873 resultados para CONTRATOS


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Analizar dos tipos de fenómenos, cuyo estudio puede ser revelador para explicar el malestar profundo que existe en amplios sectores universitarios y que se pone de relieve en las manifestaciones más externas: el muy fuerte incremento de la demanda de educación universitaria y la respuesta dada a este incremento por parte del MEC. Incremento de la demanda educativa, respuesta dada por el MEC y situación del profesorado universitario. Se analizan: los factores que deciden en la demanda educativa, el número de diplomas, cifras presupuestarias, calidad de la enseñanza universitaria, tipos de contratación de los profesores universitarios y evolución de salarios y número de profesores. Datos y cifras procedentes de MEC y el INE. Informes de bancos y de otras investigaciones. Los factores que deciden la demanda educativa son: el incremento de la renta per cápita, el aumento de la población en edad escolar, el incremento de la oferta de puestos docentes y la creencia, cada vez más extendida, de que el aumento de los años de escolarización produce un efecto inmediato de mejora en los sueldos a percibir por el profesional. Aunque en España el incremento de demanda educativa es visible ya desde 1962, el número de diplomas no ha aumentado en la misma proporción. Frente a una demanda creciente, las cifras presupuestas para las universidades han descendido en valores reales, lo cual repercute en la calidad de la enseñanza impartida en ellas. El MEC, ante el fuerte crecimiento del número de alumnos, ha optado por la contratación de mano de obra barata, buscando, además, eludir los problemas que podría plantear su permanencia en plantilla, en virtud de la existencia de contratos administrativos anuales. El coste de esta política de inseguridad ha sido el descontento de la mayor parte del profesorado contratado, y esto sí que produce un descenso claro en la calidad de la enseñanza. Para solucionar los problemas económicos de la enseñanza universitaria, resulta imprescindible una nueva orientación en la política hasta ahora seguida por el MEC.

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Resumen basado en la publicación

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Este trabajo presenta las experiencias de evaluación continua y los programas de tutorías complementarios en dos asignaturas de la licenciatura en Derecho: Derecho Civil II (Obligaciones y Contratos; Troncal; 4º curso, 100 alumnos) y Derecho Procesal (Troncal, 4º y 5º curso, 150 alumnos, uso de MOODLE) y las conclusiones más relevantes

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Este libro, ubicado en el marco conceptual brindado por la Public Private Partnership, aborda el tema de la participación del capital privado en la generación de infraestructura. También analiza la concesión de obras públicas como un negocio jurídico de naturaleza financiera y de administración de recursos, cuyo objeto no se restringe a la simple realización de trabajos materiales de obra pública. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz del derecho europeo pero sin perder de vista la legislación nacional, la presente obra abarca entre otros temas el estudio de los antecedentes históricos y la naturaleza jurídica de la concesión, el manejo de las aleas contractuales, algunos esquemas de financiación de proyectos y las diferentes etapas que integran el contrato de concesión de obras públicas. Por su contenido este libro está dirigido principalmente a magistrados y jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, asesores jurídicos de las entidades públicas, abogados litigantes y consultores en contratación estatal. Sin embargo, temas generales como son las prerrogativas de la administración, el equilibrio económico y la solución de controversias, al seguir el régimen común de los contratos estatales, pueden ser de gran interés para los estudiantes de pregrado.

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En esta obra, la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario ha compilado los aportes académicos de sus docentes, como conmemoración de los diez primeros años de funcionamiento ininterrumpido del programa. Estas contribuciones han sido elaboradas a partir de los contenidos impartidos en sus asignaturas por los autores y las mismas corresponden a las siguientes temáticas: tendencias contemporáneas del derecho administrativo, estructura de la administración pública, principales manifestaciones de la actividad administrativa, contratación estatal y derecho administrativo económico.

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Esta obra constituye un aporte a la literatura jurídica en materia de seguros y de responsabilidad en nuestro país y en América Latina. Presenta una síntesis del estado actual de la responsabilidad y sus principales tendencias, pues esta institución es la materia prima del seguro de responsabilidad. Así mismo, examina los temas más relevantes que atañen al seguro de responsabilidad, tales como su noción y distinción de otras figuras, el interés asegurable, el riesgo asegurable, el siniestro y la delimitación temporal del mismo. Aborda la formación del contrato del seguro de responsabilidad, las cargas y obligaciones de las partes, los gastos del proceso, la prueba del siniestro, la acción directa y el régimen de prescripción, para lo cual se hace un análisis riguroso de los principales tópicos sustanciales y procesales. La obra incluye una útil descripción de las coberturas de seguro de responsabilidad en el mercado. Todo lo anterior acompañado de un nutrido análisis bibliográfico nacional e internacional, de una extensa referencia jurisprudencial y de un enfoque pedagógico que unido al uso de gráficas hacen que esta obra este dirigida a estudiantes, compañías de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de seguros, abogados litigantes y jueces.

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Los contratos nacen para cumplirse, y por esto lo normal es que su muerte se efectúe honrando la palabra empeñada. La terminación del contrato ocurre entonces sin mayores sobresaltos, mediante la aplicación de las probadas reglas del “pago”. Algo similar ocurre cuando las partes deciden pacíficamente y de mutuo acuerdo poner término al contrato sin cumplirlo, pues, como es sabido, en el derecho las cosas se deshacen (sin problemas) como se hacen. Pero existen otras formas de terminación del contrato más conflictivas, que dan origen a diferencias entre las partes y, porque generan un abundante contencioso, exigen una mayor atención de los juristas. Es lo que ocurre cuando las partes difieren acerca de la validez originaria de su acuerdo o sobre la subsistencia en el período de ejecución de obligaciones que nacieron válidamente. Entonces, la paz entre los contratantes se acaba y la tarea de jueces y juristas es discernir las patologías que puedan afectar al contrato: si tiene algún vicio de inexistencia, validez o ineficacia, o si opera la resolución, la imprevisión u otra forma de terminación durante su cumplimiento. En este libro el lector – abogado, académico y estudiante – encontrará lúcidos y útiles estudios sobre estas materias, que dan cuenta de forma documentada de los antiguos antecedentes de estas discusiones, de su interés renovado por la evolución reciente del derecho comparado y de las soluciones prácticas que los diferentes sistemas jurídicos les otorgan.

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La obra constituye una guía explicativa de las principales modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se modifica el régimen de contratación pública en Colombia. En este libro se realiza un análisis del proceso legislativo surtido por esta reforma, la cual logró materializarse después de serios intentos de modificación de las normas que rigen los contratos que celebra el Estado.

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Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas (interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos). Desde ese examen, que identifica los rangos jurídicos de cada una de tales figuras, explora la tipología existente en el derecho positivo en relación con unas y otras. Con base en dicha aproximación, aborda, por ejemplo, el estudio de los convenios y contratos celebrados con organismos de cooperación internacional y con entidades estatales cooperativas, los convenios de organización, el convenio de delegación de funciones, los convenios administrativos de colaboración, los convenios administrativos de interés público y los convenios y contratos regulados por las normas de ciencia y tecnología. El presente trabajo- adelantado con el rigor académico propio de una tesis de maestría en derecho administrativo-, aunque parte necesariamente del derecho de los contratos estatales y sus leyes básicas (80 de 1993 y 1150 de 2007), al considerar que los convenios van más allá de un simple acuerdo de voluntades, desborda ese campo y avanza en el estudio del identificado por el autor como derecho de la organización de la administración pública, que tiene fundamento especial en la Ley 489 de 1998.

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El manual de cátedra que se presenta a continuación, como todo manual, no pretende sentar las bases teóricas sobre el objeto de estudio, ni convertirse en doctrina de obligada referencia. Simplemente busca acercar a los estudiantes e interesados en el tema, al estado del arte en lo que al derecho del comercio electrónico y de Internet se refiere. Dado que el autor ha orientado en la Universidad del Rosario las cátedras Derecho de Comercio Electrónico –en pregrado- y Legislación del Comercio Electrónico, en posgrado, éste ha tenido la oportunidad de validar parte importante del material con los estudiantes, quienes con sus aportes y comentarios han nutrido el texto. El trabajo se inscribe en la línea de investigación en Derecho Comercial, pues cuenta con una estructura que analiza algunos de los problemas jurídicos más importantes, identificados mediante la práctica profesional, en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

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Expedida la Ley 820 de 2003 la cual hace referencia al régimen de arrendamiento de vivienda urbana, se propusieron diferentes modificaciones en cuanto al régimen de servicios públicos domiciliarios, la solidaridad entre el arrendador y el arrendatario y se buscó reunir todas las normas que se encontraban a lo largo de la legislación colombiana que hacían alusión a dicho contrato. Habiendo transcurrido el lapso de seis años de su vigencia, existen varios problemas derivados de su aplicación que ameritan el estudio pertinente para encontrar la mejor manera de resolverlos legalmente o para proponer las reformas a la ley que sean necesarias para su perfeccionamiento.

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El presente trabajo investigativo desarrolla el tema de las acciones populares, con relación al derecho colectivo a la moral, evidenciando su importancia como respuesta adecuada ante la inmoralidad, especialmente en el caso de la contratación pública en Colombia.

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Estudio del desarrollo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y su protección a través de las acciones populares. Aproximación a la definición y contenido del derecho a partir de un análisis jurisprudencial. Perspectiva como mecanismo de lucha contra la corrupción.

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La ley de Estabilidad Ley 963 de 2005, es un instrumento jurídico cuyo objetivo en principio es lograr integrar el Estado Colombiano a un sistema de globalización económico, abierto a los procesos de activación de la inversión en nuestro país. Por medio de esta ley, el gobierno ha logrado pactar contratos con nuevos inversionistas, nacionales y extranjeros, a quienes se les garantiza seguir aplicando las mismas disposiciones legales y reglamentarias existentes al momento de realizar la inversión y que consideren relevantes o mejor aún motivantes para realizarla.

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A raíz de la promulgación de la Ley 1328 de 2009 y de la celebración del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, el sistema normativo colombiano será testigo de un negocio jurídico que, hasta antes de esos eventos, no había visto factible su celebración: el contrato de seguro internacional. Al vernos frente a esta realidad, no queda más remedio que empezar a dar respuesta a las preguntas que surgen con ocasión de que un residente en nuestro país contrate con una compañía de seguros ubicada en el exterior; y, tal vez, la primera de ellas es ¿cuál es la ley aplicable al contrato de seguro internacional? El presente trabajo pretende contribuir a la búsqueda de una respuesta a este cuestionamiento de no poca trascendencia; con el estudio de legislación, doctrina y jurisprudencia extranjeras, junto con el análisis de la particular regulación del contrato de seguro en Colombia, además de consideraciones en torno a la jurisdicción local y foránea, "La ley aplicable al contrato de seguro internacional" se convierte en, si bien una sugerencia de respuesta al ya enunciado interrogante, igualmente en un llamado para que sean las autoridades, Magistrados y expertos en el tema, quienes reparen en ese punto desde este momento y, así, no vernos sorprendidos en 2013, cuando vea la luz el primer contrato de seguro internacional en Colombia.