Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico

Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

Medición de la exclusión social generada por la actual política criminal

La actual política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a contrastar los diferentes sistemas nacionales en función de su mayor o menor rigor punitivo. Algún autor (Díez Ripollés, 2011, 2013) ha abogado por un modelo de comparación más ilustrativo y complejo, basado en la inclusión social / exclusión social que los diferentes sistemas penales generan en tres colectivos concretos: sospechosos, delincuentes y exdelincuentes. Para ello identifica nueve cestas temáticas (control de espacios públicos, garantías penales, sistema de determinación de la pena y sistema de sanciones, penas máximas, régimen penitenciario, internamientos de seguridad, estatus legal y social de delincuentes y exdelincuentes, registros policiales y penales, y derecho penal juvenil), abarcando cada una de ellas diversas reglas y prácticas punitivas. A partir de este modelo se está diseñando y validando un instrumento comparativo de la política criminal de los países del Occidente desarrollado de acuerdo con la dimensión inclusión social / exclusión social. La metodología para alcanzar este objetivo consiste en someter a un acuerdo de jueces un conjunto de reglas y prácticas socialmente excluyentes identificadas previamente. En esta comunicación mostraremos el diseño del cuestionario así como los resultados de la primera fase de validación, llevada a cabo con más de 70 expertos internacionales de 18 países diferentes del Occidente desarrollado. El acuerdo de dichos expertos sobre las reglas y prácticas susceptibles de generar exclusión social sobre los tres colectivos objeto de atención se ha verificado mediante varias pruebas estadísticas de fiabilidad inter-jueces, como el coeficiente de correlación intra-clase (ICC) y el coeficiente de validación V de Aiken. Se describirán también las fases de validación pendientes. Una vez que dispongamos de este instrumento de comparación de los diversos modelos de intervención penal nacionales nos proponemos ofrecerlo a la comunidad internacional y promover su aplicación.

Caractéristiques communes, facteurs de risque et facteurs de protection chez les adolescents auteurs d’abus sexuels

Rapport de stage présenté à la Faculté des Études Supérieures des arts et sciences, Département de criminologie, en vue de l’obtention du grade de Maîtrise (M. Sc.) en criminologie, option intervention

El derecho penal en las dictaduras del Siglo XX: análisis comparado de la reincidencia en Italia y España

[ES]Las dictaduras europeas emergentes constituyeron una amenaza al orden liberal y democrático del momento, imponiendo su ideología a todo pensamiento contrario al Régimen, incluyendo el Derecho Penal, en el cual se veían reflejados estos valores. Desde esta perspectiva, se van a estudiar las diferentes doctrinas que preceden estos movimientos totalitarios, centrando su atención en la figura tipificada de la reincidencia, sus formas y su tratamiento dentro de los textos legales que estuvieron vigentes durante el periodo fascista y franquista. Se llevará a cabo una visión de la codificación actual en ambos países y un enfoque hacia la situación futura de la reincidencia y los reincidentes.

Criminal Case Processing of Sexual Assaults in Alaska

Discretion plays a role in nearly every facet of the American criminal justice system. It is widely regarded as necessary to do justice but is not without criticisms – especially when it leads to unfavorable or disparate treatment. The role of discretion in sexual assault cases has been particularly scrutinized. Since the majority of sexual assaults do not fit stereotypic beliefs about what constitutes a “real rape” and “genuine victim,” criminal justice officials use their discretion to filter these cases out of the justice system. This study explored this issue by examining two stages of the criminal justice process: the police decision to refer cases for prosecution and the prosecutorial decision to accept referred cases. In doing so, it contributes to this body of literature in three ways. First, it included sexual assault cases that involve Alaska Native victims and suspects. Second, it addressed a gap in the theoretical scholarship by examining the downstream nature of police decision-making. And finally, it examined the formal reasons prosecutors give for charge dispositions. This study found a significant amount of attrition of sexual assault cases as they progressed through the criminal justice system. Moreover, a combination of legally relevant and extralegal factors was found to be important, but not consistently across all types of sexual assaults. Among legal factors, the number of victim injuries was the most consistent predictor. Among extralegal factors, cases that involved Alaska Native suspects had significantly higher odds of case referral and case acceptance compared to white suspects. The effect of suspect race was particularly pronounced in cases with a white victim. Additionally, the findings suggest that not only are Native American defendants more likely to have their cases referred by police, but once referred, they are also more likely to have them accepted for prosecution. Contrary to expectations, victim-suspect relationship, specifically non-stranger assaults, increased the odds of police referral compared to stranger cases. However, the opposite appears to be true for the decision to prosecute cases. Once referred, prosecutors were five times more likely to accept sexual assaults perpetrated by strangers. The implications of these findings are also discussed.

Psicomotricidade na promoção de competências pessoais e sociais : intervenção com jovens adultos em acompanhamento no âmbito de medidas de execução na comunidade

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito do Mestrado em Reabilitação Psicomotora, Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais da Faculdade de Motricidade Humana, realizado na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Equipa Lisboa 1. O trabalho pressupôs a conceção e implementação de um Programa de Competências Pessoais e Sociais, dirigido a jovens adultos em acompanhamento no âmbito de medidas de execução na comunidade. O Programa encontra-se dividido em três áreas de intervenção: Comunicação Interpessoal, Autorregulação e Resolução de problemas e é composto por 22 sessões, tendo sido implementado na Casa de São Bento, a oito sujeitos, com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos. Os resultados obtidos na intervenção permitiram observar melhorias, tanto a nível relacional, como emocional e comportamental, verificando-se uma evolução positiva por parte dos participantes. Na parte final deste relatório é realizada uma análise dos resultados obtidos, por forma a avaliar o impacto do programa, e são apresentadas as dificuldades, conclusões e sugestões para intervenções futuras.

The role of forensic dentistry for identification of a criminal sexual assault: a casework report

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Propuestas de rediseño institucional para la elaboración y evaluación de la política criminal por parte del gobierno

Podría afirmarse que en los últimos años prácticamente todas las propuestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley. Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensarse que esta dinámica puede estar llegando al final de un callejón que en la actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo, aún queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medidas de seguridad postdelictuales, penas infamantes, penas corporales, etc., y, además, la evolución de la política criminal comparada nos proporciona ejemplos de otros ámbitos a los que acudir para buscar nuevas formas de punición. A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpetua, lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia diferente. En el ámbito académico y profesional relacionados con la política criminal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia, como el papel jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de presión experto. A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras que incidan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental, sino también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo, en el que pretendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en nuestro país pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente, pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en ello a cierto nivel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y de qué manera. Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal. Resulta cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política criminal pueden beneficiarse profundamente de otros conocimientos y no es casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en esta materia hayan dado firmes pasos para adentrarse en disciplinas más o menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Ciencia Política. Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por atender aspectos específicos, como el estudio de los actores que participan en las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar correctamente los hallazgos. Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita a entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal española, para lo cual propondré reformas específicas gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían, creo, en una mejor posición para afrontar los retos de naturaleza criminal.

A importância da análise da informação criminal para a investigação: O contributo dos NAIIC

Ao longo dos anos a Guarda Nacional Republicana tem vindo a desenvolver o seu modelo de investigação criminal. Alicerçado em três vertentes funcionais: operativa, criminalística e análise de informação criminal, este modelo visa garantir uma eficácia operacional da Guarda, no âmbito das competências que lhe são atribuídas enquanto Órgão de Polícia Criminal. Perspetivando uma evolução da investigação criminal exercida pelos Comandos Territoriais, assente numa avaliação da vertente de análise de informação criminal, surge a presente investigação, subordinada ao tema “A Importância da Análise de Informação Criminal para a Investigação: o Contributo dos NAIIC”. Com o objetivo de compreender qual o contributo que os Núcleos de Análise de Informações e Informação Criminal dos Comandos Territoriais conferem às investigações, apoiamo-nos num processo indutivo, que intenta generalizar os problemas observados nos vários Núcleos, para caracterizar a vertente de análise de informação criminal no dispositivo territorial. Visando uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados, os métodos de recolha de dados explorados foram: dois inquéritos por questionário, um direcionado aos Chefes dos Núcleos de Análise de Informações e Informação Criminal e outro aos Chefes dos Núcleos de Investigação Criminal dos Comandos e Destacamentos Territoriais, assim como um inquérito por entrevista, realizado a cinco Oficiais da Guarda, com reconhecidos conhecimentos e experiência profissional nesta área. Conclui-se que os Núcleos de Análise de Informações e Informação Criminal têm contribuído para as investigações, enfatizando os aspetos relevantes de grandes volumes de informação, com vista a apoiar a ação dos investigadores. Todavia, foram observadas algumas limitações que importa suprimir, de forma a potenciar este contributo. Foram identificadas nestes Núcleos, insuficiências nos acessos à informação, lacunas nas ferramentas de análise, reduzido efetivo em determinados Comandos e algumas falhas de cooperação e coordenação, entre estes e os Núcleos de Investigação Criminal.

Política criminal, debido proceso y trámite del procedimiento sumario en El Salvador

Política criminal, su influencia en el diseño del procedimiento sumario en El Salvador – Respeto del debido proceso en el trámite del procedimiento sumario en El Salvador – Tramite del procedimiento sumario.

Quantification of standards of proof thresholds in criminal and civil litigation

Standards of proof in law serve the purpose of instructing juries as to the expected levels of confidence in determinations of fact. In criminal trials, to reach a guilty verdict a jury must be satisfied beyond a reasonable doubt, and in civil trials by a preponderance of the evidence. The purposes of this study are to determine the quantitative thresholds used to make these determinations; to ascertain the levels of juror agreement with basic principles of justice; and to try to predict thresholds and beliefs by juror personality characteristics. Participants read brief case descriptions and indicated thresholds in percentages, their beliefs in various principles, and completed three personality measures. A 92-94% threshold in criminal and an 80% threshold in civil matters was found; but prediction by personality was not supported. Significant percentages of jurors disavowed the presumptions of innocence and right to counsel.

VRAG-R Documentation

The VRAG-R is designed to assess the likelihood of violent or sexual reoffending among male offenders. The data set comprises demographic, criminal history, psychological assessment, and psychiatric information about the offenders gathered from institutional files together with post-release recidivism information. The VRAG-R is a twelve-item actuarial instrument and the scores on these items form part of the data set. Because one of the goals of the VRAG-R development project was to compare the VRAG-R to the VRAG, subjects' VRAG scores are included in this data set. Access to the VRAG-R dataset is restricted. Contact Data Services, Queen's University Library (academic.services@queensu.ca) for access.

Coding Manuals

The VRAG-R is designed to assess the likelihood of violent or sexual reoffending among male offenders. The data set comprises demographic, criminal history, psychological assessment, and psychiatric information about the offenders gathered from institutional files together with post-release recidivism information. The VRAG-R is a twelve-item actuarial instrument and the scores on these items form part of the data set. Because one of the goals of the VRAG-R development project was to compare the VRAG-R to the VRAG, subjects' VRAG scores are included in this data set. Access to the VRAG-R dataset is restricted. Contact Data Services, Queen's University Library (academic.services@queensu.ca) for access.

TAKING ORGANIZATIONS SERIOUSLY: RESPONSIBLE AGENCY, ORGANIZATIONS AND THE CRIMINAL LAW

In the post-Enlightenment period, Anglo-American criminal law has been applied with increased force, and an ever expanding scope, to collective actors like corporations and other organizations. Recent scholarship has focused on developing “truly organizational” bases of liability that break with the conventional approach of imputing individual conduct to an organization and instead analyze culpable conduct and intent in a way that reflects the distinct and independent capacity of organizations to pursue their interests or goals collaboratively. In 2004, Canada enacted amendments inspired by these ideas in the hope they would lead to more effective criminal enforcement against organizations. Twelve years later, however, the promise of Bill C-45 is largely unfulfilled. In this thesis, I explore how much of this failure of law reform to deliver transformational change is attributable to an individualist bias that permeates how we think about what it means to be responsible and how this then shapes the responsibility ascription process. Using an analytical framework that combines criminal law theory with selected aspects of rational-structural theory and organization culture, I suggest that a promising way forward may lie in reframing the essential qualities required to be a subject of the criminal law in a way that captures the unique attributes that make organizations different from individuals. The resulting organizational concept of responsible agency allows for an integration of organizational reality into how we assess organizational culpability while keeping the ambit of criminal liability within the limits of what is practicable and fair. This better aligns with the spirit of Bill C-45: to impose criminal liability in a way that takes organizations – and their crimes – seriously.

Audit report on the Black Hawk County Criminal Justice Information System for the year ended June 30, 2016

Audit report on the Black Hawk County Criminal Justice Information System for the year ended June 30, 2016