Conflictos urbanos y violaciones al derecho a la ciudad en Córdoba capital (Programa: indicadores ciudadanos y participación para una ciudad justa, democrática y sustentable).

Durante las últimas décadas las ciudades latinoamericanas se caracterizaron por fuertes procesos de crecimiento urbano y profundización de la distribución inequitativa de la riqueza, reforzando el patrón de segregación residencial socioeconómica existente. Desde la supremacía de la lógica del mercado inmobiliario y de suelo vinculada al desarrollo urbano, estas situaciones prefiguran un contexto de reiteradas violaciones al derecho a la ciudad y acaban cristalizando en focos de conflictos sociales y urbanos, que atentan contra la gobernabilidad local del territorio y la posibiidad del ejercicio de derechos inalienables. En Córdoba el nivel de conflictividad urbana ha ido incrementándose. En este sentido, el presente proyecto propone identificar, caracterizar y georreferenciar los conflictos urbanos existentes en la ciudad a partir de la selección de variables urbanas, ambientales y sociopolíticas relevantes en su determinación (acceso al suelo, precariedad habitacional, necesidad de espacios verdes, acceso a infraestructura y servicios públicos, criticidad ambiental, entre otras variables emergentes en campo). También se pretende comprender las representaciones y prácticas de los distintos agentes involucrados respecto de las mismas y de las políticas públicas asociadas. La hipótesis del trabajo sostiene que cuando se analiza el sistema urbano de un modo integral, emergen vinculaciones espaciales que derivan en situaciones conflictivas, predominando la sectorización y la compartimentización según problemáticas focalizadas, no existiendo actualmente políticas que integren la complejidad de aristas que supone el desarrollo urbano. Esto también se observa en el campo de las representaciones y prácticas relacionadas a dichos conflictos, registrándose fuertes diferenciaciones entre las de la ciudadanía afectada por situaciones de violación de derechos a la ciudad, y aquellas que tienen los sectores públicos y/o privados con incidencia en las mismas. Ambas situaciones inciden en la formulación y ejecución de políticas públicas que no terminan de resolver las disputas que se materializan en el territorio. De aquí que el propósito del trabajo sea identificar y caracterizar de manera más integral los conflictos urbanos existentes en la ciudad, confrontando las distintas miradas y acciones que coexisten en su construcción territorial; y en base a ese diagnóstico proponer, a partir de su visibilización, estrategias de superación de dichas tensiones e incompatibilidades.

SALUD COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la provincia de Córdoba, existe una demanda de algunos grupos alertados por problemáticas locales de salud, que interpelan a las universidades en la demanda de sus derechos como ciudadanos. Probablemente, en el ámbito de la provincia de Córdoba, haya muchas comunidades que perciben problemáticas de salud y que desconocen los canales de comunicación para expresarlo y/o dejarlo registrado, el fin de esta investigación es detectarlos y facilitar la visibilización y expresión de sus necesidades en materia de salud. La Epidemiología Comunitaria (EPICOM) -al involucrar la pluri-disciplina y el intercambio con la comunidad- a través de las estrategias participativas que propone,obtendrá: a) la visibilización de las problemáticas relacionadas con la salud y b) la profundización de los procesos de formación vigente para construir respuestas acordes a las necesidades que la población plantea en la materia. El objetivo de este proyecto es contribuir al ejercicio de los derechos de las comunidades y ciudadanos cordobeses, a través de su participación en procesos de formación, discusión y toma de decisiones acerca de sus necesidades y prioridades en salud, evidenciando desde una perspectiva colectiva, las relaciones entre: vida cotidiana – salud – enfermedad - atención, para la formulación de estrategias transformadoras de la realidad. La metodología a aplicar es propia de la Epidemiología Comunitaria, que involucra la participación protagónica de los diversos actores intervinientes, incorporando aquí a las comunidades y sus organizaciones. Se proponen diferentes etapas: 1. La construcción de vínculos para un diagnóstico participativo de las comunidades. 2. La definición de temas-problemas ejes a trabajar en los encuentros de formación inter-disciplinaria e inter-comunidades. 3. La puesta en marcha de acciones específicas vinculadas al ejercicio del derecho a la salud 4. El fortalecimiento del trabajo en red de las comunidades 5. Etapa transversal a las etapas mencionadas: un análisis iterativo de cada experiencia en salud en particular, y de las experiencias en su conjunto que permita dar cuenta de los impactos a nivel comunitario de cada una en particular y poner en diálogo los mismos al interior del colectivo de experiencias en salud para encontrar similitudes, diferencias, innovaciones, necesidades comunes, etc. Se espera obtener como resultados: Un Registro sistematizado de las experiencias relevadas de salud comunitaria en el ámbito de la provincia de Córdoba .Mapas locales elaborados a partir de la cartografía social que ubiquen espacialmente: los grupos afectados por la violación del derecho a la salud, b) recursos disponibles y el no acceso a nivel local y c) discriminación de las problemáticas puntuales que vulneran al derecho a la salud. Construcción colectiva de un Manual de indicadores comunitarios, que nuclee conocimientos y experiencias colectivas aplicables y reproducibles a partir de las experiencias aportadas, discutidas, compartidas y desarrolladas junto con los diferentes grupos que se vayan incluyendo en el proceso. También se elaboraran recomendaciones que permitan la retroalimentación local de las políticas y programas de salud. El presente proyecto se propone generar espacios de intercambio de saberes y recuperar a partir de allí el rol protagónico de los/as habitantes del lugar, crear junto a las comunidades mecanismos participativos de visibilización de derechos humanos vulnerados en su vida cotidiana vinculados a la salud y construir indicadores integrados de salud y derechos que contribuyan al logro de mayor autonomía. La pertenencia de actores estratégicos del presente proyecto a espacios de toma de decisión local en los diversos escenarios de trabajo planteados, ya sea una organización local de base comunitaria o una cátedra de la universidad, propicia que el mismo sea apropiado por las comunidades de referencia y sustentable en el tiempo.

El valor de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de la convención americana sobre derechos humanos.

El objeto de este estudio radica en la identificación y el análisis de los principales estándares de derechos humanos producidos por las casi tres décadas de la Corte Interamericana. Para lograr los objetivos, nosotros aplicaremos una metodología de tipo deductiva y de contenido comparatista, que posibilite sistematizar la jurisprudencia relevante sobre cada uno de los artículos que prescriben los derechos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los resultados esperados, posibilitarían contar con una herramienta que pueda ser utilizada por docentes, operadores jurídicos, y la sociedad en general en el conocimiento como en la aplicación de denuncias o reclamos por violación a derechos humanos.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Biodièsel: impacte en origen del biodièsel consumit a Catalunya i a Espanya

Actualment la situació del mercat espanyol i català del biodièsel es caracteritza per les grans importacions d’oli de palma africana. Per a produir aquesta matèria primera s’estan establint plantacions a gran escala d’Elaeis guineensis (palma africana) a Indonèsia. El monocultiu d’Elaeis guineensis i la producció de l’oli tenen associats grans impactes ambientals i socials. Per una banda, els impactes ambientals són principalment la desforestació, el canvi d’ús del sòl, la pèrdua de biodiversitat, l’erosió del sòl i la contaminació de l’aire, del sòl de l’aigua. Per altra banda, els impactes socials més destacats són la violació dels drets humans dels pobles indígenes, els conflictes d’adquisició de terres i que es compromet la seguretat alimentària del país. Per tant, l’ús del biodièsel produït amb oli de palma africana redueix les emissions de GEH a Espanya i a Catalunya provocant un gran impacte ambiental i social a Indonèsia.

Validació i quantificació del trastorn psicopàtic de la personalitat en l'àmbit de la medicina forense de Catalunya

El treball avalua amb PCL:SV 18 subjectes imputats per delictes de robatoris amb intimidació, homicidi, violació en sèrie, assassinat, lesions, assetjament sexual. Es mostren els resultats descriptius de la PCL:SV aplicada: puntuacions, mitjanes, distribució de mesura.

Resolución N° 81 ¿Tiene la Cámara de Comercio facultades para pronunciarse sobre la calidad o condición de un asociado para ser parte de una reunión de asamblea en las Esales?

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Resolución N° 137 ¿Cuál es el alcance del control de legalidad de la cámara de comercio respecto de los actos y documentos sujetos a registro? ¿Cuándo existe duda razonable respecto de los elementos formales con base en los que se configuro una decisión pueden constituirse como causal de abstención del registro?

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Resolución N° 178 ¿Cómo interpreta la Cámara de Comercio la figura de la suplencia y su actuación en las reuniones?

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Resolución N° 192 ¿Cuáles son los elementos que considera la cámara al evaluar la inscripción de nombramientos?¿Cuándo procede la autoconvocatoria por parte de los socios? ¿Efectos de la decisión de instaurar una acción social de responsabilidad?

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Resolución N° 210 ¿Cuáles son los criterios que la Cámara de Comercio considera para evaluar el quórum y las mayorías en las sociedades anónimas?

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Resolución N° 08 ¿Cuál es el alcance de la función registral respecto de la calidad o habilidad de los asociados para ser parte de una reunión?

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Resolución N° 76 ¿Es la designación o revocación de los administradores, representantes legales considerada como un acto que debe ser sujeto del control de legalidad de la cámara de comercio?

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Resolución N° 73 del 28 de abril de 2010 En caso de falta de regulación estatutaria respecto de los elementos esenciales de verificación en materia de nombramientos ¿Que elementos puede considerar la Cámara dentro del control de legalidad que efectúa sobre el acta presentada para registro?

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Resolución N° 08 del 29 de enero de 2007 ¿Cuál es el alcance de la función registral respecto de la calidad o habilidad de los asociados para ser parte de una reunión?

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