Antecedentes de la formación en administración en Colombia

En este documento se expone en términos políticos, económicos y educativos la situación que se dio en Colombia desde la segunda mitad de la centuria pasada con el fi n de entender las relaciones políticas y económicas que se presentaron, y las que contribuyeron en la creación y consolidación de empresas, en especial la forma como se dieron las relaciones entre los actores, en la cual se incluyeron las instituciones de educación que incidieron en la conformación de programas de administración en Colombia, como fruto de la creciente formación de empresas tanto del sector público como del privado. El desarrollo comprende la consolidación de la violencia política partidista del periodo, previo al régimen de facto que ocurrió bajo la dictadura militar. El punto de partida fueron los aspectos políticos, para luego adentrarse en los económicos, empresariales y educativos y considerar las relaciones del Estado con los particulares. Desde el punto de vista político se dio una constante pugna entre dirigentes del Estado colombiano quienes estuvieron en forma permanente enfrascados en luchas partidistas lo cual generó faccionalismos regionales que se refl ejaron en aspectos económicos, empresariales y educativos; tal accionar condujo a consolidar la violencia partidista que dio como resultado la muerte de Jorge Eliécer Gaitán1 en 1948. Sin embargo, se dieron procesos de conformación y consolidación de empresas que fueron óbice para tipifi car el comienzo del desarrollo industrial, y la oferta universitaria de programas de formación en administración en Colombia, con el fi n de contribuir con la dirección de las organizaciones empresariales que se gestaron. En lo educativo, fue la religión católica quien señaló la manera de educar y actuósobre el particular, de forma intervencionista; al llegar inclusive a determinar los textos que deberían utilizarse en los procesos de formación, sobre todo en materia de enseñanza primaria y secundaria.

Participación electoral : radiografía teórica y práctica de un fenómeno en Colombia. Caso de estudio : senado 1974-2006

Este texto es una invitación a la reflexión sobre la participación política, específicamente sobre una de sus manifestaciones: la participación electoral. La aproximación a este fenómeno, que cada día es más común como instrumento de legitimación de las democracias, reales y formales, se ha querido hacer tanto a nivel puramente teórico como práctico. En el primero se buscó dilucidar todas las discusiones teórico-conceptuales que se presentan frente al concepto, para poder entenderlo de una mejor manera y, de esta forma, avanzar hacia análisis más coherentes y profundos del mismo. En el segundo se inquirió sobre la necesidad de presentar una comparación entre Colombia y sus pares latinoamericanos (dieciocho países en total) para poner las cifras de participación colombianas en un contexto jurídico y estadístico que permita su real comprensión, y no un análisis somero y equivocado del fenómeno; además se realizó una exploración del comportamiento electoral de los departamentos de Colombia, desde 1974 hasta el año 2006, es decir, un total de nueve eventos electorales para la escogencia del Senado de la República. Todo ello con el fin de profundizar sobre este fenómeno en Colombia.

Disability as a determinant of access to health care services in Colombia

The relationship between disability and poverty has been described in different contexts. Nevertheless, the basic characteristics of this relationship have not yet been fully established. The social exclusion and discrimination against people with disabilities increase the risk of poverty and reduce the access to basic opportunities such as health and education. This study examines the impact of a health limitation and poverty in the access to health care services in Colombia. Data from the Colombian National Health Survey (2007) was used in the analysis. Variables related with health condition and socio economic characteristics were first generated. Then interactions between health limitations and the lower levels of the asset index were created. This variable gave information related to the relationship between disability and poverty. A probabilistic model was estimated to examine the impact of a health condition and the relation between poverty and disability on the access to health care. The results suggest that living with a physical limitation increases by 10% the probability of access to health care services in Colombia. However, people with a disability and in the lowest quartile of the asset index have a 5% less probability of access to health care services. We conclude that people who live with a physical, mental or sensorial limitation have a higher probability of access to health care services. However, poor and disabled people have a lower probability in access, which increases the risk of having a severe disease and become chronically poor.

“Análisis de la incidencia de la oferta de cooperación internacional de tipo sur-sur, por parte de Colombia, en el marco del programa regional de cooperación con Mesoamérica, para contribuir al desarrollo del área estratégica de seguridad en México (2010-2011)”

Mediante esta monografía se pretende analizar la incidencia de la oferta de cooperación internacional de tipo sur-sur, por parte de Colombia en el marco del Programa Regional de Cooperación con Meso-américa para contribuir al desarrollo del área estratégica de seguridad de México, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2011

Influencia del consumo mundial de biocombustibles en la seguridad alimentaria de Colombia en el periodo de tiempo del 2006 al 2010

En el trabajo de grado se realiza un analisis del mercado internacional de biocombustibles y como este ha afectado a la seguridad alimentaria de Colombia teniendo en cuenta la normativa del país en el tema de los biocombustibles y el estado actual del debate a nivel mundial.

Diagnóstico de las relaciones bilaterales entre Colombia y República Dominicana en torno al tema del narcotráfico desde 1998 hasta el 2010

El tema del narcotráfico ha sido ampliamente tratado, así como el caso de las drogas en Colombia, pero la afectación de dicho problema no ha sido analizada desde la República Dominicana y mucho menos desde la relación bilateral entre esta y Colombia. Aunque el tema es de gran relevancia en la agenda internacional, así como en la agenda interna de cada uno de estos Estados, no es el tema principal en la relación bilateral, donde los asuntos comerciales tienen mayor importancia, aún cuando hay ciertos mecanismos que buscan eliminar el tráfico ilegal de estupefacientes. En esta investigación, se busca dar un diagnóstico de las relaciones bilaterales y de aquellos instrumentos existentes, específicamente aquellos implementados desde la acogida internacional del término responsabilidad compartida en el año 1998 hasta el año 2010, para determinar la efectividad de los mismos y de aquellos factores que no son precisamente resultantes de las relaciones bilaterales pero que sí afectan de una u otra manera el tráfico de drogas ilegales entre estos dos países. Así, se buscará encontrar las debilidades, en los instrumentos bilaterales entre Colombia y República Dominicana y hacer recomendaciones para hacerlos más efectivos.

Incidencia de las dinámicas migratorias venezolanas hacia Colombia en el sector petrolero y comercial farmacéutico colombiano 2005-2011

En este trabajo se busca analizar la incidencia de la dinámica migratoria venezolana en dos sectores económicos colombianos: el sector petrolero y el sector comercial farmacéutico. Se hace referencia a la dinámica migratoria venezolana, ya que es un tipo o forma de migración que presenta un nivel de intensidad alto y está marcada por el contexto, las motivaciones y las causas en que se da la migración. Es regular, ya que se produce a través de canales regulares estatales establecidos por Colombia; es una migración internacional que incluye una distancia corta, y cuenta con varias particularidades haciendo referencia a que son países vecinos que comparten una proximidad geográfica, unos valores afines, y presenta una migración de capital humano, y además una migración empresarial.

Análisis de las Tensiones Diplomáticas entre Venezuela y Colombia y su incidencia para el comercio binacional entre Tachira y Norte de Santander durante el periodo 2007 a 2010

La presente monografía revisa algunos de los conceptos que, desde la antiguedad y aún en la época moderna, se tienen acerca de la frontera. Se parte del concepto regular, es decir, entendida como un instrumento de delimitación del espacio de las personas que viven en sociedad, pero, principalmente de los Estados-Nación para demarcar su soberania, hasta ampliarlo a una concepción que tiene vida, características y dinámicas propias. Puntualmente, se realizará el estudio sobre una de las zonas de frontera más dinámicas de America Latina, comprendida entre el departamento de Norte de Santander en Colombia y Tachira en Venezuela durante el periodo de 2007 a 2010.

Analisis comparado de la política exterior de Colombia y Venezuela en materia de hidrocarburos (2006-2009)

Esta monografia busca mostrar como el petroleo al ser el bien energético más importante, ha generado una dependencia de los Estados frente a este; tanto que ha influenciado en cierta medida las políticas internas y externas de Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que estas dos naciones andinas han tomado rumbos diferentes en los ultimos años.

La Etnia Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente a la Constitución de Colombia: Elementos Jurídicos para una discusión

El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

El régimen de los grupos en el derecho societario argentino

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Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

La institucionalización de la violencia en Colombia

En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

Política exterior y globalización. Comentarios a la Visión Colombia II Centenario: 2019

De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

El SIDA: incidencias en el mercado asegurador desde una perspectiva financiera y de tutela a los derechos humanos

Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.