Servicios públicos y reforma fiscal ambiental en América Latina

En este documento se examina la pertinencia y oportunidad de las Reformas Fiscales Ambientales (RFA) para tres servicios públicos en cinco países de la región (Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay). Se discute el significado de la RFA en la oferta y uso de esos servicios y se muestra que existen prioridades comunes y específicas de cada país, dependiendo de cómo son producidos, “comercializados” y utilizados, lo que a su vez se relaciona con las estructuras sociales y productivas, las políticas públicas, y la conformación y dinámica de los mercados relevantes. Luego de caracterizar las estructuras de mercado, políticas de precios y tarifas, y acceso o uso de los servicios por estratos de hogares y sectores productivos, se identifican políticas fiscales ambientales que cabría considerar, tomando como referencia las experiencias exitosas de países más avanzados. Se identifican los posibles efectos no deseados por su regresividad o deterioro de la competitividad de agentes productores y se discuten medidas compensatorias o complementarias de las innovaciones ambientales.

Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas

El propósito central que anima este trabajo es lograr la inclusión de pobladores y territorios rurales de Colombia en una dinámica y con unas reglas que logren que la nación asegure para sus territorios rurales que sus habitantes tengan los mismos derechos sociales que el conjunto de la población nacional. Una versión preliminar fue presentada al Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo y se benefició de sus comentarios. El documento se desarrolla con los siguientes contenidos: i) Orientaciones estratégicas de la política de desarrollo social rural; ii) condiciones sociales sectoriales con metas y principales elementos de política pública; iii) políticas y estrategias transversales.

La función regulatoria del Estado (regulación y prestación de servicios públicos)

El proceso de reforma del Estado experimentado en la Argentina en la década de los 90, significó tanto para las instituciones como para los ciudadanos un cambio profundo en las relaciones que hasta el momento se habían dado entre sociedad y Estado. Los principales instrumentos de este proceso: la desregulación económica, la privatización de servicios y la descentralización de funciones, significaron en su conjunto un cambio sustancial en el papel regulador del Estado, quien deja de ser el prestador, y el corrector de las fallas del mercado, para constituirse ( real o potencialmente) en el garante de su cabal funcionamiento .Sin embargo en el caso de la transferencia de los servicios públicos al sector privado en la Argentina, al haber sido el Estado, el anterior prestador monopólico de los mismos, dejó un vacío que requirió del mismo no ya desregulación sino un nuevo papel regulador, respecto de los prestadores y los usuarios de dichos servicios. En este trabajo se efectúa una descripción de los enfoques económicos y jurídicos desde los cuales se plantea la función regulatoria del Estado a partir del conjunto de leyes, decretos, resoluciones y reglamentaciones del gobierno nacional que significaron cambios importantes en el papel asignado al Estado por el Gobierno en ejercicio durante la última década.

Evaluación de servicios públicos

El presente trabajo de investigación realiza un estudio de caso acerca de la regulación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Provincia de Mendoza, República Argentina, comprendiendo el período 1998–2010; en la relación entre la principal instancia institucional de regulación (E.P.A.S.) y la principal prestadora, Obras Sanitarias Mendoza S.A, luego del proceso de venta de acciones que concluyó en 1998.

Aborto con medicamentos en los servicios públicos de Brasil

Presentación realizada en la Primera Conferencia Latinoamericana Prevención y Atención del Aborto Inseguro. Lima, Perú, 29 y 30 de junio de 2009.

Optimización de la transferencia de riesgos en los contratos de infraestructuras y servicios públicos

En este trabajo se desarrolla un modelo basado en la teoría de los incentivos para analizar la asignación óptima de los riesgos en los contratos de infraestructuras y servicios públicos, en un entorno de información asimétrica entre principal (Administración Pública) y agente(socio privado), y de aversión al riesgo de este último. La principal conclusión del trabajo es que, en un contrato óptimo, la transferencia del riesgo de demanda al socio privado será mayor, frente al riesgo de disponibilidad, en la medida en que tengan mayor incidencia aquellas dimensiones de la calidad del servicio que puedan ser observadas por los usuarios pero no verificadas por la Administración.

Niveles óptimos de calidad y costes de transacción en la contratación de servicios públicos

En este trabajo se desarrolla un modelo teórico que trata de formalizar el efecto de la existencia de determinados costes de transacción sobre el diseño de un contrato óptimo entre una Administración Pública (el principal en el contrato) y un agente para la prestación de un determinado servicio público. El modelo que se plantea es aplicable a cualquier tipo de contrato para la gestión de un servicio público, siempre que utilice un mecanismo de remuneración al contratista basado en el nivel de calidad obtenido. Con estas premisas, el problema que se estudia es el de alcanzar niveles óptimos en la calidad del servicio y en los costes de transacción, en el marco de un contrato incompleto, y tomando como objetivo la maximización de una función de bienestar social. Los resultados alcanzados en el modelo muestran que el nivel óptimo de los costes de transacción ex ante (es decir, previos a la firma del contrato) viene determinado por el parámetro que representa la actitud ante el riesgo del contratista: a mayor aversión al riesgo de éste, mayores serán los costes de transacción y menor la varianza de los costes de producción del servicio, en la situación óptima. Por otra parte, los niveles de calidad óptimos y el peso de la remuneración al contratista basada en los niveles de calidad, serán mayores cuanto más elevados sean los beneficios sociales marginales de cada una de las dimensiones de la calidad del servicio, y disminuirán al aumentar el coste marginal de los recursos públicos. Los costes de transacción ex post , derivados de la necesidad de medir y controlar los niveles de calidad alcanzados por el contratista, determinan en el modelo las dimensiones de la calidad en que debe centrarse el sistema de remuneración del contratista, eliminando aquellas en que no está justificado establecer un sistema de medición y control, lo que reduce el nivel total de calidad alcanzado respecto al que resultaría en condiciones de costes de transacción nulos

Diseño de una metodología de evaluación de servicios públicos basada en modelos analíticos sobre datos abiertos y de redes sociales

La presente memoria es el resultado de un proyecto cuya finalidad es evaluar la calidad de los servicios públicos de la ciudad de Madrid. Mediante la combinación de datos objetivos procedentes de datos abiertos y datos de redes sociales se consigue determinar el estado de calidad relativa de los servicios públicos de los 21 distritos que conforman Madrid