996 resultados para PACTO ARBITRAL
Resumo:
Venezuela desde la década de 1960 cuando se iniciaban los gobiernos democráticos, el de Pacto de Punto Fijo, ha tenido una política exterior muy activa, en un principio se basó en promover como modelo político la democracia representativa en América Latina, a través de la OEA, con el uso del petróleo como una herramienta de esta política exterior, igualmente realizó contactos con países productores de petróleo para formar la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), la formación de programas de cooperación como fue el acuerdo de San José en el cual entre México y Venezuela se comprometían a vender petróleo con precios preferenciales a países de Centroamérica y El Caribe. El país se ha considerado como andino, amazónico, caribeño y occidental. Es por ellos que en los 1970’s el país fue activo en cuanto a las relaciones con los países del tercer mundo en grupos como los No Alineados, en los 80 y 90, este perfil bajó; pero a partir de 1999 con la llegada de Chávez al poder se da el desplazamiento de los actores que habían estado presentes en el escenario político desde 1959, la política exterior venezolana continuó siendo activista con el petróleo como su mecanismo de promoción, sólo que ahora es la democracia participativa, y mantiene varios esquemas de cooperación energética y solidaridad como Petrocaribe con varios países de Centroamérica y el Caribe, siendo esta región la mayor receptora de ayuda en energía que otorga Venezuela. Hasta ahora la ayuda consta solo de proveer crudo y derivados, muchos de los proyectos que anuncia el gobierno venezolano a través de Petrocaribe están por concretarse aún; de igual manera Nicaragua y Cuba son los mayores beneficiarios de la ayuda venezolana.
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El presente trabajo se desarrolla en CHEM, que es una empresa joven, innovadora y con muchos deseos de triunfar dentro de la prestación de servicios de consultoría en las áreas de Registros Sanitarios, Aseguramiento y Gestión de la Calidad, Capacitación y Estudios de Ingeniería, este trabajo se lo realiza en virtud de la necesidad de analizar el plan estratégico actual y replantear las acciones estratégicas que le lleven a lograr una ampliación de su cartera de clientes y consolidar su posicionamiento en el mercado de la consultoría nacional y proyectar sus operaciones en el mercado del Pacto Andino. Una vez ejecutado el análisis y diagnóstico, se ha podido identificar las oportunidades de mejoramiento y se ha replanteado el plan estratégico buscando crear un sistema flexible e integrado de los objetivos empresariales y de sus correspondientes estrategias, siendo la ejecución de las mismas responsabilidad de los directivos de CHEM.
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La presente tesis tiene como objetivo identificar y analizar las bondades y dificultades del arbitraje comercial internacional en momentos en los que el Ecuador requiere de medios de solución de conflictos que sean aceptados por la comunidad de negocios internacionales. La dolarización exige normas jurídicas claras y mecanismos de solución de controversias que brinden seguridad jurídica a los comerciantes e inversionistas. Dentro de este escenario, el arbitraje, por las consideraciones contenidas en este trabajo, se presenta como el mecanismo de resolución de disputas internacionales más idóneo con el que contamos hoy en día. Destacamos que en Latinoamérica y en el Ecuador el arbitraje internacional permanece aún inexplorado, tanto en la doctrina como en la praxis. ¿El motivo? Parece ser por la negativa que históricamente Latinoamérica ha guardado ante la institución arbitral, reflejada en algunos casos en una incongruente legislación nacional; y, desconfianza injustificada de las cortes judiciales. Pero, hoy por hoy, el contexto latinoamericano ha cambiado significativamente. Observamos que la práctica del arbitraje nacional e internacional se va aplicándolo de manera notable, registrando un incremento en los casos que involucran a partes latinoamericanas. Por ejemplo, en el año 2002 cerca del 11% de los casos administrados por la CCI tienen relación con partes latinoamericanas, en contraste con el 3% registrado en 1993.1 Esta tesis se formula en base a una estructura de 2 capítulos: El capítulo primero trata sobre el desarrollo del arbitraje internacional desde sus orígenes, se hace una breve fundamentación histórica, se puntualiza el arbitraje y la nueva lex Mercatoria, los procesos de integración, una rápida sistematización de los tratados regionales de arbitraje, se analizan las relaciones económicas internacionales, el orden público y la arbitrabilidad, concluyendo con una visión de la perspectiva arbitral en el Ecuador. En el capítulo segundo analizamos las especificidades del proceso arbitral internacional, examinando la autonomía y los efectos jurídicos del convenio arbitral, su procedimiento e instituciones o centros de arbitraje internacionales, culminando con un análisis de las actuales expectativas del arbitraje internacional en Latinoamérica y el Ecuador. Constan 7 anexos que complementan lo aseverado.
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El teme central de nuestra investigación, es la actual crisis política venezolana. Hemos denominado este trabajo como Crisis y Cambio del Discurso de la Democracia en Venezuela, porque precisamente nuestra intención es aproximarnos a un estudio de la actual coyuntura política desde una perspectiva del análisis del discurso político que nos permita dar cuenta de cómo se descompuso el viejo orden político (1958-1998) y cómo se intenta imponer un nuevo orden político en Venezuela (Revolución Bolivariana). Nuestra tesis central es que la actual crisis política venezolana puede interpretarse como un periodo de luchas discursivas y simbólicas entre bandos políticos por imponer un proyecto político hegemónico donde la incapacidad de fijar parcialmente alguno de los proyectos, deja abierta la lucha por la aprehensión de significantes que definan el orden político actual, caracterizando el escenario político contemporáneo, de permanente lucha, como post-democrático. El trabajo se compone de tres Capítulos, en el Primero damos cuenta de la Democracia Representativa que bajo el modelo del Pacto de Punto Fijo se construyó y desarrollo en Venezuela de 1958 a 1998. Para ello hacemos un recorrido desde sus antecedentes, para adentrarnos en los pormenores de la forma de la “política” bajo el modelo, sus practicas formales, informales y finalmente el advenimiento en crisis y quiebre del pacto que da paso al gobierno actual, el de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. El segundo capitulo da cuenta del proyecto de Democracia Participativa que encarna Hugo Chávez, de igual manera repasamos sus antecedentes y procesos de formación y acción política hasta llegar al poder en 1998. Posteriormente analizamos los grandes momentos del nuevo gobierno por intentar imponer su proyecto político, expresado en la Constituyente, y finalmente las manifestaciones de disputa política por fijar el orden político entre la oposición y el gobierno (luchas discursivas) que encuentra como punto máximo en nuestra tesis en los hechos del 11 al 14 de Abril de 2002. En un tercer Capitulo de conclusiones, proponemos las diversas ideas centrales que se desprenden de nuestra investigación así como una profundización acerca de nuestro argumento central para comprender este tipo de fenómenos políticos transaccionales.
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Estudiar el rol que tienen actualmente las Empresas Transnacionales en el proceso de integración del Pacto Andino, resulta de gran interés, en virtud a la nueva dinámica de concepción integracionista que se aprecia en la ahora novísima Comunidad Andina. Por estas razones, el presente estudio pretende conocer con mayor profundidad el grado de significación e importancia de las Empresas Transnacionales en la Comunidad Andina, observando sus perspectivas futuras e intentando reconocer el tipo de integración que apoyan y promueven. A este efecto se ha considerado oportuno encontrar en el análisis básico de las Decisiones 24 y 291 del Acuerdo de Cartagena, el modelo de integración asumida. Como corolario se intenta formular las bases para un Proyecto de Código de Conducta que regule las actividades de las Empresas Transnacionales que operan en los países miembros del Grupo Andino. Son estos los elementos o rasgos característicos que conforman la investigación del presente trabajo, que como se advertirá en los capítulos respectivos, constituyen la justificación misma del trabajo.
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Los laudos arbitrales consisten en las decisiones que emiten los árbitros al finalizar un proceso arbitral, mismo que se origina en el acuerdo de dos partes que se relacionan comercialmente y convienen en acudir al método de solución de controversias denominado arbitraje, a fin de que esos árbitros sean los encargados de resolver controversias eventuales o futuras. La Organización Mundial del Comercio cuyas siglas son OMC, es una organización establecida para fortalecer las relaciones comerciales que incrementen la producción y el comercio de bienes y servicios. En la OMC existe un Órgano de Solución de Diferencias u OSD, que fundamenta su actividad en el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias o ESD. En este Entendimiento se establece en pocas y no específicas disposiciones, los casos en los cuales los miembros de la OMC pueden acudir a la solución de sus diferencias a través del arbitraje. Los laudos arbitrales que se emiten en el OSD van a reconocerse y ejecutarse en los Estados Miembros de la OMC según procedimientos establecidos en las normas convencionales internacionales y en sus propios ordenamientos jurídicos. La Comunidad Andina cuyas siglas son CAN, es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Existe una propuesta para instrumentar, o más bien para reglamentar el arbitraje como forma alternativa de solución de controversias entre diversos actores dentro de esta organización, otorgando una nueva competencia que es la arbitral al Tribunal Andino de Justicia y la facultad de organizar la administración del arbitraje a la Secretaría General de la CAN. Esta competencia consistiría en una novedosa facultad que tendrían estos dos órganos del denominado Sistema Andino de Integración o SAI, para resolver conflictos de diversa índole a través de un arbitraje andino que tendría características diferentes del arbitraje comercial internacional. Expreso mi más sentido agradecimiento al Dr. José Vicente Troya Jaramillo por haber aceptado ser el Tutor de mi tesis de maestría, reconociendo su tiempo y el aporte dado para la realización de la misma.
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Este trabajo investiga sobre la ejecución de las sentencias dictadas en contra del Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, configurado como un mecanismo supletorio al que se recurre si los órganos, instituciones y poderes de un Estado no cumplen su función de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuya jurisdicción es reconocida por el Ecuador. Se estudia los contenidos de la tutela judicial efectiva entre los cuales se encuentra la ejecución de la sentencia y los obstáculos que se presentan en el momento de ejecutar la sentencia, buscando de esta manera responder la siguiente pregunta ¿Qué mecanismos procesales existen para obligar al Estado a cumplir las sentencias? De esta manera se busca conocer si la falta de ejecución de la sentencia total o parcial constituye vulneración al derecho de tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano, afectando nuevamente a las víctimas o sus familiares, ya que al no ejecutarse la sentencia tampoco se procede a la reparación integral.
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Tras analizar y evaluar la argumentación jurídica efectuada por el Tribunal del CIADI respecto del caso CMS vs. Argentina, se aprecia que tal argumentación descansa sobre la errada concepción de que en el caso no existían aspectos que afecten derechos humanos. En realidad se trataba de un caso difícil, en materia de derechos sociales, que no podía ser resuelto por la simple aplicación de las reglas específicas del sistema (subsunción), como erróneamente lo hizo el Tribunal del CIADI, pues necesariamente debía acudirse al procedimiento de la ponderación. Si se acude a la ponderación se podrá constatar que existen dos principios aplicables, cada uno de los cuales lleva a una solución incompatible con la del otro: por un lado, la protección del derecho a la seguridad jurídica del inversionista extranjero, que exige un respeto a los derechos pactados contractual y legalmente, y, por otro, el de la protección al derecho a la vivienda, que exige una congelación en las tarifas de servicios básicos esenciales, entre ellos del transporte y distribución del gas. En este caso el segundo prevalece sobre el primero.
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El presente texto busca dilucidar las tratativas diplomáticas entre García Moreno y la Santa Sede que ocurrieron entre el 1861 y 1866 y cuyo fin era conseguir el Concordato: un pacto que el Presidente ecuatoriano consideraba fundamental para la realización de su proyecto de reformas. Frente a un país lacerado por luchas internas y dividido entre sí, era necesario un cambio enérgico para establecer el orden social y la unión nacional. Paladino de la reforma debía ser, según García Moreno, el clero a su vez reformado y vuelto ejemplo de virtud para restituir el orden y la moral al país entero. Entonces, era primordial un Concordato con la Santa Sede para imponer la reforma del clero y establecer los límites entre poder religioso y estatal. No obstante el Concordato no representó una solución fácil e inmediata al cambio, en cuanto planteó una serie de contrastes, discusiones, reformulaciones y cambios que desvelaron los intereses que rodeaban al poder estatal y religioso en el país. En este contexto la Santa Sede iba a representar una fuente legitimadora del poder religioso, demostrando su preferencia en tratar las cuestiones con el Presidente ecuatoriano y su legítimo gobierno, marginando el parlamento. El Concordato resultó ser un documento que permitió a García Moreno fortalecer su control sobre la Iglesia ecuatoriana y mediar con la Santa Sede algunas cuestiones, sobre todo la inherente el diezmo, obteniendo una mayor ventaja económica para el Estado. Soluciones que, no fueron definitivas, sino que dejaron abierta la discusión para ulteriores tratativas.
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El presente trabajo, pretende avanzar en la búsqueda de herramientas que permitan mejorar la gestión de la prestación del servicio público. El capítulo I tiene como propósito dar una visión general de la Institución, conocer la historia, la filosofía de gestión, la estructura y una síntesis de la planificación en el MDMQ. El capítulo II se realiza un diagnóstico de la situación actual de la Delegación Noroccidental Nanegalito, utilizando la herramienta FODA, el diagnóstico trabajado evidencia el ser y el deber ser de la DNN, para brindar un mejor servicio a los pobladores de parroquias ubicadas en la zona Noroccidental (Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto), que tiene los mayores índices de inequidad respecto del Distrito. El capítulo III es un resumen de los principales enfoques de planificación y de las principales herramientas que sirven para el control de la gestión, el marco conceptual permite contar con las definiciones más importantes y representativas de los conceptos de la investigación, en otras palabras la definición o definiciones que nos llevan a la operacionalización de las variables en estudio. El capítulo IV en base al diagnóstico y con la base conceptual se realiza la propuesta del sistema de control de Gestión DNN, que permiten contar con una herramienta de gestión, que permite llevar a la práctica el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en otras palabras, viabilizar el logro de las políticas, objetivos, programas, metas que permita el desarrollo de capacidades la población y potenciar la inmensa riqueza, productiva, ambiental y cultural.
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En las dos últimas décadas, los flujos de inversión extranjera en el mundo se incrementaron considerablemente, llegando a montos nunca antes vistos. Junto a este crecimiento económico, se desarrolló, en el contexto internacional, un complejo régimen compuesto por una gran cantidad de tratados bilaterales y regionales que regulan la inversión extranjera directa. Estos tratados incorporan una serie de normas que establecen estándares de trato para las inversiones extranjeras. De estas, existe una en particular, el denominado trato justo y equitativo, que ha sido utilizado en casi todo litigio de inversiones durante los últimos años. Este enigmático estándar ha estado presente en los diferentes instrumentos internacionales económicos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta la década de los 90 del siglo anterior cuando empezó a utilizarse como punta de lanza en la mayoría de disputas en materia de inversiones; lo cual ha generado una desarticulada jurisprudencia arbitral sobre su contenido. La presente investigación pretende estudiar este complejo estándar, partiendo de un estudio de su naturaleza y su evolución durante el siglo XX. Adicionalmente, aprecia las distintas formas de interpretarlo, desde la experiencia ecuatoriana en litigios de inversiones y su proyección dentro de la evolución del derecho internacional de inversiones.
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El presente ensayo ofrece una breve reseña histórica de las políticas de integración regional y cooperación internacional puestas en práctica por Venezuela desde la restauración de la democracia representativa en 1958 hasta la fecha. Éstas se vinculan, por un lado, a los cambios en las prioridades y objetivos de la política exterior nacional así como a las transformaciones en el panorama regional e internacional, y, por el otro, a las dinámicas internas del país. Si bien se identifica un nítido parte aguas entre las varias etapas del régimen del Pacto de Punto Fijo (1958-1998) y el inicio del proceso bolivariano, en este análisis se insiste en que el desenvolvimiento de la política internacional venezolana y de sus proyectos de integración regional y cooperación internacional lleva marcadamente el sello que define estructuralmente a Venezuela como un país rentista petrolero, implicando la continuidad de ciertos patrones, condicionamientos y peculiaridades que, a la hora de caracterizar su funcionamiento y valorar su impacto, parecerían incidir de manera ambigua en la consecución de los objetivos emancipadores del proyecto bolivariano.
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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.
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Según los fundamentos de la escuela conservadora, la patria entre los años 1920-1940, planteaba un proyecto político con rasgos autoritarios, sin embargo, no era su característica fundamental; incluía matices reformistas, confesionales, corporativistas, anticomunistas, paternalistas, clientelares y proteccionistas, acompañado de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia, en la búsqueda de una idea de nación sustentada en el catolicismo. Conforme a este argumento, los conservadores a tono con el proceso de salida de la crisis capitalista que se había desarrollado en el Ecuador de los primeros años de 1940 les llevó a aceptar algunos elementos reformistas en su programa político de derecha, con el propósito de retornar al poder y volver a establecer un Estado confesional, en el que la autoridad se apoyara en la moral y disciplina de la Iglesia. Así, los conservadores empujaron al interior de ADE una conducción, cuyo interés en su acción política, se relacionó con un programa político coercitivo, anticomunista y de oposición a Arroyo del Río, que además utilizó una cobertura de ciertos elementos reformistas para incidir en las masas y garantizar la continuidad de la dominación. Participaron en la alianza a través de un pacto social por la patria y propusieron implantar la libertad del sufragio, que se produjo en el marco del derrocamiento de la oligarquía liberal. Este trabajo es una indagación empírica que se propone estudiar la utilización del término patria en la configuración de la coyuntura, así como la articulación interpretativa conservadora en la alianza y su significación en el programa político de ADE.
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Este texto revisa cómo los procesos constituyentes –y el producto de ellos– se convierten en un visible símbolo de un nuevo pacto entre Estado y sociedad, pero también, en una herramienta que maximiza el poder de los nuevos gobernantes.