Tratado de límites entre estos Estados y los Unidos del Norte América

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Tratado para la demarcación de los límites de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norte América.

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Breves apuntes sobre los límites entre los estados de Hidalgo y Querétaro

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Límites entre Michoacán y Jalisco : colección de documentos oficiales

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El ciudadano general de brigada Vicente Filisola, a José Francisco Barrundia : Emisario de la Faccion Sansalvadoreña en Guatemala, en contestación a su libelo de 10 de agosto del presente año. O sean apuntes para la historia de la libertad de aquellas provincias.

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Informe del C. Ignacio Mariscal, secretario del despacho de Relaciones Exteriores, rendido ante el Senado acerca del Tratado de Límites entre Yucatán y Belice.

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Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados-Unidos de América, firmado en Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero de 1848, con las modificaciones con que ha sido aprobado por el Senado, y retificado por el Presidente de los EstadosUnidos.

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Diario de viaje de la Comisión de límites que puso el Gobierno de la República, bajo la dirección del Exmo. Sr. General de división D.Manuel de Mier y Terán

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El universo pintorésco, historia de Méjico, Tejas y Guatemala del Sr. Lecainte,

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Código de comercio de los Estados Unidos Mexicanos, concordado con el de 1884 y con los de su especie vigentes en Guatemala, Chile, Argentina, España, Francia, Belgica, Alemania, Italia, Holanda y Portugal

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Delimitación territorial: análisis de casos de los límites de Agualeguas, Cerralvo y General Treviño y de Monterrey con General Escobedo en el Estado de Nuevo León.

Tesis (Doctor en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos urbanos) UANL, 2012.

Desconocimiento de la propiedad colectiva en Colombia: a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

Una nueva mirada a la frontera: diplomacia cultural como estrategia de integración en Norte de Santander y Táchira

El presente estudio de caso tiene como propósito analizar los aportes de diplomacia cultural al proceso de integración entre el departamento de Norte de Santander y el Estado de Táchira, ubicados en la frontera de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, durante el periodo 2006-2013.Para explicar esto, en primer lugar, se describe el papel de la diplomacia cultural como herramienta de política exterior y, su relación con las fronteras y la integración. Posteriormente se analizan las estrategias de diplomacia cultural empleadas por Colombia para las zonas de frontera, a partir de los lineamientos de política exterior establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y 2010-2014 y, finalmente se analizan los aportes de las estrategias de diplomacia cultural al proceso de integración de la frontera Norte de Santander-Táchira.

Análisis del proceso de movilización legal internacional promovido por la ONG mamá Maquín y la acción ejercida por la CIDH para el retorno de las refugiadas indígenas guatemaltecas en México, periodo 1990-1995

El interés de esta monografía es analizar la manera en que la movilización emprendida por Mamá Maquín y las acciones ejercidas por la CIDH incidieron en el proceso de retorno de las refugiadas indígenas guatemaltecas entre 1990 y 1995. Frente a esto, la monografía muestra la forma en que la combinación de estrategias de movilización empleadas por Mamá Maquín así como la acción de actores como ACNUR, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y, en menor medida, la CIDH permitieron la participación de las refugiadas en los espacios de interlocución entre los refugiados y Guatemala. Lo anterior, mediante una metodología descriptivo-analítica que permite la reconstrucción de los aspectos relevantes del origen, organización y movilización de Mamá Maquín con sus actores aliados y las acciones de la CIDH; así como el análisis de este caso a la luz de la teoría de los movimientos sociales y la movilización legal.

Los límites del control constitucional: un estudio jurisprudencial desde el “nuevo derecho”

Dar respuesta a la pregunta acerca de cuáles deben ser los límites a los que, dentro del marco de un estado social de derecho, está sujeto el ejercicio de la función de control constitucional por parte de la Corte Constitucional.