790 resultados para ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - COLOMBIA
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La mayoría de los ferrocarriles latinoamericanos fueron construidos por empresas privadas, muchas veces extranjeras. Luego, por una combinación de factores relacionados con la competencia carretera y el nacionalismo, casi todos llegaron a formar parte del sector gubernmanental, para el cual la administración de los ferrocarriles llegó a constituir un infortunio cada vez mayor, a raíz de los crecientes subsidios que consumieron, el papel progresivamente más reducido que cumplieron en las economías nacionales y una apreciación de que no corresponde a los gobiernos la gestión de actividades productivas. Por lo tanto, a partir de fines del decenio 1980, se inicia un proceso de desestatización ferroviaria, y los ferrocarriles se devuelven a las manos de empresas privadas, muchas veces extranjeras. En ese sentido, el viaje ferroviario latinoamericano, que comenzó hace más de 150 años, está regresando a su punto de partida.No se ha hecho todavía una evaluación de la reciente privatización ferroviaria latinoamericana. Si fuera hecha, probablemente se concluiría: (i) que ha sido bastante exitosa, y; (ii) que sus resultados podrían haber sido aun más positivos si se hubiera modificado algunos detalles de la manera en que se llevara a cabo. Uno de los problemas se relaciona con la no incorporación en los procesos de licitaciones de un reconocimiento de los beneficios por externalidades de los ferrocarriles, por su contribución a la reducción de los costos del mantenimiento de las carreteras y al daño medioambiental asociado con el transporte caminero. Otra materia no resuelta trata de la licitación de un ferrocarril en su totalidad, o de la infraestructura y los servicios de forma separada.La operación de los ferrocarriles está sujeta a la influencia de las economías de escala, que favorecen la integración de diferentes empresas ferroviarias. En el pasado, hubo vínculos a nivel de directorio entre ferrocarrileción de los ferrocarriles. Ahora que la época estatal también se retrocede hacia el pasado, se puede prever la formación de sistemas ferroviarios integrados, uno de los cuales podría extenderse desde Quijarro, en la frontera entre Bolivia y Brasil, hasta la surchilena ciudad de Puerto Montt.
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Este trabajo sugiere algunas rutas alternativas de protección para las poblaciones rurales de Colombia, pensadas desde la caracterización de las familias, sus dinámicas heterogéneas, los riesgos diversos que enfrentan y sus principales necesidades. presenta las principales tendencias demográficas en Colombia, en particular de la población rural, donde se destaca la importancia de considerar las dinámicas poblacionales para la construcción de mejores alternativas de protección. Y aporta una clasificación de las diferentes estructuras familiares y de la actividad productiva principal a la que se dedican sus miembros activos. Posteriormente, se precisa el concepto de protección social y se presentan sus principales elementos, para abordar en una aproximación al estado actual de la protección social en Colombia y a las principales estrategias —formales o informales— a las que recurren los hogares rurales para protegerse. Se exponen las razones por las cuales los instrumentos existentes no han sido efectivos y finalmente, se ofrecen algunos elementos para la construcción de rutas de protección para la población rural, así como su clasificación en algunas tipologías básicas. Una versión preliminar fue presentada al Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo, cuyos comentarios enriquecieron este trabajo.
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El gobierno español licitó desde finales de los años 90 hasta 2004 más de 15 autopistas de peaje de nueva construcción. Se quería desarrollar una red completa de vías de gran capacidad que permitiese a España ser más competitiva, y al mismo tiempo cumplir con las restricciones presupuestarias impuestas por la Unión Europea para acceder al Euro sin frenar el desarrollo e inversión en infraestructuras de transporte. El presente artículo indaga en la asignación de riesgos que se hizo en estas autopistas y las causas que han llevado a la reciente renegociación de muchas de ellas. Del mismo modo, estudia si la asignación de riesgos tras las renegociaciones ha sido la más eficiente y beneficiosa para la sociedad. A partir de los resultados obtenidos, se reflexiona sobre cómo deberían asignarse los riesgos en futuros paquetes de autopistas.
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Los contratos de concesión se basan en el principio de riesgo y ventura del concesionario. Tradicionalmente, los riesgos de construcción y demanda han sido asignados íntegramente a las sociedades concesionarias. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los costes de construcción se subestiman mucho y los niveles de tráfico suelen ser inferiores a lo inicialmente planificado. La situación económica actual ha incrementado aún más las desviaciones que ya existían entre los niveles de tráfico previsto y real. Esta situación, unida a los sobrecostes por expropiaciones a los que tienen que hacer frente muchas de las últimas concesiones adjudicadas por la Administración estatal, las ha puesto al borde del concurso. La Administración se ha visto obligada a adoptar medidas para tratar de evitar que las sociedades concesionarias entren en concurso porque, entre otros motivos, esa situación repercutiría directamente en un incremento del déficit público en un momento en el que los poderes públicos se centran en reducirlo. La crisis económica ha venido a reabrir el debate sobre cuál es el reparto de riesgos más adecuado para garantizar el éxito de los contratos de concesión. Este trabajo tiene por objeto reflexionar sobre nuevas fórmulas de asignación de riesgos en los contratos de infraestructuras que contribuyan a que éstos lleguen a desarrollarse con éxito.
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En este trabajo se desarrolla un modelo basado en la teoría de los incentivos para analizar la asignación óptima de los riesgos en los contratos de infraestructuras y servicios públicos, en un entorno de información asimétrica entre principal (Administración Pública) y agente(socio privado), y de aversión al riesgo de este último. La principal conclusión del trabajo es que, en un contrato óptimo, la transferencia del riesgo de demanda al socio privado será mayor, frente al riesgo de disponibilidad, en la medida en que tengan mayor incidencia aquellas dimensiones de la calidad del servicio que puedan ser observadas por los usuarios pero no verificadas por la Administración.
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Se tiende a contemplar la descentralización como una decisión que se toma en una coyuntura, y a evaluar sus resultados a partir de los efectos que se producen desde dicho hito. Aunque en los estudios no se asume la descentralización actual como un hecho emergente, es decir, como un hecho sin precedentes, si se le atribuyen las características que actualmente tiene, a las reformas de la década de los ochenta del siglo XX y a la Constitución de 1991, que dieron como resultado la que se considera la etapa con mayor descentralización de la República de Colombia. Antes de tales reformas, a las divisiones territoriales no se les reconoce un rol específico y determinante en la construcción y consolidación del Estado de Colombia. Visto así, la descentralización en Colombia es un proceso relativamente joven, de un poco más de 30 años. No obstante, los estudios sobre la descentralización en esas décadas no permiten observar cómo evolucionaron las reglas y organizaciones de la descentralización en el Estado Colombiano, de forma que se contribuya en la explicación del actual diseño de la descentralización y su desempeño La presente tesis doctoral titulada “Descentralización, Instituciones y Organizaciones. Trayectoria en Colombia”, tiene como como objeto de investigación, las instituciones, organizaciones de la descentralización en Colombia en el periodo de la República 1821 a 2014. El objetivo principal es identificar los elementos que contribuyen a la explicación y comprensión del rol jugado por las divisiones territoriales en la construcción y consolidación del Estado Colombiano, así como la configuración organizacional de la descentralización que resultó en dicho proceso. Los objetivos específicos de la investigación fueron: explorar, describir y analizar las instituciones que configuraron el poder público en la República de Colombia y su relación con las divisiones territoriales, desde el nacimiento de la República hasta el presente; identificar la trayectoria de las formas organizacionales que han actuado en la descentralización en Colombia desde el inicio de la República y que determinaron la actual configuración organizacional de la descentralización; e identificar la configuración de reglas y organizaciones que ejercen la vigilancia y el control de gestión fiscal y resultados de la descentralización en Colombia...
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La presente investigación trata acerca de la problemática de la vivienda y hábitat en Venezuela, desde una perspectiva política integral. La ausencia de definición de un modelo de Estado eficiente, en este país productor de petróleo, atípico en América Latina, conllevó a la formación de un Petro-Estado, endocentrico y dependiente de los ingresos que se obtienen dentro de los altibajos del Mercado energético mundial. Para analizar el problema de vivienda, se definió un periodo razonable de investigación: 1984-2012. Los últimos tres censos oficiales: 1990, 2001 y 2011, fueron tomados como base estadística. La distribución de la población a través del territorio fue estudiada y se encontró que no ha habido cambios significativos en el patrón histórico de distribución de la población en el territorio, ni por tanto de las viviendas, en las últimas décadas señaladas, reforzándose el modelo de concentración poblacional en el eje nortecostero del país. Adicionalmente por mayor comprensión se estudiaron los ejemplos de Chile, México y Colombia, y a España en el entorno de Europa Así se pudo facilitar la clarificación de factores y contrastar las experiencias y políticas en esta materia...
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Objetivos. Elaborar un inventario de indicadores de mortalidad evitable (INIME) que permita analizar las fallas en el control de los riesgos de mortalidad predominantes en Colombia y comparar los resultados de su aplicación con los obtenidos mediante dos enfoques ampliamente utilizados. Métodos. Se revisaron los registros oficiales de mortalidad de Colombia de 1985 a 2001; las causas básicas de muerte se clasificaron según la CIE-9. Se seleccionaron los indicadores de mortalidad evitable (ME) mediante un algoritmo que combinó las listas de Holland y de Taucher, la definición de Rutstein y colaboradores y el principio de Uemura. Se compararon las proporciones de muertes evitables resultantes de aplicar el INIME y las dos listas de ME a una base de datos con los registros oficiales de defunciones de Colombia de 1993 a 1996. Resultados. De las 680 617 defunciones registradas en el período de estudio, se clasificaron como evitables 18,2% según la lista de Holland y 51,3% según la lista de Taucher. La ME según el INIME ascendió a 76,7%. Este patrón se mantuvo relativamente estable entre 1993 y 1996. Las diferencias observadas en la proporción de muertes evitables según el INIME y las dos listas de ME se relacionaron con el perfil epidemiológico local y el enfoque conceptual de cada lista. Conclusiones. Las diferencias entre el INIME y las listas de ME de Holland y de Taucher muestran las consecuencias de usar una u otra clasificación en el contexto colombiano. El INIME puede constituir un recurso valioso para fundamentar y evaluar políticas sanitarias, pero debe ajustarse a la situación específica en que se aplique.