de las frecuencias de radio, concedidas en el período enero de 2003 al 30 de mayo de 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, me permitió acudir al informe de la contraloría General del Estado aprobado el 6 de noviembre de 2007 y a las Resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL. En base a las concesiones en ese ciclo, debía conocer como se encuentran en la actualidad las mismas si se hallan en operación o no por lo que fue necesario investigar en el archivo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, e investigar todas las resoluciones realizadas en varios sesiones del directorio de la mencionada institución, durante el período requerido. Se ha otorgado frecuencias sin considerar el aspecto técnico y jurídico, se puede apreciar que se dio apertura al poder económico y político, es decir a las personas que poseían frecuencias, en esta oportunidad se les apoyó para la creación de repetidoras en varias provincias de la costa, sierra y oriente con las matrices en las capitales de provincias. Se pudo observar también el apoyo de CONARTEL a conocidos políticos del partido Social Cristiano los mismos que luego se cambiaron al partido de gobierno es decir a Sociedad Patriótica y que ocuparon importantes lugares de trabajo en el régimen gutierrista. No podemos pasar por alto a los diputados de ese entonces, quienes también aprovecharon para obtener su frecuencia de radio. No se respetó la autonomía del CONARTEL, se violó la Ley de Radiodifusión y Televisión y no se cumplió con la Constitución de la República al otorgar varias frecuencias de radio a favor de pocos concesionarios sin cumplir los debidos requerimientos. El tiempo pasó y llegó el Gobierno de Rafael Correa, quien se dedicó a reestructurar toda la Institución Pública, incluido el CONARTEL, con el fin de fiscalizar y descubrir varias irregularidades cometidas en el anterior gobierno, especialmente en lo referente a la concesión de frecuencias.
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Esta investigación pretende despejar de alguna manera la inquietud y preocupación que se ha generado en la percepción ecuatoriana de asimilar los niveles de violencia y delincuencia común que han azotado al país con la presencia de ciudadanos colombianos. Desde hace una década atrás aproximadamente el “derrame” del conflicto violento de Colombia ha generado en el Ecuador diversas manifestaciones, entre ellos el flujo masivo, incesante y continuo de inmigración colombiana, violencia en la frontera común, obligando al gobierno ecuatoriano de Gutiérrez a redimensionar su agenda de seguridad, implementando como una medida válida desde el 01 de mayo del 2004 la adopción del pasado judicial como requisito indispensable para regular la inmigración colombiana y buscar reducir los índices de inseguridad que ha caracterizado últimamente al país.
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La compleja realidad latinoamericana se encuentra aún caracterizada por la pobreza, la exclusión social, los altos índices de corrupción pública y privada, la violación de los derechos humanos y por una ineficacia gubernamental generalizada. Esta situación requiere; sin lugar a dudas, de un nuevo abordaje que implique el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan aunar esfuerzos entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad civil en beneficio de construir soluciones viables de corto, mediano y largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y eficiencia. En ese contexto de necesidades, especialistas y expertos han volcado la mirada, y puesto su atención en la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión pública, como una alternativa de cambio institucional y de “perfeccionamiento” de nuestras democracias. ¿Será posible entonces, impulsar un nuevo esquema de funcionamiento democrático, donde el ciudadano, el pueblo, y la sociedad civil ocupen el lugar de protagonismo frente al Estado, sus instituciones y su gobierno? ¿Puede contribuir la participación ciudadana a alcanzar la senda del desarrollo, la prosperidad y la modernidad, en nuestros países? Exploremos algunos de sus rasgos distintivos y tal vez, luego obtendremos conclusiones.
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Este artículo centra su análisis en la vigencia de los derechos sindicales y laborales en el Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa se han impulsado una serie de contrarreformas que afectan los derechos sindicales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. Se vive un estado de inseguridad, indefensión y persecución que pone en riesgo la existencia de las organizaciones sindicales y las posibilidades de defensa de lo público frente a la amenaza neoliberal. Los problemas de desempleo y subempleo se han agravado haciendo cada vez más lejano el sueño de la construcción de una sociedad justa y equitativa, garante de derechos, dando lugar a la aparición de una segunda etapa de desregulación y flexibilización laboral.
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El “enfoque de Derechos” constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está basado normativamente en principios y estándares internacionales de Derechos Humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Ahora bien, a pesar de ciertos avances en materia de reconocimiento de derechos o la incorporación en los últimos años de cierta retórica de “derechos” en las políticas sociales aún queda un largo camino por recorrer en la implementación de esta perspectiva (tanto en la región como en particular en la argentina). Todavía persisten un esquema político caracterizado por oferta de beneficios asistenciales, multiplicidad de programas otorgados discrecionalmente y bajo lógica de clientelismo político, soluciones basadas en el supuesto de la “responsabilización individual” por parte de los receptores de las políticas, falta de participación de los sectores vulnerables en la construcción de la política, permanente re-denominación de viejos programas, falta de control y accountability y con falencias en materia de información pública (tanto en términos de producción como de acceso). En este marco, este trabajo se propone primero indagar sobre algunos de los principios que deben guiar políticas públicas pensadas en términos del “enfoque de Derechos”. Luego, se señalan algunos aspectos que pueden ser útiles a la hora de comprender por que este enfoque dista de implementarse en la argentina. Cabe destacar que a fin de iluminar los diferentes puntos se tomarán como referencias ejemplos extraídos de programas sociales de transferencia de ingreso implementados en Argentina y que se convirtieron en respuestas estatales protagónicas a partir de la crisis de 2001-2002.
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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.
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En medio de un contexto marcado por la globalización, la población que migra experimenta múltiples formas de negación y exclusión. En muchos países es mirada como extraña, intrusa, como ese nuevo “chivo expiatorio”, como “lo malo” e incluso “lo no deseado”. En el Ecuador concepciones como éstas han sido fortalecidas, por un lado, por el discurso oficial que tiende a mirar el libre ingreso de la población colombiana como una causal de la inseguridad ciudadana y, por otro, por las políticas de inmigración que se han implementado en nuestro país a partir del 2004. La presente investigación analiza la posición del gobierno del Presidente Rafael Correa respecto a los inmigrantes y fundamentalmente frente a los inmigrantes colombianos. Privilegia el análisis documental de las políticas de inmigración; los decretos y los comunicados del gobierno de Correa. Intenta responder a preguntas como: ¿Cuál es el peso que otorga el gobierno de Correa a la emigración, inmigración y refugio? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la implementación de políticas de inmigración? ¿Si las políticas de inmigración afirman o expresan la concepción de la inmigración como un problema de seguridad, como una amenaza y qué implicancias trae ello para los derechos humanos de la población colombiana? Finalmente, propone algunas recomendaciones para trabajar en la implementación de políticas públicas de inmigración, así como también para abordar el tema de la movilidad humana.
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Este trabajo de investigación y análisis aborda el discurso político audiovisual del gobierno ecuatoriano y su mediatización; en este marco, el objetivo principal apunta a detectar y definir los signos o elementos claves a nivel discursivo y comunicacional de ese discurso político audiovisual, para lo cual el corpus de análisis son 13 spots de propaganda de gobierno, emitidos entre enero y julio de 2008. Como un objetivo complementario se busca ubicar, al discurso materia de análisis, en un contexto socio-histórico que permita determinar sus antecedentes y comprender su génesis y desarrollo. En la estructuración, la tesis tiene 4 momentos definidos claramente: un marco teórico, en el cual se definen los conceptos y categorías que acompañaran el desarrollo del trabajo de análisis (política, discurso, mediatización, signos, entre los más importantes); un marco metodológico, en el que se detallan las líneas metodológicas y herramientas de investigación usadas para la aproximación al corpus de estudio; un marco referencial, en el que se presenta el contexto socio-histórico que enmarca el discurso; y, finalmente, se integra un capítulo en el cual se desarrolla el análisis de discurso de los spots de propaganda política del gobierno ecuatoriano y se generan las conclusiones de dicho trabajo
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Incluye ilustraciones
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Este artículo plantea que, para poder actualizar la agenda internacional del Ecuador, se torna necesario considerar los cambios drásticos experimentados en las relaciones internacionales durante la última década. De manera particular, se debe contemplar que la caída del Muro de Berlín significó la imposición rigurosa del liberalismo económico y, a su vez, que los atentados del 11 de septiembre de 2001 implican la imposición de una ideología guiada por la lucha antiterrorista. Todo esto influye en labor de la Cancillería con relación a la cooperación internacional, organismos bilaterales y multilaterales. Finalmente, se definen temas prioritarios tales como el fortalecimiento a la democracia, seguridad, la lucha contra la corrupción, la migración, Derechos Humanos, medio ambiente, terrorismo y narcotráfico.
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El autor plantea cuáles son los retos que el Ecuador debe afrontar para ratificar firmemente su participación política y económica en la Comunidad Andina. Se pregunta para ello ¿qué clase de integración queremos yen qué contexto international puede insertarse dicha integración? El artículo se concentra en nueve aspectos comerciales y económicos que deberán ser abordados por el nuevo gobierno. Finalmente, elabora una reflexión sobre las posibilidades de constituir un Mercado Común Andino, tarea que supone grandes desafíos en materia de libre circulación de servicios y capitales.