911 resultados para EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESES)
Resumo:
Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.
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El derecho a la educación parte del reconocimiento de que el saber sistemático es más que una importante herencia cultural, pues es también un medio de apertura, que brinda al individuo una clave de autoconstrucción y un reconocimiento de sus capacidades, sin ningún tipo de discriminación. En razón de esto, encontramos el principio incluido en el art. 4, inciso II de la Constitución Federal Brasileña, donde se genera el sistema de protección de los intereses de la población negra, adoptándose el criterio de cinco categorías de color establecido por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. En este contexto se da la implementación del sistema de cuotas en beneficio de los afrodescendientes en Brasil, donde se busca el acceso real de los estudiantes afros a la universidad, así como la permanencia y sustentabilidad de los estudiantes en los programas académicos.
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Trata de la justicia como un derecho, se enfoca en la crisis de la justicia ecuatoriana, analizando la relación entre justicia y el nuevo marco constitucional del 2008, su adecuación, la normativa secundaria a la misma y los proyectos de ley presentados. analiza la institucionalidad que se establece a partir de la nueva Carta Magna. Análiza las políticas públicas de justicia desarrolladas en el año 2009, tomando como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo, los programas institucionales específicos, el presupuesto y algunos de los ejes del proceso de modernización de la justicia. Detalla los ejes del proceso de modernización y la independencia judicial. Da a conocer los casos de sentencias por violaciones a los derechos humanos en el 2009.
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Realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM-Ecuador. Presentado ante el Comité de los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas. Analiza el período 2005-2009. Investigadoras: Azucena Soledispa, Gina Benavides, Silvana Sánchez y Karen Barba, noviembre de 2009. El informe analiza los derechos a la: integridad personal; igualdad y no discriminación; salud sexual y reproductiva; educación, y protección especial. Texto completo en: ‹http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_conve nios/Ecuador-IA-%20CDN-ES.pdf›. Observaciones finales 2010 del Comité de los Derechos del Niño y la Niña al Ecuador en: ‹http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs53.htm›.
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El proyecto de titulación plantea un análisis y la implementación de la Gestión por Procesos y el Riesgo Operacional en el Banco del Estado. Para lo cual propone una metodología de medición cualitativa de los riesgos operacionales a los que esta expuesta la Institución, a partir del análisis de los procesos de la misma. El desarrollo de esta metodología ayudará a la gestión cualitativa de los riesgos operacionales en el Banco del Estado en la que se considera tres aspectos fundamentalmente: los procesos de la Institución, la identificación de riesgos y la elaboración de una matriz de frecuencia - impacto. La elaboración de un mapa de riesgos de la entidad, tiene por objeto detectar los riesgos y controles existentes, así como también para realizar una valoración en términos de severidad de los eventos de pérdida para poder identificarlos y mitigarlos.
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Este artículo hace un análisis comparativo de los ingresos futuros esperados por el Estado ecuatoriano respecto a las reservas petroleras del bloque ITT, en el Parque Nacional Yasuní, teniendo en cuenta dos alternativas: la explotación petrolera y la Iniciativa Yasuní-ITT que propone mantener indefinidamente las reservas petroleras del bloque ITT bajo tierra.
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Aunque ha existido un notable crecimiento del comercio en la Comunidad Andina, la integración se encuentra en una fase imperfecta de unión aduanera. No existe una verdadera solidaridad subregional, ya que cada Estado mantiene su posición en cuanto a la política exterior. Esta visión estatalista se contrapone a la integracionista. La falta de voluntad política es también la causa de una ausencia de efectividad de la Comunidad, cuya consecuencia es la responsabilidad de los países sobre la base de la protección de los derechos de los particulares que se encuentren vulnerados, por cuanto ellos son los principales destinatarios del proyecto integracionista. Por ello, cabe derivar un derecho de reparación por los daños que provoque el incumplimiento de las disposiciones comunitarias.
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Este artículo busca generar debate académico sobre la naturaleza jurídica de los pronunciamientos del Procurador General del Estado en el Ecuador, y determinar si se trata de un acto normativo, de un acto administrativo, de un acto de simple administración, de un acto complejo o de un acto de naturaleza sui géneris, asunto que nos permitirá establecer a su vez la o las vías de impugnación de estos pronunciamientos, sean estas acciones constitucionales como de inconstitucionalidad de acto normativo, de acto administrativo o de amparo, o las acciones contencioso administrativas objetiva o de anulación, o subjetiva o de plena jurisdicción.
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El autor adopta sustenta la inconstitucionalidad de la Resolución del Congreso No. 25-181, del 8 de diciembre de 2004, por medio de la cual cesa a los magistrados que desempeñaban sus funciones en la Corte Suprema de Justicia hasta esa fecha, y, para fundamentar su criterio, reconstruye los hechos y el derecho desde 1997 hasta el año 2004, analiza detalladamente la Resolución No. 25181 y objeta sus débiles fundamentos jurídicos y fácticos, a más de ello, utiliza métodos y principios específicos de la interpretación constitucional. Se estudia además de la trasgresión constitucional, la violación de los derechos subjetivos de los magistrados de la Corte Suprema cesados de sus cargos en diciembre de 2004.
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Examina procesos de formación del Estado en el campo de la Sierra ecuatoriana y en la ciudad de Quito. Asi, no trata tanto del Estado y la nación en una región especifica, sino que presenta un contraste general entre la formación del Estado en áreas rurales y urbanas de la Sierra. El artículo explora la desigual capacidad del Estado para reforzar su legitimidad e imponer un proyecto de regulación moral en estos dos muy diferentes contextos.
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El artículo, centrándose en el sector agrícola ecuatoriano, hace una descripción del estado en que se encuentran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador. De acuerdo con el autor, en el sector agrícola, manejado como tema sensible y relevante por parte de los negociadores ecuatorianos, el ritmo de negociación ha sido desgastante para la parte ecuatoriana debido, entre otras razones, a la inflexibilidad mostrada hasta el momento por parte de los negociadores norteamericanos. Igualmente plantea y analiza dos escenarios factibles una vez concluidas las rondas de negociación: que el Ecuador decida poner un freno al proceso de negociación o que el proceso negociador continúe y las condiciones actuales se flexibilicen, especialmente por parte de los EE.UU. para facilitar la firma del Tratado.
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El artículo presenta un análisis sintético de cinco áreas en las que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos genera obligaciones a los Estados Parte de instrumentos internacionales y, en particular, al Ecuador, e identifica los renglones primordiales que debe considerar el Estado ecuatoriano al diseñar un plan de gestión internacional sobre Derechos Humanos.