999 resultados para Rebelión indígena


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Ronald Dworkin distinguía dos tipos de derechos. Los unos, con mayúscula, que generan distintas formas de exigencia cuando son incumplidos, que van desde la protección judicial hasta la rebelión si esta no es efectiva. Los otros, con minúscula, que pueden ser limitados, suspendidos y hasta anulados. La forma fácil de distinguir los unos de los otros es buscarlos en las constituciones. Los primeros están reconocidos (aunque no todos) en los catálogos de derechos; los segundos no. Por ejemplo, tengo derecho a la a vida, en el primer sentido; tengo derecho a escuchar una conferencia, en el segundo. Desde esta perspectiva parecería que no tengo derecho a la anticoncepción de emergencia porque no está expresamente reconocido como tal en la Constitución ecuatoriana ni en los instrumentos internacionales. Así que la discusión va por otro lado. El derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana es el "derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual" y el "derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que pueda procrear, adoptar, mantener y educar". Para ejercer estos derechos, el Estado tiene la obligación de ofrecer distintos medios que tengan ciertas características: legítimos, varios, no perjudiciales para la salud, conocidos. Si así no sucede, cuando no existe información ni opciones, no existe la libertad para decidir. Luego, el derecho se convierte en ilusorio y el Estado incurre en responsabilidad por violación al derecho.

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La realización de cuatro estudios de caso sobre los Pueblos Indígenas Nasa del norte del Cauca, Embera Katío, del Alto Sinú (Córdoba), Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar) y U'wa y Sikuani, del departamento de Arauca, con el apoyo de Pensamiento y Acción Social, PAS- SUIPPCOL, han servido al Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, para presentar al país casos emblemáticos de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los Pueblos Indígenas en Colombia. El presente documento analiza los factores asociados a los cuatro estudios de caso, basados en el marco jurídico internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El período del estudio es de dos años y medio, de 2004 al primer semestre del 2006, aunque las cifras relativas al mismo no están necesariamente discriminadas por las cuatro regiones en todos los casos, pero toman las desarrolladas por el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ONIC, SINDHO, y la base de datos del Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN y otras fuentes oficiales y no gubernamentales.

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La presente investigación se apoya en la relación modernidad/colonialidad, para indagar prácticas y usos tanto materiales como simbólicos de la cultura aimara. Considera tal referente porque la presencia de poblaciones aimaras obedece a una continuidad histórica y colonial, donde ciertos conocimientos y saberes han sido deslegitimados, sin embargo, a partir de prácticas culturales como la música y sus instrumentos (conocimientos locales) es posible apreciar una mirada propia sobre la necesidad de enfrentar tales condiciones. Así en la ciudad de La Paz-Bolivia, donde se realizó la investigación, la presencia de migrantes aimaras identifica la continuidad de usos y prácticas locales; para los aimaras, vivir estos procesos implica cambios porque los conocimientos locales, en este caso, la elaboración de instrumentos musicales, atraviesa por variaciones que terminan por reconfigurar otros escenarios, no implicando la perdida de unas representaciones, sino unas reconfiguraciones y resimbolizaciones de espacios, imágenes y símbolos. El contenido de la investigación, analiza y problematiza, el uso y práctica de conocimientos locales que al ser deslocalizados encuentra “renovación”, transformación y continuidad, permitiendo en los migrantes walateños la toma de acciones “estratégicas” que modulan un “pensamiento propio”. La particularidad del tema consiste en identificar los “conocimientos locales” “desde lo aimara”; una mirada desde la diferencia colonial que toma énfasis en identificar conexiones e interfases entre lo propio y lo ajeno. Finalmente destaca que desde la modernidad/colonialidad, desde la diversidad excluida, es posible contribuir a la construcción de “un paradigma otro”, no como algo ajeno y asimétrico a la realidad del momento, sino como un mecanismo que permite el dialogo intercultural.

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Este trabajo examina a los microcréditos como método para propulsar el desarrollo. A la vez, revela varios efectos de las microfinanzas sobre la pobreza, la cultura y las relaciones de poder a través de un análisis económico y etnográfico sobre los indígenas de Salasaca. Muestra que las instituciones financieras organizadas y dirigidas por otros indígenas, con el apoyo y los consejos de la comunidad internacional, exitosamente crean nuevos métodos sensibles a la cultura indígena para la distribución de créditos. Sin embargo, estos créditos no alivian la pobreza ni generan desarrollo económico y social dentro de la comunidad. Los préstamos otorgados por estas instituciones dan esperanza, pero no resultan en la creación de nuevas posibilidades para las comunidades indígenas. Además, la ampliación del acceso al crédito produce efectos corolarios negativos sobre la cultura y las relaciones de poder en la comunidad, beneficiando a los poderosos. Así, se muestra que la teoría de las microfinanzas tiene varias falencias.

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1. Los puntos de partida: el aporte del enfoque marxista. 2. Los años ochenta y el protagonismo de los historiadores. 3. Crisis obrajera y reorientación de la economía. 4. Hacienda y población tributaria. 5. Comercio y región. 5. La historia andina. 6. Administración colonial, poderes locales y élites. 7. Rebelión y sociedad urbana. 8. Perspectivas actuales.

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El presente artículo tiene como finalidad analizar si realmente los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua se han beneficiado del estatus de autonomía en cuanto a lograr un mayor respeto de sus derechos como indígenas. En algunos países en vías de desarrollo se ha tomado en consideración la posibilidad de lograr el desarrollo, crecimiento económico y eliminación de desigualdades a través de procesos de descentralización. En el caso de Nicaragua, este proceso se llevó a cabo para dar respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Después de muchos años de lucha, los pueblos indígenas de la Costa Caribe o Costa Atlántica lograron su autonomía del gobierno central del país en 1987. El proceso en sí tomó 3 años para dar fruto al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley de Autonomía). Como pueblos con identidades propias, la autonomía fue la forma en que estos pueblos hicieran respetar sus diferencias como poblaciones indígenas. Hasta los años ochenta, ninguna de las Constituciones Políticas del Estado hacía referencia a las poblaciones indígenas del país, ésta población quedaba totalmente excluida. Con la Ley de Autonomía se reconocen las diferencias de los pueblos indígenas de las Costa Caribe y se les da el espacio para que éstos, partiendo de sus necesidades, distintas a las del resto del país, puedan tomar decisiones para satisfacer las necesidades específicas de sus culturas. Para poder analizar esta situación, primero, se desarrollará la historia de la población de la Costa Caribe, explicando la situación de los pueblos indígenas de esta región y su relación o falta de relación con el resto del país. Igualmente, se haré un breve resumen de la historia y la estructura de la autonomía regional, en el cual se indicará las diferentes etapas que se llevaron a cabo durante el proceso de autonomía. Por último, se exponen los desafíos actuales del pueblo indígena en cuanto a su autonomía y la situación de sus derechos después de haber logrado este estatus.

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Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

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El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos clave al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos humanos de las mujeres. En este trabajo recojo algunas de estas contribuciones poniendo en evidencia los puntos de contraste y tensión. Enfatizo en el caso ecuatoriano, analizando la normativa constitucional sobre justicia indígena en permanente contraste con los testimonios de líderes indígenas que dan cuenta de sus luchas por exigir una real protección de sus derechos en dicha jurisdicción. Propongo ciertas condiciones básicas para alcanzar una relación de interculturalidad entre ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la desprotección a las mujeres indígenas contra la violencia se expresa tanto en la justicia estatal como en la justicia indígena lo que implica un grave déficit para un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural.

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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

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En América Latina, la sociedad contemporánea está sometida a procesos de cambio que plantean retos a una modernidad basada en la Ilustración. En este marco, la re-formulación de la investigación de formas identitarias tradicionales excluidas del ámbito comunicacional de los mass media hace que nos preguntemos y busquemos qué espacios alternativos de comunicación se dan para aquellas sociedades apartadas del medio urbano. En Cuenca encontramos una Organización No Gubernamental que durante varios años propuso a mujeres del sector rural escribir testimonios sobre sus vidas dentro del marco del “Concurso Mujer, Imágenes y Testimonios”. Para el presente estudio, he analizado 61 testimonios escritos a partir de esta iniciativa por mujeres del Austro ecuatoriano (Cañar, Azuay y Loja) en las diferentes ediciones del Concurso. El análisis propuesto va desde la mirada del testimonio/historia personal, escrita por indígenas/campesinas, hasta el enfoque comunitario de sus reflexiones, en un intento de visibilizar redes sociales y relaciones comunitarias preexistentes y actuales. Y, en este marco, preguntarse cuál ha sido el impacto, causa-efecto, de la toma de la palabra por mujeres que ordenan su visión de la vida a partir del mestizaje de una cosmovisión andina renaciente y una modernidad urbana excluyente. En la primera fase de este estudio, he ubicado el testimonio dentro de los estudios académicos para posteriormente explorar el cómo y el lugar desde donde la mujer indígena/campesina toma la palabra momentáneamente, aceptando la propuesta de una ONG externa a su cotidianidad, encargada de difundir pensamientos de mujeres: confrontando un mundo interno comunitario y externo social, en el que se suceden conflictos derivados de las desiguales relaciones de poder, vistas desde el género, la clase, la raza y la política. Esta tesis trata de sistematizar sobre las formas sociales que se están transformando o surgiendo, desde una sociedad en cambio, una sociedad en proceso de mirarse a sí misma, para preguntarse sobre una herencia de injusticia y marginación, desde el centro blanco-mestizourbano y desde la pluralidad de lugares comunes encontrados en los testimonios de mujeres campesinas: el habla, los afectos, la acción, el trabajo, los conocimientos, etcétera; La lectura final se expresa desde el plano político. A través de los testimonios se consideran áreas claves: la democratización de la democracia, la necesidad de luchar contra la violencia intrafamiliar y de género, el rol de la comunicación intracomunitaria, la tradición indígena -mestiza- rural, mirada por quién crece bajo su influencia, y la particularidad de una identidad femenina.

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En varias provincias del Ecuador se puede evidenciar la pobreza extrema, siendo las poblaciones afroecuatorianas e indígenas las más afectadas. La mayor concentración indígena se encuentra en la provincia del Chimborazo, en donde las condiciones esenciales de vida son incipientes dando como resultado un alto índice de desocupación, escaso acceso a la salud y educación; favoreciendo de esta manera a la emigración. Razón por la cual, surge la idea de un grupo de familias indígenas del Chimborazo; para que sean parte de la cementera de la provincia, a través de la venta de acciones. A esta propuesta se la conoce con el nombre de compañías incluyentes y en el caso de la provincia del Chimborazo se lo denomina como Pobres Inc. La idea en mención es una adaptación de casos exitosos como son la aldea Huaxi en China, pueblos indígenas en Alaska, los ESOPS (Plrules de la Propiedad de Acciones de Empleado, o Employee Stock Ownership Plans) en Estados Unidos entre los más relevantes. Uno de los objetivos de esta tesis es determinar si esta propuesta es de carácter incluyente o solo puede ser aplicada bajo ciertos parámetros y hacia ciertas personas, determinaremos sí las compañías incluyentes son una nueva alternativa para combatir a la pobreza o solo se convertirá en otro proyecto fallido de la región.