1000 resultados para asistencia a las víctimas
Resumo:
Fil: Lastra, Soledad. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.
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Antecedentes/Objetivos: La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, se centra en una función de la Salud Pública: Proteger la salud. Su impacto debe notarse gradualmente. Objetivo: Analizar denuncias y mortalidad por violencia del compañero íntimo (VCI), y medidas judiciales de protección de las víctimas, según desigualdades de género de Comunidades Autónomas (CCAA) de España, 2006 y 2011. Métodos: Estudio ecológico de la relación del índice de desigualdad de género (IDG) de las CCAA con las variables dependientes: muertes y denuncias de mujeres por VCI, y frecuencia de medidas judiciales civiles (salida del domicilio, suspensión del régimen de visitas, suspensión guarda y custodia y prestación de alimentos) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión tenencia y uso de armas) con/sin orden de protección (OP) por VCI (2006 y 2011). Fuentes: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, INE, Informes Estadísticos anuales Poder Judicial. Agrupación de CCAA según IDG España en 2006: 0,104 y 2011: 0,082 (por encima: > desigualdad de género, por debajo: > igualdad). Cálculo de tasas de mortalidad de mujeres > 14 años y de denuncias para las CCAA con IDGalto y bajo, del coeficiente de determinación entre las variables dependientes y el IDG, y del riesgo de aplicación de medidas judiciales, con/sin OP, en las CCAA según su IDG. Contraste entre 2006 y 2011. Resultados: En España se realizaron 8.315.202 denuncias en 2006 y 11.417.799 en 2011 por VCI. A > desigualdad de género de las CCAA > riesgo de denunciar por VCI, en 2006: R2 = 34% (p = 0,01), y 2011: R2 = 27,9% (p = 0,03). No se detectan diferencias en el riesgo de morir por VCI de las mujeres que viven en CCAA con diferentes IDG; pero se observa una disminución de la pendiente de la recta en 2011, al aumentar las muertes en las CCAA con > igualdad de género y disminuir en las desiguales. En 2006, la probabilidad de todas las medidas civiles es probabilidad en las CCAA más igualitarias. Las OP acompañantes a las medidas civiles y penales son adoptadas con > probabilidad en las CCAA con más igualdad de género. Conclusiones: Paradójicamente, con el mayor número de denuncias en las CCAA con mayor desigualdad, la adopción de medidas judiciales penales y civiles, con y sin orden de protección de las víctimas de VCI, es menos frecuente.
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El terrorismo es un grave problema mundial que cada año afecta a un número muy elevado de personas. Solamente en el año 2014 se produjeron en el mundo 13.463 atentados terroristas que provocaron 32.727 muertos, 34.791 heridos y 9.428 secuestrados (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism [START], 2015). En España el número de personas fallecidas por atentados terroristas en los últimos 45 años es de 1.220, a las que habría que sumar los miles de heridos y de familiares y allegados de personas fallecidas y heridas. Aunque la mayoría de las víctimas no desarrollarán trastornos mentales a causa de los atentados terroristas y conseguirán recuperarse sin secuelas psicopatológicas significativas, un porcentaje importante sufrirán un trastorno por estrés postraumático (TEPT), depresivo o de ansiedad (García-Vera y Sanz, 2010, 2015). Entre las víctimas directas, la prevalencia del TEPT se ha estimado entre un 10% y un 30% (DiMaggio y Galea, 2006; García-Vera y Sanz, 2015), la del trastorno depresivo mayor entre un 13,3% y un 47,7% y la de los trastornos de ansiedad entre un 6,1% y un 19,8% (García-Vera y Sanz, 2010; Salguero, Fernández-Berrocal, Iruarrizaga, Cano-Vindel, y Galea, 2011). Además, en muchos casos, tales trastornos no parecen remitir con el tiempo y parecen crónicos (García-Vera y Sanz, 2010; Morina, Wicherts, Lobbrecht y Priebe, 2014)...
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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas
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La trata de personas es una acción ilegal presente en todomundo, incluso en Brasil. El Protocolo de las Naciones Unidascontra la Trata de Personas fue ratificado por Brasil en 2004. Apesar de esto, aún la evolución normativa del país no ha sidosignificativa. Este artículo busca analizar la protección normativaexistente y futura a las víctimas, especialmente extranjeras, detrata de personas en Brasil. Así, inicialmente se presenta lo que secomprende como trata de personas, con base en el Protocolo delas Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata depersonas, especialmente mujeres y niños, y son apuntadas algunasconsideraciones sobre la realidad de la trata de personas en elmundo y en Brasil. En la secuencia son presentadas las medidasde protección a las víctimas, y previstas en el Protocolo de lasNaciones Unidas. Por último, son enumeradas y analizadas lasacciones normativas existentes y los proyectos de ley que puedencambiar esta realidad. La conclusión del estudio indica que Brasilaún tiene una débil protección para las víctimas extranjeras detrata de personas, pero hay una perspectiva optimista de mejoríacon los proyectos de ley que tramitan en el Congreso Nacional.
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El Gobierno salvadoreño y El Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz en 1992. Uno de los puntos de negociación en los Acuerdos de Paz consistía en la formación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, en ese contexto surge Pro-búsqueda.
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Esta tesis es el resultado de una investigación sobre la construcción del sentido de responsabilidad y de los compromisos éticos y políticos frente a las víctimas, a partir de las narrativas y las experiencias de vida de dos mujeres y un hombre, quienes tienen una larga trayectoria de trabajo con esta población desde diferentes escenarios sociales: los organismos del Estado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el trabajo comunitario. Sus narrativas dan cuenta del contexto de violencia y de crisis que persiste en Colombia, así como de los conflictos, angustias y complejidades de vivir y de ejercer su profesión y su trabajo en estas condiciones. La tesis indaga, desde un enfoque de investigación biográfico-narrativo, por las experiencias, los propósitos y los sentimientos de tipo moral, así como por las vinculaciones personales y los marcos de referencia que le dan sentido a los compromisos que motivan a unos sujetos a trabajar en función de la reparación, la defensa y la reivindicación de los derechos de las víctimas. Las preguntas que orientaron esta investigación fueron las siguientes: ¿Cuáles son, en las narrativas de vida de tres sujetos (dos mujeres y un hombre vinculados al sector público, a las ONG y a las organizaciones comunitarias), los sentidos de responsabilidad y los compromisos que reconocen con las víctimas del conflicto armado? A partir de una mejor comprensión de la responsabilidad frente a las víctimas manifestada por estas tres personas ¿Qué implicaciones pedagógicas podríamos deducir para construir una educación ética en contextos de guerra y violencia?...
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Colombia ha sido escenario de disputas violentas por poder político y económico entre diferentes sectores. Del mismo modo, el país también ha manifestado una debilidad muy significativa en cuanto a su memoria histórica, hecho que se ha traducido en la segmentación del país entre quienes tienen conocimiento y conciencia acerca del conflicto interno armado y aquellos que parecen considerarlo como una serie de eventos violentos que se da en un contexto ajeno, en una suerte de país paralelo. Por lo tanto, el interés de este trabajo es el de participar en la construcción de una memoria histórica que permita al lector evidenciar y dimensionar el alcance de las acciones gubernamentales en relación a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) es un agente estatal que se encarga de desarrollar estrategias, comprendidas en sectores de cooperación como: la construcción de paz, crecimiento económico, desarrollo de género y gobernabilidad, con el objetivo de restablecer los derechos humanos en comunidades vulnerables víctimas del conflicto armado. En el caso de Colombia, este tipo de cooperación se da en el departamento del Chocó, a través de estrategias que emplean la ayuda humanitaria en busca de restablecer los derechos fundamentales de las comunidades tras el conflicto armado interno establecido en esta parte del país. En tal contexto, este estudio de caso pretende determinar si la AECID, a través de diferentes proyectos, logra restablecer los derechos humanos de los individuos del Chocó, además de analizar cómo la función de este agente estatal presenta un acercamiento entre el Estado colombiano y la población, teniendo en cuenta que la función de este ha sido casi nula.