805 resultados para Derechos de propiedad territorial


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Resumen tomado de la propia publicación. Volumen especial dedicado a filosofía y ciencias de la educación

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.

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El objetivo de este trabajo de grado es describir una disputa política por el significado del concepto de explotación en el marco de la redacción del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, en el cual se define aquello que se entiende por trata de personas. La construcción de este concepto excluye e invisibiliza otros tipos de explotación comunes en el sistema de producción capitalista contemporánea que pertenecen al universo de violencia objetiva sistémica a través del énfasis en la explotación sexual que hace parte de la violencia subjetiva.

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Este trabajo de grado busca estudiar el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en la ejecución de labores humanitarias referentes a su papel como intermediario neutral en los procesos de liberación de personas en poder de las FARC entre el 2008 y el 2010 en Colombia, teniendo en cuenta las regulaciones de DIH por las que se rige el CICR y sus implicaciones en el conflicto armado interno.

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Antes de que Colombia fuera país, ya existían disputas, enfrentamientos e injusticias en torno a la estructura de acceso, tenencia y usufructo de la tierra. Tal situación engendró tensiones espaciales, que se pueden abordar y caracterizar a partir de un marco teórico sobre neoinstitucionalismo político. Con lo anterior en mente, el objetivo de ésta investigación , fue el de determinar la manera en que las dinámicas entre tensiones espaciales históricas como instituciones, delinearon el contexto del cual surgió la Ley 1448 de 2011 (Restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado) y la intervención e incidencia que ésta pretende, en la coyuntura actual.

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Presenta el análisis de la incorporación de una práctica cultural declarada Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad en las estructuras formales del ordenamiento territorial. Analiza también la necesidad de reconocer una serie de valores que la comunidad le ha otorgado a la práctica y que soportan la articulación con el ordenamiento territorial, pasando por los beneficios económicos, políticos y sociales que traería este proceso.

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Esta monografía trata sobre un tipo específico de redes transnacionales, que defienden una causa más allá de las fronteras estatales. Esta se concentra en el análisis de un caso: la red de defensa transnacional que protege a defensores de derechos humanos, específicamente la que se constituye a partir del caso de tres lideresas de la Comuna 13. Además, busca comprender el mecanismo de conexión entre una ONG nacional con un sistema internacionacional, en este caso el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Y Corte).

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Luego de obtener el premio Nobel de paz, el XIV Dalai Lama inició una estrategia de movilización internacional para obtener la Luego de obtener el premio Nobel de paz, el XIV Dalai Lama inició una estrategia de movilización internacional para obtener la independencia tibetana. El trabajo ilustra las reacciones del gobierno de la República Popular frente a la posición del líder tibetano y finalmente presenta un anàlisis de la estrategia del Dalai Lama.

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La oportunidad del mercado se define como la necesidad de abarcar el mercado de la administración de propiedad horizontal y la venta de copropiedades. Mercado que se encuentra en crecimiento en Bogotá. Enfocándonos en los estratos 5 y 6 de las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero. En la actualidad son muy pocas las empresas especializadas en la administración de propiedad horizontal. Existen muchas empresas que intentan abarcar este mercado, pero no hay estrategias de fondo que permitan la satisfacción de los clientes, ni que generen valor agregado. Por lo tanto consideramos que es posible incursionar en el mercado con una idea que introduzca valor, que sea flexible, que cuente con estándares de calidad y que involucre la tecnología, de la mano del internet y la intención de hacerle la vida más fácil a los consejeros y copropietarios. El servicio principal de este emprendimiento es la administración de propiedad horizontal y el servicio secundario es la administración inmobiliaria para la venta de copropiedades. Nuestra capacidad de generar valor está dada a través de nuestra oficina virtual, nuestra estrategia de comunicación, nuestros aliados estratégicos y la asistencia personal dedicada. Las cuales creemos son la base fundamental para aprovechar esta oportunidad de negocio, generando empleo y obteniendo muy buenas ganancias y rentabilidades en el mediano y largo plazo. Hoy el mercado de la propiedad horizontal se encuentra en crecimiento. El tamaño del mercado es de (61.200’000.000) sesenta y un mil doscientos millones de pesos anuales, y crece en promedio alrededor del 1 %. Lo anterior según un estudio de proyección - Perspectivas del mercado de vivienda nueva y del sector edificador en 2012- realizado por la Cámara Colombiana de La Construcción (CAMACOL). AAA PH SAS o Asistencia y Administración a Propiedad Horizontal, cuanta en la actualidad con una participación en el mercado del 0,07843 por ciento, pero para el final de esta proyección se contara con una participación del 0.3921 por ciento. El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida carrera 15 número 144-43 apartamento 101, Bogotá DC. El radio de acción está enfocado en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén en las copropiedades estrato 5 y 6. En el futuro se espera abarcar un radio mucho más amplio con oficinas en puntos estratégicos de la ciudad e involucrar municipios aledaños a la ciudad de Bogotá (Chía, Cota, Cajicá), y tal vez otras ciudades del país (Cartagena, Medellín) La inversión es de 22 millones de pesos. Los ingresos por ventas en el primer año son de 77 millones de pesos, en el segundo año de 135 millones de pesos y en el tercer año de 211 millones de pesos. La utilidad neta del primer año es de $ 631.866 pesos, en el segundo año de $ 17.827.602 pesos y en el tercer año de $ 28.024.867 pesos. Los gastos en su mayoría se ven reflejados en la mano de obra fija, ya que nuestros empleados tienen muy buenas capacidades y son retribuidos con un salario por encima del promedio del mercado. Esto porque nuestra intención es posicionar nuestra marca por nuestra exclusiva calidad de servicio, experiencia y alto contenido tecnológica para agilizar y facilitar procesos. La rentabilidad bruta es de del 77.63% anual. La rentabilidad sobre las ventas es de 0.82% anual, pero es necesario considerar que los valores de venta están siendo aproximados y según nuestra experiencia estos valores de venta serán mucho mayores, debido a la capacidad y el reconocimiento que ya tiene la empresa. Teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos contratos que representan ingresos del doble del promedio presentado en esta proyección. De igual forma hay que considerar que en el mercado inmobiliario las comisiones por ventas pueden aumentar significativamente. La rentabilidad sobre la inversión supera a la del comportamiento del mercado o interés de oportunidad en un poco más de 9 millones de pesos. Esto significa que es un proyecto viable que genera mejores resultados que los del mercado de oportunidad, evidenciando que podríamos generar muy buenos ingresos. La tasa interna de retorno o TIR es igual a 33.22 %. Es un valor considerado alto pero que está de acuerdo a la tendencia del mercado de los servicios, en donde la TIR suele ser mucho más alta. Con este valor se recomienda seguir con el proyecto. Eso significa que por cada peso invertido en el proyecto se recupera cada peso y se generaran beneficios adicionales por 33.22 pesos. El valor del VPN o valor presente neto arrojado es de $9, 152,729 pesos. Esto quiere decir que se generan 9 millones de pesos adicionales al invertir los recursos en este proyecto, que en uno que rente el 14 % anual, por lo tanto se sugiere continuar con el proyecto e invertir los recursos. El indicador de viabilidad financiera, es el periodo de recuperación de la inversión (PRI). La inversión es de 22 millones de pesos, como la suma de las utilidades de los tres años es superior se afirma que la inversión se recupera en el tercer año.

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El objetivo de la investigación es analizar los puentes de relación entre la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, vistas tradicionalmente de manera paralela, en pro a materializarlos a nivel local específicamente en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tocancipá- Cundinamarca.

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Esta monografía se concentra en establecer las implicaciones que ha generado la securitización de la migración irregular, en el marco de la agenda bilateral México-Guatemala, frente a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que buscan el paso, en condiciones de irregularidad , hacia México con destino a Estados Unidos . Lo anterior, tomando como periodo de análisis el comprendido entre 2008 (año en que México y Guatemala se comprometen aún más en la securitización fronteriza) y 2010 (momento en que se evidencian grandes vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes). Para ello, en este trabajo de grado se hace uso de la Teoría de la securitización desarrollada por la Escuela de Copenhague a partir de una perspectiva constructivista, que a su vez se inscribe dentro del Paradigma Reflectivista de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Al respecto es preciso aclarar que se toman como referencia especialmente algunos aportes de Ole Waever, relativos a los impactos de la securitización excesiva, que consiste en la tendencia de los gobiernos a elevar todos los problemas (sociales, políticos, económicos, entre otros) al nivel de seguridad; razón por la que dicho autor advierte sobre la necesidad de desecuritización de ciertos asuntos que, como la migración, no necesariamente habrían de ser elevados a dicho nivel.

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El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.