992 resultados para CONDICIÓN SOCIAL - LOCALIDAD DE LA CANDELARIA (BOGOTÁ, COLOMBIA)
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Gestión del conocimiento
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Servicios registrales
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Establecer las implicaciones socioculturales de la reforma educativa en Colombia y la racionalidad de los marcos normativos de la acción pedagógica preescrita en éstos. Las unidades de análisis son las decisiones que en materia de políticas intervienen en el sistema educativo colombiano y que se organizan en tres: las referidas en los aspectos ideológico-político, práctico-pedagógico y organizativo-administrativo. Análisis crítico-reflexivo e ideológico sobre los escenarios de emergencia de la educación colombiana. El rastreo de la naturaleza de estos cambios permite interpretar y comprender las implicaciones socioculturales que de la reforma educativa se derivan. Este estudio se enfoca hacia dos periodos que corresponden a dos planes de gobierno en los cuales se han producido las mayores transformaciones del sistema educativo colombiano. Sirviéndose de una metodología crítica-reflexiva se desvela la intencionalidad de la reforma educativa. Las fuentes de información escritas provienen de todo el marco jurídico que soporta la reforma educativa colombiana y las declaraciones mundiales que más han impactado sobre las políticas educativas. La acción pedagógica prescrita en la normativa colombiana es constitutiva de un potente dispositivo para la reproducción de formas de dominación, exclusión y control social. Pero también es una acción humana que puede modificarse si se generan espacios de reflexión y crítica entre quienes la realizan. Es importante superar la visión simplista de que el campo práctico-pedagógico es un espacio físico que se describe como cuatro paredes. El campo práctico-pedagógico es un contexto abierto, real/virtual, potencial y simbólico donde tiene lugar la acción pedagógica. Por lo tanto, es un escenario sociocultural o de interacciones donde los actores educativos pueden construir y reproducir el sentido. El campo práctico-pedagógico es un contexto de reproducción, de consumo, de circulación de discursos, prácticas y pautas comportamentales.
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El Programa de Casas Vecinales surgió de un proceso de movilización social de las madres y educadoras comunitarias desde finales de los años 70. Por ello, se reconstruirá con los relatos de las mujeres, el proceso de institucionalización de las Casas Vecinales Nevado y Comuneros de la Localidad de Usme en Bogotá.
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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.
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El Distrito Capital de Bogotá se ha convertido en constante receptor de población en estado de desplazamiento forzado, y dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento forzado, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y minorías étnicas, ha persistido en el tiempo la violación de los derechos de la población en condición de desplazamiento, las autoridades competentes han implementado políticas públicas para establecer los correctivos suficientes y con ello superar las violaciones detectadas, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos dada la evolución y magnitud del fenómeno de desplazamiento forzado.