937 resultados para Separação de poderes


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Resumen tomado de la publicaci??n. Resumen tambi??n en ingl??s

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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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Resumen tomado de la publicaci??n

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La democratización que conoce América Latina desde la década de los noventa del siglo pasado, el debilitamiento del marxismo dogmático, la terminación de la guerra fría y la presencia de nuevos actores sociales en la arena política han modificado el tradicional equilibrio de poderes en la región. Desde entonces han comenzado a desarrollarse nuevos movimientos sociales como los de derechos humanos, de grupos indígenas, de género, etc., lo que ha favorecido a las formaciones de centro izquierda. Es así como una ola de movimientos y partidos de izquierda se ha ido extendiendo por América Latina. El triunfo electoral dederes de formaciones de izquierda en sucesivos países constituye la expresión más evidente de esta dinámica.

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Turquía e Israel son dos países muy importantes en el medio oriente, el primero lo es por tener una gran importancia geoestratégica para Asia ya que es el puente de comunicación con Europa; mientras que el segundo es más conocido por el conflicto palestino-israelí que se desarrolla entre árabes y judíos. Para analizar esta alianza surgida entre estas dos naciones es necesario tener en cuenta que Turquía es un país cuya población es mayoría musulmana, sin embargo mantiene buenas relaciones con Israel que desde su establecimiento como Estado en 1948 ha sido percibido por los países de la región como una amenaza lo que origino el conflicto árabe-israelí. Estas relaciones entre Israel y Turquía comenzaron en 1958 con un acuerdo secreto que se conoce comúnmente como “pacto periférico”. Después de varios altibajos sufridos en las relaciones, en la década de los noventa, estos dos Estados se acercaron nuevamente con el fin de enfrentar las amenazas comunes percibidas en la región; fue por eso que se asociaron para cooperar en varios temas y disminuir las amenazas comunes que venían de Siria, Irán e Irak. Pese a que esta asociación trajo beneficios en materia de seguridad a Israel y a Turquía; empeoró las relaciones de esos Estados con Siria, Irán e Irak, debido a que ocasiono un dilema de seguridad en la región, provocando una lucha de poderes en la misma.

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Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive un clima de “Revolución Bolivariana” y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías, se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de Derechos Civiles y Políticos. Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de la educación superior venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del país que les acompañe?

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Se expone, como bien dice el t??tulo, el papel de la sociedad civil en el desarrollo de la educaci??n. Normalmente los poderes pol??ticos, asumen responsabilidades para garantizar una educaci??n b??sica para toda la poblaci??n, pero hay veces que las acciones del poder pol??tico son muy deficitarias y entonces entran en juego las acciones de la sociedad civil. Dos ejemplos importantes son el caso de la burgues??a democr??tica y el movimiento obrero.

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Considerando la estrecha relación opinión pública y democracia, en esta disertación se lleva a cabo un análisis socio-histórico de la construcción del campo de la televisión en Colombia, por ser el medio que mayor alcance tiene. Buscando generar un diagnóstico de la influencia actual de los dos mayores medios masivos de Colombia, RCN TV y Caracol TV sobre la opinión pública y la democracia, durante la última década. Con este propósito, se articulan la teoría de los campos y los habitus de Pierre Bourdieu con el Modelo de la Propaganda de Hermann y Chomsky, para poder determinar la cada vez más estrecha relación entre los poderes político y económico, con la producción del contenido audiovisual, especialmente informativo y de opinión. Encontrando, pruebas documentales y patrones de comportamiento que demuestran como las lógicas de las estructuras corporativas han logrado consolidar y sostener un oligopolio mediático nacional para su absoluto beneficio, no solamente en detrimento de la democracia, sino también, violando la constitución.

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El presente trabajo aborda el problema jurídico sobre la dificultad de la delimitación de la responsabilidad del delegante por actos realizados por el delegatario. También se plantea la necesidad de crear un modelo que evite que la delegación se convierta en un instrumento que fomente la corrupción o la ineptitud de los directores de las entidades públicas. Igualmente, en materia penal existe una figura muy útil para delimitar la responsabilidad del delegante por actos del delegatario en ámbitos de división de funciones: el principio de confianza, según el cual quien cumple con las reglas de la actividad que está realizando tiene derecho a confiar en que los demás que participan en la misma también lo hagan.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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Trabajo fronterizo entre arte y filosofía que hace evidente el poder del orden espacio-temporal que se ha establecido como trasfondo de los sistemas de dominación y explotación, que tambien viene siendo enfrentado por los debates post y decoloniales.

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Resumen tomado de la revista. El autor pertenece al Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears