Sociedad, economía y educación en la provincia de Burgos durante la Restauración : un acercamiento a La Bureba.

Se pretende conocer a fondo un territorio concreto de Castilla y León perteneciente a la provincia de Burgos, La Bureba, en los años de las Restauración en el ámbito de la política, la economía y la enseñanza. Para la realización de la investigación se manejan distintos paradigmas, en los que se utilizan técnicas correlaciónales, descriptivas, comparativas y experimentales propias del método cuantitativo del paradigma positivista. El método cualitativo se utiliza a través del paradigma interpretativo, y la reflexión sobre el contexto histórico-social perteneciente al paradigma crítico. Se ha obtenido información de bibliotecas y archivos municipales de Burgos y La Bureba, donde se han hallado libros, manuscritos, actas, prensa y legajos, pasando por registros procedentes de la Cámara de Comercio, Cámara Agraria o Arzobispado y hasta de las bibliotecas virtuales Cervantes y Dialnet Unirioja. Se han utilizado fuentes secundarias orales, entrevistando o manteniendo conversaciones con personas mayores de la zona, hijos e hijas de los protagonistas que han acercado al tejido social, humano, educativo y productivo de La Restauración desde una óptica Subjetiva. A través de la investigación se puede afirmar que en el periodo de la Restauración en la provincia de Burgos y concretamente en La Bureba, se encuentra en fase depresiva, de atraso con respecto al resto de los territorios que conforman España. Los sectores que se hallan en condiciones de intervenir en innovación y abrir nuevas vías para el desarrollo económico se retraen, salvaguardando una forma de vida cómoda y decadente cuyos resultados son una cultura burguesa dominante, amparada y propiciada por la iglesia, la milicia y la burocracia, y una emigración rural masiva que no encuentra las ventajas de la industrialización y el desarrollo económico. La vida política es un rápido suceder de acontecimientos, a los que la sociedad burgalesa responde con la inmutabilidad parlamentaria: las mismas familias que acumulan poder económico, ostenta los cargos disponibles para la provincia, haciendo suyo el realizar político y teniendo en sus manos el devenir de la cultura y la educación. La educación no se desarrolla como hubiera sido de esperar ante los elevados índices de escolaridad, ya que el abandono de la escuela en edades tempranas se hace necesario para la mayoría de las familias, de ahí los intentos de llevar a cabo una instrucción de adultos. El salario de los maestros es tan bajo que apenas les permite sobrevivir hasta 1901 donde el Conde Romanones siendo Ministro de Instrucción Pública los incluye en los Presupuestos Generales del Estado, lo que viene a aliviar y dignificar la situación de estos profesionales.

Leyes de instrucción : reconocimiento constitucional y repercusión de las Leyes de libertad de imprenta y política presupuestaria en las mismas.

Establecer una nueva consideración de las leyes de instrucción, al situarlas entre su reconocimiento constitucional y las leyes de libertad de imprenta, pilares fundamentales de un estado de derecho. Por otra parte, reconocer los medios de que se ha valido el Estado para conseguir el control ideológico de la sociedad, su evolución y repercusiones. Por último, destacar la escasez económica del estado para lograr sus objetivos: conseguir una instrucción general obligatoria, uniforme y gratuita. Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo han sido tres: en primer lugar, las Leyes, Decretos y Circulares aparecidas en la Gaceta de Madrid -actual Boletín Oficial del Estado-; en segundo lugar, las recopilaciones Legislativas de Alcubilla, a partir de 1868, y las de Aranzadi, desde 1930; por último, los anuarios editados por los Ministerios correspondientes, como pueden ser los de Gobernación y Fomento, Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas. Conceptos relacionados con la enseñanza, tales como general, uniforme, gratuita, escuela pública y escuela privada, con previa o sin previa censura y religión, formarán un todo interrelacionado a partir de la Constitución de 1812 y de su Ley de Instrucción, siendo habituales en las Constituciones posteriores y en las Leyes de Instrucción y de libertad de expresión. La relación entre nación e Instrucción ha sido tan estrecha en las Constituciones y Leyes de Instrucción que los fines de la educación coincidían con los del engrandecimiento y progreso de esa misma nación. El término uniforme, referido a la enseñanza, se encuentra en todo momento hasta nuestros días, excepto en la legislación de 1869. La relación de la edad y los niveles educativos ha estado más supeditada a la economía y a la edad laboral que a la atención y consideración del ritmo desigual de aprendizaje de los niños.

Aportaciones bio-psico-sociales al estudio de la enfermedad.

Estudiar la conveniencia de estructurar y estudiar una pedagogía y psicología del hombre orgánicamente enfermo, por las repercusiones de índole psicológica, social, económica, familiar, que la enfermedad puede ocasionar. Todo hombre debe tener libertad para elegir su médico, todo hombre debe estar seguro de que cualesquiera que sean las obligaciones del médico ante la sociedad, cuanto confíe al médico y a los que le asisten, permanecerá secreto. Debe tener la garantía de que el médico a quien recurre goza de una total independencia en el plano moral y en el dominio técnico y puede elegir libremente su terapeuta. La vida humana desde su origen y la persona humana en su integridad, material y espiritual, deben ser objeto de un respeto total. Las garantías de estos derechos del paciente implican una política sanitaria resultante de un concierto constante entre los responsables del Estado y de la profesión médico organizada. El objetivo común de la política sanitaria de los estados y de la actividad de las profesiones médicas es la protección de la salud de todos los ciudadanos. Forma parte del deber de los estados tomar todas las disposiciones para asegurar a todas las categorías sociales sin discriminación. Es necesario, coloquio singular entre el médico y el enfermo condición de cualquier política sanitaria y social. Entre el enfermo y su médico debe reinar una confianza recíproca, fundamentada en la certeza de que el médico, en su intervención cerca del enfermo, tiene como valor último la persona humana al servicio de la cual consagra, con conciencia, toda su ciencia. El progreso técnico, base de nuestra civilización industrial y la expansión económica, que es el fruto, tienen como fin natural, especialmente a través de una recta política sanitaria, auxiliar a la realización física y espiritual del hombre de todos los hombres.

El Club de Roma.

Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

Educación de la cultura política en los manuales escolares de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Resumen basado en el de la publicación

Enseñar economía para formar conciencias cívicas y críticas : la crisis en el aula

Resumen tomado de la publicación

Escuela pública y derecho a la educación

Se argumenta sobre la incompatibilidad de la sociedad capitalista y los derechos humanos en el contexto social y económico actual donde el Estado, junto a sus instituciones, ha dejado de estar al servicio de todos sus ciudadanos. Además, se expone la imposibilidad del derecho a la educación cuando se destruye la escuela pública, garante del citado derecho. Por ello, es más necesario que nunca que la escuela pública vuelva a ser el espacio colectivo donde se desarrolla sin límites el derecho a la educación para todos.

O banco mundial e a política educacional no Estado da Bahia a partir de 1996, o programa Educar para vencer : fortalecimento da gestão educacional

RESUMO: A gestão do sistema educacional brasileiro foi significativamente descentralizada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) ao reconhecer a autonomia entre os três níveis federativos e ao introduzir o princípio da gestão democrática da Educação. Assim motivado, o sistema educacional baiano iniciou sua reforma em 1999, através do Programa Educar para Vencer, tendo como referencial oferecer maiores níveis de autonomia e capacidade local de gestão para as unidades escolares públicas no Estado da Bahia. Para fortalecer a gestão educacional, o Governo, através do Projeto Fortalecimento da Gestão e Autonomia Educacional (PFGAE), introduziu o planejamento estratégico para melhorar a qualidade de ensino como ferramenta de gestão das escolas públicas estaduais baianas, apoiado em um amplo programa de financiamento para a sua implementação. ABSTRACT: The administration of Brazil’s educational system was significantly decentralized by the Federal Constitution of 1988 (CF/88) when it recognized the autonomy between the three federative levels and introduced the education’s democratic management principle. Motivated by that, Bahia’s educational system started its reform in 1999, through the “Educar para Vencer” (Educate to Win) program, having as its aim to offer bigger levels of autonomy and administrative local capacity for public schools in the State of Bahia. To strengthen the educational administration, the government, via the Administration Strengthening and Educational Autonomy Project (PFGAE), introduced the strategic planning to improve the quality of education as a management tool of the state schools of Bahia, supported by a wide financing program for its implementation.

El modelo regional andino: enfoque de economía política internacional

El nuevo regionalismo latinoamericano se caracteriza por su intensidad, puesto que abarca desde compromisos que solo persiguen la liberalización comercial hasta proyectos de integración económica, política y social. Esta característica hace que el nuevo regionalismo latinoamericano se haya convertido en un fenómeno multidimensional, extenso y variable, debido a que, en la actualidad, el grupo de países que participan en algún proceso de regionalización es flexible y además se puede dar, como de hecho está ocurriendo, la participación de un mismo país en diversos procesos regionales en el interior de América Latina y con países de otras regiones del mundo. Esta investigación, realizada desde el enfoque de la economía política internacional, analiza de forma conjunta los factores económicos y políticos que están impulsando y sosteniendo el nuevo regionalismo andino a principios del siglo XXI, e intenta establecer los parámetros teóricos que rigen el accionar del regionalismo andino actual. En primer lugar, se dibuja el panorama general del nuevo regionalismo latinoamericano dentro del que se encuentra el regionalismo andino. A partir de este panorama se sustentan las tres variables claves del análisis (el diseño de las instituciones regionales andinas, el contexto internacional y las estructuras domésticas de cada uno de los países miembros del acuerdo subregional andino). Finalmente, el autor responde a la pregunta: ¿Qué significa exactamente regionalismo andino desde el enfoque de economía política internacional en medio del regionalismo de principios del siglo XXI?, y plantea los posibles escenarios y perspectivas del proceso subregional andino en el futuro.

Flexibilidad laboral en el Ecuador

El presente estudio busca evidenciar la ruptura existente entre los principios, derechos y garantías relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución Política de la República, como en acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador, por una parte; y por otra, la legislación secundaria que ha sido expedida en nuestro país desde inicios de los años 90, a espaldas de la Constitución, restringiendo en la práctica derechos y garantías laborales, por lo cual en algunos casos, incluso, ha sido declarada inconstitucional. Este proceso de reducción de derechos y garantías laborales –vía normativa secundaria– se justifica, según sus defensores, en los supuestos de que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuido de mejor manera, y de que es necesario reformar el rígido esquema laboral del país, para poder agilitar la contratación y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del mercado; además, se aduce que los principios de tutela y continuidad de la relación laboral son un óbice en la generación de empleo y para atraer la inversión extranjera. Así, se pretende "tornar más competitiva" la producción nacional, para que el Ecuador se inserte en la economía mundial globalizada. Sin embargo, este ensayo evidencia que la reducción de derechos y garantías laborales no genera los efectos anotados; por el contrario, agudiza la brecha entre pobres y ricos, pudiendo generar graves estallidos sociales.

La OEA en Venezuela: entre la democracia y el golpe de Estado

Según la autora, en 1999 las esperanzas de renovación del sistema democrático venezolano se enfocaron en la gestión del presidente Hugo Chávez, quien prometió eliminar los privilegios de la clase política tradicional y ampliar la participación de los sectores menos favorecidos. Poner en práctica el proyecto bolivariano significó la apertura de una brecha entre aquellos que apoyaban la ideología y el liderazgo del presidente Chávez y quienes sentían vulnerados los derechos y libertades consagrados en la Constitución. La polarización de los grupos llegó a su punto máximo con el enfrentamiento violento y la interrupción del orden constitucional en abril de 2002. Esta situación impulsó la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual, siguiendo lo estipulado en la Carta Democrática Interamericano, ofreció su colaboración para encontrar una salida a la crisis política, a través de la figura de la mediación. La OEA asumió la mediación con una doble visión: como una forma de resolver pacíficamente el conflicto y como una herramienta de promoción democrática. Este estudio describe y analiza el funcionamiento de la mediación y revela de qué forma dicho proceso le permitió a la OEA desarrollar su agenda de promoción democrática. Se exponen también las consecuencias para Venezuela de la simultaneidad de visiones y se plantean algunas implicaciones de este caso para el sistema hemisférico.

La educación popular como fundamento para la educación en derechos humanos en Puerto Rico: hacia un Plan Nacional de Educación en derechos humanos

Explora la posibilidad de utilizar en Puerto Rico la Educación Popular como fundamento para la Educación en Derechos Humanos y su contribución para lograr la elaboración de un Plan Nacional de Educación en materia de tales derechos. Ante la inexistencia de este plan en el país y la falta de iniciativa política para su realización, la Educación Popular es considerada como esa práctica educativa que permitiría -entre otras cosas- convocar la organización, movilización y acción de sectores sociales, para reclamar al Estado su obligación con la educación en Derechos Humanos. De acuerdo con dicho propósito, el contenido de este trabajo investigativo consiste de varios momentos. El primer momento aborda teóricamente la Educación Popular y delimita el fundamento que habrá de ser considerado para su manejo. En un segundo momento, los conceptos principales de esta investigación son aplicados al contexto de Puerto Rico. Lo referente a Derechos Humanos, Educación Popular y Educación en Derechos Humanos, es profundizado para sustentar el por qué, para qué, cómo y en qué condiciones se pretende utilizar la práctica educativa propuesta. Los resultados y análisis sobre el proceso de consulta que validaría la posibilidad de utilizar la Educación Popular, se encuentran contenidos en el tercer momento de la investigación. La consulta que fuera realizada a representantes de la sociedad civil e instituciones que cuentan con el potencial de asumir la Educación Popular, generó varias consideraciones para hacer aplicable dicha práctica en el país. Lo que respecta a las implicaciones de elaborar en Puerto Rico un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, constituye el cuarto y último momento de este trabajo investigativo.

Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, para la educación básica en el Ecuador: fundamentación conceptual y metodológica

Pone de relieve las obligaciones del Estado en la garantía del derecho a una educación de calidad, como un derecho fundamental, exigible, inalienable e irrenunciable de la persona, y justiciable e impostergable como obligación del Estado. Así, visibilizar a la educación como la principal fuente del desarrollo personal y social, debido a que hace posible apropiarse de de otros derechos. Con este propósito se han organizado tres capítulos. En el primero, se hace un breve recorrido de los principales problemas que enfrenta la educación básica en el país; luego, se describen las responsabilidades que involucran al Estado, en la protección, promoción y ampliación del derecho a la educación, y se concluye con los alcances del derecho a la educación, según la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en relación al sistema de las 4-As (asequible, accesible, adaptable y aceptable). En el segundo, se elabora un marco conceptual de políticas públicas, con énfasis en el enfoque de derechos, en el que se integra: el origen y algunas definiciones, los enfoques considerados más comunes, las tipologías; y, el ciclo de las políticas públicas. Este aparatado, facilitará hacer un análisis del tipo de políticas educativas, implementadas en el país en las últimas décadas y orientar el diseño de las políticas, en el siguiente capítulo. En el tercero, se presentan unas propuestas metodológicas de políticas públicas para la educación básica, centrado en las personas y el aprendizaje, en los que se considera como componentes clave: implementar un manejo curricular, desde la perspectiva del aprendizaje; ampliar y/o adecuar la infraestructura y el equipamiento; mejorar las capacidades y condiciones de los docentes; implementar un sistema de rendición de cuentas e incentivos; impulsar un modelo de gestión educativa estratégica e integral; y, se concluye con una breve descripción de las condiciones de educabilidad.

Acción de protección: garantía jurisdiccional directa y no residual. ¿La ordinarización de la acción de protección?

La Constitución de la República vigente trae consigo una serie de modificaciones sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. Una de ellas, acorde con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador, el Estado constitucional de derechos, es la implementación de la nueva acción de protección, garantía jurisdiccional de derechos constitucionales sustituta de la antigua acción de amparo constitucional. En efecto, la acción de protección, a diferencia de la acción de amparo, aparece como un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente reparatorio y no residual. Por tratarse de una garantía novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano, la presente tesis en su parte inicial procura poner de manifiesto las diferencias y semejanzas entre la antigua acción de amparo constitucional y la nueva acción de protección, con el fin de aportar al ejercicio y consolidación de esta nueva garantía jurisdiccional. Posteriormente, una vez constatadas dichas diferencias, se tendrá por justificada la necesidad de una regulación o delimitación que salvaguarde a ésta nueva garantía de aquellos vicios que corrompieron y desnaturalizaron a la acción de amparo en el pasado. Para ello, en base a un estudio de jurisdicciones constitucionales comparadas, se sugiere y analiza la implementación de una serie de filtros de forma y de fondo, tendientes a evitar un proceso de ordinarización de la acción de protección, y que guarden armonía y compatibilidad con el paradigma del Estado constitucional. Finalmente, se destaca el rol fundamental que debe desempeñar el legislador dentro del proceso de elaboración de la nueva Ley de Garantías y Control Constitucional. Su deber se reduce a utilizar técnicas legislativas proporcionales y respetuosas con los preceptos constitucionales que rigen a la acción de protección. Caso contrario, el producto de su actividad se tornaría inconstitucional y atentatorio a la voluntad del constituyente, que no fue otra que fortalecer al garantismo y no limitarlo.

Límites y posibilidades para las políticas públicas de regulación de los flujos migratorios: el caso de Guatemala 2000-2008

El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.