996 resultados para Mandato duradouro
Resumo:
A partir del mandato de constitucionalizar el sistema de administración de justicia, que establece condiciones exigentes para alcanzar su legitimidad, evidencia la necesidad satisfacer tales condiciones y además crear una cultura distinta por parte de los actores del sector justicia a fin de hacer realidad la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Analiza las acciones adoptadas por el Consejo de la Judicatura transitorio en la gestión, supervisión y disciplina del talento humano, y la inversión en infraestructura realizada al amparo del régimen de emergencia, detallando las observaciones y recomendaciones de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador constituida a finales de 201. Deja planteado el reto para el actual Consejo de la Judicatura de restaurar la confianza en que estructurará un poder judicial comprometido con la ciudadanía, independiente y responsable.
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Insistir en la idea de la centralidad de los seres humanos y de la naturaleza en la definición de las políticas públicas como un logro conseguido por la Constitución de 2008, supone el reto de monitorear las acciones u omisiones del Estado para determinar si han cumplido con el mandato normativo que está próximo a cumplir cinco años de vigencia. Ya en 2009, se explicitó el contenido constitucional del derecho a la seguridad integral expresado en la Constitución, y desde entonces se ha monitoreado el avance de las acciones que el Estado implementa; sin embargo hasta la actualidad se observa un predominio de la seguridad entendida desde la lógica del Estado, sin que se evidencie un verdadero enfoque de derechos humanos que sea transversal en su diseño, ejecución y evaluación. A continuación se registran los cambios que en 2012, se dieron en relación al desarrollo de políticas sectoriales, producción normativa y acciones específicas que tienen relación directa con la seguridad.
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En este artículo me enfoco en analizar el tratamiento que el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas ha dado en sus informes de visitas públicos a los riesgos específicos de sufrir malos tratos y tortura en el caso de mujeres privadas de la libertad utilizando aportes de metodologías feministas para el análisis de género del derecho. Para el efecto he estudiado las normas internacionales más pertinentes para el mandato de visitas que cumple el Subcomité en contraste con los hallazgos y recomendaciones realizados por este órgano de tratado en la visita a 11 Estados parte de los cinco continentes. Finalmente he ubicado los límites y aportes encontrados con relación a la prevención de la tortura y los malos tratos en mujeres privadas de la libertad y he propuesto algunos elementos a tener en cuenta para la inclusión de un enfoque de género en la labor de visitas del Subcomité.
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En este artículo me enfoco en analizar el tratamiento que el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas ha dado en sus informes de visitas públicos a los riesgos específicos de sufrir malos tratos y tortura en el caso de mujeres privadas de la libertad. Este análisis se aborda desde aportes de metodologías feministas para el análisis de género del derecho. Para el efecto he estudiado las normas internacionales más pertinentes en relación con el mandato de visitas que cumple el Subcomité en contraste con los hallazgos y recomendaciones realizados por este órgano de tratado en la visita a once Estados parte de los cinco continentes. Finalmente he ubicado los límites y aportes encontrados con relación a la prevención de la tortura y los malos tratos en mujeres privadas de la libertad y he propuesto algunos elementos a tener en cuenta para la inclusión de un enfoque de género en la labor de visitas del Subcomité.
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Los conceptos que definen al derecho a la salud y al derecho al acceso a medicamentos han sufrido cambios en virtud de las necesidades que se han ido planteando a través de los años en el campo de la salud. Al ser el Estado, por mandato constitucional, el ente responsable de garantizar un ejercicio efectivo de estos derechos, se han constituido diversas herramientas de carácter jurídico que han dado paso a una mayor oportunidad de ejercer de manera plena estos derechos por parte de quienes los detentan; de entre las herramientas mencionadas sobresalen los instrumentos internacionales suscritos por los Estados, los mismos que, en teoría, responden a las necesidades de los países en materia de salud. En lo que respecta al Ecuador, los mencionados derechos han sido considerados dentro de aquellos necesarios para poder alcanzar el denominado “buen vivir”, ubicándolos en una esfera constitucional especial. Sobre la base de lo anterior se han adoptado ciertas políticas que han conducido a la suscripción de instrumentos internacionales en materia de salud, con el fin de buscar cooperación internacional que permita satisfacer las múltiples necesidades que tiene nuestro país en ese campo. Con el antecedente expuesto, se ha desarrollado una investigación con el objeto de determinar la conveniencia de suscribir instrumentos internacionales en materia de salud como una herramienta jurídica para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y del derecho de acceso a los medicamentos, así mismo hacer un breve análisis de la normativa constante en el marco jurídico interno que regula el ejercicio de estos derechos, lo anterior de manera paralela a aquellos instrumentos que se suscriben en el marco de la Comunidad Andina, institución que contiene en su objetivo de creación el velar por aquellos derechos fundamentales de los ciudadanos de la Región.
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La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional y el mandato de que las normas y los actos del poder público deben imperativamente mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicar directamente tales normas constitucionales, además de que la Corte Constitucional, se constituye en el máximo órgano de control interpretación constitucional y de administración de justicia, fijándose exclusivamente este rol en este organismo del Estado, despojándoles a los administradores de justicia de la potestad de ejercer este control constitucional como ocurría con el sistema anteriormente vigente. En camino hacia tal objetivo el trabajo contiene una primera ubicación del tema que esclarece el fundamento jurídico de esta nueva concepción de control constitucional en el marco de la orientación garantista, apoyado con un análisis de temas de derecho comparado, se desarrolla un estudio detallado de la normativa constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos sobre la supremacía de la constitución, competencia privativa del órgano de control constitucional, los objetivos, funciones y actos provenientes además del procedimiento y las resoluciones con sus efectos, bajo cuyos contenidos se realiza el análisis de casos que han sido de conocimiento y resolución de la Corte Constitucional en aplicación de la nueva normativa constitucional y legal para arribar finalmente a la estructura de conclusiones que señalan la situación actual del tema constitucional en el país.
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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.
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Durante el primer gobierno del socialdemócrata Olof Palme, las relaciones bilaterales entre Chile y Suecia fueron las más intensas de toda su historia, tanto en cercanía como en conflictividad. La razón la encontramos en los distintos fenómenos políticos que vivió Chile en ese periodo, puesto que Palme coincidió temporalmente con tres gobiernos claramente diferenciados: la Democracia Cristiana, la Unidad Popular y el Régimen Militar. Si las relaciones sueco-chilenas tuvieron su mejor momento durante el mandato de Salvador Allende, el golpe de Estado significó todo lo contrario. El compromiso que tuvo el embajador de Suecia, Harald Edelstam, por quienes eran perseguidos en Chile le llevó a su expulsión, lo que se tradujo en un claro deterioro de las relaciones y el inicio de una nueva etapa marcada por el gran contingente de exiliados que comenzaron a llegar a Suecia. Este trabajo analiza los principales acontecimientos diplomáticos ocurridos entre Chile y Suecia así como las consecuencias que tuvieron durante el gobierno de Olof Palme.
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E-book disponível na íntegra no link: http://issuu.com/politicom/docs/ebook_comunicacaopol__ticanaesferap
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A proposta da presente monografia é analisar algumas das modalidades de estabilidades provisorias no direito do trabalho, as quais buscam um equilíbrio social, que é a causa e o fim do direito do trabalho.A estabilidade é conceituada como o direito do trabalhador permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, enquanto inexistir uma causa relevante e expressa em lei que permita sua dispensa.As principais estabilidades previstas no nosso ordenamento jurídico que vedam a dispensa do empregado e que serão abordadas no presente estudo são:estabilidades do dirigente sindical(a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato);estabilidade do membro da CIPA(desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato);estabilidade do membro da comissão de conciliação prévia(até um ano após o final do mandato); estabilidade do empregado acidentado(mínimo de 12 meses,após a cessação do auxílio-doença acidentário)estabilidade da empregada gestante(desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto);estabilidade do empregada vítima de prática discriminatória;estabilidade do trabalhador portador do vírus HIV e estabilidade para empregados acidentados e portadores de doenças profissionais.Portanto, verifica-se que o trabalhador obteve essas conquistas ao longo dos anos e, com a correta aplicação das leis trabalhistas e da própria Constituição Federal pelo Poder Judiciário, o mesmo tem conseguido assegurar esse direito.
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Brasil, um país conhecido pela violência assustadora(sequestro,extorsão mediante sequestro,assassinatos,estupro,tortura,tráfico ilícito de entorpecentes)sobretudo nos grandes centro urbanos, as " medidas de proteção"têm fato jurígeno quando afetam as camadas economicamente privilegiadas da sociedade.A mídia oportunista e desprovida de princípios e ética, divulgada de forma sensacionalista os fatos marcantes da época.Com um enorme poder persuasivo, os meios de comunicação convencem a população inocente,leiga e inculta a cobrar providências urgentes para o combate da criminalidade.E o que acontece?As consequências são desastrosas!Aprovam-se leis no "calor das emoções",elaboram-se regras jurídicas do dia para noite,sem nenhum estudo prévio de impacto estatísticos sobre o tema, as normas exsurgem como forma paliativa de solução única e premente do problema social, sendo,posteriormente, alvo de muitas críticas e adaptações normativas.Os representantes do povo, alguns,também oportunistas, garantem mais um mandato eletivo no Senado e Câmaras de Deputados;orgulhosos, divulgam seus projetos de lei, em campanhas publicitárias de efeito.E, no final, juízes,promotores,interpretes,doutrinadores e cidadãos,esforçam-se para trabalhar com leis ambíguas, falhas e atecnias.A sociedade também sofre os reflexos negativos do trabalho inconsciente e irresponsável,pois continua vivendo num clima de insegurança sem perceber que o rigor das leis não é instrumento hábil e eficaz no combate à criminalidade.
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A proposta da presente monografia é analisar algumas das modalidade de "Estabilidades Provisórias no Direito do Trabalho", as quais buscam um equilíbrio social, que é a causa e o fim do Direito do Trabalho.A estabilidade é conceituada como o diretor do trabalhador permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, enquanto inexistir uma causa relevante e expressa em lei que permita sua dispensa.As principais estabilidades previstas no nosso ordenamento jurídico que vedam a dispensa do empregado e que serão abordados no presente estudo são:Estabilidade do dirigente sindical(a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato);Estabilidade do Membro da CIPA(desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato);Estabilidade do Membro da Comissão de Conciliação Prévia(até um ano após o final do mandato);Estabilidade do empregado acidentado(mínimo de 12 meses,após a cessação do auxílio-doença acidentário);Estabilidade da empregada gestante(desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto); Estabilidade do empregada vítima de prática discriminatória;Estabilidade do Trabalhador Portador do Vírus HIV e Estabilidade para empregados acidentados e portadores de doenças profissionais.Portanto, verifica-se que o trabalhador obteve essas conquistas ao longo dos anos e, com a correta aplicação das leis trabalhistas e da própria Constituição Federal pelo Poder Judiciário, o mesmo tem conseguido assegurar esse direito.
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O objetivo principal deste estudo é definir um modelo referencial para obtenção e tratamento de informações técnicas, sociais, econômicas e ambientais atualizadas, confiáveis e integráveis dos principais sistemas de produção de um município, visando o desenvolvimento municipal sustentável, com apoio de sistema de informações geográficas (SIG). O SIG permite analisar informações de forma mais rápida, segura e de fácil interpretação, viabilizando a implementação de ações com vistas a um desenvolvimento crescente e duradouro, melhorando as condições de vida das famílias de agricultores e o aproveitamento e preservação dos recursos naturais. O desenvolvimento municipal sustentável em Pinhalão, estado do Paraná, Brasil foi potencializado através do uso de SIG e da instituição de um núcleo de informações que visa mediar as forças do governo e da comunidade local. Os indivíduos, grupos e instituições formais tiveram sua organização e acesso às informações e tecnologias facilitados e passaram a ter possibilidade de participar nas decisões de interesse da coletividade, garantindo o uso correto dos recursos e a transparência da gestão pública. O modelo participativo de desenvolvimento municipal sustentável resulta na manutenção e viabilização das propriedades rurais e das bacias hidrográficas, através de atividades que valorizem o uso da mão-de-obra e gerem alta renda por unidade de área, estabelecendo um equilíbrio entre os fatores sociais, econômicos e ambientais.
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O Regime de Meta de Inflação se Tornou Dominante na Formulação de Políticas dos Bancos Centrais nos Últimos 15 Anos. a Teoria Subjacente, Particularmente a Regra de Taylor, Pode ser Vista como uma Competente Generalização Desse Comportamento. de um Ponto de Vista Keynesiano, Ele Será Aceitável se Encararmos a Taxa de Juros de Equilíbrio como Apenas uma Convenção Variável e se a Combinarmos ou com uma Taxa de Câmbio ou com uma Meta de Emprego. no Caso do Brasil, Porém, Além Dessa Ressalva Teórica e da Condição do Duplo Mandato, o Regime de Metas de Inflação Enfrenta um Problema de Incoerência. esta é uma Política que se Destinava a ser Utilizada na Administração da Política Monetária, não na Mudança do Regime de Política Monetária . a Política de Metas de Inflação foi Introduzida no Brasil em 1999 como um Substituto para a Âncora Cambial, que Havia Sido Usada Desastrosamente entre 1995 e 1998. Durante Muitos Anos, o País Havia Enfrentado uma Armadilha de Alta Taxa de Juros / Taxa de Câmbio Valorizada E, Portanto, Precisava Mudar seu Regime de Política Monetária Antes de Eventualmente Adotar o Regime de Meta de Inflação. Essa Mudança, que Começou com a Flutuação de Janeiro de 1999, Deveria ter Sido Completada com Reformas Específicas (Fim da Indexação dos Serviços Públicos e dos Próprios Juros Básicos). no Entanto, em Lugar de Desenvolver uma Estratégia para Reduzir a Taxa de Juros, o Governo Continuou a Definir a Inflação como o Principal Problema a ser Enfrentado e Adotou uma Política Formal de Metas de Inflação. a Conseqüência é que Desde 1999 Essa Política se Tornou o Obstáculo que a Economia Brasileira Enfrenta para Escapar da Armadilha da Taxa de Juros
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O presente estudo tem como objetivo principal analisar a coesão das bancadas federais da ARENA em três estados brasileiros (Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia), utilizando como parâmetro o exame da trajetória partidária dos deputados federais arenistas eleitos entre 1966 e 1978 à Câmara dos Deputados. Coesão esta que será mensurada a partir de aspectos como a origem e migração partidárias, o tempo de investimento na carreira até a conquista de um mandato na Câmara dos Deputados e os cargos anteriormente ocupados, que se constituem nas principais variáveis levadas em consideração para traçar o perfil das bancadas arenistas. A perspectiva adotada toma a história e a dinâmica político-partidária e eleitoral peculiares a cada estado como um pano de fundo privilegiado para uma maior compreensão do objeto a ser analisado, de suas nuances e idiossincrasias. Com base nesta análise, pretende-se identificar o grau de influência que a “herança” arenista exerceu, com o advento da Nova República, na configuração dos partidos de direita dos três estados examinados.