855 resultados para Criminal procedure (Roman law)
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It is conceivable that criminal proceedings cause psychological harm to the crime victims involved, that is, cause secondary victimization. To investigate this hypothesis, negative and positive effects of criminal proceedings were investigated, as perceived by 137 victims of violent crimes who were involved in trials several years previously. Trial outcome and procedure variables were measured as potential causes of secondary victimization. Results show a high proportion of victims reporting overall negative effects. Powerful predictors were outcome satisfaction and procedural justice, but not subjective punishment severity, interactional justice, and psychological stress by criminal proceedings. The practical implications of the results pertain to whether victims should be advised to report the crime to the police or not, and to appropriate prevention and intervention measures of secondary victimization by criminal proceedings.
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Economic models of crime have focused primarily on the goal of deterrence; the goal of incapacitation has received much less attention. This paper adapts the standard deterrence model to incorporate incapacitation. When prison only is used, incapacitation can result in a longer or a shorter optimal prison term compared to the deterrence-only model. It is longer if there is underdeterrence, and shorter if there is overdeterrence. In contrast, when a fine is available and it is not constrained by the offender's wealth, the optimal prison term is zero. Since the fine achieves first-best deterrence, only efficient crimes are committed and hence, there is no gain from incapacitation.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Investigación sobre la actividad legislativa que se encuentra en el trasfondo de las reformas al Código Penal argentino. El período analizado comprende los años 2000-2009. A través de proyectos de ley y dictámenes de comisiones de las cámaras del Congreso de la Nación se analiza el proceso de creación de las leyes, y las representaciones de violencia e inseguridad que tienen los legisladores. Así, pueden desentrañarse diversas categorías de violencia, derechos, bienes tutelados y el rol de la política criminal en un Estado de derecho
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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Peer reviewed
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Despite the federal government’s well known expansive reach in creating and enforcing immigration law, the states retain substantial authority to play an important role in migrants’ lives. Through their traditional powers to adopt criminal statutes and police their communities, states can indirectly — but intentionally — inject themselves into the incidents of ordinary life as a migrant. Colorado’s human smuggling statute, currently being challenged before the state supreme court, illustrates this type of state regulation of migration. This essay addresses the statute’s reach, its shaky constitutional footing, and places it in a broader context in which states criminalize immigration-related activity.
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This short essay introduces a collection of articles that arose from the Denver University Law Review’s symposium Crimmigration: Crossing the Border Between Criminal Law and Immigration Law, held in February 2015 at the University of Denver Sturm College of Law. The essay borrows heavily from the Epilogue to my book Crimmigration Law.
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Chlorides induce local corrosion in the steel reinforcements when reaching the bar surface. The measurement of the rate of ingress of these ions, is made by mathematically fitting the so called “error function equation” into the chloride concentration profile, obtaining so the diffusion coefficient and the chloride concentration at the concrete surface. However, the chloride profiles do not always follow Fick’s law by having the maximum concentration at the concrete surface, but often the profile shows a maximum concentration more in the interior, which indicates a different composition and performance of the most external concrete layer with respect to the internal zones. The paper presents a procedure prepared during the time of the RILEM TC 178-TMC: “Testing and modeling chloride penetration in concrete”, which suggests neglecting the external layer where the chloride concentration increases and using the maximum as an “apparent” surface concentration, called C max and to fit the error function equation into the decreasing concentration profile towards the interior. The prediction of evolution should be made also from the maximum.
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Seven manuscript journals written by Abiel Heywood (Justice of the Peace, town clerk, and chairman of the board of selectmen, Concord, Mass.), Nathan Brooks, William Parkman, and John L. Tuttle containing criminal records, defaulted cases, and civil actions.