900 resultados para Políticas Educacionais


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Objetivo: Revisar las ideas provenientes de los saberes médicos en relación con el diseño y la implementación de las políticas sanitarias en los años sesenta en la Argentina. Metodología: Se propone un abordaje cualitativo de un corpus documental constituido por dos revistas de circulación médica: la Revista de Salud Pública, editada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Boletín de la Asociación Argentina de la Salud Pública. Ambas estaban ligadas al concepto de ‘salud pública’, que aludía al accionar técnico y a las acciones específicas para lograr una modificación de las condiciones medioambientales. Resultados: Las políticas sanitarias en los años sesenta estuvieron signadas por el horizonte planificador y la estadística cobró un protagonismo marcado como mecanismo de legitimación. A escala local, se pusieron en juego saberes ligados a la prevención y a la educación sanitaria en diversas experiencias de desarrollo comunitario. 

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Este artículo compara los programas de salud materno-infantil en Argentina y Chile, prestándole especial atención a las características institucionales de largo plazo y las tendencias neoliberales presentes en la organización de las reformas sociales de las décadas de 1980 y 1990. Objetivo: Llevar a cabo un estudio comparativo sobre las transformaciones de los programas de salud y nutrición materno-infantil, teniendo en cuenta tres aspectos conectados entre sí: las políticas sociales, las capacidades institucionales y la ejecución de políticas. Metodología: El análisis documental realizado en este artículo se enmarca en el modelo de fuerza estructural de Carmelo Mesa-Lago y en el modelo de la estructura centrada en el estado de Theda Skocpol. Conclusiones: A pesar de la relativa similitud en los lineamientos de las políticas de salud aplicadas en ambos países, los contrastes en las características institucionales a largo plazo (los programas chilenos abordaron la salud materno-infantil de forma más eficiente que los argentinos) representan la mayor parte de la variación en el proceso general de aplicación de las reformas y el desempeño de las políticas de salud materna e infantil.

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El trabajo busca determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, para el periodo 2006-2010.

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El presente trabajo se centra en el análisis de la relación entre las políticas crediticias de las entidades de crédito y el desempeño de las mismas ex-post. Tras llevar a cabo una revisión de la teoría se plantea como hipótesis de trabajo la relación entre la intensidad en el crecimiento de la cartera crediticia de los bancos en las fases de expansión crediticia, y su desempeño ex-post. Los resultados preliminares presentados confi rman nuestra hipótesis: las entidades que más desvían su crecimiento crediticio respecto del crecimiento del PIB nominal están sujetas a un peor comportamiento en cuanto a la evolución posterior de sus benefi cios, rentabilidades e insolvencias.

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Este documento expone la metodología de la APP de acuerdo con el nuevo desarrollo del tema tanto en Colombia como en diversos lugares del mundo, haciendo énfasis en la comprensión de los diferentes elementos antes de su implementación y el desarrollo de niveles de aprendizaje progresivo en la medida en que se ejecutan las diferentes fases del mismo.

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La gestión del conocimiento ha sido uno de los temas que más interés ha suscitado en el ámbitodel estudio de las organizaciones durante los últimos años. El objetivo de esta investigaciónconsiste en analizar la adopción de prácticas de gestión del conocimiento y su relación con laspolíticas de recursos humanos. El estudio se realiza en empresas que operan en la comunidadvalenciana a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo.Palabras clave: gestión del conocimiento, organizaciones, estudio de caso.

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Este artículo tiene por objetivo analizar, desde una mirada crítica, los actuales esquemas de producción de información estadística en tanto insumos para el diseño de políticas de desarrollo humano a escala local. Primero, se reflexiona sobre dos nociones: el territorio como ámbito de ampliación de las capacidades humanas y la información territorial como recurso estratégico. Luego, se describen las principales debilidades que presenta la información socioeconómica actualmente disponible. Finalmente, se esbozan algunas consideraciones orientadas a avanzar en la elaboración de Sistemas de Información Territorial.

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El principal objetivo del trabajo es conocer cuáles son las contribuciones, limitaciones y vacíos del contexto político e institucional para la construcción de condiciones favorables al desarrollo económico territorial (DET) en México, durante el periodo comprendido entre 1983 y 2006, y si en efecto se presenta un cambio de enfoque y procedimiento en lo territorial. Con base en la propuesta del ILPES en materia de desarrollo económico territorial, y a partir de la revisión de planes, programas y presupuestos, consideramos que la sociedad mexicana, sobre todo en fases como la actual, se encuentra en condiciones difíciles para poder concebir, construir y operar colectivamente un proyecto social-territorial, y resulta fundamental superar esta situación. Es evidente la débil cohesión entre las políticas, pero sobre todo entre las instituciones y actores en sus distintos niveles de gobierno y ámbitos de acción para construir dichos proyectos. 

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Some guides are shown on five intervention areas for the development of public politics on urban freight planning and business logistics practices, which lead to sustainable processes on logistics of urban goods movement. For Duch aim, problems of the public intervention at the Metropolitan Zone of Mexico City are discussed; also urban freight trenes for the current postmodern era are analyzed, and recent experiences on freight management in multiple european cities are offered.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Este artículo trata sobre el proceso de negociación y adopción de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco, considerada como uno de los textos fundadores del derecho internacional de la cultura y el primero en derecho internacional en reconocer la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales en tanto que portadores de valores e identidad. Asimismo, esboza el impacto de dicho instrumento jurídico sobre las políticas culturales del gobierno mexicano.-----This article deals with the importance of the Unesco Convention on the Promotion and Protection of the Diversity of Cultural Expressions, which is deemed to be one of the sources for the International Cultural Law and the first in International Law to recognize the specific nature of cultural property and services as carriers of values and identity. Also, the role played by Mexico throughout the negotiation of the Convention is analyzed, and the impact of said legal tool on the cultural policies of the Mexican Government is outlined.  

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Este artículo analiza los cambios recientes en la competencia partidista en México, haciendo énfasis en la elección de julio de 2006 a través de la cual se elige presidente de la República y miembros del Congreso. Dicha elección muestra la transición de elecciones competitivas, concentradas en el binomio autoritarismodemocracia, a elecciones temáticas, de asuntos o issues, centradas en las propuestas de política pública de los candidatos a la presidencia y en las que los ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, entre otras, juegan un papel activo. Con ese fin en el artículo se expone primero un breve recuento de los ejes medulares de la actual competencia partidista como la última reforma electoral realizada para mover al sistema electoral hacia elecciones justas, libres y transparentes, los desafíos del sistema de partidos y elementos contextuales socioeconómicos y políticos relevantes. Se analiza en segundo término la evolución de la competitividad y los cambios en la estructura de la competencia, lo cual permite entender el tránsito a elecciones temáticas centradas en las propuestas de política pública de los candidatos. En tercer lugar se presentan las principales propuestas de los candidatos en áreas prioritarias y su evaluación. Finalmente se hace una reflexión de conjunto sobre el significado de esta elección, el contexto que domina la actual contienda por la presidencia y la incertidumbre y competitividad que la caracterizan.-----This paper analyses recent changes in Mexican political parties’ competition for national presidency, with an emphasis on July’s 2006 Congressional and Presidential elections. The latter revealed a transition from an old competitive ballot race focused on the antithetic duet authoritarianism-democracy, to what could be called topical elections, focused on issues concerning presidential candidates’ public policy proposals in which citizens, civil associations, and nongovernmental organizations, among other groups, play an active role. With this purpose in mind, the paper starts with a brief exposition of the parties’ core contentions, including debates such as that around the last election reform aiming at pushing the ballot system towards fairer and more transparent elections, the challenges ahead for the party system, and other relevant contextual, political and socio-economic issues. Secondly, the evolution of the new terms of the competition and its structural changes are examined, in order to better understand our main concern here, i.e., the transition to a topical election contest focused on candidates’ public policy proposals. Thirdly, the candidates’ main proposals in crucial priority areas are presented and assessed. Finally, a global reflection is made on the meaning of these elections, on the context that has prevailed alongside, and on the uncertainty and competitiveness that have characterized them.