1000 resultados para Garantías, política, derechos, Estado, economía, límites.


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El contar con una norma constitucional que garantice su aplicación permite agilitar el desarrollo de los procesos, fue el propósito del legislador al dictar la nueva ley para niños, niñas y adolescentes, plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial N.737 del 3 de enero del 2003 y que entrara en vigencia el 3 de julio del mismo año, en el cual se recogen los principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes, dividido en 4 libros, Capítulos, disposiciones transitorias y final. El libro que ha servido como base para esta investigación es el cuarto, en él se encuentra establecido el conjunto de deberes y responsabilidades penales juveniles de los adolescentes compatibles con su edad y desarrollo, expresa en forma clara y concisa las medidas de protección y garantías de los derechos que le asisten a los adolescentes acusados del cometimiento de infracciones penales. Esta investigación busca encontrar una verdadera estructura en la legislación nacional, preferentemente en la temática de los niños, niñas y adolescentes. Su relación con la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales donde se garanticen, cumplan y ejerciten todos los derechos de los adolescentes que infrinjan la norma y que resultaren responsables de su cometimiento. Esta investigación fue dividida en 5 capítulos, el primero refiere sobre el nuevo sistema penal juvenil, el capitulo segundo a las garantías procesales y de ejecución en el sistema de la justicia penal juvenil, en el tercer capítulo un análisis normativo de la responsabilidad y juzgamiento de los adolescentes infractores, el cuarto capítulo refiere sobre los sujetos procesales que intervienen en el juzgamiento del adolescente infractor y el quinto sobre las conclusiones y recomendaciones. En el desarrollo de esta tesis ha tenido parte fundamental el trabajo que realizo y que está relacionado con los adolescentes infractores, más aún cuando la provincia de Esmeraldas tiene un alto índice de delincuencia juvenil.

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El objetivo principal del presente trabajo es determinar si ciertas instituciones en Bolivia propician una mayor participación del Estado en la economía. El estudio considera la actual coyuntura política y, sobre todo, determinados hechos históricos que ayudan a entender los rasgos políticos y sociales propios del país. La primera parte de la investigación, referida a los elementos necesarios para comprender el rol del Estado en la economía, busca elementos presentes en el debate sobre el tema, y analiza casos concretos, como los de los países del Este asiático. Para ello, previamente discute la relación Estado, derecho, economía y desarrollo institucional. La segunda parte estudia el caso boliviano en cuatro momentos históricos clave para la configuración de la participación estatal en la economía: la Guerra Civil de 1889, la Revolución de 1952, la crisis de 1980 y la coyuntura actual, a partir del año 2000. El análisis toma en cuenta la configuración de burguesías nacionales en cada una de esas coyunturas y sus políticas económicas.

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Analiza el desarrollo de las garantías jurisdiccionales a partir de una muestra de procesos decididos en la provincia de Pichincha. Evidencia que la acción de protección es la garantía más utilizada, seguida del hábeas corpus y el hábeas data. Constata una tendencia decreciente del porcentaje respecto al total de garantías en los casos de la acción de protección y habeas data, mientras que la interposición de habeas corpus se ha incrementado; establece que la mayoría de accionantes proviene del sector público; confirma la tendencia judicial restrictiva de garantías y derechos, y devela el incumplimiento de los plazos legales, concluye señalando los límites que existen para la efectividad de las garantías y para el aseguramiento de los derechos humanos de la población.

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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer si existe en Bolivia una estructura político legal- constitucional que vincule la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a las desapariciones forzadas como elemento garantista y de protección a los derechos humanos. En este sentido se determinará si a partir de los lineamientos jurisprudenciales de casos emblemáticos bolivianos, la Constitución Política del Estado, la normativa boliviana y las instancias estatales de Bolivia, aseguran la eficacia y cumplimiento de la protección de los derechos humanos consagrados en dichos lineamientos con relación a desapariciones forzadas. Así, se establecerá un análisis crítico con relación a establecer si en Bolivia existe una estructura constitucional de políticas públicas y normativa que garantice un programa de reparaciones que cumpla los dictámenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los varios Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas se realizará un diagnóstico de la situación de las desapariciones forzadas, determinando cuales son los principales mecanismos del estado boliviano para esclarecer, reparar y restablecer los derechos de las víctimas.

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El presente trabajo aborda los presupuestos centrales de la Nueva Economía Institucional y su aplicación para la comprensión del período tardocolonial rioplatense. A partir del análisis de la obra de Douglas North señala los aportes, los riesgos y las tensiones de una historia que enfatiza el papel desempañado por los factores institucionales.

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El presente trabajo aborda los presupuestos centrales de la Nueva Economía Institucional y su aplicación para la comprensión del período tardocolonial rioplatense. A partir del análisis de la obra de Douglas North señala los aportes, los riesgos y las tensiones de una historia que enfatiza el papel desempañado por los factores institucionales.

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El día 30 de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el plenario de la Asamblea Legisltativa una propuesta de trabajo cuya orientación esencial refería a la ausencia de una participación real de la sociedad civil en el proceso que había seguido la eventual aprobación del capítulo de Garantías Económicas a incorporarse en nuestra Constitución Política. Desde ese momento ha venido sosteniendo que a través de una reforma parcial a nuestra Carta Fundamental están siendo intentadas más bien reformas radicales a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado y que cambian su esencia considerablemente. Ello en criterio de la Defensoría y de quienes posteriormente han acogido y apoyado su propuesta constituye razón por demás suficiente para dar impulso a un debate amplio y pluralista en donde el acuerdo social sea el que determine el tipo de Estado que la sociedad costarricense desea y necesita pues la trascendencia de las medidas pretendidas vienen al traste con un proceso de toma de decisiones pensado, organizado y ejecutado unidireccionalmente desde las estructuras de poder tradicionales.La transcripción literal del texto propositivo de que se ha hablado se presenta íntegramente en virtud de que son variados los temas a que éste se refiere.

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Este es un estudio sobre la garantía y aplicabilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas colombianas durante los primeros cuatro años de mandato de la administración Santos. La investigación busca explicar la manera en que las adversas condiciones socio económicas que caracterizan el desarrollo de las poblaciones indígenas, denotan la incapacidad del Estado Social de Derecho para garantizar la protección y aplicabilidad de los derechos fundamentales de estas comunidades. Las disposiciones constitucionales han tenido un desarrollo truncado debido a las escasas medidas proferidas por diferentes gobiernos frente a las necesidades de estos grupos en particular. En razón de lo anterior, el estudio se inscribe dentro del marco teórico referente al neo constitucionalismo debido al alto valor explicativo que ofrecen los postulados de Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli en relación al fenómeno que se pretende analizar. Se concluye que frente a la persistencia de los factores que afectan el desarrollo de las poblaciones indígenas, el reconocimiento constitucional debe ser complementado por una efectiva normatividad que asegure la aplicabilidad de los derechos fundamentales por parte de las administraciones políticas: no debe existir un desfase entre las nociones de principio y la ley.

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Identificación/caracterización del problema: El abastecimiento energético en base a fuentes no tradicionales o recursos no renovables es un tema altamente estratégico en las agendas de los Estados. El petróleo se está agotando y las existencias no alcanzarán para abastecer el consumo mundial.Esto ha llevado a Gobiernos a implementar alternativas de producción energética basadas en fuentes no tradicionales, tales como el Hidrógeno (H2), lo cual creará una Economía basada en el Hidrógeno.Argentina cuenta con una matriz energética dependiente en un 90 por ciento del petróleo y con reservas certificadas de petróleo y gas natural para 8,6 y 9,4 años respectivamente. Sin duda, los desafíos próximos serán: a) crear las herramientas necesarias para minimizar una potencial crisis energética en el corto plazo, y b) desarrollar políticas energéticas que articulen su autoabastecimiento e inserción en la Economía del Hidrógeno. Dado que Argentina cuenta con uno de los recursos renovables más importantes del mundo, "el viento", tiene condiciones inmejorables para obtener Hidrógeno (H2) por electrólisis del agua, utilizando energía eléctrica proveniente de fuentes renovables como la eólica (EE). Es por ello que apostar al desarrollo local del H2 basado en la EE nos ofrecerá como país, un rol estratégico en la futura Economía del Hidrógeno.Objetivo General: Identificar la actual Matriz Energética Argentina y reconocer los factores limitantes y oportunidades para la diversificación de la misma, utilizando la Energía Eólica (EE) como pilar hacia la Economía del Hidrógeno (Econo-H2). El fin último será esbozar herramientas de política energética e instrumentos regulatorios pertinentes, que sirvan de base para la formulación de una macro política energética.Metodología de Investigación: Se utilizarán técnicas de análisis de la siguiente información:a) Documental (textos, artículos, información periodística)b) Técnica, Legal y administrativa) Oral (Declaraciones oficiales-privadas y entrevistas)d) Visual (imágenes, gráficos y mapas)e) Datos (cronológicos, estadísticos y geográficos)Resultados esperados: La formulación de herramientas de política energética y de instrumentos regulatorios pertinentes, que sirvan de base para la formulación de una macro política energética que considere la Energía Eólica (EE) como un pilar fundamental para la diversificación de la matriz energética actual. Asimismo se reflexionará sobre la importancia de asociar la EE a la producción masiva del hidrógeno (H2) para la inserción y proyección futura de la Argentina hacia la Economía del Hidrógeno.Importancia del Proyecto: Argentina ha ratificado el protocolo de Kioto y forma parte de la Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC), por la cual ha asumido compromisos para fijar políticas nacionales de incentivo para el desarrollo de uso de energías renovables.Sin embargo, y a pesar de una serie de iniciativas y leyes promulgadas relacionadas a uso de energías renovables, hasta la fecha, no se ha logrado cumplir con metas concretas.Consideramos que uno de los factores fundamentales que ha dificultado esto, se basa en la ausencia de una política de Estado de mediano y largo plazo que incluya a las energías renovables como un objetivo concreto y un sistema de instrumentos y planes complementarios que acompañen dicha política.