1000 resultados para VIOLENCIA POLÍTICA – COLOMBIA – 1949-1957
Resumo:
En los últimos años ha habido un reconocimiento por parte de un gran número de colombianos respecto a su rol en el desarrollo económico, político y social del país. A raíz de esto, se han conformado una serie de grupos cuya misión es crear una sociedad más pacífica e igualitaria. Uno de esos grupos es Vallenpaz, creado en el año 2000 como respuesta a la escalada de violencia que estaba sufriendo el Valle del Cauca. Esta organización no gubernamental tiene entre sus objetivos el contribuir al desarrollo local y a la construcción de paz de los lugares en los que actúa. Estas metas se logran con el apoyo de las comunidades a través de la formación de asociaciones económicas basadas en valores como la responsabilidad, la colaboración, el respeto mutuo, la integración y el reconocimiento de la importancia del campesinado en la sociedad. Este texto es un estudio de caso en el que Vallenpaz es analizada desde sus inicios con el fin de entender la estrategia adoptada por esta para ayudar a las comunidades y si contribuye a solucionar la situación de conflicto armado por la que atraviesa Colombia.
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El hecho de que las minas antipersonal sean armas eficaces, económicas, fáciles de fabricar, durables y con grandes efectos físicos y psicológicos, provocó que su utilización fuera cada vez mayor en los diferentes tipos de conflictos. A pesar de la existencia de las normas del Derecho Internacional Humanitario que prohíben su uso, la utilización de estas armas es una problemática aún sin resolver. Considerando la compleja y persistente problemática producida por la minas antipersonal en Colombia, esta monografía identifica los principales aportes del DIH en el manejo de minas antipersonal, asimismo presenta un balance de la Acción Integral contra Minas y también destaca la importancia de la cooperación internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Diplomacia Humanitaria para enfrentar esta problemática.
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La presente monografía pretende analizar de qué manera el Programa de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz (2007-2010) beneficia política y socialmente a Colombia y España. Lo anterior en el marco de una relación de interdependencia compleja.
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El trabajo plantea una plataforma conceptual para comprender el fenómeno de la opinión pública en las sociedades. La idea se ilustra con base en las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia y la Revista Semana.
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La investigación diagnostica tiene como objetivo elaborar una propuesta de solución alternativa a las deficiencias en los procesos de fiscalización en materia de otorgamiento de licencias de explotación minera en Colombia como respuesta a las limitaciones y los desafíos identificados en el Estatuto Anticorrupción, con relación al código de minas, ley 685 de 2001.
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El presente estudio de caso analiza desde la construcción espacial comunitaria del campesinado, las maneras en que la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra teje formas de resistencia política a las estructuras latifundistas imperantes en el Magdalena Medio. En un periodo donde el modelo agroindustrial relacionado con la globalización tiene mayor profundización en el sector agrario nacional, se analiza como la organización campesina ejerce una resistencia localizada en defensa de lo territorial, como filón para detener la expansión de los circuitos de acumulación de Capital.
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El comercio internacional ha presentado, a lo largo de los años, un fuerte dinamismo que ha impulsado a las naciones del mundo ha desarrollar distintas estrategias para afrontar las nuevos cambios y desafíos que ha traído consigo la globalización. El centro económico mundial se ha trasladado, en el pasado, del Mediterráneo al Atlántico, y hoy parece seguir una nueva tendencia hacia el Pacífico. El enorme potencial de su mercado y los grandes avances para la cooperación comercial que se han logrado entre los países que conforman la Cuenca del Pacífico, confirma la importancia de esta región, que se ha convertido en el nuevo epicentro económico mundial. Colombia cuenta con una posición geográfica privilegiada que le permite tener un fácil acceso al comercio con los países de la Cuenca. Sin embargo, su inserción a este mercado ha sido débil y tardío, si se compara con otros países de América Latina como Chile, que cuenta con una participación activa en este bloque económico desde hace varias décadas. Es necesario, de esta manera, que el país implemente estrategias enfocadas a lograr un cambio en el enfoque en su política exterior, que le permita fortalecer las relaciones comerciales con la otras naciones que hacen parte de la Cuenca del pacífico, para aprovechar eficazmente las oportunidades y ventajas que se presentan en este mercado y que pueden ser determinantes para el desarrollo económico del país en el futuro
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¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes.
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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).
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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.
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El conflicto mexicano presenta un escenario diferente al estudiado en Irlanda del Norte y en la antigua Yugoslavia. Esto se debe a que en el caso mexicano, al igual que en el peruano, no se ha llevado a cabo un proceso de paz con ninguno de los actores que protagonizan el conflicto, el cual comenzó en 1994 tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (de ahora en adelante, EZLN) en el estado de Chiapas. Hasta la actualidad, el Estado mexicano no reconoce la existencia de un conflicto armado en este estado sureño, por lo que califica como violencia interétnica lo que sucede en diferentes municipios del mismo. En esta ocasión el objeto de estudio son los grupos paramilitares que actúan en Chiapas desde mediados de la década de los noventa, lo cual va en consonancia con los anteriores documentos de investigación (BI No. 33, 34 y 35), en los que se trabajaron los casos de Irlanda del Norte, la antigua Yugoslavia y Perú.
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Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).
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La destrucción de la nación Pijao por parte de los conquistadores, a comienzos del siglo XVII en el entonces Nuevo Reino de Granada, es el acontecimiento histórico, el hecho clave para explicar el proceso de formación del Estado colombiano. Esa es, en otras palabras, la hipótesis estructural que orienta el trabajo investigativo de Adolfo Chaparro Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien señala como una referencia necesaria de la filosofía política, la idea de reconocer una violencia anterior, un exceso de fuerza que legitima y antecede toda fundación de Estado. El hecho es que en el caso colombiano, no está claro cómo y por qué el acontecimiento mismo de la fundación borra las huellas de esa violencia para hacer visible sólo el Estado-institución (Colonia), o para magnificar los ritos y los emblemas aglutinadores del Estado-nación (República). Sin la pretensión de resolver esa relación con el pasado desde la investigación puntual de la génesis del Estado en la Nueva Granada, el estudio plantea que el diagrama básico de configuración estatal surgido en el siglo XVII es pertinente en un análisis actual del Estado-nación en Colombia. Con base en el acontecimiento que relata la aniquilación de la nación Pijao, después de más de sesenta años de guerras continuas con el ejército imperial, surge la hipótesis de que la interioridad propia del Estado español, y su efecto en la producción de subjetividad de los cacicazgos sometidos a la Corona, desde un comienzo, es concomitante a la exterioridad de las ‘naciones’ de indios acusadas de salvajismo, irracionalidad y canibalismo, las cuales nunca entrarán en los límites del Estado, generando así una incertidumbre, que aún pervive, acerca de los límites administrativos y culturales del nuevo Estado en formación.
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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.
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Se trata de A.P., una joven mujer que trabajaba en una empresa como analista de gestión. Sus principales funciones eran: radicar las solicitudes que llegaban por fax, por correo electrónico y por mensajería; le correspondía asimismo generar y empacar los extractos mensuales de los clientes. Su horario laboral era de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., además tenía que cumplir un turno nocturno adicional las dos primeras semanas de cada mes, éste último de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 8:00 a.m. El único descanso que tenía era cuando cumplía el horario nocturno, pues le daba derecho a dos días libres, siempre y cuando no fuera fecha de cierre. Entonces, comenzó a sufrir molestias en sus manos. “Lloraba mucho, porque me dolían demasiado, así que intenté aprender a escribir con la mano izquierda, pero me sentía como un niño de cinco años, pues no podía manejar la hoja ni el lápiz. Me deprimía y me angustiaba quedarme sin trabajo”. Este es tan solo uno de los tantos casos que se dan en el entorno laboral y que demuestran cómo los individuos que se someten a un ambiente de trabajo hostil terminan perjudicando su estabilidad emocional y, sin duda, su salud. En este sentido, la pregunta que resulta es ¿cuáles factores o razones llevan a una persona a ser tolerante con el hostigamiento sicológico como práctica de violencia en el trabajo? Para comprenderlo, Juan Alberto Castillo Martínez, investigador del Grupo GISCYT, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, desarrolló una investigación que arrojó importantes resultados que permiten vislumbrar que una de las formas de la violencia laboral es el hostigamiento sicológico. Este fenómeno es una realidad, pero difícil de evidenciar y controlar.