797 resultados para Régimen señorial
Resumo:
A pesar de los visibles avances logrados después de la finalización del Régimen del Apartheid, Sudáfrica evidencia la continuación de una serie de formas de Violencia, (Violencia Cultural-Directa-Estructural) destacándose la Violencia Estructural del Sistema (Desigualdades sociales).
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Ante la mirada atónita del mundo, la República Popular China realizó los Juegos Olímpicos (J.J.O.O.), Beijing 2008, que no sólo han sido los más costosos de toda la historia con una explosiva demostración de modernización sino fueron un éxito para los intereses del Partido Comunista Chino (PCCh). De esta manera, los argumentos principales de la estrategia de Deng Xiaoping y del PCCh y la incidencia política de los J.J.O.O. contribuyeron a la consolidación del proyecto político chino, la economía socialista de mercado, y la articulación de este proceso a la consecución de los objetivos del PCCh en cuanto a la restauración de la continuidad del régimen comunista chino, la integridad territorial, su prestigio, liderazgo y poder en el contexto internacional que le ha permitido la construcción de la imagen de la `Nueva China del siglo XXI´.
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El estudio realizado se basó en la aplicación de la metodología de investigación científica y el análisis exploratorio, cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, utilizando análisis de relaciones de datos obtenidos en cada una de las IPS y relaciones de perfiles entre de la población atendida. El análisis de la información mostró que las barreras administrativas de acceso a los servicios de Gineco-Obstetricia existen en las IPS estudiadas, caracterizando fundamentalmente aspectos relacionados con la falta de registro de información en las historias clínicas de los pacientes, la falta de registro de la no asistencia de un paciente a una cita, la inexistencia de acciones registradas frente a la identificación e inscripción de la población objeto de control prenatal con clasificación del riesgo, el régimen de afiliación, la ocupación, las acciones correctivas por fallas en los servicios de salud, el registro de fallas en los servicios de salud y el nivel educativo. Es valiosa la información que es registrada en las historias clínicas, sin embargo las IPS que participaron en el presente estudio no le dan la importancia necesaria a las evidencias obtenidas, en especial frente a acciones correctivas. Las relaciones entre las variables como el número de embarazos, el número de controles prenatales, el número de abortos, las IPS, los perfiles de la población de pacientes, la falta de registro de la no asistencia de un paciente a una cita, la clasificación del riesgo, el número de partos, el estado civil, los grupos de edad, el nivel educativo, el registro de fallas, el registro de las acciones correctivas y la ocupación, permiten identificar barreras de acceso administrativas. Se realizó una entrevista a los líderes de los procesos de calidad o directores generales de las IPS que participaron en el presente estudio y se encontró que los parámetros de calidad son claros y que la información existe en diferentes proporciones y protocolos institucionales. No obstante, las IPS no aplican en su totalidad el modelo de los canones establecidos. Es necesario que las instituciones apliquen las normas de calidad en su totalidad lo que seguramente las llevará a lograr mejores resultados.
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Como resultado de la guerra fría, América Latina vivió durante el final del siglo XX varios procesos políticos y sociales que acabaron con la idea de República y democracia. Uno de los casos más dramáticos se dio en Argentina; en donde una Dictadura militar gobernó el país por aproximadamente siete años. El establecimiento de un nuevo orden político trajo consigo una transformación social; llevando a que muchos argentinos se opusieran al estricto régimen militar en partidos de izquierda. El gobierno militar, buscando mantener el nuevo orden impuesto, decidió autorizar y crear fuerzas armadas alternas para desaparecer a los opositores del régimen.
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Las negociaciones del cambio climático no han arrojado resultados contundentes para afrontar la problemática que trata. El estudio de la institucionalidad establecida en el régimen, específicamente en el Protocolo de Kioto, para efectos de las negociaciones y de la lucha directa contra la problemática del cambio climático muestra señales de inoperancia. El GTE-PK no ha logrado concluir satisfactoriamente con su mandato y las negociaciones parecen estancadas por la falta de voluntad para negociar por parte de los grupos de negociación tanto de los Países Parte del Anexo I como de los No Anexo I. Lo anterior, no permite dar claridad sobre el futuro del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sin embargo, su institucionalidad no ha sido del todo un fracaso ya que la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (JE) ha logrado registrar una gran cantidad de proyectos MDL y ha permitido lograr importantes avances en transferencia de tecnología verde entre los países Parte. En este trabajo se analizarán las dinámicas de las negociaciones en el régimen del cambio climático y su injerencia en la institucionalidad establecida bajo el Protocolo de Kioto.
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Resumen tomado del autor. Se muestran tablas de soluciones hidratantes con su contenido en sodio y potasio
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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.
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La Tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa que más muertes ocasiona en adultos luego del VIH. La mayoría de casos pueden ser tratados adecuadamente con los antibióticos disponibles, sin embargo, la prevalencia de multidrogorresistencia está aumentando, generando más fallas en el tratamiento, mayores costos en el sistema de salud y mayor mortalidad. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de tuberculosis multidrogorresistente en pacientes de 18 años o más, afiliados a 3 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Colombia, durante los años 2008 a 2011. Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles emparejado, 1 a 4, 45 casos y 180 controles, de pacientes de la base de datos del programa de tuberculosis de 3 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, evaluando variables demográficas, socioeconómicas y clínicas. Resultados: La mediana de edad de los casos fue de 43 años y la de los controles de 39.5 años, en los casos predominó el sexo masculino con 73.3%, mientras que en los controles fue mayor el sexo femenino con 51.1%. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la tuberculosis multidrogorresistente y el sexo masculino (OR ajustado 4.47 IC 95% [1.01; 19.75]), seguridad social (OR ajustado 57.6 IC 95% [4.6; 712.8]) y tratamiento previo (OR ajustado 56.2 IC 95% [10.03; 314.79]. Conclusiones: Ser hombre y tener tratamiento previo para tuberculosis son factores de riesgo para el desarrollo de multidrogorresistencia. Es necesario realizar más estudios con el sistema de salud colombiano para profundizar en los hallazgos con respecto al régimen subsidiado y el desarrollo de Tuberculosis multidrogorresistente.
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Este trabajo realiza una evaluación de la intervención militar de la OTAN, como un régimen de seguridad, en Kosovo entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, donde se muestra la pertinencia o no de la misma.
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Resumen tomado del autor. Incluye un apartado dedicado a las disposiciones legales (p. 203-206)
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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.
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¿Cómo pueden las organizaciones llevar prosperidad a los que aún no la han alcanzado? De acuerdo con Cardona (1962), identificar los intereses comunes de empresas e instituciones sociales es el camino para generar bien común para la sociedad. Y ese bien común será mayor cuando las organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales tienen una relación recíproca que cuando actúan solas. ¿Cuál es la relación entre bien común, responsabilidad social y stakeholders? Crosby y Bryson (2005) dicen que bien común es el régimen actual o potencial de mutuo beneficio producido a través del cuidadoso análisis de los stakeholders. Pocos autores han estudiado la relación entre empresa y bien común (Ardangoña, 1998; Montushi, 2007); sus trabajos se encaminan a mostrar cómo el bien común impuesto por el Estado es la base de la teoría de los stakeholders. En este artículo se muestra cómo más allá de dicha teoría y de la responsabilidad social, las empresas, al ser parte de un contexto social, contribuyen a la conformación de un bien común con sus stakeholders, de manera conjunta, lo que les permite interactuar con la sociedad con la cual cohabitan.
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Resumen tomado del autor
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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.