757 resultados para Privacy, right of
Resumo:
Del año 2013 al 2015, los indígenas Emberá desplazados en Bogotá, a causa del reconocimiento que el estado les dio por ser sujetos del desplazamiento, estuvieron obligados a encarar dos formas de gubernamentalidad estatal que tuvieron múltiples consecuencias en su vida cotidiana. La primera de estas formas de gubernamentalidad se manifestó en una ciudadanía multicultural (aquí llamada ciudadanía transitoria) la cual, desde el subsidio de vivienda reconocido con albergues en la ciudad, limitó diferentes derechos Emberá bajo el argumento multicultural de que en la ciudad la cultura y, ellos mismos físicamente, eran vulnerables. La consecuencia de este discurso, con el que se les permitió dormir en un techo digno, fue la de obligarlos en buena medida a asumir su vida en la ciudad como un transito hacia el retorno a su territorio de origen, desde donde habían salido, sobre todo, huyendo de la violencia. Por otra parte, la segunda forma de gubernamentalidad tuvo que ver con una serie de itinerarios burocráticos que asumían los Emberá una vez llegaban a la ciudad. Estos eran recorridos que emprendían por diferentes burocracias de los gobiernos nacional y local con el propósito de exigirle al estado el reconocimiento de sus derechos. En cada uno de estos recorridos se desenmascaraba una forma de violencia estatal (característica del funcionamiento de las burocracias) que, como se puede ver en esta tesis, tenía profundas repercusiones en el día a día de los indígenas Emberá dentro de la urbe.
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El propósito central de este trabajo consiste en hacer un análisis crítico de la idea de educación democrática. Como hilo conductor se discute la tesis desarrollada por Amy Gutmann, según la cual, la educación democrática tiene como fin garantizar la reproducción consciente de la sociedad. En este contexto, la tesis que se defiende afirma que la educación democrática exige, además de los principios de no represión y la no discriminación desarrollados por Gutmann, un principio de reconocimiento, que articule la orientación de las acciones educativas a fuentes de normatividad asociadas con una interpretación intersubjetivista de la autonomía, de manera que se puedan generar más elementos de juicio, sobre todo, aquellos incorporados en las dimensiones moral, ética, política, legal y social de la persona, al momento de proponer prácticas educativas encaminadas a la formación de una ciudadanía participativa y crítica. Para esto se propone una interpretación que integra las perspectivas deliberativa y agonal de la democracia, se defiende que la expresión clave del ejercicio de la ciudadanía democrática es la participación, que el ejercicio de la participación tiene por condición la realización de la autonomía personal, por lo cual, en la parte final se elabora una lectura intersubjetivista de la autonomía, a partir de los trabajos de Axel Honneth y Rainer Forst.
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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.
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Sin duda alguna, el debate sobre el derecho penal del enemigo es una cuestión que está revolucionando el mundo del derecho, en general, y el derecho internacional en particular. Es un debate de actualidad que está llamando la atención de la comunidad académica, en tanto se plantea y se avizora un problema de fondo, en cuanto a la efectiva protección de los derechos humanos, por encima de un discurso de seguridad, que se viene planteando como eje central en la comunidad internacional, en la lucha contra el terrorismo y como estrategia jurídico-política al interior de Estados que dicen llamarse democráticos. Esta situación está revolucionando desde cualquier punto de vista la concepción tradicional del derecho, violentando flagrantemente la dignidad humana como eje central del Estado Social de Derecho, al poner en práctica lo que Jakobs denomina “derecho penal del enemigo”, práctica que también se viene fortaleciendo y traspasándose del ejercicio del ius puniendi de los Estados, como manifestación de soberanía, al derecho penal internacional.Abstract Without any doubt, the debate about the penal right of the enemy is a question that is revolutionizing the world of law in a general level, and international right in particular. It is a current debate that is drawing the attention of the academic community, as it poses as a basic problem: the effective protection of the human rights, over a security discourse which is presented as central in the international community in the fight against terrorism, and as a legal-political strategy to the interior of the so called democratic States. This situation is revolutionizing, from different points of view, the traditional conception of law, flagrantly violenting the human dignity as the central axis of the Social State of Right, putting in practice what Jakobs denominates “Criminal law for the enemy”. This practice is being fortified and transferring from the exercise of ius puniendi of the States, as manifestation of sovereignty, to the international penal right.
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ResumenLa identidad de una persona, adultos/as o niños/as, es un conjunto de características que particularizan a ese ser humano. Desde la infancia y hasta avanzada la edad adulta se van erigiendo rasgos que servirán para afianzar una identidad propia; la mayoría de estas características se toman a muy temprana edad y por lo tanto, debe delimitarse muy bien no solo el derecho que tienen las personas menores de edad a tener una identidad propia y estatalmente resguardada, sino también, se debe valorar y hacer respetar al derecho que tienen a formarla. Los instrumentos internacionales destinados a la protección de los derechos de las personas menoresasí como el Código de la Niñez y la Adolescencia costarricense, no delimitan claramente el derecho a la identidad en general y del todo son omisos en relación con el derecho de los/as infantes a conformar su identidad.Palabras clave: Derechos Humanos de las niñas y los niños, identidad, formación de la identidad, derecho a la identidad.AbstractThe identity of a person, adults or children, is a set of characteristics that distinguish that human being. Traits that will strengthen one’s own identity are erected from childhood to advanced adulthood; mostof these features are acquired at an early age and therefore, they should not only be delimited by the right minors have of their own and state protected identity, but also, their rights of identity formationshould be assessed and enforced. International instruments aimed at the protection of the rights of children, as well as the Costa Rican code of children and adolescents, do not clearly delimit the right to identity in general and are entirely neglectful in relation to the right of infants to shape their identity.Keywords: Human Rights of Children, identity, identity’s training, right to the identity.
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Rising health care costs are causing some employers to assess and regulate the health behaviors of their employees. Different approaches and levels of non-smoking regulations are discussed, and the legal parameters and challenges of regulating employees’ private behaviors are explored.
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Biometric systems provide a valuable service in helping to identify individuals from their stored personal details. Unfortunately, with the rapidly increasing use of such systems, there is a growing concern about the possible misuse of that information. To counteract the threat, the European Union (EU) has introduced comprehensive legislation that seeks to regulate data collection and help strengthen an individual’s right to privacy. This article looks at the implications of the legislation for biometric system deployment. After an initial consideration of current privacy concerns, it examines what is meant by ‘personal data’ and its protection, in legislation terms. Also covered are issues around the storage of biometric data, including its accuracy, its security, and justification for what is collected. Finally, the privacy issues are illustrated through three biometric use cases: border security, online bank access control and customer profiling in stores.
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In 'Privacy and Politics', Kieron O'Hara discusses the relation of the political philosophy of privacy to technical aspects in Web development. Despite a vigorous debate, the concept remains ambiguous, and a series of types of privacy is defined: epistemological, spatial, ideological, decisional and economic. Each of these has a different meaning in the online environment, and will be defended by different measures. The question of whether privacy is a right is raised, and generational differences in attitude discussed, alongside the issue of whether privacy should be protected in advance, via a consent model, or retrospectively via increased transparency and accountability. Finally, reasons both theoretical and practical for ranking privacy below other values (such as security, efficiency or benefits for the wider community) are discussed.
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Privacy is commonly seen as an instrumental value in relation to negative freedom, human dignity and personal autonomy. Article 8 ECHR, protecting the right to privacy, was originally coined as a doctrine protecting the negative freedom of citizens in vertical relations, that is between citizen and state. Over the years, the Court has extended privacy protection to horizontal relations and has gradually accepted that individual autonomy is an equally important value underlying the right to privacy. However, in most of the recent cases regarding Article 8 ECHR, the Court goes beyond the protection of negative freedom and individual autonomy and instead focuses self-expression, personal development and human flourishing. Accepting this virtue ethical notion, in addition to the traditional Kantian focus on individual autonomy and human dignity, as a core value of Article 8 ECHR may prove vital for the protection of privacy in the age of Big Data.
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With its turbulent and volatile legal evolution, the right to an abortion in the United States still remains a highly contested issue and has developed into one of the most divisive topics within modern legal discourse. By deconstructing the political underpinnings and legal rationale of the right to an abortion through a systematic case law analysis, I will demonstrate that this right has been incrementally destabilized. This instability embedded in abortion jurisprudence has been primarily produced by a combination of textual ambiguity in the case law and judicial ambivalence regarding this complex area of law. In addition, I argue that the use of the largely discredited substantive due process doctrine to ground this contentious right has also contributed to the lack of legal stability. I assert that when these elements culminate in the realm of reproductive privacy the right to terminate a pregnancy becomes increasingly unstable and contested.
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Online technological advances are pioneering the wider distribution of geospatial information for general mapping purposes. The use of popular web-based applications, such as Google Maps, is ensuring that mapping based applications are becoming commonplace amongst Internet users which has facilitated the rapid growth of geo-mashups. These user generated creations enable Internet users to aggregate and publish information over specific geographical points. This article identifies privacy invasive geo-mashups that involve the unauthorized use of personal information, the inadvertent disclosure of personal information and invasion of privacy issues. Building on Zittrain’s Privacy 2.0, the author contends that first generation information privacy laws, founded on the notions of fair information practices or information privacy principles, may have a limited impact regarding the resolution of privacy problems arising from privacy invasive geo-mashups. Principally because geo-mashups have different patterns of personal information provision, collection, storage and use that reflect fundamental changes in the Web 2.0 environment. The author concludes by recommending embedded technical and social solutions to minimize the risks arising from privacy invasive geo-mashups that could lead to the establishment of guidelines for the general protection of privacy in geo-mashups.