996 resultados para DESPLAZAMIENTO DE CIVILES


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Inserción de la escuela en su medio desde una perspectiva que se apoya en principio, en las áreas de Naturales y Sociales. Objetivos: enraizar los contenidos del aprendizaje en el medio propio del niño; usar más racionalmente los espacios insulares, especialmente concienciar a los alumnos de lo limitado de sus recursos naturales. Muestra: 700 alumnos pertenecientes a los ciclos medio y superior de once centros de EGB de la zona sur suroeste de la isla de Tenerife. Se ha realizado una recogida directa de datos de campo, se han cumplimentado fichas, realizado croquis e itinerarios y diagramas e histogramas de los datos recogidos. Cara a la formación de los profesores, la experiencia adquirida es interesante para mejorar cualitativamente la planificación de la continuidad del trabajo. Se espera el desplazamiento del libro de texto y del protagonismo del profesor en el aula en el proceso educativo, en favor de la observación directa y la bibliografía. Con respecto al alumno hay una mayor autonomía y estímulo en su aprendizaje. El proyecto es facilmente aplicable a otros centros.

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El artículo analiza el fenómeno del desplazamiento forzado alrededor del mundo, así como la génesis del mandato de las Naciones Unidas para luchar contra este problema. Examina las conclusiones clave del estudio de la ONU que encontró que las normas existentes del derecho internacional tienen varios vacíos y zonas grises relativos a las necesidades de los desplazados internos. También analiza los orígenes y el contenido de los principios guía del desplazamiento interno, así como el estatus normativo de los mismos. Así mismo, sugiere que, a pesar de no ser vinculante para los Estados, estos principios guía se convirtieron en la expresión más autorizada de los estándares mínimos aplicables a los desplazados internos como consecuencia de la práctica estatal, es decir, que la mayoría de estos principios se volverán costumbre internacional. El artículo también señala la necesidad de que haya una implementación efectiva en el derecho interno de estos principios guía; examina cómo las autoridades gubernamentales, la Corte Constitucional y la sociedad civil en Colombia, así como las entidades intergubernamentales, respondieron a la crisis del desplazamiento interno en el país. Observando el marco legal colombiano en desplazamiento interno, el artículo concluye que el Estado no ha tomado las medidas necesarias requeridas para prevenir futuros desplazamientos o para asegurar una protección y asistencia efectivas para resolver las necesidades de los desplazados internos.

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El presente artículo pretende identificar situaciones-tipo en las que el poder judicial ha asumido la tarea de verificar estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. A partir del estudio de sentencias proferidas por tribunales nacionales e internacionales, se establecen cuatro posibles tipos de intervención de los jueces en este campo. Por último, se analiza la intervención judicial para garantizar la participación de grupos y movimientos sociales en el diseño y toma de decisiones relacionadas con dichas políticas. 

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Se identifica como sustracción interparental de menores (SIM) aquella acción que realiza uno de los padres de un niño, niña o adolescente, mediante su  sustracción, retención u ocultamiento, para impedir al otro progenitor el ejercicio de sus derechos de visita o de custodia.1 La violación de estos derechos, establecidos a favor tanto de los padres como de los hijos, puede llegar a constituir, en el ámbito internacional, una retención ilícita o traslado ilegal del menor a un país diferente al de su residencia habitual. Esto ha llevado a la mayoría de países a adoptar una legislación interna especializada para el tratamiento de este fenómeno y a adherirse al Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En este escrito, a partir del análisis de la situación colombiana, son reseñados los instrumentos comúnmente utilizados en el plano internacional para hacer cesar la violación de estos derechos.

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The armed conflict in Colombia, which has generated over three million internally displaced persons, has dramatic humanitarian consequences and raises serious issues regarding the protection of displaced peoples’ rights. The underlying reasons for the displacement often lie in the dynamics associated with territorial control and land seizures undertaken for strategic, military or purely economic purposes. Domestic and international legal provisions have established the victims’ right to the restitution of their homes and property as the “preferred remedy” in cases of displacement. However, policies dealing with displacement, both those of the Colombian government and of several international institutions, fail to take this sufficiently into account. A comprehensive reparation policy for victims must necessarily entail the reversion of lands, territories and goods seized in Colombia under the pretext of the internal armed conflict.

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Establishing the pattern of crime is fundamental for the successful investigation ofinternational crimes (genocide, war crimes, and crimes against humanity). A patternof crime is the aggregate of multiple incidents that share common features related tothe victims, the perpetrators, and the modus operandi. Pattern evidence and analysishave been used successfully, mainly in the investigation of large-scale killings, destruction,and displacement; the use for sexual violence charges has been remarkablymore limited. There is a need to overcome this gap by setting proper methods of datacollection and analysis. At the level of evidence collection, under-reporting should beaddressed through victimization surveys or secondary analysis of data available fromdifferent sources. At the level of analysis, the available evidence needs to be subject toimpartial examination beyond the pre-conceptions of the conflict parties and advocacygroups, in compliance with scientific standards for quantitative, qualitative, andGIS (Geographic Information Systems)methods. Reviewing the different investigativeexperiences and jurisprudence will help to set the right methodology and contribute mostefficiently to putting an end to the impunity regarding sexual crimes.

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The problem of land ownership protection in this country is an issue that must be faced by those who have as part of their responsibilities the recognition, the restitution and the reparation of victims of forced displacement. One of the points that must be analyzed is the protection of ownership of urban lands, a subject falling under municipal responsibility. The development of a public policy by the City of Medellín for the protection of such lands is a significant advance for the creation of protocols and for the return of rights to those who have adandoned their lands because of violence or who have been divested of their homes in urban areas.

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This article reviews the evidence collected by diverse national and international organizations regarding the relationship between sexual violence against women, forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed conflict. To this end, it uses the concept of “sexual violence regimes” to highlight that the endspursued by sexual violence are not always exhausted by simple consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable presumption, in the framework of “unconstitutional state of affairs” created by judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and serves as a catalyst to promote new genderbased mechanisms of reparations.

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La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática. 

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La violencia sexual varía dramáticamente de una guerra a otra, y, en ocasiones, de un grupo armado a otro dentro de una misma guerra. Sin embargo, en algunos conflictos la violencia sexual perpetrada por determinados grupos armados es especialmente limitada, pese aque estos cometen otro tipo de violencia contra civiles. Ciertos grupos cometen actos de violencia sexual solo contra mujeres, mientras que otros también lo hacen contra hombres. Los científicos sociales están documentando y analizando con una frecuencia cada vez mayor esta variación en los patrones de violencia sexual en tiempos de guerra, particularmente en cuanto a las distintas dimensiones de violencia (su forma, frecuencia, blancos ypropósitos), así como en lo referente a los cambios en estos cuatro patrones a través del tiempo. Por tal razón, en este texto, en primer lugar, introduzco conceptos clave, incluyendo estas cuatro dimensiones y el concepto de violencia sexual como práctica (un patrón que no es ordenado pero sí tolerado por los comandantes, y que ocurretanto en casos en los que hay beneficios estratégicos como en los que no los hay). Después, resumo brevemente las investigaciones recientes que documentan patronesde violencia sexual en tiempos de guerra. Tras mostrar que muchos abordajes presentes en la literatura publicada no dan cuenta de la variación observada –dehecho, muchos predicen más violencia sexual que los trágicos niveles observados–,propongo un marco teórico centrado en las dinámicas internas de los grupos armados. Luego, analizo las condiciones en las cuales los grupos armados no llevan a cabo violaciones, aquellas en las que realizan violaciones estratégicas y aquellas en las que las violaciones se cometen como práctica. A lo largo del artículo, me valgo de hallazgos recientes en la literatura de las ciencias sociales, algunos de ellos todavía no publicados. Concluyo con la implicación de este análisis para la formulación de políticas públicas: la variación observada en la violencia sexual en tiempos de guerra, particularmente la ausencia relativa de este tipo de violencia por parte de muchos grupos armados, indica que la violación no es inevitable en la guerra.

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En este artículo, se plantea el problema de si puede considerarse a la educación como un derechofundamental. Se analizan las implicaciones que ha tenido su no inclusión como tal derechoen la Constitución en el capítulo de los derechos fundamentales. Se estudian dos grandes tradicionessobre los derechos fundamentales: el neoliberalismo afirma que los derechos fundamentalesson únicamente los derechos liberales civiles y políticos. Y el liberalismo social concibe quelos derechos fundamentales son, además de los derechos liberales civiles y políticos, los económicosy sociales. En la parte final, se hace una reconstrucción del desarrollo del derechoa la educación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; termina con unas críticas alproyecto de reforma de la educación superior y unas sugerencias con miras a proponer a laeducación como un derecho fundamental.

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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación. 

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La alta riqueza natural de Canadá ha hecho que el tema ambiental tenga un rol importante en las agendas tanto del orden nacional como del internacional y ha sido además objeto de múltiples estudios aca­démicos y de preocupaciones netamente civiles en torno a las problemáticas que se presentan. La situación no es lejana a la que se presenta en Colombia, considerado uno de los países más ricos del mundo en materia de recursos naturales, pero que requiere conocer cada vez más experien­cias que le permitan dilucidar soluciones para las problemáticas ambientales que enfrenta, si se tiene en cuenta, además, la situación de conflicto existente que ame­naza de forma considerable la seguridad ambiental.

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The aim of this paper is to analyze the knowledge transfer in the production of structural components of two aircraft:Q400 and Global Express of Bombardier Aerospace Company, Querétaro. Bombardier Aerospace is a pioneer company in the aviation sector in Mexico, and the third largest civil aircraft manufacturer. In 2005, Bombardier decided to invest in Mexico, creating Bombardier Aerospace de Mexico S. A. C. V. and transferring production lines from Japan and Toronto to Queretaro. The relocation strategy of both plants aims to reduce modular and general production costs facing other competitors. The relocation has been supported by the State Government funds, through a trust and the creation of Queretaro aerospace cluster. Among various benefits, the State of Queretaro donated seventy-eight acres of land where the Queretaro International Airport (QIA) and a training centre will be built to promote the development of this sector. The interest in this research is to analyze and describe the transfer of knowledge to the production of structural components of both aircraft models, thanks to the results of productivity and internal and external factors which have contributed along with this transfer

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Estudiar las conductas, estados depresivos e ideas suicidas de los enfermos renales crónicos, estableciendo criterios válidos de la relación entre este colectivo y los profesionales que trabajan para que estos enfermos alcancen una mejor calidad de vida. De los 140 enfermos renales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se extrajo una muestra de 108 sujetos, mayores de 14 años y menores de 76 con una edad media de 45 años. Se siguió un diseño correlacional. Variables independientes: situación familiar, sexo, profesión, situación laboral y situación económica. Variable dependiente: puntuaciones obtenidas en el cuestionario de Zung (SDS); en otros tipos de análisis, esta variable se utilizó como variable independiente, para constrastarla en algunas respuestas fisiológicas tales como: diferencias de peso, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica. Escala de depresión de SDS, de Zung, 1965; versión castellana de Conde, 1970. Cuestionario de datos personales. Ficha médica. Puntuaciones medias. Análisis de varianza. Probabilidad. Los separados/as obtienen puntuaciones mayores en depresión y trastornos emocionales que el resto de los estados civiles. Las mujeres que se dializan presentan mayores niveles de depresión, trastornos emocionales e inhibiciones motoras, que los hombres que reciben el mismo tratamiento. Existen profesiones que alcanzan medias superiores en esta sintomatología. La situación laboral no es desencadenante de estos trastornos, pero existen situaciones con una mayor propensión que otras para presentar esta sintomatología. Existen situaciones económicas donde se ven favorecidas tanto las conductas como los estados depresivos e ideas suicidas de los IRC. El 42 por ciento de los IRC puntuaban en el nivel 'C' de depresión, lo que nos ponía en alerta al haberse alcanzado porcentajes superiores a los encontrados en los estudios sociológicos sobre depresión en la población española (Gabinete Bernard Krief, 1982), que sólo llegó a alcanzar el 6,9 por ciento. Sería conveniente estudiar las consecuencias que estas conductas tienen en el abandono de la medicación y otras conductas autopunitivas del insuficiente renal crónico.