1000 resultados para COLOMBIA, PAÍS DE OPORTUNIDADES


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En este estudio, promovido por la Fundación ONCE y elaborado por ESADE, se profundiza como nunca hasta ahora en cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y se plantean soluciones estratégicas para que los diversos actores: empresas, organizaciones sociales, administración y centros de investigación perciban las oportunidades para la creación de valor social y económico que ofrece el mercado de la discapacidad en nuestro país.

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Las perspectivas de la economía colombiana y en particular su situación fiscal y cambiaria se analizan a la luz de las políticas sugeridas por el Consenso de Washington (ajuste fiscal, privatización y apertura) y las críticas a este enfoque realizadas por el premio Nobel, Joseph Stiglitz. A partir de la experiencia de los países del sudeste asiático y su respuesta exitosa a la crisis financiera internacional, las políticas de austeridad fiscal y apertura a los mercados externos ganan credibilidad ante los organismos financieros internacionales. Sin embargo, los casos de Argentina y Brasil minan las bases de esta confianza. Argentina enfrenta una situación caótica, con una devaluación del 250 porciento y restricciones a las operaciones comerciales. También Brasil presenta un alto riesgo de crisis, a pesar del apoyo recibido por el FMI. Colombia enfrenta una situación crítica que le implica altos esfuerzos fiscales, a pesar de ser un país que siempre ha cumplido con sus obligaciones. Si a los esfuerzos fiscales no los acompaña un crecimiento apreciable de la economía, difícilmente la situación sea sostenible. La interpretación de esta coyuntura es iluminada por la posición de Stiglitz frente a la globalización, quien aboga por un enfoque de mayor contenido social y un crecimiento gradual puesto que se plantea serias dudas sobre la eficiencia de los mercados. En el largo plazo, mayores niveles de exportación e integración regional, y disciplina fiscal son cruciales para encaminar a Colombia en la senda definitiva del desarrollo.

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El fenómeno de la pobreza en Colombia es una compleja red de factores entrelazados. Las definiciones actuales se circunscriben a indicadores estándar internacionalmente aceptados, que se basan principalmente en el nivel de ingresos y en necesidadesbásicas insatisfechas. Sin embargo, la elección de estos índices puede traer sesgos de exclusión y de inclusión desviando el resultado de las políticas públicas. Los gobiernos desde 1930 sehan preocupado por la creación de programas que reduzcan la pobreza, pero sólo desde la década de los cincuenta se empezaron a ver los resultados. En los últimos cincuenta años,los niveles de pobreza medidos por necesidades han venido disminuyendo, pero en la última década, el cambio estructural y la recesión de 1998 y 1999 retrasaron once años la calidadde vida de los colombianos. La literatura económica y las instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sugieren algunas alternativas para salir del problema, pero cada país es único y debe adaptar sus políticas a su propio contexto.

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Este artículo presenta y defiende una tesis sobre el impacto del trabajo de Currie como asesor económico en Colombia. Lo que diferencia a Currie de los economistas que han dirigido despuésla política económica del país es su extrema independencia con respecto a los organismos internacionales de crédito y a las modas teóricas dominantes. La independencia con la que siempre trabajó no fue sólo el producto de su elección individual, sino de las muy especiales condiciones que rodearon su arribo y permanencia en Colombia. Currie fue independiente porque podía serlo y porque lo eligió también. Es lo que este artículo pretende argumentar.

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La utilización del gas natural en Colombia se remonta al descubrimiento de los campos de Santander. Con excepción de los campos de gas libre, el gas asociado fue considerado en elpaís como un subproducto de la explotación del crudo, y era quemado en las teas (un tipo de antorcha) de los campos petroleros. Desde 1961, la conciencia sobre el valor del gas seempieza a plasmar en la legislación, y es por primera vez a través de la Ley 10 de 1961, que se prohíbe de forma explícita su quema, posteriormente se ratifica mediante el decreto 1873de 1973. En 1973 se inicia la construcción en la Costa Atlántica del primer gasoducto para atender las necesidades del sector industrial para esa zona del país, extendiéndose a todos sus departamentos. Con el objeto de sustituir energéticos de alto costo, en 1986 se estableció el primer plan nacional de uso general del gas natural, llamado «Programa de gas para el cambio». El bajo volumen de reservas de esa época y la coyuntura en que se desenvolvían los energéticos, los cualesestaban subsidiados, limitaron el desarrollo de este plan. En 1990 surge una vez más la necesidad de crear la cultura del gas. Conel documento oficial «Lineamientos del cambio», se da pie para que se adelanten una serie de estudios, los cuales confirman los beneficios económicos que se derivarían para el país a partir de la utilización de este combustible...

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El artículo tiene como propósitos: proporcionar una visión general de la forma en que el financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la población ha sido abocada en Colombia; resumir los grandes retos que enfrenta en la actualidad del programa de microfinanzas en el mundo, presentar el programa de investigación que están adelantando las Universidades Icesi y del Valle en Colombia en asocio con la Universidad de Laval en Canadá y con algunos centros de Investigación de Filipinas, Marruecos y Benin y algunos resultados parciales de este esfuerzo investigativo; y, presentar algunas recomendaciones tendientes a fortalecer a las organizaciones microfinancieras en el país.

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En la presente investigación se busca evaluar que tan desiguales son los resultados académicos de los estudiantes del grado 11 en Colombia para el período 2008-2012 -- Para esto se construyó un Gini de puntajes de las pruebas Saber 11 para cada año del período evaluado y se compara con el Gini de nivel socioeconómico estimado a partir de información de los estudiantes sobre sus condiciones socioeconómicas tomada del formulario de inscripción al examen -- Los resultados obtenidos muestran que la desigualdad en términos de puntaje es menor que la desigualdad en términos socioeconómicos, y aunque es relativamente baja se encuentra acompañada de puntajes muy bajos en las poblaciones más vulnerables -- Los resultados más desiguales y con menor puntaje promedio se dan en el área de matemáticas en los estratos socioeconómicos 1 y 2 -- Según estos resultados, la política educativa debería estar dirigida a reducir la desigualdad en el rendimiento de los alumnos aumentando el rendimiento promedio de estos y no a costa de puntajes más bajos, ya que un sistema educativo que logre menor desigualdad implica una sociedad más homogénea, donde todas las personas puedan tener las mismas oportunidades y se cierren brechas de oportunidades e ingresos

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Con Constitución Política de 1991 se creó en Colombia un Estado Social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, que en Artículo 42 se refiere a un derecho fundamental en el cual se define “La familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Entendiendo que hay en nuestra sociedad dos formas de constituir una familia: i) Un modo religioso de forma matrimonial que es dar sus votos o un modo civil de este mismo el cual únicamente tiene efectos jurídicos como un contrato o una convención; ii) la voluntad responsable del hombre y la mujer que deciden conformarla, en el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos. Hay que comprender que la familia creada por la Constitución Política de Colombia, ha tenido cambios contemporáneos en nuestra sociedad y aunque aún no son reconocidos, se trata de que en muchos casos la familia no solo se compone por los miembros establecidos, sino que también lo hace de diversas formas e incluso se hace extensa a los abuelos, nietos, primos etc. Tratándose de reconocer derechos que se están discutiendo en este momento en tribunales y Corte Constitucional, entre los cuales entra a tomar parte los derechos de las parejas homoparentales, los cuales se le han venido reconociendo en nuestra Legislación, pero que continúan algunos en una ardua lucha, para llegar a hacer una sociedad sin distinciones y desigualdades. Para resolver el asunto, debemos estudiar ante todo la jurisprudencia nacional a fin de dirimir el controversial y actual tema; lo anterior sin dejar de lado el interés superior del niño, de protección y preelevancia de sus derechos sobre aquellos de los demás, que constituye la base del desarrollo y lograr así, determinar lo pertinente a la comprensión del asunto para determinar si con la adopción por parte de parejas del mismo sexo se está afectando o no este interés superior del menor. Así mismo, resulta necesario incursionar en las opiniones del entorno a saber si nuestra sociedad está o no preparada en este momento para que las parejas del mismo sexo adopten, ya que de no serlo, con dicha argumentación se pretende aguardar al momento más oportuno para hacer un cambio trascendental en nuestro país.

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En el marco de la presente investigación, buscando encontrar el antecedente constitucional de la protección de la mujer indígena o por el contrario, la falta de señalamiento del mismo en procura de la reivindicación de sus derechos, se analizó la situación de las mujeres indígenas frente a las constituciones expedidas en Colombia, realizando un recorrido histórico de la vida republicana del país, desde las primeras constituciones hasta la actualidad, es decir desde 1810 hasta la Constitución Política de 1991, con el propósito de determinar si se encuentran amparados sus derechos frente a discriminación de género, denominado Mujeres Indígenas. Se hace el abordaje del tratamiento jurisprudencial y normativo de la inclusión de la mujer dentro del panorama social, político, económico y cultural del pais, en especial de las mujeres indígenas, encontrando que existen normas y sentencias que así los consagran, pero que necesitan de la evidencia de su cumplimiento por parte de los organismos y de la sociedad misma.

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El concepto de precios de transferencia es un referente universal donde los países se han visto afectados por las malas prácticas comerciales que tiene las diferentes organizaciones en concentrar sus utilidades en aquellos lugares donde las cargas impositivas sean menores o tiendan a cero. Lo anterior implica que lo que dejo de pagar en una región por las bases tributarias determinadas lo estoy recibiendo como utilidad en otro país, generando índices de pobreza y de inequidad tributaria en los países de origen y riqueza a los países destino. Dentro de las directrices que tiene el Gobierno para evitar que se trasladen cargas tributarias entre países es definir unos criterios normativos vinculantes u obligatorios, que eviten que se tipifiquen estos focos de evasión y por el contrario generar una cultura empresarial donde se respete el principio de la plena competencia. Dentro de los criterios normativos están los criterios de vinculación, la información que se debe evidenciar como la comprobatoria y la informativa y las sanciones por incumplir los requisitos vinculantes antes mencionados lo cual nos obliga a profundizar en el mecanismo de control que ejerce el gobierno. De igual forma se establecieron destinos donde se tipifican los precios de transferencia como son los paraísos fiscales, las zonas francas y los vinculados del exterior, donde el destino más relevante donde el Gobierno ejerce control son los paraísos fiscales por sus características que las identifican como son las mínimas cargas tributarias y de igual forma la ausencia de información. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados y/o estén obligados a la aplicación de las normas que regulen el régimen de precios de transferencia, deberán llevar acabo tales operaciones en cumplimiento del Principio de Plena Competencia, entendido como aquel en el cual las operaciones entre vinculados cumplen con las condiciones que se hubiesen observado en operaciones comparables con o entre partes independientes, lo anterior, a efectos de determinar sus ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, activos y pasivos para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En el siguiente contenido el lector encontrara una metodología ilustrativa que le permita interpretar la normatividad contenida en el Estatuto Tributario (Ley 1607 de 2012 y Decreto 3030 de 2013 el cual reglamenta la norma la ley 1607) y su respectiva aplicación para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo anterior significa que el contenido del texto es el contenido normativo el cual es detallado en su contenido en algunos aspectos gráfico, en otros casos numéricos y en los demás casos narrativos.

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Vale la pena aclarar que este trabajo fue realizado a finales del año 2000, por consiguiente las cifras que aquí se encuentran han podido sufrir variaciones durante el presente año. ¿Existe alguna relación entre esta guerra que nos azota desde hace más de cuatro décadas y los niveles de pobreza que presenta el país? Por conflicto armado me refiero básicamente al problema con la guerrilla. A los secuestros, a las extorsiones, a los bloqueos a las carreteras, a las voladuras de torres de energía y oleoductos, y a las demás acciones terroristas. Mientras que por pobreza hago alusión a una mayor escasez de nuestros limitados recursos. A que la «torta de la riqueza» que nos tenemos que repartir todos los colombianos se hace cada vez más pequeña. Y lo que es peor aún, que la porción que les corresponde a los ciudadanos menos favorecidos es la más afectada. ¿El conflicto armado que actualmente está padeciendo nuestro país es entonces una causa o una consecuencia de la pobreza? Por una parte, la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas de muchos ciudadanos (educación, salud, seguridad, empleo, etc.) es causa directa de nuestro conflicto armado. Por otra, el conflicto armado le quita competitividad a nuestros productos, provoca una fuga masiva de capital tanto económico como humano, produce desempleo, etc. El problema adquiere más bien la dimensión y las características de un círculo vicioso. Yo considero que se genera violencia cuando hay un Estado incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de algunos miembros de la sociedad. Sin embargo, de la misma manera creo que toda forma de violencia destruye la riqueza. Sin embargo, el Estado colombiano es ineficiente y no alcanza a proporcionarle a una enorme cantidad de compatriotas.

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Tesis (Ingeniero(a) Eléctrico).--Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Eléctrica, 2015

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Tesis (Magister en Agronegocios).-- Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Maestría en Agronegocios, 2014

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Debido a los cambios que se han dado en los sistemas de contratación en Colombia, para la ejecución de las obras de infraestructura que necesita el país, las responsabilidades frente a los riesgos han sido transferidas del Estado a los contratistas, salvo en el caso del riesgo geológico en la construcción de túneles, situación totalmente nueva, por cuanto en el pasado próximo, era el Estado el que resultaba siendo garante de las situaciones adversas que se presentaban durante la ejecución de los proyectos, por tanto, este hecho debe ser manejado de una manera seria y responsable por parte del contratista, de lo contrario es muy posible que en el camino se encuentre ante escenarios desfavorables que pueden afectar significativamente las finanzas de los ejecutores de dichos proyectos -- Se observa que en el caso del primer paquete de licitaciones de las mega obras, llamadas cuarta generación de concesiones, que el tema de riesgos no fue abordado de la manera como se debe hacer; las organizaciones participantes en dichos procesos se limitaron, en su gran mayoría, a solicitar asesoría a las aseguradoras, resultando análisis reducidos y direccionados hacia la venta de pólizas de seguros, cuando en realidad, el grueso de los riesgos que se deben asumir en este tipo de proyectos, no son asegurables, situación que posiblemente ha dejado desprotegidos a muchos de los constructores que resultaron ser adjudicatarios del mencionado paquete de licitaciones -- Debido a lo antes descrito, el autor de este trabajo decidió abordar el tema de los riesgos de otra manera, siendo más profundo en el análisis, y en primera instancia olvidándose de los seguros y las empresas aseguradoras -- Inicialmente, se pretendió hacer la identificación, clasificación y valoración de los riesgos encontrados, sin embargo, debido a lo extenso y complejo del tema, se hizo necesario repensar el alcance del trabajo de grado para optar al título de Magister en Gerencia Financiera, hasta la identificación de los riesgos en las diferentes etapas que comprende un proyecto de Alianza Público Privada o de concesión vial -- Quedan las puertas abiertas para que estudiantes de posgrado continúen este trabajo en las etapas de valoración y control de los riesgos identificados, no solo del área financiera, sino de riesgos, administración, o cualquier otra disciplina, que aborde tan interesante tema para profundizar, esto con el ánimo de cambiar la mentalidad del constructor colombiano que ha venido acostumbrado a no mirar el futuro con sentido de proyección y prevención de las tantas situaciones adversas que alteran el normal desarrollo de los macro proyectos de ingeniería