917 resultados para SOCIAL SECURITY
Resumo:
A presente tese de Doutorado visa examinar a adequada resolução do conflito previdenciário. Não se destina a procurar mecanismos para a diminuição do acervo judiciário relativo a ações judiciais que tratam de matéria previdenciária. O objetivo é soluções para esse conflito, judiciais ou não, consensuais ou não, que sejam compatíveis com a posição de direitos fundamentais desses direitos. Leva-se em conta a profunda assimetria entre as partes em confronto, os cidadãos face o Instituto Nacional do Seguro Social. O conflito previdenciário se desdobra entre a pretensão de cumprimento dos direitos já previstos na legislação previdenciária e o questionamento acerca da validade das normas previdenciárias, com a exigência de que outras sejam postas no lugar. Em um cenário de crise do sistema judicial (numérica e de efetividade), busca-se o aprimoramento deste quadro além de outros mecanismos (administrativos) que possam propiciar o tratamento desse tipo de conflito em pleno acordo com os direitos fundamentais. Porém, o papel do sistema judicial, ainda que subsidiário, permanece preservado como garantidor de direitos. Propugna-se uma renovação do modo de funcionamento do processo administrativo previdenciário, autorizando quadros mais qualificados e legitimados da gestão da Previdência Social a criação de novos direitos em atenção às diversas expectativas sociais nesta matéria. Sugere-se que a conciliação judicial deve respeitar certos parâmetros condizentes com a posição fragilizada do segurado e que não seja imposta como filtro obrigatório ao ajuizamento da ação judicial.
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Pretende-se com o presente trabalho de pesquisa abordar, do ponto de vista teórico, as especificidades da execução ex officio das contribuições sociais no âmbito trabalhista. A problemática gira em torno da natureza jurídica da contribuição social e do procedimento sui generis de execução na justiça do trabalho. A natureza tributária impõe uma série de implicações que devem ser enfrentadas pelo operador do direito, principalmente no que pertine as normas aplicáveis na constituição e exigência do crédito tributário. O objeto do trabalho consistirá na análise do procedimento de execução que deve ser adotado, visando o respeito dos demais institutos vinculados à execução tributária, inclusive, a prescrição e a decadência. Serão identificadas as peculiaridades desta competência concorrente, incluída a questão da possibilidade de utilização de períodos cujo vínculo tenha sido reconhecido por sentença trabalhista, para fins de obtenção de benefícios previdenciários.
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There is a growing interest in learning how older migrants adapt to their new country of residence, in understanding their motivations for migration and the factors that influence international retirement migration patterns. However, there has been little research into the health and health care needs of international migrants retiring to other countries. This paper presents findings on health status and utilisation of health services with a particular focus on UK pensioners retiring to Spain. Future research should focus on the health needs of pensioners and their perspectives as to whether and how these health needs are met.
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El objetivo es analizar las condiciones de trabajo en inmigrantes colombianos y sus problemas de salud asociados. Para tal fin, se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, en población inmigrante colombiana trabajadora activa o en paro, mediante encuesta personal, recogiendo información sobre características personales y laborales e indicadores de salud. Los resultados indican que existe un porcentaje importante de inmigrantes con contrataciones temporales o sin contrato y jornadas de trabajo semanales por encima de las 40 horas. Una quinta parte no se encuentra de alta en la seguridad social. La gran mayoría de las mujeres (92%) tienen salarios menores o iguales a los 1.200 euros. La población percibe discriminación en espacios sociales y laborales. Se reportan problemas de salud con diferencias por sexo. Casi una tercera parte no ha recibido información sobre prevención de accidentes y daños a la salud. Se evidencian así, situaciones de precariedad que exigen estrategias para garantizar mecanismos de protección social para esta población.
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La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril posibilitó el tránsito del antiguo modelo de Seguridad Social al actual modelo de Sistema Nacional de Salud (SNS), financiado con impuestos y de cobertura prácticamente universal. Desde entonces se han producido profundos cambios en el sistema que culminaron en el año 2002 con la descentralización total de competencias en materia de salud en las Comunidades Autónomas. La regulación nacional de competencias en materia de salud se realiza desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo que agrupa a los máximos responsables autonómicos en materia de salud de cada Comunidad Autónoma y que tiene entre otras, la responsabilidad de evitar las desigualdades en servicios sanitarios dentro del territorio nacional. La creación y competencias del Consejo Interterritorial quedan recogidas en la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión de la calidad del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios comunes del SNS se establece en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, actualizando el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre Ordenación de las prestaciones sanitarias, resultando del actual marco legislativo con la descentralización de competencias y gestión de los presupuestos un horizonte de posible variabilidad en los modelos de gestión de cada CCAA, que, si bien deben garantizar la universalidad de las prestaciones, también ofrece una diversidad de modalidades de gestionar los recursos en materia de salud. En cuanto al estado de salud de los españoles, destacar que la esperanza de vida al nacer se sitúa en 79,9 años, superior a la media europea, 78,3 años, y la esperanza de vida ajustada por incapacidad fue en 2002 de 72,6 años en España respecto a los 70,8 de la UE. Según cifras del propio Ministerio de Sanidad, la percepción de la salud de los ciudadanos fue positiva para un 73% de los hombres y un 63,2 de las mujeres. Alrededor del 60% de la población tiene un peso normal y la morbilidad sitúa en los primeros lugares las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades del aparato respiratorio (CIE-9). El gasto sanitario en España, es un capítulo presupuestario importante, al situarse en torno al 7,5 del P.I.B, y los recursos e inversiones presentan aparentes desigualdades autonómicas. Los modelos de gestión y dependencia patrimonial de los recursos, variables entre Autonomías, plantean la necesidad de monitorizar un seguimiento que permita evaluar en los próximos diez años el impacto de la descentralización de competencias del Sistema. La estructura del Sistema tiene dos niveles asistenciales mayoritarios, atención primaria y especializada, absorbiendo la atención especializada la mayor parte del presupuesto. El incremento del gasto sanitario y la universalidad de las prestaciones han condicionado en gran medida la implantación de modelos de gestión diferentes a los tradicionales. Esta situación no es exclusiva del Estado Español. En los Estados del entorno de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su sesión celebrada los días 1 y 2 de Junio de 200625 concluyeron un documento que recoge los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea, resaltando los principios y valores de los sistemas sanitarios como soporte estructural de dichos estados. Como conclusión, en este momento (2007) el Sistema Nacional de Salud Español, está inmerso en un proceso de trasformación orientado a garantizar la eficiencia de las prestaciones de manera responsable, es decir, ofertar al ciudadano la mejor calidad de servicios al mínimo coste.
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Objetivo: Explorar las percepciones de las mujeres inmigrantes trabajadoras del servicio doméstico sobre la puesta en vigor en España del Real Decreto 1620/2011, que regula la relación laboral del servicio del hogar familiar, y su efecto en sus condiciones de empleo. Métodos: Estudio exploratorio mediante análisis de contenido cualitativo. Se realizaron tres grupos de discusión con mujeres inmigrantes (colombianas, ecuatorianas y marroquíes). Resultados: A pesar de valorar positivamente los beneficios teóricos de la nueva normativa, las mujeres inmigrantes han identificado barreras legales y económicas para conseguir un contrato, ser dadas de alta en la seguridad social y que las personas empleadoras asuman su coste, en especial en el caso de las trabajadoras contratadas por horas. Estas dificultades influyen en la posibilidad de legalizar su situación. La confluencia con la crisis económica ha emergido como un problema que dificulta su cumplimiento. Conclusiones: Aunque el nuevo régimen ha favorecido la creación de puestos de trabajo con mayores derechos laborales en el sector, las mujeres inmigrantes perciben que su puesta en marcha en el actual contexto de crisis económica no ha contribuido a mejorar sus condiciones de empleo.
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Background: Migrant workers have been one of the groups most affected by the economic crisis. This study evaluates the influence of changes in employment conditions on the incidence of poor mental health of immigrant workers in Spain, after a period of 3 years, in context of economic crisis. Methods: Follow-up survey was conducted at two time points, 2008 and 2011, with a reference population of 318 workers from Colombia, Ecuador, Morocco and Romania residing in Spain. Individuals from this population who reported good mental health in the 2008 survey (n = 214) were interviewed again in 2011 to evaluate their mental health status and the effects of their different employment situations since 2008 by calculating crude and adjusted odds ratios (aORs) for sociodemographic and employment characteristics. Findings: There was an increased risk of poor mental health in workers who lost their jobs (aOR = 3.62, 95%CI: 1.64–7.96), whose number of working hours increased (aOR = 2.35, 95%CI: 1.02–5.44), whose monthly income decreased (aOR = 2.75, 95%CI: 1.08–7.00) or who remained within the low-income bracket. This was also the case for people whose legal status (permission for working and residing in Spain) was temporary or permanent compared with those with Spanish nationality (aOR = 3.32, 95%CI: 1.15–9.58) or illegal (aOR = 17.34, 95%CI: 1.96–153.23). In contrast, a decreased risk was observed among those who attained their registration under Spanish Social Security system (aOR = 0.10, 95%CI: 0.02–0.48). Conclusion: There was an increase in poor mental health among immigrant workers who experienced deterioration in their employment conditions, probably influenced by the economic crisis.
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Dissertação apresentada ao Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interactivos, realizada sob a orientação científica do Doutor Arminda Guerra Lopes Professor Doutor do Departamento de Informática do Instituto Politécnico de Castelo Branco
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A Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) foi criada em 2006 pelo decreto-lei nº 101/2006, no âmbito do Ministério da Saúde e da Segurança Social. A RNCCI tem como missão prestar os cuidados adequados, de saúde e apoio social, a todas as pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência, e articula-se com os serviços de saúde e sociais já existentes. Para cumprir a sua missão, a RNCCI, necessita de uma equipa multidisciplinar, na qual integram vários profissionais, tais como: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, entre muitos outros, de entre estes os enfermeiros são os profissionais que maior percentagem detêm na constituição da mesma. Daí que seja pertinente a realização de estudos de investigação, com enfermeiros e estudantes de enfermagem, nesta nova valência de cuidados. O presente estudo incide sobre os conhecimentos dos estudantes de enfermagem sobre a RNCCI, que frequentam o terceiro e quarto ano na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. Sendo a questão de investigação deste estudo: “Quais os conhecimentos dos alunos de enfermagem do terceiro e quarto ano da licenciatura em enfermagem sobre a RNCCI?”. Foi realizado um estudo de natureza quantitativa, descritivo, correlacional, num plano transversal. Optou-se por um processo de amostragem não probabilística de conveniência, que refletisse a distribuição da população por ano de escolaridade. Assim, considerou-se uma amostra de 120 alunos (75 % da população), selecionados acidentalmente, visando a disponibilidade, rapidez e o menor custo na recolha de dados. Concluiu-se que os alunos de enfermagem de uma forma geral apresentam conhecimentos sobre a RNCCI. Destacando-se uma percentagem de 90% de respostas corretas referentes sobre a RNCCI. No entanto 75% dos alunos responderam erradamente às afirmações relacionados com o processo de referenciação e tipologia das respostas da RNCCI. Comparando estes resultados com estudos realizados com enfermeiros que exercem funções na RNCCI, verifica-se que os alunos não apresentam conhecimentos suficientes para desencadear funções ou processos relacionados com a RNCCI, apesar de terem conhecimentos gerais da mesma, pois apresentam consideráveis falhas desde logo no processo de referenciação, assim como profissionais que já trabalham na área. Tais factos constatados salientam a importância de formação teórica e/ou prática, no plano curricular da licenciatura de enfermagem, preparando os futuros enfermeiros para exercerem as suas funções na RNCCI, e não só. Pois os enfermeiros que trabalham nos cuidados de saúde primários e secundários, também eles necessitam de ter conhecimentos sobre a RNCCI, verificando-se muito frequentemente é durante o internamento que se inicia o processo de referenciação. Sugerindo que o conhecimento dos alunos sobre a RNCCI, são adquiridos na sua maioria durante a realização do ensino clínico, onde acompanham este tipo de atividades. Embora a formação base da licenciatura, permita uma vasta aquisição de competências teórico-práticas, e a integração de formação sobre a RNCCI, seja considerada pelos alunos de enfermagem, como importante ou muito importante, a mesma pode considerar-se atualmente praticamente inexistente.
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This document provides statistical appendices underpinning the research presented in ENEPRI Research Report No. 117, “Performance of Long-Term Care Systems in Europe”, December 2012. Esther Mot is Senior Researcher in the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) and Riemer Faber is researcher at CPB. Joanna Geerts is researcher and Peter Willemé is health economist in the Social Security Research Group at the Federal Planning Bureau (FPB).
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This Task Force report combines the most recent data from Eurostat with national sources to highlight the most significant labour mobility trends within the EU. Overall, the recent recession has not induced previously immobile workers to become more mobile, at least not in the larger member states. Mobility flows have moved away from crisis countries in response to the economic downturn but the desired increase in south-north mobility has not been observed so far. This leads the authors to conclude that successfully fostering mobility within EU15 countries requires tremendous effort. It is important that workers who are willing and able to move are not discouraged from doing so by unnecessary barriers to mobility. Improving the workings of the EURES system and its online job-matching platform; better cooperation of national employment agencies; streamlining the recognition of qualifications; and supporting language training within the EU are important contributions to labour mobility. The authors conclude that the EU is right to defend the free movement of workers. National governments should keep in mind that their ability to tap into an attractive foreign labour supply also hinges upon the perception of how mobile workers are treated in destination countries. If the political imperative requires regulations to be changed, such as the one guiding the coordination of social security, it is essential that no new mobility barriers are put in place.
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Japan is the most rapidly aging country in the world. This is evidence that the social security system, which consists of the pension system, healthcare system and other programmes, has been working well. The population is shrinking because of a falling birth rate. It is expected that the population will fall from 128 million in 2010 to 87 million in 2060. During this period, the ratio of people aged 65 or over will rise from 23 percent to 39.9 percent. Japan’s age dependency ratio was 62 in 2013, the highest among advanced nations. It is expected to rise sharply to 94 in 2050 (see Figure 1 on page 4). A total reform of the Japanese social security system, therefore, is inevitable. From the point of view of fiscal reconstruction, reform of the healthcare system is the most important issue. The biggest problem in the healthcare system is that both the funding system and the care-delivery system are extremely fragmented. The government is planning its reform of the healthcare system based on the principle of integration. Other advanced economies could learn from the Japanese experience.
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After two and a half years under President Viktor Yanukovych and the Party of Regions, the overwhelming majority of Ukrainians are dissatisfied with the state the country’s economy is currently in and the direction it has been developing in. There has also been a significant drop in stability and social security with the general public increasingly feeling that the government has little interest in their problems. Only 16% of Ukrainians believe that the current government has performed better than their predecessors, although overall confidence in both the ruling party and the opposition remains low. Nonetheless, falling support for the president and the Cabinet does not seem to have translated into greater popularity for the country’s opposition parties; these currently enjoy the confidence of only a quarter of the electorate. The clear lack of credibility for politicians on either side of the political spectrum, coupled with an almost universal preoccupation with the bare necessities of life, has shifted the political processes in Ukraine further down the agenda for the majority of Ukrainians. Ukraine’s poor economic performance, which over the last two years has been addressed through a series of highly unpopular economic reforms, has resulted in a growing mood of discontent and increased civil activity, with the Ukrainian people reporting a greater willingness than ever to join protests on social issues. Most of them, however, have shown much less interest in political rallies. This is likely to stem from low levels of trust in the opposition and the general belief that opposition politicians are not a viable alternative to the current government. One may therefore assume that there will be little public scrutiny of the parliamentary election scheduled for 28 October, and that the likelihood of mass demonstrations during it is low. However, in the event of large-scale vote rigging and a dismissive response from the government, spontaneous unsanctioned rallies cannot be ruled out. What is more likely, however, is a series of protests after the elections, when the already difficult economic situation is further exacerbated by a predicted rise in the price of gas for Ukrainian households and a possible move to devalue the Ukrainian hryvnia.
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After four rounds of the European Semester process of EU economic coordination, Belgium has done relatively little to comply with EU recommendations. This brief substantiates and confirms this claim after clarifying the meaning of these recommendations. While the challenges underlined by the European Commission still lie ahead, Belgium’s ownership of the recommendations for reforms has been low. Not only do coordination processes remain bureaucratic and technocratic, but many of the recommendations’ concerns – external competitiveness, social security reforms, market reforms – are not traditionally defended by the political left in Belgium. The controversy surrounding the recommendations for national structural reforms owes much to their supply-side orientation, which contrasts with the inability of the EU to pursue demand-side policies. But despite this disequilibrium, the recommendations highlight relevant issues that ought to be addressed, and indicate where scope for national debate exists.
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Population; national product; agriculture; energy; industry; transport; external trade; standard of living; trends of major economic indicators in the six; supplementary statistics on iron and steel-trends from 1952-62; supplementary statistics in an social field-employment, earnings, expenditure, social security