Determinantes en la efectividad de las políticas públicas de vivienda en Soacha ciudad verde: El caso de las viviendas de interés social

Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Economía

La vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucia durante la reciente crisis inmobiliaria

[ES] En este trabajo se ha realizado un estudio del funcionamiento del mercado inmobiliario de la Comunidad de Andalucía en comparación con el territorio español durante el periodo 2000-2014. El presente análisis pretende dar una visión global de la situación del mercado inmobiliario e implícitamente del entorno económico en el último decenio y de las dificultades de acceso a una vivienda en la actualidad. La vivienda es un elemento relevante para la sociedad y la economía del país tanto en lo relacionado con el sector de la construcción como para el bienestar de las personas ya que supone la mayor inversión para la gran parte de las familias españolas. Se han llevado a cabo estudios de series de datos estadísticos de los diferentes indicadores y factores para ver los efectos que han tenido tanto en el periodo de boom como en la posterior crisis y exponer resultados y conclusiones en base a ello. La crisis ha generado un problema de carácter social relacionado con el mercado de la vivienda: el difícil acceso a una vivienda y los desahucios, que también se han abordado en este estudio y se han expuesto las políticas de ayuda que se están implantando en la Comunidad Andaluza.

Estado, política social de vivienda y autoconstrucción : el sistema de consolidación habitacional en las urbanizaciones populares bajo el neoliberalismo (el caso del área metropolitana de Monterrey)

Tesis (Doctorado en Filosofia con Especialidad en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social) UANL

Representaciones sociales femeninas de la vivienda y la ciudad en el municipio de Monterrey.

Tesis (Doctorado en Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social) UANL, 2010.

Política de vivienda : alcances y perspectivas

Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).

Análisis del arrendamiento como alternativa en la política de vivienda de interés social en Colombia. Lecciones y reflexiones aprendidas a partir de la experiencia de Sudáfrica

Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

Documentos de Investigación. Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales N° 48. Situación actual de las políticas públicas para la reconciliación y la construcción de paz en Colombia: una aproximación desde las entidades territoriales

En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

Ciudad oculta: Lisboa 1870-1930 - la vivienda obrera

O presente texto apresenta a Vila Operária, enquanto argumento narrativo do facto arquitectónico, procurando aprofundar os meios e modos da sua génese, o entendimento das suas relações tipo-morfológicas e a sistematização das suas características tipológicas. O reconhecimento de uma estrutura compositiva específica induz uma reflexão mais ampla, baseada no intercâmbio entre as práticas vernaculares e eruditas da arquitectura e o modo como estes dois campos se interpenetram no universo específico da arquitectura portuguesa. Apreendida na dimensão de tipo arquitectónico é ainda possível observar a sua adequação a contextos posteriores, relativamente ao âmbito cronológico admitido (Lisboa 1870 -1930). A reflexão efectuada em torno da vila Operária procura estabelecer dois níveis de leitura: O estudo da sua arquitectura entendida como reflexo de uma consciência cultural, num apelo aos valores nacionais (motivado pelas próprias mudanças ocorridas nas políticas europeias apelando à identidade). O estudo crítico da arquitectura, efectuado no intervalo cronológico a que se refere a dissertação (1870-1930) apresenta-se como fundamental para entender o momento contemporâneo da arquitectura portuguesa. Da leitura tipo- morfológica sobre o objecto em questão, ressalta a singularidade do seu enquadramento, relativamente à estrutura urbana em que se insere; sendo no seu carácter marginal e oculto que reside em parte a sua especificidade. Dissimulando a existência das Vilas Operárias, a cidade oitocentista cresce sobre si própria sem alterar o seu fácies exterior. No universo específico da arquitectura portuguesa é ainda sugerido mercê da utilização de um sistema compositivo preciso, o debate entre os campos vernacular e erudito que em território nacional se foram interpenetrando ao longo de vários séculos. Numa perspectiva universal, reconhecida enquanto tipo, a Vila Operária reforça a leitura da arquitectura enquanto organismo vivo.

El derecho a la vivienda un problema nacional período 1988 1994: caso Distrito Metropolitano de Quito

El derecho a la vivienda es un principio de carácter universal, previsto en nuestro ordenamiento jurídico y garantizado por el estado. Sin embargo, el déficit de vivienda afecta a un segmento cada vez más representativo de la población, que incentivada por los modelos de desarrolle vigentes en el pais, ha ocasionado la expansión y concentración urbana, con los consiguientes problemas habitacionales que ello conlleva, afectando especialmente a las familias de bajos recursos económicos, que se ven precisados a vivir en precarias condiciones, en viviendas inadecuadas y carentes de servicios básicos. Ante esta situación, las políticas nacionales no han dado una respuesta apropiada a esta demanda mayoritaria, lo que ha permitido que en los últimos años se acentúe el déficit habitacional, lo que se confirma con la presente investigación, basada en los enunciados de los gobiernos que se han sucedido y la variación de legislación sobre vivienda de interés social y sus mecanismos de financiamiento, dictados en el periodo 1988 - 1994. Esta circunstancia ha derivado en el ensanchamiento de la marginalidad e informalidad de la vivienda por la aplicación de un marco legal inconsulto y disperso, que requiere de urgente revisión, actualilación y simplificación para que sea dinámico, flexible y sea un conductor para la provisión de vivienda hacia los estratos de menos recursos económicos.

Metodología para el desarrollo del plan de continuidad de riesgo operativo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) constituye una de las principales herramientas que dispone el Estado Ecuatoriano para el desarrollo de sus políticas sociales, desde su creación la gestión del BEV estuvo dirigida a la solución del déficit habitacional en el Ecuador, debido a que es una institución financiera publica y al estar enfrentada a eventos de riesgo que podrían ocasionar la suspensión de sus actividades es necesario mantenga vigentes sus políticas de gestión de riesgos enmarcados dentro de la continuidad de negocios. La Superintendencia de Bancos y Seguros dispuso a través de la Resolución No. 834 de Riesgo Operativo, que las instituciones del sistema financiero implementen planes de continuidad de negocios a fin de garantizar su trabajo en forma permanente y así minimizar las perdidas en casos de interrupción de sus operaciones. El presente trabajo de investigación está enfocado en la aplicación de las mejores prácticas de riesgo operativo y de continuidad de los negocios para la elaboración de una metodología que permita al BEV contar con lineamientos para la estructuración de los planes de contingencia y continuidad de los negocios, que le faculten a la institución el establecer su cadena de valor y sus procesos críticos sobre los cuales deberá desarrollar sus planes de acción. Adicionalmente, se pretende concientizar al Gobierno Corporativo del BEV sobre la importancia de contar con planes de continuidad, para proteger la imagen de la organización y así enfrentar los riesgos que puedan ocasionar la suspensión de sus actividades.

Estrategias de articulación de políticas sociales

Incluye Bibliografía

La evolución del déficit de vivienda en Costa Rica y sus consecuencias para la política habitacional

Incluye Bibliografía

Situación del hábitat de los municipios del área metropolitana de Rosario en materia de suelo y vivienda

Incluye Bibliografía

Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: provisión y mejoramiento de la vivienda

Incluye Bibliografía